Josefina Varela Flores
Expediente 855/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 855/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 28/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Josefina Varela Flores
Actuaciones
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno. Declaratoria de estado Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido el auto por el que se desechó la demanda. En consecuencia, se declara que la determinación ha causado estado, con fundamento en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Resguardo de archivo de trámite Este expediente se considera un asunto concluido ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, por lo que, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia durante tres años contados a partir de esta data, donde será resguardado como archivo de trámite, según lo dispuesto en los artículos 8, fracción I, 9 y 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Valoración del expediente Ahora, se establece que, el expediente no tiene valor jurídico, ni valor histórico y carece de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos del artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Este expediente es destruible una vez se haya cumplido el plazo de conservación de tres años de haberse dictado este acuerdo, dado que, se trata de un juicio de amparo en el que se desechó la demanda, de conformidad con lo establecido en el inciso b), del Artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. De este modo, atento a que la Dirección General de Archivo y Documentación determinó que aquellos expedientes que se encuentren bajo resguardo de los órganos jurisdiccionales y que actualmente cuenten con más de cinco años de haberse acordado su archivo como asunto concluido, en términos del punto vigésimo primero de cualquiera de los Acuerdos Generales Conjuntos de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los órganos jurisdiccionales, será el propio órgano el encargado de realizar las actividades de depuración o destrucción, según corresponda, toda vez que han alcanzado la temporalidad que estipula dicho numeral para ejecutar su valoración documental. En atención a la certificación de cuenta, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Se hace constar que, no obran documentos originales, por lo que, es innecesaria la notificación personal de este auto. Notifíquese. Lo proveyó y firma la licenciada *******, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por vacaciones de la titular, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, con apoyo en el artículo transitorio tercero de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente y el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación anterior, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
VISTA LA RAZÓN DE LA ACTUARIA SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE TRECE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, QUE A LA LETRA DICE: Ciudad Juárez, Chihuahua; trece de diciembre de dos mil veintiuno. Registro de la demanda de amparo Vista la cuenta secretarial, se tiene por recibida la demanda promovida por **, contra actos de la Junta Especial número Cincuenta y cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, ubicada en esta ciudad y otra autoridad. En consecuencia, se ordena formar expediente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, anotar en el Libro de Gobierno de este juzgado su registro bajo el consecutivo 855*2021-I-2. Resolución sobre la improcedencia de la demanda Ahora, a efecto de proveer sobre la demanda de amparo, se toma en cuenta que esta debe ser interpretada en forma integral, de manera que se logre una eficaz administración de justicia, atendiendo a lo que en la demanda se pretende en su aspecto material y no únicamente formal, pues la armonización de todos sus elementos es lo que permite la correcta resolución de los asuntos. Como cuestión previa, es menester precisar que para estar en condiciones de proveer respecto a una demanda, se debe considerar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone: 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda; y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Del ordinal reproducido se observa que para desechar una demanda de amparo deberán concurrir los siguientes requisitos: Que exista un motivo de improcedencia, y, Que ese motivo sea manifiesto y también indudable. Con relación a ello, se impone precisar que lo manifiesto se actualiza cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación cuando los haya, así como de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable, cuando se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción directa, con independencia de los elementos que eventualmente pudieran allegarse las partes. En esa línea, este órgano de control constitucional advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XI, del artículo 61, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece lo siguiente: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior. Empero, para comprender el alcance de la citada causal de improcedencia, conviene tener presente lo establecido en la fracción que le precede: [.] X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; De los preceptos transcritos, se advierte que el amparo es improcedente contra actos que hayan sido materia de una ejecutoria de amparo en diferente medio de control constitucional promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. La causa de improcedencia invocada, prevé que lo decidido en un juicio de amparo anterior, no pueda ser combatido mediante otro juicio de la misma naturaleza, lo cual se justifica, pues ello ocasionaría una sucesión interminable de juicios constitucionales, por lo que debe atenderse al sistema de recursos previsto en la Ley de Amparo para combatir lo decidido en éstos, hasta llegar a una decisión inatacable. Tiene apoyo a lo anterior la tesis I.6o.T.28 K, visible en la página 1502, Tomo XIX, enero de 2004, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que dice: COSA JUZGADA. REQUISITOS PARA QUE SE CONFIGURE. Atendiendo a los diversos criterios sostenidos por la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto del concepto de cosa juzgada, se han logrado establecer los supuestos que deberán verificarse a fin de determinar la existencia o inexistencia de la cosa juzgada en un juicio contencioso, los que son: a) Identidad de las personas que intervinieron en los dos juicios; b) Identidad en las cosas que se demandan en los mismos juicios; c) Identidad de las causas en que se fundan las dos demandas; sin embargo, se advierte la existencia de un cuarto elemento de convicción que requiere verificar el juzgador a fin de actualizar la institución de la cosa juzgada y que se refiere a que en la primera sentencia se haya procedido al análisis del fondo de las pretensiones propuestas. Este último requisito cobra relevancia, pues debe considerarse que para que la cosa juzgada surta efectos en otro juicio, es necesario que entre el caso resuelto por la sentencia que ha causado ejecutoria y aquel asunto en el que la cosa juzgada sea invocada, concurra identidad en las cosas, en las causas, en las personas de los litigantes, en la calidad con la que intervinieron y, por supuesto, que en el primer juicio se hubiere analizado en su totalidad el fondo de las prestaciones reclamadas, en razón a que de no concurrir este último de los extremos no podría considerarse que se está ante la figura de la cosa juzgada, pues lo contrario llevaría al absurdo de propiciar una denegación de justicia al gobernado al no darle la oportunidad de que lo demandado sea resuelto en alguna instancia." Este supuesto, descansa en el concepto de seguridad jurídica que emana, entre otros, de los artículos 14, 16, 17 y 133 Constitucionales y, que significa, que tanto las autoridades como los particulares, deben sujetarse a lo que establece la Constitución, tratados internacionales y leyes, a fin de dotar de estabilidad las relaciones entre unas y otros; y, en específico, de la figura de la cosa juzgada, derivada de la seguridad jurídica, que a su vez significa, en sentido amplio, que una vez que una autoridad judicial ha decidido sobre algún asunto, negocio o conflicto, la decisión no puede variarse con posterioridad. Ahora, a fin de poder establecer si se actualiza la causa de improcedencia en comento, es necesario verificar que: a) Se haya promovido un diverso juicio de amparo por la misma parte quejosa; b) Se haya señalado como responsables a las mismas autoridades; c) Identidad en el acto reclamado; y, d) El juicio haya causado ejecutoria. En el caso, de la demanda que se atiende se tiene que la quejosa Josefina Varela Flores, reclama a las responsables, Junta Especial número Cincuenta y cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, Junta Federal de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México y Actuario adscrito a la Secretaria General de Peritajes y Exhortos, de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, por conducto de la Secretaria General de Peritajes y Exhortos, de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, lo siguiente: 4. ACTOS RECLAMADOS: La omisión por parte de la autoridad responsable de sustanciar en los términos que expresamente señala la Ley Federal del Trabajo, el juicio laboral promovido, y específicamente, la del desahogo de pruebas tales como la pericial medica ofertada y admitida en términos de Ley, sin que hasta la fecha de presentación de esta demanda se haya procedido al perfeccionamiento de la misma, pues la autoridad señalada en el numeral 3.1, ha sido omisa en solicitar al perito designado rinda la pericial médica, y las señaladas en los numerales 3.2. y 3.3., han sido omisas en remitir el dictamen médico, siendo que desde el 30 de noviembre del 2021 se dio cumplimiento con los estudios médicos solicitados por el galeno para poder estar en aptitud de rendir el dictamen, y hasta la fecha de la presentación de esta demanda, las autoridades responsables han omitido tomar las medidas pertinentes para lograr el desahogo de la pericial en comento y la debida notificación a las partes, causando un perjuicio al estar inactivo el presente asunto por más de 3 años, siendo obligación de la responsable el cumplir con los términos señalados en los artículos 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889 y 890, de la Ley Federal del Trabajo de la ley Federal de Trabajo. Ahora, constituye un hecho notorio, mismo que se invoca en términos de lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2°, que del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se desprende que, mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en Ciudad Juárez, Chihuahua, el dieciséis de abril de dos mil veintiuno, Josefina Varela Flores solicitó amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la Junta Especial número Cincuenta y cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, Junta Federal de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México y Actuario adscrito a la Secretaria General de Peritajes y Exhortos, de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, por conducto de la Secretaria General de Peritajes y Exhortos, de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, a quienes les reclamó lo siguiente: 4. ACTOS RECLAMADOS: La omisión por parte de la autoridad responsable de sustanciar en los términos que expresamente señala la Ley Federal del Trabajo, el juicio laboral promovido por mi representado, y específicamente, la del desahogo de pruebas tales como la pericial medica ofertada y admitida en términos de Ley, sin que hasta la fecha de la presentación de esta demanda se haya procedido al perfeccionamiento de la misma, pues la autoridad señalada en el numeral 3.1, ha sido omisa en nombrar perito a mi representado, y las señaladas en los numerales 3.2. y 3.3., han sido omisas en remitir las listas de peritos, y enviar al médico para la elaboración del dictamen solicitado, siendo que desde el 24 de mayo del 2019 se ordenó desahogar la prueba pericial médica ofrecida por la parte actora, por no contarse con medios económicos para costearla, y hasta la fecha de la presentación de esta demanda, las autoridades responsable han omitido tomar las medidas pertinentes para lograr el desahogo, de la pericial en comento, causando un perjuicio al estar inactivo el presente asunto por más de 2 años, siendo obligación de la responsable el cumplir con lo términos señalados en los artículos 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889 y 890 de la Ley Federal del Trabajo de la Ley Federal del Trabajo (sic). Luego, por auto de veinte de abril del presente año, se registró la referida demanda bajo el consecutivo 279*2021-VII, del índice del este juzgado y se admitió a trámite. Asimismo, el nueve de julio de la anualidad en curso se celebró la audiencia constitucional, emitiéndose la sentencia correspondiente el catorce de julio de la misma anualidad, en la que, por una parte, se sobreseyó en ese juicio y, por otra, se concedió el amparo y protección de la justicia de la unión. Resolución que al no haber sido impugnada por ninguna de las partes, causó ejecutoria mediante auto de diecinueve de octubre del año en curso, requiriéndose el cumplimiento correspondiente. Juicio que actualmente se encuentra en la etapa de cumplimiento. Apoya lo antes expuesto, la Jurisprudencia P.*J. 16*2018 *10a.*, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación. Libro 55, junio de 2018, Tomo I, página 10, que establece lo siguiente: HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente. Por tanto, si la quejosa Josefina Varela Flores, promovió, previamente, un diverso juicio de amparo, en contra del mismo acto y autoridades, en el cual este órgano revisor concedió la protección constitucional, resulta inconcuso que se surte la causa de improcedencia prevista en la fracción XI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, toda vez que existe cosa juzgada respecto al acto aquí reclamado consistente en la omisión de las responsables de sustanciar el procedimiento laboral de origen en los plazos establecidos por la legislación laboral. Lo anterior, toda vez que como se precisó esta juzgadora al resolver el juicio de amparo 279*2021*VII, por una parte, sobreseyó dicho juicio y, por otro, concedió la protección constitucional a Josefina Varela Flores, para efectos de que la Junta Especial número Cincuenta y cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, ubicada en esta ciudad, realizara lo siguiente: I. Ordene, vigile y efectúe las gestiones atinentes en caso de que la citada profesional estime pertinente la realización de algún examen médico adicional o interconsulta médica diversa, gestione eficazmente y haga uso de los medios de apremio con que cuenta, para que la aquí quejosa lo efectúe y le haga la entrega de ello; y de inmediato, canalice tales documentales al área correspondiente de la Secretaría General de Peritajes y Diligencias, de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México. II. Gestione eficazmente y haga uso de los medios de apremio con que cuenta, a efecto de que la Secretaría General de Peritajes y Diligencias, de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, requiera a la perito del actor, aquí quejosa, rinda a la brevedad posible el dictamen médico respectivo. Concesión que se hizo extensiva a la Secretaría General de Peritajes y Diligencias, de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, al no reclamarse sus actos por vicios propios, para el siguiente efecto: III. Una vez que se verifique la valoración médica a través de videoconferencia, de la actora, aquí quejosa, y de ser el caso, le hayan sido remitidos los estudios o comprobantes de interconsulta médica diversa, gestione eficazmente y haga uso de los medios de apremio con que cuenta, a la perito de la actora, aquí quejosa, a efecto de que rinda a la brevedad posible el dictamen médico respectivo. En consecuencia, al advertirse la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo, aún y cuando en el capítulo del acto reclamado haya señalado fechas distintas, en virtud de que lo que reclama a las responsables es lo mismo en ambos juicios. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.1*.A. J*4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890, Tomo VII, mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación *cuando los haya* y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Generación de citas para consulta de expedientes Por otra parte, infórmese a las partes en que a partir del tres de agosto de dos mil veinte, está disponible en el Portal de Servicios en Línea, un micrositio denominado *Servicios jurisdiccionales*, dentro del cual los justiciables encontrarán la *Agenda OJ*, en la que podrán generar citas para consultar expedientes, así como para el desahogo de comparecencias o requerimientos, a través de un proceso automatizado que otorga al solicitante un Código QR que, a su vez, permitirá que, la persona que pide la cita y, en su caso, un acompañante (siempre y cuando esté autorizado en el expediente respectivo), ingresen al órgano jurisdiccional, lo cual puede consultarse específicamente en la página https:**www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx*ServiciosJurisdiccionales. El acceso estará condicionado a que al menos una de las personas que acuda a la cita se identifique como aquella a cuyo nombre se generó, sin que la otra esté exenta de registrarse. El acceso podrá restringirse a quienes acudan fuera del horario previsto y a quienes no cumplan los requisitos para pasar los filtros sanitarios. No se omite informarles que, cuando a la cita pretenda acudir una persona vulnerable frente a la enfermedad Covid-19 o una persona con discapacidad, así lo deberá manifestar al generarla, de modo que su atención se realice en los espacios accesibles que para tal efecto establezca la administración del edificio sede en que se ubica este Juzgado. Dado que el número de espacios de mayor accesibilidad es limitado, el sistema indicará si en el horario seleccionado no existen lugares disponibles con estas características, de modo que pueda buscarse otra cita; ello conforme lo previsto en el numeral 4 del Acuerdo General 21/2020 en cita. Asimismo, encontrarán videos tutoriales y el Manual para personas usuarias del Portal de Servicios en Línea en los enlaces: https:**www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx*juicioenlinea*Home*Ayuda y https:**w3.cjf.gob.mx*pslvideos*. Trabajo presencial en el órgano jurisdiccional En el entendido, que el artículo 15 del Acuerdo General 25*2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, que establece los turnos y horarios escalonados para el trabajo presencial en todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, determina que las jornadas presenciales serán de seis horas; por tanto, el horario de labores de este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, comprende de las siete horas con cuarenta y cinco minutos hasta las trece horas con cuarenta y cinco minutos, de lunes a viernes (horario matutino), sin posibilidad de ser extendido por causa alguna. Medidas relativas a la etapa de contingencia El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes. Por otra parte, el artículo 6°, tercer párrafo y apartado B, fracción I, de la Constitución, reconoce que el Estado mexicano está obligado a garantizar el derecho de acceso universal, equitativo, asequible y oportuno a las tecnologías de la información y comunicación. La indisociable vinculación entre ambos derechos se materializa a través del concepto de e-Justicia. Al respecto, el Consejo de la Judicatura Federal reconoce que el avance y desarrollo de la infraestructura y servicios de las tecnologías de la información y la comunicación son herramientas transversales para el fortalecimiento de la impartición de justicia y la protección de los derechos humanos. Dado lo anotado, con fundamento además en lo dispuesto por el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece que desde la primera notificación a las partes y en las subsecuentes mientras no se atienda la sugerencia, se invita a las partes para que: I. De estimarlo pertinente, transiten al esquema de juicio en línea, mediante el uso de su Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL); II. Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Lo anterior, a fin de privilegiar la comunicación a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, de modo que los quejosos o terceros interesados deberán indicar el "nombre de usuario" con que cuenten ellos mismos o sus autorizados, a fin de que se autorice su notificación y acceso al expediente electrónico. Mientras que, a las autoridades, en su carácter de responsables y terceros interesados, se les hará la primera notificación mediante oficio digitalizado firmado electrónicamente y remitido por correo electrónico, acorde a lo establecido en el décimo transitorio del Acuerdo General 21/2020, así como las subsecuentes, dado el esquema hibrido en que es necesario continuar el presente asunto, para lo cual deberán proporcionar una dirección de correo electrónico en la que se le deban hacer las notificaciones en este asunto, mientras no obtenga un usuario del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Toda vez que este tipo de notificación no genera acuses en automático, deberán confirmar la recepción del correo, especificando los archivos que se les enviaron, lo cual será certificado por la fedataria judicial, contarán con un plazo máximo de dos días a partir del envío de la determinación para indicar que quedaron notificados; apercibidos que, transcurrido ese término este órgano jurisdiccional tendrá por hecha la notificación y será a partir del tercer día en que sus términos comenzarán a correr; lo cual encuentra sustento en el contenido de los artículos 27, fracción I, incisos b) y c), así como 30, fracciones I y II, ambos de la Ley de Amparo. Asimismo, las autoridades que deseen incorporarse al directorio realizado con motivo del convenio de interconexión con el Consejo de la Judicatura Federal, o que quieran actualizar el correo electrónico en el que deban ser notificadas, podrán realizar la solicitud de incorporación o modificación al siguiente correo electrónico: casesoresp@correo.cjf.gob.mx. Por otra parte, cuando la notificación deba practicarse de manera personal, la diligencia deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Cuando se cuente con información de contacto de las partes, se buscará acordar previamente su realización, siempre que ello se estime pertinente para el éxito de la diligencia y la seguridad de quienes intervengan en la misma. Lo anterior es así, considerando que la seguridad de los certificados de FIREL y e.firma permiten garantizar la identidad de las personas que los utilizan, las personas justiciables podrán utilizar el aplicativo de firma electrónica generado por el Consejo de la Judicatura Federal para firmar documentos, con independencia de que las promociones que se remitan a través del Portal de Servicios en Línea deberán firmarse electrónicamente desde el propio Portal. El aplicativo de firma electrónica se encuentra disponible en los siguientes enlaces http://portalconsejo.cjf.gob.mx, desde el Portal, y https://w3.cjf.gob.mx/firmaelectronica/ desde Internet. Se hace saber a las partes que todos los acuerdos y oficios en los que consten las evidencias criptográficas correspondientes, es innecesario agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa, y que, para el caso que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, el fedatario correspondiente queda facultado para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. Habilitación de días y horas De conformidad con el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que el Actuario Judicial adscrita realice las notificaciones que correspondan en el presente juicio de amparo (por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). Autorizados y domicilios En términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, se autoriza en términos amplios a la licenciada Susana Prieto Terraza, toda vez que se encontró inscrita en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública y en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación. Y, ***** si bien al indagar en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública, se obtuvieron dos registros de cédula profesional en razón de la licenciatura de derecho, esta juzgadora no tiene certeza jurídica de cuál de ellas corresponde a la persona autorizada en el escrito inicial de demanda, es por ello, que hasta en tanto no exhiba copia de su cédula profesional, se le tendrá como autorizado sólo para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, en términos del artículo 24 de la ley de la materia; en el mismo sentido, dado que a *****, no se encontraron inscritas en el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación, se les tiene autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones, así como para imponerse de autos, en términos del numeral anteriormente referido; sin perjuicio de que, en caso de que la quejosa proporcione mayores datos de identificación del profesionista señalado (como podría ser el número de cédula profesional), este órgano jurisdiccional provea en relación a la autorización en términos amplios. Además, según lo establecido en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como lugar para oír y recibir notificaciones el propuesto en el ocurso de amparo. Forma en que se llevarán a cabo las notificaciones En general por lista Con fundamento en los ordinales 26, fracción III y 29 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 21, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se ordena que las notificaciones en el presente asunto se realicen por lista, mediante la publicación en internet: https://www.cjf.gob.mx/micrositios/dggj/paginas/serviciosTramites.htm?pageName=servicios%2FlistaAcuerdos.htm de la página web de Servicios y Trámites de la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, salvo aquéllas de carácter personal. Adicionalmente, se instruye a la Actuaria Judicial para que el asunto se incluya en la lista que deberá ser remitida a la administración regional de esta demarcación, para que ésta las coloque en un espacio de fácil acceso para quienes acudan sin contar con una cita. A la autoridad responsable Por medio de oficio De conformidad con el numeral 26, fracción II, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena notificar el presente acuerdo a la autoridad responsable mediante oficio que al efecto se gire, el cual deberá entregarse de forma física en las instalaciones que ocupe cada una de ellas. Por lista electrónica Los acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero interesado, ya que esta resolutora, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el presente juicio de amparo, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que se pretenda notificar, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia por contradicción número 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, enero de 2013, Tomo 2, Materia Común, visible en la página 1253, del siguiente tenor: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar. Se hace conocimiento de las responsables en este expediente que las comunicaciones que se dirijan al sumario en que se actúa podrán remitirse al correo oficial del juzgado 7jdo17cto@correo.cjf.gob.mx y/o al correo de la secretaria encargada del asunto mariosc@correo.cjf.gob. Expedición de copias y acceso al expediente. En términos del artículo 36 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, las personas autorizadas para consultar el expediente electrónico podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en el sumario y cuando éstas incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente, lo mismo ocurrirá con las determinaciones que con esa evidencia se les remita a su correo por parte de este juzgado, de modo que resultará innecesario su cotejo con el expediente físico o cualquier otra certificación posterior. Con fundamento en el artículo 3º, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento de las partes que se autoriza la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que integran el presente expediente, con excepción de las que tengan el carácter de reservada o confidencial, sin necesidad de solicitud por escrito, mismas que serán expedidas si las pide quien tenga facultades para ello, a costa de la parte que las solicite y previa toma de razón que obre en autos, cuya entrega se realizará previa cita que registren para acudir al juzgado, esto en acatamiento a las medidas preventivas que deberán implementarse para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). Asimismo, previa gestión verbal y ante la presencia del personal del juzgado se autoriza el uso de medios electrónicos para la reproducción de constancias que integran el presente expediente con excepción de las detalladas en este párrafo, de conformidad con lo que estipulan los artículos 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia, 3 de la Ley de Amparo y la Circular 12/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitida el dieciocho de marzo de dos mil nueve, acceso que se permitirá una vez que realicen la cita respectiva para presentarse en el juzgado. Coincidencia del expediente físico y electrónico. En términos de lo dispuesto por el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo vigente, se instruye al personal encargado de la tramitación del juicio de amparo en que se actúa, digitalice todas las promociones o documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda la información relacionada con este expediente en el sistema y, en caso de que éstas se presenten de manera electrónica, serán responsables de su impresión para ser incorporadas a este cuaderno. Uso del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes Dese cumplimiento al capítulo cuarto del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que se publicó el quince de enero de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación. Por lo que, se instruye al Analista Jurídico adscrito dé puntual seguimiento y trámite a los asuntos electrónicos recibidos por medio del Portal de Servicios en Línea, lo que implica la captura completa y oportuna de la información en los Sistemas Electrónicos del Consejo, específicamente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Consulta pública del asunto Con fundamento en los artículos 6, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7°, 8° y 9° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la referida ley, así como 28, 32, 35, 42 y 71 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos; prevalece el principio de máxima publicidad para el debido ejercicio del derecho a la transparencia, de manera que, los datos del juicio en que se actúa, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así sea solicitado, conforme al procedimiento de acceso a la información. En esta medida, dígase a las partes que toda la información en posesión de este órgano jurisdiccional es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, así también, hágase saber el derecho que les asiste para manifestar su oposición de que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación que de autos y sentencia se haga, en la inteligencia de que la falta de aquélla, conlleva su consentimiento para que se publiquen sin supresión de dichos datos, con excepción de los sensibles, en la medida en que ello no impida conocer el criterio sostenido, y de los nombres de las partes cuando la referida publicación se haga por medios electrónicos. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *****, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *****. Doy fe.MGCJ/Marc/maa
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