Josefina Varela Flores
Expediente 707/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 6 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 707/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 14/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Josefina Varela Flores
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; catorce de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran recurso de revisión, contra la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, en la que se decretó el sobreseimiento, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2º, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la certificación de cuenta, el expediente principal, no encuadra en los supuestos de relevancia documental, no tiene valor jurídico, ni valor histórico y no obran documentos originales; por lo que al haberse sobreseído, es susceptible de DESTRUCCIÓN dentro del plazo de cinco años, conforme lo establece el numeral 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. De este modo, atento a que la Dirección General de Archivo y Documentación determinó que aquellos expedientes que se encuentren bajo resguardo de los órganos jurisdiccionales y que actualmente cuenten con más de cinco años de haberse acordado su archivo como asunto concluido, en términos del punto vigésimo primero de cualquiera de los Acuerdos Generales Conjuntos de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los órganos jurisdiccionales, será el propio órgano el encargado de realizar las actividades de depuración o destrucción, según corresponda, toda vez que han alcanzado la temporalidad que estipula dicho numeral para ejecutar su valoración documental. Por tanto, una vez concluido el plazo de cinco años, este órgano jurisdiccional deberá destruir el presente juicio de amparo. Tal como se estableció en la cuenta, quien resuelve califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el numeral 110 del ordenamiento legal invocado; y, las partes entregaron información con carácter de confidencial en el presente expediente, en términos de lo que dispone el ordinal 113 de la legislación en comento. Notifíquese Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado **********. Doy fe.
- Principal
Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; veintinueve de septiembre de dos mil veintidós. VISTOS para resolver el juicio de amparo 707/2022-VII, promovido por **********, contra actos de la Junta Especial Número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, el ocho de agosto de dos mil veintidós, turnado a este juzgado el nueve día siguiente, ********** promovió demanda de amparo en contra de la Junta Especial Número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, de quien reclamó lo siguiente: "4.- ACTOS RECLAMADOS: 4.1.- De la autoridad señalada en el numeral 3.1., se reclama la substanciación del juicio en la forma y términos previstos por los artículos 873 al 891 del ordenamiento legal en cita. (.) 7.2.- Es el caso que en fecha 24 de mayo del 2019 se acordó fecha y hora para la presentación medica de la actora ante la perito médico de la parte demandada, a lo cual en fecha 29 de noviembre del 2019 la perito solicito un término para poder rendir su dictamen, fijando fecha la autoridad responsable para tal efecto el 24 de enero del 2020 en donde rindió la pericial médica por parte de la perito médico del Instituto Mexicano del Seguro Social, fijando de nueva cuenta fecha y hora para la pericial medica ofrecida por la parte actora, la cual en fecha 14 de junio del 2021 se llevó a cabo y se rindió la pericial médica hasta el 18 de enero del 2022, sin que hasta la fecha se haya hecho lo necesario para continuar con el desahogo de pruebas o en su caso el cierre de instrucción, causándome un perjuicio al estar inactivo el presente juicio por más de 4 años." Lo subrayado y resaltado es nuestro. SEGUNDO. Derechos fundamentales que se estimó vulnerados. La quejosa señaló como derechos constitucionales vulnerados, los previstos en los artículos 8 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Empero, esta Juzgadora, en términos del artículo 76, primera parte, de la Ley de Amparo, advierte que el derecho fundamental del que se duele la accionante del amparo, es el contenido en el dispositivo 17 de la Constitución General, como se aludirá más adelante. TERCERO. Tramitación de la demanda. Previa aclaración de la demanda de amparo, el veinticuatro de agosto de dos mil veintidós se admitió a trámite, se solicitó informe justificado a la autoridad responsable, se dio vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señalaron como hora y fecha para la audiencia constitucional, la cual se llevó al tenor del acta que antecede, quedando los autos en estado de resolución. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, , 33, fracción IV, 35 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 03/2013, artículo segundo, fracción XVII, numeral 3 y artículo tercero, fracción XVII, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, de la totalidad de constancias que integran el presente juicio se precisa que la quejosa reclamó de la autoridad responsable lo siguiente: Junta Especial Número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, el retardo en la impartición de justicia dentro del juicio laboral 263/2018, al omitir proveer para el desahogo de la totalidad de las pruebas ofrecidas por las partes, y decretar el cierre de la instrucción en dicha controversia laboral. TERCERO. Existencia del acto reclamado. La autoridad responsable, Junta Especial número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe justificado aceptó el acto reclamado; por ello, se tiene por cierto el acto endilgado a dicha autoridad responsable. Incluso, se corrobora con la copia certificada que remitió la junta responsable, que al tratarse de documentales públicas, merecen valor probatorio pleno, conforme a los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral. Es aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia en materia común 226 del Pleno del Alto Tribunal, publicada en el Apéndice de 1995, Quinta Época, tomo VI, Parte SCJN, página 153, registro 394182, con el rubro y texto siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Así como la jurisprudencia 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 2000, quinta época, tomo VI, Materia Común, página 231, del siguiente tenor: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTO. Causal de improcedencia. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, se examina la procedencia del juicio constitucional, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente. Del contenido de las constancias se advierte que se actualizan causales de improcedencias contra los actos reclamados: a) omisión de proveer lo necesario para el desahogo de la totalidad de las pruebas ofrecidas por las partes; y b) decretar el cierre de la instrucción en dentro del juicio laboral de origen. Respecto al acto reclamado omisión de proveer el desahogo de las pruebas, se actualiza la causa de improcedencia que prevé el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que se señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)". En principio, es necesario precisar que los efectos de un acto reclamado, cesan cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo o bien resarce la omisión que se le atribuye y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho transgredido. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. Por consiguiente, la improcedencia de mérito está orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a la quejosa en el pleno goce del derecho transgredido, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la transgresión, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. En ese sentido, se considera que sí se acreditan los supuestos de la causal de improcedencia, toda vez que en el presente asunto la quejosa Josefina Varela Flores, reclama a la Junta Especial Número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, la omisión de proveer sobre el desahogo de las pruebas ofrecidas por las partes en el expediente laboral 268/2018. Sin embargo, dicho acto reclamado ya quedó sin efecto al momento en que la autoridad responsable se pronunció sobre la omisión reclamada, pues de las constancias que adjuntó al rendir el informe justificado, remitió copia certificada del acuerdo de veintinueve de agosto del año en curso, donde se pronunció sobre los medios de pruebas y les hizo saber a las partes que no quedaban medios de convicción que desahogar; como se evidencia a continuación: "CD. JUÁREZ, CHIC., A VEINTINUEVE DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS. ACUERDO: Se da cuenta de este escrito presentado ante la oficialía de partes en fecha 21 de Enero de 2022, signado por el C. Lic. **********, en su carácter de apoderado legal de a demandada Instituto Mexicano del Seguro Social, escrito que se agrega a los autos para que obre como legalmente corresponda. Visto el estado de los autos de que se desprende que en auto de fecha 17 de Enero de 2022 esta H. Junta otorgo a las partes del presente juicio un término de 03 días hábiles a fin de que manifestaran lo que a su derecho convengan de la pericial rendida por parte actora y toda vez que por cuanto hace a la parte actora y demandada **********, S.A. DE C.V., es porque se les hace efectivo el apercibimiento decretado en autos y se les tiene por prelucido su derecho; Visto el estado de los autos y toda vez que no quedan pruebas pendientes por desahogar en el presente expediente, es por lo que con fundamento en el artículo 884 fracción V de la Ley Federal del Trabajo, se les concede a las partes un TERMINO DE DOS DÍAS HÁBILES, a fin de que formulen sus alegatos, apercibiéndoseles que de no hacerlo así, se les tendrá por prelucido su derecho.- Hecho lo anterior se acordara lo que ha derecho corresponda. NOTIFIQUESE A LAS PARTES EN SUS DOMICILIOS SEÑALADOS EN AUTOS.." Del contenido de lo anterior se aprecia que la junta laboral responsable emitió un acuerdo (veintinueve de agosto del año en curso) en el expediente laboral 263/2018, donde ya se pronunció sobre las pruebas ofrecidas y señaló que no había otra por desahogar, y les otorgó a las partes un plazo de dos días para que formularan alegatos, apercibiéndolos que de no hacerlo precluiría ese derecho; por ello, la omisión reclamada quedó sin efectos al momento en que se subsanó por parte de la autoridad responsable, es decir, al momento en que en dictó dicho auto en el expediente de origen. Por lo que, se acredita la hipótesis de la causal de improcedencia contenida en la fracción XXI del artículo 61 de la ley de la materia, ya que se justifica la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte efectos ni dejó huella en la esfera jurídica de la quejosa, como si se hubiere concedido el amparo solicitado. Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 38 del Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro 193758, del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por otra parte, con respecto al acto reclamado consistente en decretar el cierre de la instrucción en el juicio laboral de origen, se actualiza la diversa causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el ordinal 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte ." De los preceptos transcritos se aprecia, que para la procedencia del juicio de amparo indirecto, concretamente en cuanto a la hipótesis enunciada (107, fracción V de la Ley de Amparo), es necesario que los actos de autoridad que se combaten, sean de imposible reparación, entendiéndose como tales, aquellos que sus consecuencias sean susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales del gobernado que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano es parte, es decir, que la afectación o sus efectos no se destruyan con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio; de modo que no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, esto es, sin haber originado afectación alguna a esos derechos fundamentales del gobernado sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada al resolverse en definitiva el procedimiento de donde emana, o bien mediante el juicio de amparo directo. Cobra aplicación a lo anterior, la jurisprudencia 3a./J.43 29/89, sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable a página doscientos noventa y uno, Tomo IV, primera parte, julio a diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto "Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación...". El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo." En ese sentido, la quejosa reclama a la junta laboral responsable la omisión en decretar el cierre de la instrucción en el juicio laboral de origen; luego, no se advierte que dicho acto revista el carácter de imposible reparación. En efecto, a fin de que sea procedente el amparo indirecto, es necesario que la violación formal se traduzca de manera directa e inmediata a un derecho sustantivo, que impida en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva. Cabe mencionar que cuando un particular se duele de afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional o seguido en forma de juicio, no se cumple con el requisito de procedencia del amparo indirecto consistente en la transgresión a un derecho sustantivo o que el acto hubiese dejado sin defensa a la quejosa. Sin que pase inadvertido las molestias que generen al gobernado las dilaciones de la responsable en integrar el juicio de origen hasta su conclusión; sin embargo, ello por sí solo no es suficiente para considerar procedente el amparo, pues la quejosa es parte actora en un juicio laboral que se encuentra en trámite; dicha afectación no puede verse de forma autónoma sino dentro del procedimiento acorde a las etapas que se desarrollan en el mismo, salvo que el juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente. Sobre el particular, cobra aplicación la jurisprudencia 2a./J.48/2016 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 1086, Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Constitucional y Común, que en su rubro y texto dice: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." Bajo esa óptica, si la impetrante reclama a la junta laboral responsable la omisión en decretar el cierre de la instrucción en el juicio laboral de origen; este Juzgado no advierte una dilación en el procedimiento o su paralización total. Para ello se trae a colación lo resuelto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria relativa a la contradicción de tesis número 294, en la cual consideró lo siguiente: ".a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio laboral, cuyo trámite y resolución se ha procurado agilizar por virtud de las recientes reformas legales en la materia, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que, para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos y laudos, o en la realización de cualquiera otra diligencia, que la demanda de amparo será procedente cuando han transcurrido al menos cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que debieron legalmente pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador.". De la ejecutoria en comento derivó la jurisprudencia 2a./J 33/2019 (10a), publicada el uno de marzo de dos mil diecinueve, en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materias Común y Laboral, bajo el rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador." En razón de lo antes expuesto, a la fecha existe criterio definido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de que contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuanto transcurren más de cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos. Luego, la omisión de que se duele la parte quejosa en el juicio laboral de origen 263/2018, no genera una ejecución de imposible reparación, de conformidad al artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, pues las consecuencias de dicho acto no afectan directamente alguno de los derechos sustantivos tutelados por la Constitución General de la República, por lo que tiene el carácter de adjetivo pues no existe una dilación de procedimiento. Esto es así, debido a que la junta laboral responsable dictó un acuerdo de veintinueve de agosto de dos mi veintidós, dentro del expediente laboral 263/2018, en el cual con motivo de que no había otra pruebas por desahogar, otorgó a las partes un plazo de dos días para que formularan alegatos en términos del artículo 884, fracción V, de la Ley Federal del Trabajo, apercibiéndolos que en caso de no hacer manifestación alguna al respecto, declararía precluido su derecho. Sin embargo, no se puede estimar como una dilación excesiva, por lo siguiente: Los artículos 884, fracción V, 885 y 886 de la Ley Federal del Trabajo, establecen: "Artículo 884.- La audiencia de desahogo de pruebas se llevará a cabo conforme a las siguientes normas: (.) V. Al concluir el desahogo de las pruebas, la Junta concederá a las partes un término de dos días para que presenten sus alegatos por escrito. Artículo 885. Al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, se dará vista a las partes por el término de tres días para que expresen su conformidad con dicha certificación, bajo el apercibimiento de que si transcurrido el término señalado no lo hicieren y hubiere pruebas por desahogar, se les tendrá por desistidos de las mismas para todos los efectos legales y se procederá conforme a lo que dispone el párrafo siguiente. En caso de que las partes, al desahogar la vista señalada, acrediten que alguna o algunas pruebas ofrecidas no se desahogaron, la Junta, con citación de las mismas, señalará dentro de los ocho días siguientes día y hora para su desahogo. Desahogadas las pruebas pendientes, las partes formularán alegatos dentro de las veinticuatro horas siguientes. Hecho lo anterior, el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción y, dentro de los diez días siguientes, formulará por escrito el proyecto de laudo, que deberá contener los elementos que se señalan en el artículo 840 de esta Ley.." Del contenido de los citados artículos, se advierte que al concluir el desahogo de las pruebas, la junta concederá a las partes un plazo de dos días para que presenten alegatos, acontecido lo anterior, y previa certificación del secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, se dará vista a las partes por el término de tres días para que expresen su conformidad con dicha certificación, en caso de que las partes acrediten que alguna pruebas ofrecidas no se desahogó, la Junta señalará dentro de los ocho días siguientes día y hora para su desahogo de la prueba pendiente, y llevada a cabo ésta las partes formularán alegatos dentro de las veinticuatro horas siguientes. Realizado lo anterior, se declarará cerrada la instrucción. Entonces, queda en evidencia que se prevé un plazo de catorce días para que se decrete la cerrada instrucción, después de la notificación del acuerdo emitido el veintinueve de agosto del año en curso, donde se dio vista a las partes en términos del artículo 884, fracción V, de la Ley Federal del Trabajo (vigente en la época de los hechos 2018). Sin que se tenga conocimiento la fecha de notificación a las partes del auto de veintinueve de agosto del año en curso, porque no se remitió, y no se solicitó al resultar innecesario a la fecha en que resuelve el presente juicio, toda vez que si el juicio de amparo procede cuanto transcurren más de cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, es evidente que del veintinueve de agosto del año en curso (acuerdo emitido) al día de hoy, apenas transcurren treinta y un días naturales, (sin agregar al cómputo el plazo de catorce días anteriormente referido); por tanto, considerando el término definido por el Alto Tribunal, no se considera que se haya paralizado totalmente el juicio o exista una abierta dilación del mismo, respecto al acto de omisión de decretar el cierre de instrucción en el juicio de origen, y por ende, violación al artículo 17 Constitucional. De lo expuesto con anterioridad, se advierte que no se surte el supuesto de que el acto reclamado resulte de imposible reparación, si se tiene en cuenta que dicho acto reclamado sólo tiene efectos adjetivos, pues no tiene fuerza definitiva ni deja sin defensa a la quejosa, ni le causa un agravio no reparable en la sentencia definitiva, ya que dicha afectación no se produce en forma independiente, sino dentro de un procedimiento en el que la parte quejosa es parte, sin que este órgano de control constitucional advierta de la demanda de amparo que exista una abierta dilación del procedimiento o su paralización. En consecuencia, respecto al acto reclamado, omisión de proveer sobre el desahogo de las pruebas ofrecidas por las partes en el expediente laboral 268/2018, al actualizarse la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, y respecto al diverso acto reclamado, decretar el cierre de instrucción en el juicio de origen, se actualiza la improcedencia descritas en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, de la Ley de Amparo; por ello, se procede el sobreseimiento, en el presente juicio de amparo, conforme lo dispone el numeral 63, fracción V, del ordenamiento legal aludido. Sirve de apoyo la jurisprudencia número 2a./J. 9/98, sentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, febrero de mil novecientos noventa y ocho, a foja doscientos diez, Novena Época, cuyo contenido es: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por **********, contra actos de la Junta Especial Número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, por los motivos expuestos en el último considerando de este fallo. NOTIFÍQUESE. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante el Secretario que autoriza y da fe, licenciado **********. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiséis de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el pedimento signado por el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado, mediante el cual formula alegatos y solicita copia de la sentencia que se dicte en el presente juicio. Al respecto se provee lo siguiente: En torno a los alegatos que formula, los mismos serán tomados en consideración en la audiencia constitucional de conformidad con lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo. Respecto a la copia de la resolución que solicita, dígasele que se esté a lo acordado en el auto de admisión del presente juicio, en el que se autorizó la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que integran el presente expediente, sin necesidad de solicitud por escrito, de conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo. Notifíquese Lo proveyó y firma la licenciada **********, Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el Secretario **********, que autoriza y da fe. Doy fe. MGCJ/Jeam/spm
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintitrés de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que la autoridad responsable Presidenta de la Junta Especial Número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado, adjuntó diversa constancias, entre las cuales el auto de veintinueve de agosto del año en curso, en el cual se especifica que con motivo de que no había pruebas por desahogar, concedió un plazo para que las partes formularan alegatos. De ahí que, si en el presente juicio de amparo reclama la dilación laboral para el desahogo de pruebas y consecuentemente el auto de cierre de la instrucción en el juicio laboral de origen; en las relatadas circunstancias, tomando en cuenta que podría actualizarse una causal de improcedencia que debe acreditarse fehacientemente, la cual es de orden público y de oficio para la suscrita; por tanto, con fundamento en los artículos 64, párrafo primero, y 75, párrafo tercero, ambos de la Ley de Amparo, requiérase a la Presidenta de la Junta laboral responsable para que en un término de tres días, computado legalmente, remita a este juzgado copia certificada de la totalidad de las constancias, efectuadas con posterioridad al acuerdo de veintinueve de agosto del año en curso, o en su caso únicamente -si es que se ya se emitió- el proveído donde haya decretado el cierre de instrucción en el juicio laboral 263/2018. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J.163/2005, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 319, Tomo XXIII, Enero de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, registro 176291, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. ANTE LA EXISTENCIA DE ALGÚN INDICIO DE UNA CAUSAL DE ESA NATURALEZA, EL JUZGADOR DEBE INDAGAR O RECABAR DE OFICIO LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA ASÍ ESTAR EN POSIBILIDAD DE DETERMINAR FEHACIENTEMENTE SI OPERA O NO ESA CAUSAL. Conforme al último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo, el examen de las causales de improcedencia del juicio de garantías es oficioso, esto es, deben estudiarse por el juzgador aunque no las hagan valer las partes, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente al fondo del asunto. Asimismo, esta regla de estudio oficioso debe hacerse extensiva a la probable actualización de dichas causales cuando éstas se adviertan mediante un indicio, sea que una de las partes las haya invocado u ofrecido o que el juzgador las hubiese advertido de oficio, pues con independencia de cuál sea la vía por la que se conocieron esos indicios, el juzgador de amparo los tiene frente a sí, y la problemática que se presenta no se refiere a la carga de la prueba, sino a una cuestión de orden público; por consiguiente, si de las constancias de autos el juzgador de amparo advierte un indicio sobre la posible existencia de una causal que haría improcedente el juicio constitucional, oficiosamente debe indagar y en todo caso allegarse de las pruebas necesarias para resolver si aquélla se actualiza o no y así, probada fehacientemente, sobresea en el juicio o bien en caso contrario, aborde el fondo del asunto." Bajo el apercibimiento que de no hacerlo así dentro del lapso indicado, se le impondrá multa por cien Unidades de Medida y Actualización, equivalente a la cantidad de $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos 00/100, moneda nacional), previstas en el diverso 26, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; además de conformidad con lo establecido en los artículos 237, fracción I, en relación con el 259, ambos de la ley de Amparo. Notifíquese.- Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado **********. Doy fe.
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