Josefina Soto Valdes
Expediente 7/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 7/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 14/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Josefina Soto Valdes
Actuaciones
- Principal
Por recibido el oficio del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México; en atención a su contenido, infórmese que este órgano jurisdiccional se avocó al conocimiento de la demanda mediante proveído de seis de enero del año en curso, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Remítase copia del citado auto y del presente. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra el auto que desechó la demanda, sin que se hiciera valer; consecuentemente, se declara firme el referido proveído. Archívese como totalmente concluido, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Ahora bien, atendiendo a las particularidades del presente juicio, ...; se concluye que no es de relevancia documental. ...; se hace la observación de que el expediente es susceptible de destrucción, en razón de que se trata de un asunto en el que se desechó la demanda. No obra en autos documento original, en los términos que establece el ordinal 3, fracción XVIII, del Acuerdo General de referencia. Finalmente, vista la certificación que antecede, en cumplimiento al Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus covid-19, y la circular interna 03/2021 de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, la secretaria encargada de la tramitación del expediente revisó e hizo constar que la versión impresa de ese último coincide con la electrónica, lo que se tiene por realizado para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Visto el oficio que contiene la demanda que promueve ..., contra actos del Juez y Actuario adscritos al Juzgado Sexagésimo Quinto Civil de la Ciudad de México, por violación a los derechos fundamentales reconocidos en los numerales 1, 14 y 16 Constitucionales, al efecto se acuerda: Este órgano jurisdiccional se avoca al conocimiento de la demanda. Fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno con el número 7/2022. Tramítese el presente asunto en su versión física, así como en la electrónica, observando los términos del artículo 3° de la Ley de Amparo. SE DESECHA LA DEMANDA. I. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el Juzgador Federal tiene la obligación de analizar la demanda y si encontrare un motivo de improcedencia, la desechará de plano, pues de conformidad con el diverso 62 de la ley de la materia, las causales de improcedencia deben estudiarse de oficio. II. De la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que la quejosa reclama el auto de veintinueve de noviembre de la anualidad anterior, emitido en el juicio especial hipotecario ... del índice del Juzgado Sexagésimo Quinto Civil de la Ciudad de México donde requirió a los codemandados para que en el término de cinco días desocupen voluntariamente el inmueble rematado, apercibidos de lanzamiento en caso de incumplimiento, así como su ejecución. III. El presente juicio de amparo es improcedente, por no agotarse el principio de definitividad previsto en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando, contra el acto reclamado, las leyes ordinarias conceden algún recurso o medio de defensa, que pueda tener por objeto su modificación, revocación o nulificación. Lo anterior entraña el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, el cual no es exigible en los supuestos que prevén los incisos a), b) c) y d) del numeral transcrito; hipótesis que en el particular no se actualizan, pues la parte quejosa no alega falta de llamamiento, además, ha comparecido a defender sus derechos. Por lo que, se concluye que la parte accionante de amparo está obligada a agotar, previo a la instauración del presente juicio, el recurso de apelación en términos de los artículos 688, 689, 691, 696, 701 y 702, todos del Código de Procedimientos Civiles para esta Ciudad. De los numerales citados, deviene que el recurso de apelación es el medio de impugnación idóneo para combatir el auto que constituye el reclamo, pues por medio de éste se puede obtener una sentencia en donde se determine su confirmación, revocación o modificación; por lo que, al no haberse agotado, es dable concluir que no se satisface el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, y que se contempla en la causal de improcedencia referida. Se cita en apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 51/2013 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 145 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXII, Julio de 2013, Tomo 1, Décima Época, registro 2003920, de rubro y texto siguientes: "APELACIÓN EN EL JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO. SE RIGE POR LA REGLA GENERAL DE PROCEDENCIA DEL RECURSO CONFORME A LA CUANTÍA DEL NEGOCIO. La regla general sobre la procedencia del recurso de apelación en la cual se atiende al monto del negocio, contenida en los artículos 426, fracción I, y 691, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, resulta aplicable al juicio especial hipotecario, ya que entre las normas específicas de éste no existe alguna por la cual se disponga lo contrario, o se establezca una norma distinta o incompatible con aquélla. Lo anterior, toda vez que dentro del capítulo regulativo del juicio hipotecario, el único precepto atinente al recurso de apelación, esto es, el artículo 487, sólo tiene por objeto determinar los efectos o consecuencias de la revocación de la sentencia de primera instancia en la cual se había condenado a la realización del remate del bien hipotecado, si se tiene en cuenta que es permisible su ejecución en tanto se sustancia y resuelve el recurso; y por su parte, la regla específica para los juicios especiales dentro del capítulo del recurso de apelación, artículo 714, únicamente determina el efecto en que debe admitirse el recurso en esa clase de juicios, así como el tipo de su sustanciación. Por tanto, tales preceptos no entrañan incompatibilidad o disposición en contrario respecto a la regla general mencionada, sobre la apelabilidad de las resoluciones según el valor económico del juicio." Se afirma que el recurso procedente es la apelación, pues en el juicio de origen se reclamó como suerte principal $1,975,847.00 (un millón novecientos setenta y cinco mil ochocientos cuarenta y siete pesos /100 moneda nacional), y dicha suma es superior a la que establece el artículo 691 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México; aunado a que la propia promovente manifiesta bajo protesta de decir verdad que es un medio de impugnación que se ha interpuesto en el juicio. Además, el recurso de apelación resulta ser idóneo, toda vez que el artículo invocado no excluye a las resoluciones dictadas en etapa de ejecución para la procedencia de dicho recurso, sino únicamente señala como requisito la cuantía del juicio de origen; requisito que en el caso, se satisface, pues como ya se dijo, la cantidad reclamada como suerte principal es superior a la prevista por la legislación procesal civil para la procedencia del recurso en cita, de ahí que, al ser un auto dictado en ejecución de sentencia en un asunto donde la cuantía permite la interposición de ese medio de impugnación, la parte quejosa previo a la promoción del amparo debió agotar dicho recurso. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 1571, visible en la página 2515, Segunda Parte, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que a la letra dice: "RECURSOS ORDINARIOS. El hecho de no hacer valer los procedentes contra un fallo ante los tribunales ordinarios es causa de improcedencia del amparo que se enderece contra este fallo." Asimismo, la diversa visible en la página 37, Volumen 12, Sexta parte, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, que dispone: "RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO. Si el quejoso estuvo en aptitud de hacer valer en el juicio de donde emanan los actos reclamados, el recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados dichos actos, y no agotó ese recurso o medio de defensa antes de ocurrir al juicio de garantías, el acto reclamado carece de definitividad y es improcedente el amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." También se invoca la tesis aislada VIII.1o.C.T.2 C (10a.) con registro 2017499, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito que dice: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA ENTREGA DE LOS BIENES REMATADOS, DEBE OBSERVARSE Y AGOTARSE EL MEDIO ORDINARIO QUE PROCEDA, ANTES DE PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 61, fracción XVIII y 107, fracción IV, último párrafo, de la Ley de Amparo, interpretados de manera conjunta y sistemática, se advierte que contra el auto dictado en la fase de ejecución de sentencia del juicio ejecutivo mercantil, que ordena la entrega de los bienes rematados, se debe agotar el medio ordinario de defensa que en su caso proceda, antes de promover el juicio de amparo, pues el hecho de que se trate de la última resolución dictada en el procedimiento de remate, no implica inobservar el principio de definitividad." Y la tesis aislada I.6o.C.368 C con registro 176262, de los Tribunales Colegiados de Circuito publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Enero de 2006, página 2396 , que indica: "JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA, SÓLO CONTRA LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN EMITIDA AL RENOVARSE EL PROCEDIMIENTO DE REMATE, SIEMPRE QUE SE SIGAN PREVIAMENTE TODAS SUS FASES. Si después de dictada la sentencia definitiva condenatoria en un juicio ejecutivo mercantil, el actor promueve incidente de ejecución, siguiendo todas las etapas, como el avalúo del bien inmueble a rematar para obtener el cobro de su crédito y publicaciones de los edictos, y aun habiéndose fincado el remate del bien a su favor o de algún postor, la autoridad responsable no lo aprueba por irregularidades procesales, resulta un derecho del ejecutante solicitar al Juez natural la fijación de nueva fecha para una segunda almoneda, con el fin de obtener la composición de su derecho, sancionado por sentencia firme; y si el Juez dicta auto en el mismo procedimiento de ejecución accediendo a la petición del actor y ordena nueva subasta conforme a las de su clase, es inconcuso que el demandado, de no estar de acuerdo, debe interponer contra dicho auto el recurso ordinario de apelación que le conceden los artículos 1336, 1340 y 1341 del Código de Comercio, tendiente a agotar el principio de definitividad que rige al juicio de garantías, con independencia de que por tratarse del procedimiento de remate, sólo sea factible promover el amparo indirecto contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, en términos del artículo 114, fracción III, último párrafo, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales; y, de no ser así, es correcto el desechamiento del amparo, con fundamento en los artículos 73, fracción XIII y 145 de la ley que lo regula, por tratarse de un acto intermedio dentro del procedimiento de remate. Además, la resolución que desaprueba el remate en primera almoneda, no es la última para legitimar la procedencia del amparo, toda vez que el actor que obtuvo sentencia favorable, está en su derecho de una segunda almoneda para cobrar el crédito sancionado por la autoridad judicial, y mientras no se cubran las prestaciones obtenidas como resultado del juicio seguido contra el deudor, dicho actor puede instar una segunda almoneda, con lo que se renueva el procedimiento de ejecución, el que sí podrá ser reclamado a través del referido amparo por el ejecutado, siguiendo previamente todas las fases del procedimiento de remate." Además, en el supuesto de que la ejecución del acto reclamado pudiera generar consecuencias de imposible reparación, el Criterio jurisprudencial 1a./J. 44/2012 (10a.), de la Décima Época, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro X, Julio de 2012, Tomo 1, página 729, en Materia Común, cuyo título es "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL."; explica que aun tratándose de actos cuya ejecución sea de imposible reparación, prevalece el principio de definitividad. Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA. Se tiene como lugar para oír y recibir notificaciones las listas de este Juzgado. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Por ser notoriamente improcedente, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo que promueve ..., contra actos del Juez y Actuario adscritos al Juzgado Sexagésimo Quinto Civil de la Ciudad de México. NOTIFÍQUESE.
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