Josefina Quiroz Bustos

Expediente 948/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 11 actuaciones registradas, la última del 4 de enero de 2024.

Datos del expediente

Expediente
948/2023
Año
2023
Actuaciones
11
Última actuación
04/01/2024

Partes del expediente

  • Josefina Quiroz Bustos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Agréguese el escrito del autorizado de la quejosa en términos amplios del artículo 12 de le Ley de Amparo; atento a su contenido, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89, de la Ley de Amparo se tiene por interpuesto el recurso de revisión contra la sentencia dictada en este asunto; remítase el presente expediente, al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito que por turno corresponda, así como el original del ocurso de expresión de agravios para la substanciación del referido medio de impugnación, previa formación del cuaderno de antecedentes. Distribúyase entre las partes copia simple del mismo, dejando en esta Secretaría la de la contraria. Se instruye al actuario de la adscripción para que, previo al envío del recurso interpuesto al Tribunal Colegiado respectivo, efectúe las notificaciones necesarias y las vincule al expediente electrónico, para que la superioridad esté en condiciones de consultarlas a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Se ordena que, una vez que se tenga información de quién es el Tribunal que conocerá de los mismos, se haga disponible este asunto en el sistema aludido. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    En la Ciudad de México, siendo las once horas del veintidós de noviembre de dos mil veintitrés, día y hora señalados para la CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL en el juicio de amparo 948/2023; el Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, ..., asistido de ..., Secretario que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declara abierta sin la asistencia de las partes. A continuación, el Secretario hace relación de las constancias que obran agregadas en autos, y da cuenta con: A) Demanda de amparo; B) El oficio de la autoridad responsable por el cual rindió su informe justificado; y, C) El emplazamiento de la parte tercera interesada. Al efecto se acuerda: Se tiene por hecha la relación que antecede para todos los efectos legales a que haya lugar. A continuación, se procede a la apertura del período probatorio, en el que se hace constar que ninguna de las partes las ofrecieron, por lo que al no haber elementos de convicción por desahogar, se cierra el periodo probatorio y se abre el de alegatos, en el que se hace constar que la parte tercera interesada los formuló y que la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no rindió pedimento; por lo que, se cierra el presente periodo. Con lo anterior, se da por terminada la audiencia, que firman el Juez en unión del Secretario que da fe para constancia legal, procediendo a dictar la resolución correspondiente. Doy

  3. Principal

    VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 948/2023, promovido por ... contra actos del Juez Septuagésimo Cuarto Civil de Proceso Escrito de la Ciudad de México; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda. La parte quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, alegando violaciones a los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1, 14, 16 y 17 Constitucionales. SEGUNDO. Admisión. La demanda se admitió en este órgano, dándose intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se requirió a la autoridad su informe justificado, se ordenó el emplazamiento de los terceros interesados, y se fijó hora y día para celebrar la audiencia constitucional. De autos se desprende que la autoridad responsable rindió su informe justificado; la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no intervino; los terceros interesados fueron emplazados; finalmente, la audiencia constitucional tuvo lugar en los términos del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para resolver este asunto de conformidad con los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 37 y 107 fracción V de la Ley de Amparo; en atención a que se trata de un juicio contra actos derivados de un proceso del orden mercantil seguido ante un juzgado con residencia en la ciudad donde el suscrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Acto reclamado conforme al artículo 74, fracción I, de la ley de la materia. De la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la quejosa reclama la sentencia interlocutoria de doce de julio de dos mil veintitrés, dictada en el incidente de cuantificación de intereses ordinarios y moratorios, e impuesto al valor agregado, deducido del juicio ejecutivo mercantil ... del índice del Juez Septuagésimo Cuarto Civil de la Ciudad de México; que condenó a los demandados al pago de $89,342.11 (ochenta y nueve mil trescientos cuarenta y dos pesos 11/100 M.N.). TERCERO. Existencia de los actos. La certeza de los actos reclamados quedó acreditada con el informe justificado rendido por el juez de la causa, lo que se corrobora con las copias certificadas del juicio de origen; las cuales, por tener el carácter de actuaciones judiciales, tienen valor probatorio pleno, de acuerdo con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Antecedentes. Para entrar al estudio del asunto, es conveniente señalar los siguientes antecedentes destacados: I. El dos de marzo de dos mil diecisiete, ..., demandó en la vía ejecutiva mercantil a ... y ... -aquí terceros interesados-. El asunto se radicó con el número ..., ante el Juzgado Vigésimo Sexto de lo Civil de cuantía Menor de esta ciudad. II. El cuatro de agosto de dos mil veinte, se tuvo por reconocida la cesión de derechos litigiosos, quedando como parte cesionaria la actora y hoy quejosa, Josefina Quiroz Bustos. III. El veintidós de octubre de dos mil veintiuno, se dictó sentencia definitiva en el asunto, declarando procedente la vía intentada; y condenando a los terceros interesados al pago de la suerte principal; a los intereses ordinarios y moratorios y al impuesto sobre la renta de dichos accesorios. Dado que se trata de tasas variables a las que aplicaría una fórmula, se apercibió a la actora que en caso de no realizar el procedimiento de manera clara y precisa o se aporten los elementos necesarios para establecer dichos intereses, se aplicaría el interés legal tanto a los intereses ordinarios como a los moratorios. IV. El diecinueve de enero de dos mil veintidós, se asentó la certificación relativa al cambio de denominación del juzgado de origen, pasando a ser el Juzgado Septuagésimo Cuarto Civil de Proceso Escrito de esta ciudad. V. El siete de abril de dos mil veintidós, la quejosa promovió incidente de cuantificación de interés ordinarios, moratorios, e impuesto al valor agregado, mismo que se admitió el dieciocho de abril de dos mil veintidós, ordenando emplazar personalmente a los terceros interesados. VI. El tres de agosto de dos mil veintidós, los demandados dieron contestación a la demanda incidental, lo que se acordó favorablemente el nueve de agosto de dos mil veintidós. VII. Por autos de cuatro y diez de octubre siguiente, se tuvieron respectivamente por rendidos los peritajes de los expertos designados por la actora y la demandada. El dieciocho de octubre de dos mil veintidós el mandatario judicial de la parte actora pidió al juzgado de origen que a fin de no entorpecer el juicio y evitar una designación de tercero en discordia, se conformó lisa y llanamente con el peritaje rendido por la parte demandada; por lo que el veintiuno de ese mes y año, se citó el asunto para dictar resolución. VIII. El veintiséis de octubre de dos mil veintidós el juez septuagésimo cuarto de lo civil de esta ciudad dictó sentencia interlocutoria en la que condenó a los terceros interesados al pago total de $6´980,525.33 (seis millones novecientos ochenta mil quinientos veinticinco pesos 33/100 m.n.) como resultado de la suma de los intereses ordinarios, moratorios e impuesto al valor agregado; a lo cual descontó la cantidad de $458,640.96 (cuatrocientos cincuenta y ocho mil seiscientos cuarenta pesos 96/100 m.n.) que los demandados exhibieron como pago, resultando en $6,521,884.37 (seis millones quinientos veintiún mil ochocientos ochenta y cuatro pesos 37/100 M.N.). IX. Contra esa determinación los demandados promovieron juicio de amparo indirecto registrado con el número de expediente 1250/2022 del índice de este órgano jurisdiccional, en el que, seguidos los trámites legales, el veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, se concedió el amparo para los siguientes efectos: "1. Deje insubsistente la sentencia reclamada. 2. Dicte otra en la que considere las razones expuestas en esta resolución constitucional, y se pronuncie con plenitud de jurisdicción sobre la procedencia de ajustar la planilla aplicando para los intereses, el factor legal correspondiente como prevé la sentencia definitiva, en caso de que considere actualizados los supuestos de falta de claridad o insuficiencia probatoria. De lo contrario, la autoridad deberá resolver lo que en derecho corresponda, fundando y motivando el sentido de su determinación, purgando los vicios formales descritos, examinando individualmente las operaciones que corresponden para cada mes por todo el periodo por el que se reclaman las prestaciones accesorias, a fin justificar plenamente el total de la condena." X. La hoy quejosa promovió recurso de revisión contra la sentencia referida, el cual se registró como R.C. ... del índice del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que confirmó la resolución recurrida el quince de junio de dos mil veintitrés. XI. En cumplimiento a la sentencia de amparo, la autoridad responsable dictó la interlocutoria de doce de julio del año en curso, en la que hizo efectivo el apercibimiento contemplado en la sentencia definitiva y aplico´ la tasa legal para el cálculo de los intereses ordinarios y moratorios. Esta determinación constituye el acto reclamado en el presente juicio. QUINTO. La tercera interesada invocó la improcedencia del juicio argumentando que se actualiza la causal prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, ya que las consideraciones plasmadas en la resolución combatida son cosa juzgada. Sin embargo, no asiste razón a dicha parte en su aserto debido a que la protección constitucional emitida en el juicio de amparo ... del índice de este órgano jurisdiccional, tuvo por efecto que la autoridad responsable emitiera una nueva determinación con plenitud de jurisdicción tomando en consideración los argumentos de la ejecutoria de amparo a fin de que se pronunciara sobre la viabilidad de calcular los intereses conforme al interés legal en caso de que se actualizara el supuesto de falta de claridad o insuficiencia probatoria; por lo cual, no hubo un sentido específico que a modo de cosa juzgada debiera seguirse, sino parámetros a considerar para que volviera a fallar con la óptica proporcionada en el fallo constitucional. Al respecto, se invoca la jurisprudencia 2a./J. 140/2007 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Materias(s): Común, que establece: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO DERIVADA DEL CUMPLIMIENTO DE UN FALLO PROTECTOR, O EN EJECUCIÓN DE ÉSTE. NO SE ACTUALIZA CUANDO EN LA SENTENCIA DE GARANTÍAS NO HUBO COSA JUZGADA EN RELACIÓN CON EL TEMA DE FONDO Y SE DEJÓ PLENITUD DE JURISDICCIÓN A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. La fracción II del artículo 73 de la Ley de Amparo al establecer que el juicio de garantías es improcedente "contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas" se refiere a aquellas resoluciones que indefectiblemente deben emitir las autoridades responsables, en las cuales el órgano jurisdiccional del Poder Judicial de la Federación les constriñe a realizar determinadas y precisas acciones, esto es, les da lineamientos para cumplir con el fallo protector y, por ende, la responsable no tiene libertad de decisión, sino que debe emitir la nueva resolución conforme a los efectos precisados por el órgano jurisdiccional federal, de manera que al actuar la responsable en ese sentido, emitiendo una resolución en cumplimiento de una ejecutoria de amparo, o en ejecución de ésta, el nuevo amparo que se intente resulta improcedente porque deriva de una decisión definitiva que ya fue materia de análisis en un juicio anterior, pues admitir un nuevo amparo afectaría el principio jurídico de cosa juzgada y generaría inseguridad jurídica. Sin embargo, esta causal de improcedencia no se actualiza cuando el fallo concesorio deja plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable, porque ello significa que en el juicio de amparo no se tomó una decisión definitiva sobre el problema jurídico, es decir, no impera el principio de cosa juzgada, por lo cual la nueva resolución que emita la autoridad responsable no obedece al cumplimiento de una ejecutoria de amparo, o en ejecución de la misma, atendiendo a lineamientos precisos del órgano federal y, en consecuencia, en este supuesto procede el nuevo juicio de garantías." Al no advertirse la actualización de una diversa causa de improcedencia, este órgano jurisdiccional estima viable avocarse al estudio de fondo del asunto. SEXTO. Análisis de los conceptos de violación y decisión. La quejosa afirma que se violentaron sus derechos reconocidos en los artículos 14 y 16 constitucionales, pues la determinación combatida carece de debida fundamentación y motivación, por las siguientes razones: I. Se cumplieron los requisitos exigidos para que se condenara a los demandados al pago de los intereses conforme fue establecido en el documento base de la acción; ya que se satisfizo lo dispuesto en los artículos 1349 a 1357 del Código de Comercio; asimismo, se exhibieron las tablas de "cálculo e integración de intereses ordinarios y vencidos", en donde se plasmaron las cuentas aritméticas mensuales, se presentaron las tablas de indicadores de la tasa de interés interbancaria de equilibrio (TIIE) y se ofreció una prueba pericial en contabilidad financiera y fiscal. II. El juez de origen no designó un perito tercero en discordia ante la desavenencia de opiniones emitidas por los especialistas nombrados por las partes, siendo el juzgador quien debe dar las directrices para el correcto desahogo de la prueba pericial, lo cual debió haber realizado con independencia de que la quejosa se haya conformado con el peritaje rendido por los demandados; aunado a que debió asegurarse de que el desahogo de la pericial se realizara de forma correcta conforme a los puntos respecto de los que se precisó debía versar. A la quejosa no se le puede imponer la carga que solo corresponde a los peritos, ni sancionarla por aquello que no atendieron. III. Sí se realizó la cuantificación del TIIE por cada periodo mensual de conformidad de conformidad con lo establecido en las de "cálculo e integración de intereses ordinarios y vencidos", exhibidas por la quejosa; y, el ejemplo referido en la sentencia es incorrecto ya que el juzgador de realizó el cálculo de forma imprecisa al no observar lo pactado por las partes en la cláusula octava del contrato base de la acción. IV. La autoridad responsable varió lo determinado en la sentencia definitiva, ya que en esta se estableció el pago de los intereses ordinarios, moratorios, así como el correspondiente impuesto al valor agregado, desde el veintidós de agosto de dos mil trece. V. El cálculo del interés legal es erróneo ya que la cantidad condenada no corresponde al cálculo respecto de la suerte principal multiplicado por los ciento trece meses que han transcurrido entre el treinta y uno de agosto de dos mil trece y el treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, temporalidad sobre la cual deben realizarse las operaciones aritméticas. Los conceptos de violación son infundados. El principio de legalidad se encuentra reconocido en el artículo 16 de la Constitución Federal, y debe entenderse como la condición de que todo acto de autoridad ha de realizarse conforme al texto expreso de la ley, a su espíritu o interpretación jurídica, exponiendo las razones atinentes al caso. Por fundamentación se entiende el deber que tiene la autoridad de expresar, en mandamiento escrito, los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer con el acto; mientras que la motivación se traduce en la expresión de las razones por las cuales se considera que los hechos en que basa su proceder se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar. Particularmente en materia jurisdiccional el cumplimiento al principio de legalidad se encuentra en el estudio de la cuestión planteada, apoyada en el derecho aplicable y la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo indispensable que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso, para justificar el sentido de la decisión. Al respecto se cita el criterio jurisprudencial 1ª./J. 139/2005, sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, diciembre de 2005, página 162, intitulada: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE." Una de esas normas rectoras son precisamente las sentencias definitivas, pues de éstas derivan prerrogativas y obligaciones que los justiciables deben observar al constituir cosa juzgada, es decir, una norma jurídica individualizada a la que deben estarse los enjuiciados, y que es indemne a cuestionamientos futuros en diverso procedimiento. Y aquello cuyas bases se establecen en la decisión final de un caso, se instrumenta y materializa, a través de incidentes para hacer efectivos sus puntos específicos, como una vertiente del acceso efectivo a la justicia, relativa a la eficacia de las determinaciones. Lo anterior, lo sostuvo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el criterio jurisprudencial 1ª./J. 103/2017 (10ª.), que establece: "DERECHO DE ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA. ETAPAS Y DERECHOS QUE LE CORRESPONDEN. De los artículos 14, 17 y 20, apartados B y C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, deriva el derecho de acceso efectivo a la justicia, el cual comprende, en adición a determinados factores socioeconómicos y políticos, el derecho a una tutela jurisdiccional efectiva y los mecanismos de tutela no jurisdiccional que también deben ser efectivos y estar fundamentados constitucional y legalmente. Ahora bien, en la jurisprudencia 1ª./J. 42/2007, de rubro: "GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES.", la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió el acceso a la tutela jurisdiccional como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que, a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute tal decisión; de ahí que este derecho comprenda tres etapas, a las que corresponden tres derechos: (i) una previa al juicio, a la que le corresponde el derecho de acceso a la jurisdicción, que parte del derecho de acción como una especie del de petición dirigido a las autoridades jurisdiccionales y que motiva un pronunciamiento por su parte; (ii) una judicial, que va desde el inicio del procedimiento hasta la última actuación y a la que concierne el derecho al debido proceso; y, (iii) una posterior al juicio, identificada con la eficacia de las resoluciones emitidas. Ahora, los derechos mencionados alcanzan no solamente a los procedimientos ventilados ante Jueces y tribunales del Poder Judicial, sino también a todos aquellos seguidos ante autoridades que, al pronunciarse sobre la determinación de derechos y obligaciones, realicen funciones materialmente jurisdiccionales." También se invoca la jurisprudencia P./J. 86/2008 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en Materias(s): Común, que dispone: "COSA JUZGADA. SUS LÍMITES OBJETIVOS Y SUBJETIVOS. La figura procesal de la cosa juzgada cuyo sustento constitucional se encuentra en los artículos 14, segundo párrafo y 17, tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene límites objetivos y subjetivos, siendo los primeros los supuestos en los cuales no puede discutirse en un segundo proceso lo resuelto en el anterior, mientras que los segundos se refieren a las personas que están sujetas a la autoridad de la cosa juzgada, la que en principio sólo afecta a quienes intervinieron formal y materialmente en el proceso (que por regla general, no pueden sustraerse a sus efectos) o bien, a quienes están vinculados jurídicamente con ellos, como los causahabientes o los unidos por solidaridad o indivisibilidad de las prestaciones, entre otros casos. Además, existen otros supuestos en los cuales la autoridad de la cosa juzgada tiene efectos generales y afecta a los terceros que no intervinieron en el procedimiento respectivo como ocurre con las cuestiones que atañen al estado civil de las personas, o las relativas a la validez o nulidad de las disposiciones testamentarias, entre otros." Ahora, primeramente es necesario abordar el estudio de los conceptos de violación señalados en los puntos I a II tendientes a combatir la procedencia del cálculo conforme a lo peticionado por la quejosa en su escrito de inicial del incidente y las violaciones que aduce se dieron durante su tramitación ante el indebido desahogo de la prueba pericial contable. En el caso, la autoridad responsable determinó atender al inciso b)sic del resolutivo segundo de la ejecutoria, en el que se previó que en caso de que la actora no realizara el procedimiento de manera clara y precisa o aportara los elementos necesarios para establecer los intereses, se aplicará el interés legal para ordinarios y moratorios. En efecto, el juez responsable refirió que conforme a la sentencia definitiva, específicamente su segundo resolutivo, una condición de procedibilidad del incidente de liquidación de intereses para ser calculado con las fórmulas [(TIIE+11 x 30/360= tasa de intereses ordinarios) y (tasa de intereses ordinarios por 3= intereses moratorios)] es precisamente que el procedimiento de liquidación se realizara de manera clara y precisa, aportando los elementos para establecerlos, como se aprecia de los resolutivos de la sentencia definitiva: "RESUELVE PRIMERO: La vía EJECUTIVA MERCANTIL es la correcta donde la parte actora QUIROZ BUSTOS JOSEFINA, acredite su acción y en la que los demandados ADOLFO RENDON PIMENTEL Y MARGARITA BERUMEN JARAMILLO, se constituyeron en rebeldía. SEGUNDO: Se CONDENA los demandados ADOLFO RENDON PIMENTEL Y MARGARITA BERUMEN JARAMILLO, a pagar a la parte actora QUIROZ BUSTOS JOSEFINA o por conducto de quien sus derechos representen, al pago de las cantidades siguientes: a) El pago de la cantidad de $458,640.98 (TRESCIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS 94/100 M.N.)(SIC) por concepto de suerte principal integrado por el capital vencido. b) El pago de la cantidad que resulta por concepto de los intereses ordinarios vencidos, devengados a partir del 22 de agosto del 2013, más los que sigan generando hasta la total solución del adeudo, atendiendo a los documentos base de la acción, apercibida que en caso de no realizar el procedimiento de manera clara y precisa o se aporten los elementos necesarios para establecer dichos intereses se aplicará el interés legal. c) El pago de la cantidad que resulte por concepto del I.V.A. sobre intereses ordinarios vencidos devengados a partir del 22 de agosto del 2013, más que se sigan generando hasta la total solución del adeudo. b) (SIC) El pago de la cantidad que resulte por concepto de los intereses moratorios vencidos, devengados a partir del 22 de agosto del 2013, más que se sigan generando hasta la total solución del adeudo apercibida que en caso de no realizar el procedimiento de manera clara y precisa o se aporten los elementos necesarios para establecer dichos intereses se aplicará el interés legal. c) (SIC) El pago de la cantidad que resulte por concepto de I.V.A. sobre intereses moratorios vencidos devengados a partir del 22 de agosto del 2013, más los que se sigan generando hasta la total solución del adeudo. Se apercibe a la parte actora que en caso de no realizar el procedimiento de manera clara y precisa o se aporten los elementos necesarios para establecer dichos intereses, se aplicará al interés legal tanto para los intereses ordinarios como moratorios. Pagos que deberán hacer dentro del plazo de CINCO DÍAS siguientes al que la presente sea legalmente ejecutable, y para el caso de no hacerlo, tomando en consideración que se embargaron inmuebles a nombre de los demandados ... Y ..., se procederá al trance y remate de lo embargado en autos con su producto pago a la actora. TERCERO. Acerca del control de constitucionalidad y convencionalidad ex officio, respecto al interés usurario atento al artículo 21, apartado 3 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos no es procedente reducir el interés pactado, con fundamento en los razonamientos expuestos en la presente. CUARTO. Se ABSUELVE a los demandados de las prestaciones reclamadas con los incisos d) y e), atento a los razonamientos expuestos en la presente. QUINTO. Se ABSUELVE del pago de gastos y costas atento a los razonamientos expuestos en la presente. SEXTO. NOTIFIQUESE." Tal apercibimiento atiende precisamente a que en las consideraciones se advirtió la complejidad que podía presentar la liquidación ante la presencia de tasa variables. Al efecto, se cita el criterio I.3o.C.21 K (10a.), de la Décima Época, con registro: 2003254, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 3, página 2060, en materia civil, cuyo rubro y texto son: "COSA JUZGADA. AL ANALIZARLA DE OFICIO, EL JUZGADOR DEBE RESPETAR EL PRINCIPIO DE QUE EN EL ESTUDIO DE CUALQUIER SENTENCIA LOS CONSIDERANDOS RIGEN A LOS RESOLUTIVOS Y SIRVEN PARA INTERPRETARLOS. La cosa juzgada es uno de los principios esenciales en que se funda la seguridad jurídica, toda vez que el respeto a sus consecuencias constituye un pilar del Estado de derecho, por lo que el Juez está obligado a analizarla de oficio en cuanto advierta su existencia. Ahora, en ese ejercicio el juzgador debe respetar un principio esencial en el estudio de cualquier sentencia, consistente en que los considerandos rigen a los resolutivos y sirven para interpretarlos. Esa postura es reconocida por la doctrina procesal moderna, ya que ésta ha admitido que así como para interpretar la demanda es necesario su estudio conjunto y racional, el mismo criterio rige para interpretar una sentencia." Incluso, la situación sobre la complejidad se advirtió desde la emisión de la sentencia de amparo 1250/2022, cuando al destacar las diferencias entre los peritajes, se indicó: "Así, se consideró que el diferendo en su caso le beneficiaba, cuando en ese supuesto, por la falta de claridad e imprecisión de las cantidades a liquidar y la omisión de nombrar un perito tercero en discordia, lo operante y verdaderamente benéfico por su sencillez, y por estar expresamente contemplado en la sentencia, era aplicar los factores legales, al ser esto la consecuencia de que la actora incumpliera la carga que expresamente la sentencia le confirió." Luego, como ya se había apuntado desde la emisión del fallo constitucional previo, ante la falta de claridad en la incidencia y la carencia de material probatorio, el juez de origen se enfrentó a un problema técnico, que por la práctica judicial es dable calificar como de mayor complejidad en comparación en los cálculos ordinarios de condenas accesorias, dada la serie de operaciones mensuales y obtención de factores individuales para cada mes por un periodo de cerca de 9 años apoyada en información financiera que emite el Banco de México; circunstancia que a criterio del suscrito, se vaticinó desde la sentencia definitiva, y por ello se previó un apercibimiento sobre la aplicación de la tasa legal para intereses. Al respecto se cita la tesis de jurisprudencia I.4o.C. J/22, de la Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Agosto de 2006, en Materia(s): Común, Página: 2095, que dispone: "SANA CRÍTICA. SU CONCEPTO. Debe entenderse como el adecuado entendimiento que implica la unión de la lógica y la experiencia, tendientes a asegurar el más certero y eficaz razonamiento a través de procesos sensibles e intelectuales que lleven a la correcta apreciación de los hechos." En ese contexto, el juez resolvió que procedía la condena en los términos en que la determinó, con independencia de las prestaciones inicialmente reclamadas; pues aunque cuente con facultades para ajustar la planilla de liquidación, ello no implica que pueda obviar las justificaciones jurídicas necesarias para ejercer el arbitrio judicial en determinado sentido. Lo anterior, con apoyo en los elementos allegados al juicio y al procedimiento incidental, y sobre todo, sin desconocer la cosa juzgada, que en el caso, ante un supuesto de oscuridad, imprecisión o falta de pruebas, daba la pauta para aplicar el tasa legal a ambos tipos de intereses como una consecuencia expresamente contemplada en la sentencia definitiva. Al respecto se invoca analógicamente el criterio de jurisprudencia 1a./J. 35/97 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Noviembre de 1997, página: 126, que dispone: "PLANILLA DE LIQUIDACIÓN EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. AUNQUE NO SE OPONGA A ELLA EL CONDENADO, EL JUEZ TIENE FACULTADES PARA EXAMINAR DE OFICIO SU PROCEDENCIA. Los incidentes de liquidación tienen como objetivo determinar con precisión la cuantía de las prestaciones a que quedaron obligadas las partes en el juicio y así perfeccionar la sentencia en los detalles relativos a esas condenas, que no pudieron cuantificarse en el fallo y son indispensables para exigir su cumplimiento y efectuar su ejecución. Luego, si el Juez es el director del proceso, es obvio que en él recae la responsabilidad de emprender esas funciones, circunstancia que al relacionarla armónicamente con la finalidad del incidente de liquidación y lo dispuesto por el artículo 1348 del Código de Comercio, conduce a estimar que el juzgador está posibilitado legalmente para examinar, de oficio, que la planilla de liquidación presentada por la parte a la que le resultó favorable la sentencia, se ajuste a la condena decretada, aun cuando no medie oposición del vencido, pues tal conducta omisiva no suple las condiciones formales y sustantivas de que requiere el obsequio de la pretensión formulada en la planilla; lo que conlleva a que no es adecuado que se aprueben automáticamente los conceptos contenidos en ésta, sin el previo análisis de su comprobación y justificación, en razón de que el juzgador, al emplear el arbitrio judicial, debe decidir en forma justa, con apoyo en los elementos allegados al juicio y al procedimiento incidental, atendiendo primordialmente a las bases que para ese fin se desprendan de la resolución principal, sin modificarlas, anularlas o rebasarlas, para así respetar los principios fundamentales del proceso, como el de la invariabilidad de la litis, una vez establecida, o el de congruencia, así como la inafectabilidad de las bases de la cosa juzgada." En suma, se considera ajustada al principio de legalidad que la autoridad aplicara los factores legales para el cálculo de los intereses, dada la complejidad que le presentó en el caso, la aplicación exacta de las formulas, sin que ello constituya una violación contra la impetrante, dado que esa era una posibilidad establecida en la propia sentencia definitiva. Sin que sea impedimento para ello, que la quejosa invoque que se le está sancionado por los vicios y errores de los peritos y que en su caso, el juez pudo llamar a un experto tercero en discordia; sin embargo, a criterio del suscrito no pueden acogerse tales señalamientos, dado que hubo allanamiento a los peritajes ofrecidos en el procedimiento; y ahora, el fallo reclamado emana del cumplimiento a una sentencia de amparo, donde no se previó que el juez recabara más elementos de prueba, sino que volviera a fallar la incidencia y para el caso de que el material con que contaba le fuera insuficiente, emitiera su pronunciamiento aplicando los factores de ley. Atento a lo anterior, el concepto de violación III, donde se alega la aplicación del factor de la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio, deviene inoperante por derivar de otros argumentos que ya fueron desestimados, porque a criterio del suscrito se vinculan a aquello que líneas previas ha sido dilucidado en el sentido medular de que, para el caso, es jurídicamente válido acudir a la aplicación de las tasas legales de interés, dadas las condiciones fácticas del incidente. Al respecto se cita la tesis de jurisprudencia XVII.1o.C.T. J/4, de la novena época, registro: 178784, fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Abril de 2005, página 1154, en materia común, cuyo rubro y texto es: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON INOPERANTES LOS QUE PARTEN O SE HACEN DESCANSAR SUSTANCIALMENTE EN LO ARGUMENTADO EN OTROS QUE FUERON DESESTIMADOS. Si de lo alegado en un concepto de violación se advierte que la impugnación planteada se hace descansar, sustancialmente, en lo que se argumentó en otro u otros conceptos de violación que fueron anteriormente desestimados en la misma ejecutoria, en tanto que resultaron infundados, inoperantes o inatendibles, ello hace que aquél resulte a su vez inoperante, dado que de ninguna manera resultará procedente, fundado u operante lo que en dicho concepto se aduce, por basarse en la supuesta procedencia de aquéllos. Ahora, respecto al concepto de violación precisado en el inciso IV, donde se alega que el periodo contemplado por la autoridad es incongruente con los parámetros establecidos en la sentencia, este juzgador es del criterio que dicha alegación resulta fundada pero inoperante, pues aunque la autoridad partió de la fecha treinta y uno de agosto de dos mil trece para la liquidación, lo cierto y jurídicamente relevante es que sus cálculos los hizo por meses completos. Orienta esta afirmación, la tesis de jurisprudencia 170, emitida por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Época: Séptima Época, Registro: 394126, visible en el Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, en Materia(s): Común, Página: 114, cuyo título es el siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACION FUNDADOS, PERO INOPERANTES." En efecto, es criterio del suscrito que a nada práctico conduciría conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a fin de analizar la cuestión apuntada por la quejosa, en el sentido de que el periodo referido es incorrecto (por empezar del treinta y uno de agosto de dos mil trece, cuando la sentencia definitiva establece que comienza el veintidós de ese mes y año), pues previsiblemente no culminaría con una resolución más favorable para ella, en tanto que se aprecia de la sentencia que la autoridad computó el cálculo usando meses completos, considerando para ello, ciento tres (103) desde agosto de dos mil trece hasta marzo de dos mil veintidós, contemplando íntegramente el último mes. Monto total que además, es acertado si se toma en consideración que así computados, serían cuatro meses completos del año 2013; más cada uno de los doce meses en el periodo de ocho años entre 2014 a 2021, que serían noventa y seis; más los tres que corrieron de enero a marzo de 2022, dando un total de 103 meses, que fue el usado por la autoridad como parámetro. De ahí que sea inoperante el mencionado concepto de violación; y en consecuencia, también sea de desestimarse el concepto de violación V, que contempla una liquidación por 113 meses, pues como ya se mencionó, el periodo hasta el punto de la sentencia interlocutoria contempla 103 meses según se indicó en el párrafo inmediato anterior; de ahí su inoperancia. Lo anterior, se apoya en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 108/2012 (10a.) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Décima Época, con registro: 2001825, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 3, en Materia(s): Común, página: 1326, de rubro: "AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE SE SUSTENTAN EN PREMISAS FALSAS.". Por estas consideraciones, se concluye que los conceptos de violación deben desestimarse por infundados e inoperantes, siendo lo procedente negar el amparo y protección de la justicia federal. Negativa que se hace extensiva a los actos de ejecución, pues su ilegalidad se hace depender de los actos reclamados a la autoridad ordenadora y no fueron impugnados por vicios propios, sino en vía de consecuencia, acorde a la jurisprudencia 88, de la entonces Tercera Sala del Alto Tribunal, visible en el Tomo VI, página 70, del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que dice: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE LAS, NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS. Si la sentencia de amparo considera violatoria de garantías la resolución que ejecutan, igual declaración debe hacerse respecto de los actos de ejecución, si no se reclaman, especialmente, vicios de ésta." R E S U E L V E: ÚNICO. La justicia de la Unión no ampara y protege a ... contra actos del Juez Septuagésimo Cuarto Civil de Proceso Escrito de la Ciudad de México, por las razones expuestas en el último considerando de este fallo. Notifíquese como legalmente corresponda. Lo sentencia y firma ..., Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, asistido de ..., Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, en términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, hasta hoy treinta de noviembre de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.

  4. Principal

    Agréguese el oficio del Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, mediante el cual remite el ocurso de los terceros interesados; en atención a su contenido, se les tiene apersonándose al presente juicio. Respecto al domicilio que proporciona, deberá estarse a lo acordado el cuatro de octubre pasado; y por lo que hace al correo electrónico que señala, únicamente será tomado en consideración para entablar comunicaciones no procesales. En relación a las personas que autoriza conforme al artículo 12 de la Ley de Amparo, gozarán de las facultades amplias que prevé si tienen registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales; ya que de no ser así únicamente lo estarán para oír y recibir notificaciones. Además, se tienen por hechas sus manifestaciones en vía de alegatos, así como por invocada la causa de improcedencia que alude, con lo que se ordena hacer relación en la audiencia constitucional. NOTIFÍQUESE.

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