Josefina Ramírez Martínez
Expediente 487/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 25 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 487/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 25/10/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Josefina Ramírez Martínez
- JOSEFINA RAMÍREZ MARTÍNEZ y Otros.
Actuaciones
- Principal
IV. Uruapan, Michoacán, a veinticinco de octubre de dos mil diecinueve. CAUSA ESTADO. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, de los que se desprende que no se interpuso recurso de queja contra el auto en el que se desechó la demanda de amparo origen de este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho acuerdo ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. ARCHIVO. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, archívese el asunto como definitivamente concluido. VALORACIÓN DOCUMENTAL. Ahora, en atención a lo dispuesto en los puntos cuarto y décimo, fracción I, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes, en relación con el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales vigente a partir del dos mil trece, se decreta que este expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el último párrafo del punto vigésimo primero del referido Acuerdo General. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que se desechó la demanda que diera origen al presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en la fracción I del punto Vigésimo Primero del citado Acuerdo, este expediente es susceptible de ser destruido. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído y siguiendo las directrices ahí detalladas, remítase el presente asunto a la Dirección General del Centro de Documentos y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que en el ejercicio de sus funciones proceda como corresponda, una vez que haya trascurrido el plazo de cinco años a partir de esta fecha. OTRAS CONSIDERACIONES. Sin que en el caso alguna de las partes haya allegado al cuaderno principal, algún documento que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que por características amerite ser devuelto. NOTIFÍQUESE.
- Principal
IV. CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 27, FRACCION I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO Y EN CUMPLIMIENTO AL APERCIBIMIENTO DECRETADO EN CITATORIO DE FECHA DIEZ DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA ASI COMO A SUS AUTORIZADOS EL PROVEIDO DE NUEVE DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, POR MEDIO DE LISTA QUE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE ORGANO JURISDICCIONAL, PROVEIDO DE REFERENCIA QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Uruapan, Michoacán, nueve de octubre de dos mil diecinueve. QUEJOSOS CUMPLEN CON PREVENCIÓN. Agréguese el escrito de cuenta signado por Josefina, Gloria Patricia y Baltazar, todos de apellidos Ramírez Martínez, mediante el cual, desahogan la prevención formulada en proveído de treinta de septiembre del año en curso. PRECISIÓN DEL PROBLEMA. Ahora bien, de la intelección integral de la demanda de amparo, se extrae que los quejosos señalan, como acto reclamado: Todo lo actuado dentro del Juicio Sucesorio intestamentario 1172/2015, la falta de notificación de diversas actuaciones; y, El auto de cinco de septiembre de dos mil diecinueve, en el cual no se admite su oposición a la audiencia de remate del inmueble que integra el caudal hereditario. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA. Al ser preferente su estudio, este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda; tal como se estipula el precepto 113 de la Ley de amparo que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". DESECHAMIENTO. Ahora, apreciado íntegramente el libelo de garantías, se desecha de plano porque se actualiza motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como así lo dispone el artículo 113, como a continuación se verá. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia I.6o.C. J/19, Tribunales Colegiados de Circuito, Pág. 730, Registro 193379, Tomo X, Septiembre de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". Por cuestión de método se analizará en primer término, el acto reclamado consistente en: Todo lo actuado dentro del Juicio Sucesorio intestamentario 1172/2015, y la falta de notificación de diversas actuaciones. Así, esta juzgadora advierte que respecto a dicho acto, se actualiza la causa de improcedencia contenida en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas." En primer término, se considera pertinente dejar asentado, que dentro del cuerpo de principios fundamentales que rigen el juicio de garantías, existe el denominado principio de definitividad consagrado en las fracciones III, inciso a) y IV del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, revistiéndolo, por ende, de todas aquéllas modalidades jurídicas inherentes a la naturaleza de un precepto de la Ley Fundamental, las cuales son principalmente, la supremacía respecto de las leyes secundarias y la rigidez frente a la actuación del Poder Legislativo ordinario. De esta suerte, el principio de definitividad del juicio de amparo se incorporó al texto constitucional como parte integrante del articulado de la Ley Suprema, tornándose intangible e inaceptable por la legislación secundaria, la cual, por tal motivo, no puede vulnerarlo, circunstancia que implica una mayor estabilidad y solidez jurídica en el juicio de amparo. Por otro lado, se resalta que el principio de definitividad del juicio de amparo supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige al acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga el promovente, el amparo es improcedente. Ahora bien, los quejosos señalan como acto reclamado todo lo actuado en el juicio primigenio, así como la falta de notificación de diversas actuaciones, dentro del juicio sucesorio intestamentario 1172/2015 de origen, por lo que se actualiza el supuesto referido. Lo anterior es así, ya que si los peticionarios de amparo tuvieron conocimiento de la tramitación del juicio sucesorio en cita, pues así lo manifiestan en su escrito inicial de demanda y su aclaración, lo cual asientan bajo protesta de decir verdad, se pueden estimar como ciertas, pues se trata de una aseveración de su parte en el sentido de que los hechos o abstenciones sucedieron en la forma que se describen, como lo sustenta la tesis I.15o.A.28 K, Tribunales Colegiados de Circuito, Pág. 2613, Tomo XXVI, Septiembre de 2007, Novena Época, Registro 171389 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta del rubro siguiente: "PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA". Por lo anterior, es que se encontraban en aptitud de promover el incidente de nulidad de actuaciones previsto en el artículo 98 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán, y al no agotar dicho incidente, es evidente que el juicio de garantías deviene improcedente; toda vez que, a través del citado incidente de nulidad de actuaciones, pudieron haber reclamado las irregularidades que consideraran se cometieron en su perjuicio. Apoya a lo anterior la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, visible en la página 356, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Segunda Parte-2, Julio a Diciembre de 1988, que es del rubro: "NULIDAD DE ACTUACIONES, INCIDENTE DE. NECESIDAD DE AGOTARLO PARA CUMPLIR CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD". Por otra parte, respecto al acto reclamado señalado como: El auto de cinco de septiembre de dos mil diecinueve, en el cual no se admite su oposición a la audiencia de remate del inmueble que integra el caudal hereditario. Debe destacarse que el juicio del cual emana el acto reclamado se encuentra en etapa de ejecución, por lo que el acto reclamado no constituye la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución respectivo, toda vez que no se advierte que se haya ordenado la escrituración y/o entrega del inmueble del juicio primigenio; y por ende, se trata de un acto de ejecución que por su naturaleza no es impugnable en amparo indirecto porque entorpecería la ejecución, y sólo hasta que se ordene la escrituración y/o entrega del inmueble que constituye el caudal de dicho contradictorio, serán reclamables las violaciones cometidas en el procedimiento respectivo si trascienden al resultado de la ejecución, ya que constituye un medio preliminar para lograr la ejecución de la sentencia, por lo que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107 fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior". El precepto antes transcrito, en lo que nos ocupa, establece la procedencia del amparo indirecto contra actos ejecutados por autoridades judiciales después de concluido un juicio. Respecto de dichos actos cabe distinguir entre los que se refieren a la ejecución de sentencia y los que gozan de autonomía en relación con dicha ejecución. En torno a los primeros, la procedencia del amparo se posterga hasta el dictado de la última resolución del procedimiento respectivo, que es aquélla en la que se declare cumplida la sentencia definitiva o se manifieste la imposibilidad para ello. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y/o la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento. El artículo 107, fracción IV, de la Ley de la Materia, que establece claramente la procedencia del amparo indirecto únicamente en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia respectivo, siguiendo el principio de economía procesal, pues lo que se pretende es evitar la demora en la conclusión del procedimiento de ejecución con la constante interposición de juicios de amparo por cada acto que la parte afectada considere como violaciones en dicho procedimiento. En el caso concreto, se reclama el proveído en el que se no se acepta la oposición de los quejosos a fin de que se lleve a cabo la audiencia de remate, por lo que de acuerdo al artículo 107, fracción IV de la Ley en la Materia, procede el amparo indirecto en contra de los actos ejecutados después de concluido el juicio pero cuando se trate de actos en ejecución, sólo procederá el amparo en contra de la última resolución dictada en dicho procedimiento que, en el caso de los remates, será aquella en la que ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y/o la entrega del bien inmueble litigioso, lo cual no ha acontecido en el juicio natural; motivo por el cual el acto reclamado no constituye la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución respectivo, ya que no se ha ordenado el otorgamiento de la escritura respectiva ni la entrega del inmueble controvertido; en consecuencia, se trata de un acto parcial de ejecución que por su naturaleza no es impugnable en amparo indirecto porque entorpecería la ejecución, por lo que, las violaciones que aduce se cometieron en la etapa de ejecución, podrán reclamarse sólo hasta que se ordene el otorgamiento de la escritura de adjudicación y/o la entrega del inmueble rematado en autos, si las mismas trascienden al resultado del procedimiento de remate. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 13/2016 (10a.), de la Décima Época, con número de registro 2011474, Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Libro 29, Abril de 2016, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, página 1066, del rubro: "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)". Igualmente sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 32/2001, consultable en la página 31, Tomo XIII, Abril de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro IUS 190035, cuyo rubro establece: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA". Por tanto, de conformidad con lo establecido en el artículo y 113 de la Ley de Amparo, resulta notoria e indudable la causa de improcedencia que se menciona respecto de los actos indicados, por lo que SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE GARANTÍAS promovida por Josefina, Gloria Patricia y Baltazar, todos de apellidos Ramírez Martínez, por propio derecho. Cabe precisar que la anterior determinación no implica transgresión a los derechos humanos de los impetrantes de amparo o denegación de justicia, tomando en consideración que este órgano jurisdiccional no tiene la obligación de resolver de manera favorable a los intereses de los solicitantes de amparo, por lo que al haberse actualizado una causal de improcedencia prevista en la ley de amparo y por tal motivo desecharse de la demanda de amparo, es una forma de impartir justicia por este Juzgado federal. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia VII.2o.C. J/23 de la Novena Época, con número de registro 174737, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Julio de 2006, Materia Común, página 921 de rubro: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA". Consecuentemente, al actualizarse las hipótesis previstas en el artículo 61, fracciones XVIII y XXIII, en relación con el diverso 107 fracción IV, así como los preceptos 112 y 113, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno; y en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido. ESCRITO DE AMPLIACIÓN DE DEMANDA. Sin que se haga necesario realizar mayor pronunciamiento en torno a dicho escrito; lo anterior, al no haberse admitido a trámite la demanda inicial presentada por la parte quejosa, por las razones anotadas en párrafos que anteceden. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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