Josefina Ramírez Martínez
Expediente 6/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 4 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 6/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 04/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Josefina Ramírez Martínez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
I. Uruapan, Michoacán de Ocampo, cuatro de abril de dos mil veintidós. OFICIO. Con fundamento en los artículos 61 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de Aplicación Supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en Morelia, Michoacán, a través del cual, remite los autos originales, del juicio de amparo en que se actúa; asimismo, informa que se declaró firme el auto por el que se desechó el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa. En consecuencia, acúsese recibo; agréguense al expediente el cuaderno de antecedentes únicamente con las constancias originales y las demás resultan innecesarias; realícense las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno correspondiente. CAUSA ESTADO. Con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que el auto que desechó la demanda de amparo origen de este asunto; ha causado estado, para los efectos legales procedentes. ARCHIVO. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, archívese el asunto como definitivamente concluido. VALORACIÓN DOCUMENTAL. Ahora, en atención a lo dispuesto en los puntos cuarto y décimo, fracción I, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes, en relación con el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales vigente a partir del dos mil trece, se decreta que este expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el último párrafo del punto vigésimo primero del referido Acuerdo General. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que se desechó la demanda que diera origen al presente asunto, de conformidad con lo supuesto por el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este expediente es susceptible de ser destruido. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase el presente expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General del Archivo y Documentación, para que en el ejercicio de sus funciones proceda como corresponda. En la inteligencia de que el expediente en que se actúa, NO SE CONSIDERA DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, al no ubicarse en ninguno de los supuestos que señala el artículo 15 del propio Acuerdo General. NOTIFÍQUESE.
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K. Uruapan, Michoacán de Ocampo, dieciséis de marzo de dos mil veintidós. ACUSA RECIBO. Con fundamento en los artículos 61 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibido y agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio número 857, firmado en forma electrónica por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, con sede en Morelia, Michoacán; en atención a su contenido, téngasele acusando recibo del comunicado 2832/2022, por el que se remitió el escrito de expresión de agravios y los autos originales del juicio de amparo en que se actúa, de donde deriva el presente cuaderno de antecedentes, para la substanciación del recurso de revisión hecho valer por la parte quejosa, contra el proveído de veinticuatro de enero de dos mil veintidós, el cual fue radicado como recurso de revisión civil 48/2022, de su índice; asimismo, téngasele informando que mediante proveído de veinticinco de febrero de la presente anualidad, resolvió desechar el citado medio de defensa por notoriamente improcedente; de lo que se toma conocimiento, para los efectos legales procedentes. NOTIFÍQUESE.
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I. CUMPLE PREVENCIÓN. Téngase por recibido el escrito de cuenta, signado por Josefina, Gloria Patricia y Baltazar, todos de apellidos Ramírez Martínez, a través del cual y en cumplimiento al proveído de diez de enero del presente año, desahogan los puntos de prevención contenidos esto es: Aclaran el acto que en concreto reclaman de la autoridad responsable, esto es, precisan en qué sección del juicio sucesorio de origen se dictó el auto en reclamo de dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno y detallan el contenido del escrito que refirieron en su demanda presentaron ante el Juez de origen y su contestación efectuada en el citado auto. Asimismo, que reclaman todas las notificaciones realizadas en el Juicio Sucesorio Intestamentario 1172/2015 tramitado en el Juzgado Primero Civil de esta Ciudad, además señalan como autoridad responsable al Actuario adscrito al citado Juzgado. CUESTIONES PRELIMINARES. Como punto de partida es necesario destacar que los actos reclamados consisten en: Del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en esta ciudad: El auto de dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, dictado en el Juicio Sucesorio Intestamentario 1172/2015, a bienes de Antonio Ramírez Martínez, en el cual se les da contestación al escrito presentado por los quejosos, por el que solicitaron se les hiciera de su conocimiento los motivos por los cuales se pretende remitir los autos del citado juicio sucesorio a la Notaría Pública, contestación emitida en el siguiente sentido: "Se le tiene por hechas sus manifestaciones, pero el expediente fue remitido a la Notaría Pública, por lo que no ha lugar a lo que solicita, y se dejan a salvo sus derechos para que los haga valer en la vía y término de ley." Del Actuario adscrito al Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en esta ciudad: Las notificaciones realizadas a los ahora quejosos en el Juicio Sucesorio Intestamentario 1172/2015 a bienes de Antonio Ramírez Martínez. DESECHAMIENTO. Apreciada íntegramente la demanda de amparo y escrito aclaratorio, se desecha de plano, porque se actualiza motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como así lo dispone el artículo 113, en relación con el numeral 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, toda vez que la parte quejosa no agotó el principio de definitividad a que estaba obligada. Sustenta lo anterior, la tesis: Tesis: I.6o.C. J/19 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 193379 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo X, Septiembre de 1999 Pág. 730 Jurisprudencia(Común) "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." En efecto, el precepto legal citado dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)." En la fracción citada, se consagra el principio de definitividad que rige el juicio de amparo respecto de actos emitidos por tribunales judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo; conforme al cual, para que proceda el juicio de amparo, debe tratarse de actos definitivos, ya que en caso contrario el acto no es reclamable en amparo. Tal máxima implica que el juicio de amparo es un medio extraordinario de protección y que, derivado de su propia naturaleza, para poder acceder a él es necesario agotar el procedimiento que la ley natural prevé en defensa de los derechos que se estimen lesionados y sólo en el caso de que el resultado del recurso sea adverso, podrá ocurrirse al juicio de amparo. De actuar en contrario, esto es, si las partes afectadas por actos de autoridad no tuvieran la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de amparo suplantaría las facultades del juez común. Los elementos cuya configuración dan lugar a que se integre la causal de improcedencia en análisis, son los siguientes: a) Que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y, d) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 276, del Semanario judicial de la Federación, tomo VII, mayo de 1991, Octava Época, Materia Común, registro 223023, del tenor siguiente: "RECURSOS ORDINARIOS. DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE AMPARO, SI SE RECLAMAN ACTOS DE TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO, CUANDO LA LEY CONCEDA ALGÚN RECURSO O MEDIO DE DEFENSA. Ciertamente, conforme a la última parte de la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo, los quejosos, no están obligados a agotar previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos ordinarios procedentes en contra del acto reclamado, si éste carece de fundamentación. Sin embargo para la hipótesis prevista en la fracción XIII del artículo 73 en cita, no opera la excepción al principio de definitividad del juicio de garantías antes indicado, pues de esta fracción sólo se infiere que en tratándose de resoluciones emitidas por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales las leyes de la materia concedan algún recurso o medio de defensa; por los cuales podrán ser revocados, modificados o nulificados, los agraviados deberán agotar previamente al ejercicio de la acción constitucional, dichos medios de impugnación y que a ello no están obligados los terceros extraños a juicio; por ello, se impone considerar, que en la hipótesis en comento no opera la excepción al principio de definitividad antes precisada, al no indicarlo así la disposición de referencia." Así como la jurisprudencia I.4º C.J/25, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 361, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Segunda Parte-1, correspondientes a los meses de julio a diciembre de 1990, Materia Común, Octava Época, registro 224800, que al efecto dispone: "IMPROCEDENCIA SUSTENTADA EN LA FRACCIÓN XIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. ELEMENTOS QUE LA INTEGRAN. Los elementos con los que se integra la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en el artículo 73 fracción XIII, de la Ley de Amparo, son los siguientes: a) Que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial; b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y d) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada: Con la sola concurrencia de tales elementos se configura la causa de improcedencia en comento, aunque la parte agraviada no haya hecho valer el medio de impugnación oportunamente; y sólo se contemplan como casos de excepción, el contenido en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Federal, para los terceros extraños, y aquéllos en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución." Debe señalarse que, no obstante el principio de definitividad, la propia Ley de Amparo establece ciertas excepciones atendiendo, particularmente, a la índole de la parte quejosa y a la naturaleza del acto reclamado, por lo que no será necesario que se agoten los recursos ordinarios o medios de impugnación procedentes antes de acudir al juicio de amparo cuando el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, cuando el acto reclamado consista en alguna orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal de la parte quejosa, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; y, cuando se trate de persona extraña al procedimiento. En ese sentido, los contados casos de excepción a este principio, son de aplicación estricta, pues así han quedado expresamente definidos en la ley. Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, publicada con el número VI.2o.C. J/260, en la página 1816, del Tomo XXIII, Marzo de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, que dice: "DEFINITIVIDAD. LAS EXCEPCIONES A ESTE PRINCIPIO SON DE APLICACIÓN ESTRICTA. Para que el juicio de amparo sea procedente es necesario que el quejoso, previamente al ejercicio de su derecho de tutela, interponga el recurso o medio de defensa previsto en la ley que regula el acto reclamado por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, tal como lo indica el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo. En este sentido, la propia ley de la materia prevé determinadas excepciones al principio de definitividad, y en algunos otros casos la jurisprudencia emitida por los órganos facultados para ello, en interpretación de esta norma ha incorporado algunas otras hipótesis específicas. Por ello, fuera de esos supuestos no hay motivo para añadir otros que en concepto del juzgador puedan quedar incluidos en el catálogo que el legislador y los órganos del Poder Judicial de la Federación expresa y limitativamente han definido en la ley y en la jurisprudencia, respectivamente. Así, en principio se tiene que en todos los casos será improcedente el juicio de garantías cuando contra el acto reclamado proceda algún recurso o medio de defensa ordinario, y por excepción será procedente cuando dicho acto sea reclamado por un tercero extraño al juicio, importe peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualquier acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, o bien, en aquellos supuestos que prevea la jurisprudencia, sin que el Juez de amparo pueda aplicar más excepciones que las expresamente identificadas." Ahora bien, en seguimiento de la idea de que la parte quejosa debió combatir el acto de que se duele en sede ordinaria, resulta necesario relatar los antecedentes del acto reclamado, los cuales se advierten de las manifestaciones realizadas por los quejosos en la demanda de garantías, vertidas bajo protesta de decir verdad. 1. El nueve de septiembre de dos mil quince se promovió juicio sucesorio intestamentario a bienes de Antonio Ramírez Martínez (progenitor de los aquí quejosos), el cual se radicó en el Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en esta ciudad, con el número de expediente 1172/2015, quedando como albacea provisional Neftalí Ramírez Heredia. 2. El veintiuno de septiembre de dos mil quince los quejosos presentaron escrito en el que dedujeron sus derechos hereditarios y el entroncamiento con el autor de la sucesión; asimismo, señalaron domicilio para oír y recibir notificaciones y autorizados para tales efectos; esto es, José Luis Merino Silva y Manuel Gutiérrez Ramírez (mismos que designaron el resto de los coherederos). 3. El trece de enero de dos mil dieciséis, se resolvió la primera sección del juicio sucesorio de origen; se declaró como únicos y universales herederos a Neftalí, María Salud y Lilia, de apellidos Ramírez Heredia, así como a Gloria Patricia, Josefina y Baltazar de apellidos Ramírez Martínez; y se nombró a Neftalí Ramírez Heredia, como albacea definitivo. 4. El trece de enero de dos mil dieciséis, se dictó la interlocutoria que resolvió la segunda sección del juicio del que deriva el acto reclamado, en la cual se aprobó el inventario y avalúo presentado por el albacea respecto del inmueble ubicado en la calle Jiménez, número 32 treinta y dos, cuartel 2° segundo, Barrio de San Juan Evangelista, de esta ciudad. 5. Mediante audiencia de diecinueve de enero de dos mil dieciocho, se aprobó en sus términos la cuenta general de administración de los bienes que integran la masa hereditaria. 6. El seis de febrero de dos mil dieciocho, el albacea definitivo presentó proyecto de división y partición del referido inmueble, donde se propuso su venta, al que recayó la sentencia de siete de mayo y su respectiva aclaración de veintiuno de mayo del referido año, a través de la cual se aprobó el inventario y avalúo propuesto. 7. Seguido el juicio sucesorio intestamentario por sus fases procesales, el veinticinco de abril de dos mil diecinueve, se tuvo al albacea definitivo revocando la autorización conferida a los profesionistas José Luis Merino Silva y Manuel Gutiérrez Ramírez, así como el domicilio precisado para oír y recibir notificaciones, señalando uno diverso, así como distinta autorizada. 8. El tres de junio de dos mil diecinueve, se emitió un acuerdo, en el que se determinó que los multicitados José Luis Merino Silva y Manuel Gutiérrez Ramírez no tenían carácter reconocido en el procedimiento de origen. 9. Seguido el juicio por sus cauces legales, los aquí quejosos Josefina, Gloria Patricia y Baltazar, de apellidos Ramírez Martínez, presentaron escrito ante el Juez responsable en el cual solicitaron se les hiciera de su conocimiento los motivos por los cuales se pretendía remitir los autos del Juicio Sucesorio Intestamentario 1172/2015, a bienes de Antonio Ramírez Martínez, a la Notaría Pública; sin embargo, mediante auto de dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, el Juez responsable determinó en contestación a dicho escrito lo siguiente: "Se le tiene por hechas sus manifestaciones, pero el expediente fue remitido a la Notaría Pública, por lo que no ha lugar a lo que solicita, y se dejan a salvo sus derechos para que los haga valer en la vía y término de ley." Determinación que además de las notificaciones practicadas en tal procedimiento a la parte quejosa, constituyen los actos reclamados en el presente juicio. Ahora, antes de exponer los argumentos para evidenciar la causa de improcedencia invocada, resulta oportuno dejar precisado que a la parte quejosa, no le asiste el carácter de tercera extraña al juicio de origen de donde deriva el acto reclamado, como se evidencia, ya que tienen el carácter de coherederos de la sucesión de donde deriva el acto reclamado. Por tal motivo, al quedar de manifiesto que la parte quejosa no tiene el carácter de tercera extraña al juicio sucesorio intestamentario 1172/2015, de donde emana el acto reclamado, resulta evidente que se actualiza la causal de improcedencia precisada en párrafos precedentes, por las siguientes razones: Una vez precisado lo anterior y como se adelantó, esta juzgadora considera que respecto del acto reclamado consistente en el auto de dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, dictado en el Juicio Sucesorio Intestamentario 1172/2015 a bienes de Antonio Ramírez Martínez, la parte quejosa debió agotar el recurso de apelación establecido en el artículo 1010 del vigente Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán de Ocampo, que al efecto dispone: "Artículo 1010. Los autos dictados en los juicios sucesorios y la resolución declarando herederos de un intestado o que es legítimo un testamento, son apelables en el efecto devolutivo, salvo las excepciones expresas de la ley." Como se ve, el numeral descrito contempla expresamente la procedencia del recurso de apelación en efecto devolutivo para todos los autos dictados en los juicios sucesorios, como en el caso, en el que se reclama el auto de dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, dictado dentro del Juicio Sucesorio Intestamentario 1172/2015 a bienes de Antonio Ramírez Martínez, mediante el cual el Juez responsable, da contestación al escrito de los quejosos en el sentido de no acordar favorable su solicitud, en atención a que dicho expediente, se remitió a la Notaría Pública; de ahí que, sin lugar a dudas la parte quejosa estaba obligada a interponer el recurso de apelación, previsto en los diversos ordinales 691 y 692 del Código adjetivo invocado, en contra de la determinación de la que ahora se duele, previo a la promoción de esta acción constitucional. Máxime porque la parte quejosa no se ubica en alguna causa de excepción del principio de definitividad; porque el acto reclamado no importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; tampoco consiste en alguna orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal de la parte quejosa; y, la parte accionante de tutela constitucional no es persona extraña al procedimiento pues está incorporada a la relación procesal derivada del juicio sucesorio de origen. En ese orden, es inconcuso que la parte quejosa debió impugnar el acto reclamado a través del recurso de apelación previsto en el artículo 1010 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán de Ocampo, en relación con los diversos 691 y 692 de la misma codificación, antes de promover el presente juicio constitucional; de ahí que, al no hacerlo así, incumplió con el principio de definitividad que rige la procedencia del juicio de amparo, en términos de lo establecido en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo; máxime, que el acto reclamado no se encuentra dentro de los supuestos de excepción a que se refiere dicho numeral. En consecuencia, al no haberlo realizado en esos términos, se actualiza la causa de improcedencia que para tal efecto señala el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, por lo que lo procedente es desechar la demanda de amparo. En otro aspecto, en relación con el diverso acto reclamado consistente en las notificaciones realizadas a los ahora quejosos en el Juicio Sucesorio Intestamentario 1172/2015 a bienes de Antonio Ramírez Martínez, también se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, por los motivos siguientes. Los artículos 98, en relación con los diversos 99 y 860 del Código de Procedimientos Civiles del Estado aplicable al caso, regulan la procedencia del incidente de nulidad de notificaciones, el cual procede en contra de las notificaciones que se practiquen en forma contraria a lo previsto en la ley; preceptos que son del tenor siguiente: "Artículo 98. La nulidad de actuaciones y notificaciones se substanciará en la forma y términos que determine este Código para los incidentes. Artículo 99. Solo formará artículo de previo y especial pronunciamiento la nulidad de actuaciones por falta de emplazamiento o por defecto en éste. Si en el incidente se resuelve que son válidas la notificación o las actuaciones, se impondrá al promovente y a su abogado solidariamente una multa de veinticinco días de salario mínimo general vigente en el Estado". De los incidentes CAPITULO I De los incidentes en general Artículo 860. Todas las cuestiones incidentales relacionadas con un litigio o con cualquiera diligencia de otro orden, que surjan durante su tramitación, se substanciarán por cuerda separada y conforme a las reglas de este capítulo, salvo los casos en que este código disponga expresamente lo contrario." De la lectura al citado artículo 98 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, se advierte que la nulidad actuaciones y notificaciones se substanciará conforme a los incidentes. Por su parte, el numeral 860, del código procesal civil del estado, dispone que los incidentes se tramitaran por cuerda separada, salvo los casos que se mencionen en dicho capítulo. Así, queda claramente determinada la posibilidad por parte de la autoridad responsable, de declarar la nulidad de notificaciones practicadas en forma distinta de la prevenida por la ley, mediante la promoción que realice la parte que resulte afectada, de un incidente de nulidad, seguida de una interlocutoria pronunciada por la propia autoridad. En esta tesitura, el incidente de nulidad previsto en la legislación invocada satisface los requisitos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido para estimar la existencia de un medio de defensa, esto es, tiene por objeto anular la notificación que lesiona los intereses de los quejosos, con el procedimiento de nulidad de actuaciones. Por tanto, el mencionado incidente es un medio ordinario de defensa y, en consecuencia, una actuación necesaria de las partes a fin de que la autoridad responsable se pronuncie, específicamente, sobre la nulidad de las notificaciones que se practiquen en forma distinta a lo prevenido en el capítulo correspondiente de la ley, ya que si las partes no agotan ese medio de defensa ni la responsable lo decide en una interlocutoria, el amparo indirecto será improcedente. En el caso, los quejosos estaban en posibilidad de interponer el incidente de nulidad de notificación previsto en los artículos 98, 99 y 860 del Código de Procedimientos Civiles del Estado. De tal manera que no es optativo para la parte afectada, cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 61, fracción XVIII, de la ley de la materia, es determinante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de amparo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 1a./J.26/2005, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "NULIDAD DE ACTUACIONES. DEBE AGOTARSE EL INCIDENTE RELATIVO CONTRA ACTOS POSTERIORES AL DICTADO DE LA SENTENCIA, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO. La nulidad de actuaciones, tiene por finalidad que los actos judiciales puedan ser revisados y, en su caso, modificados o revocados, por existir en ellos un vicio cuya corrección legal procede, de suerte que el proceso sea debidamente rectificado antes de que sea resuelto. Por regla general, la referida nulidad se presenta contra actos emitidos antes de pronunciarse sentencia, en la instancia procesal en que cometa la violación en cuestión, en tanto que el juzgador no está facultado para revocar sus propias determinaciones. Lo anterior no implica que la nulidad de actuaciones sólo pueda promoverse contra actos procesales anteriores a la sentencia, toda vez que con posterioridad a ésta también se presenta la necesidad de que la autoridad judicial actúe, y en caso de estimarse que se presenta una violación en tal actuación, puede sustanciarse el incidente relativo. En tal virtud, para efectos del juicio de amparo, debe agotarse el incidente de nulidad de actuaciones, contra las pronunciadas después de dictada sentencia, pues de no hacerlo se surtirá la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 73, fracción XIII, párrafo primero, de la Ley de Amparo." Así como la jurisprudencia 85, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 51, del tomo 67, julio de 1993, octava época del semanario judicial de la Federación, cuyo rubro y texto se precisan a continuación: "RECURSOS ORDINARIOS. AUNQUE NO TENGAN EFECTOS SUSPENSIVOS, DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE GARANTÍAS, SI SE RECLAMAN ACTOS DE TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO. La circunstancia de que el medio de defensa ordinario que tenga por efecto confirmar, revocar o modificar el acto reclamado no suspenda la ejecución de éste, sólo es atendible tratándose de amparos en que se reclamen actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, según lo establece el artículo 73 fracción XV de la Ley de Amparo. En cambio, la literalidad del artículo 73 fracción XIII de la invocada ley permite concluir que tratándose de resoluciones judiciales, o de tribunales administrativos o del trabajo, basta que la ley que rige el acto determine la procedencia de algún recurso o medio de defensa, para que el afectado deba agotarlo en forma previa al ejercicio de la acción constitucional; de ahí que no sea atendible que la interposición del recurso ordinario o del medio de defensa respectivo suspenda o no la ejecución del acto reclamado, sino que invariablemente debe agotarse, para dar cumplimiento al principio de definitividad que determina la procedencia del juicio constitucional.". Consecuentemente, con fundamento en el artículo 113, en relación con el artículo 61, fracción XVIII, ambos de la Ley de Amparo, se desecha de plano y sin mayor trámite la demanda de amparo promovida por Josefina, Gloria Patricia y Baltazar, todos de apellidos Ramírez Martínez, por propio derecho. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido. FIRMA ELECTRÓNICA. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 18/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus SARS-CoV-2 causante de la enfermedad COVID-19, en su artículo 1°, fracción I, en relación con la circular SECNO/7/2020, de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, en los numerales 3, párrafo primero y 7, se ordena que la firma de este asunto se realice a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), al tener ésta el mismo valor que la autógrafa. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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I. CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 27, FRACCION I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO Y EN CUMPLIMIENTO AL APERCIBIMIENTO DECRETADO EN AVISO DE FECHA VEINTISEIS DE ENERO DEL AÑO EN CURSO, NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA ASI COMO A SUS AUTORIZADOS EL PROVEIDO DE VEINTICUATRO DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, POR MEDIO DE LISTA QUE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE ORGANO JURISDICCIONAL, PROVEIDO DE REFERENCIA QUE EN LO CONDUCENTE DICE: CUMPLE PREVENCIÓN. Téngase por recibido el escrito de cuenta, signado por Josefina, Gloria Patricia y Baltazar, todos de apellidos Ramírez Martínez, a través del cual y en cumplimiento al proveído de diez de enero del presente año, desahogan los puntos de prevención contenidos esto es: Aclaran el acto que en concreto reclaman de la autoridad responsable, esto es, precisan en qué sección del juicio sucesorio de origen se dictó el auto en reclamo de dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno y detallan el contenido del escrito que refirieron en su demanda presentaron ante el Juez de origen y su contestación efectuada en el citado auto. Asimismo, que reclaman todas las notificaciones realizadas en el Juicio Sucesorio Intestamentario 1172/2015 tramitado en el Juzgado Primero Civil de esta Ciudad, además señalan como autoridad responsable al Actuario adscrito al citado Juzgado. CUESTIONES PRELIMINARES. Como punto de partida es necesario destacar que los actos reclamados consisten en: Del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en esta ciudad: El auto de dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, dictado en el Juicio Sucesorio Intestamentario 1172/2015, a bienes de Antonio Ramírez Martínez, en el cual se les da contestación al escrito presentado por los quejosos, por el que solicitaron se les hiciera de su conocimiento los motivos por los cuales se pretende remitir los autos del citado juicio sucesorio a la Notaría Pública, contestación emitida en el siguiente sentido: "Se le tiene por hechas sus manifestaciones, pero el expediente fue remitido a la Notaría Pública, por lo que no ha lugar a lo que solicita, y se dejan a salvo sus derechos para que los haga valer en la vía y término de ley." Del Actuario adscrito al Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en esta ciudad: Las notificaciones realizadas a los ahora quejosos en el Juicio Sucesorio Intestamentario 1172/2015 a bienes de Antonio Ramírez Martínez. DESECHAMIENTO. Apreciada íntegramente la demanda de amparo y escrito aclaratorio, se desecha de plano, porque se actualiza motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como así lo dispone el artículo 113, en relación con el numeral 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, toda vez que la parte quejosa no agotó el principio de definitividad a que estaba obligada. Sustenta lo anterior, la tesis: Tesis: I.6o.C. J/19 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 193379 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo X, Septiembre de 1999 Pág. 730 Jurisprudencia(Común) "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." En efecto, el precepto legal citado dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)." En la fracción citada, se consagra el principio de definitividad que rige el juicio de amparo respecto de actos emitidos por tribunales judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo; conforme al cual, para que proceda el juicio de amparo, debe tratarse de actos definitivos, ya que en caso contrario el acto no es reclamable en amparo. Tal máxima implica que el juicio de amparo es un medio extraordinario de protección y que, derivado de su propia naturaleza, para poder acceder a él es necesario agotar el procedimiento que la ley natural prevé en defensa de los derechos que se estimen lesionados y sólo en el caso de que el resultado del recurso sea adverso, podrá ocurrirse al juicio de amparo. De actuar en contrario, esto es, si las partes afectadas por actos de autoridad no tuvieran la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de amparo suplantaría las facultades del juez común. Los elementos cuya configuración dan lugar a que se integre la causal de improcedencia en análisis, son los siguientes: a) Que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y, d) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 276, del Semanario judicial de la Federación, tomo VII, mayo de 1991, Octava Época, Materia Común, registro 223023, del tenor siguiente: "RECURSOS ORDINARIOS. DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE AMPARO, SI SE RECLAMAN ACTOS DE TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO, CUANDO LA LEY CONCEDA ALGÚN RECURSO O MEDIO DE DEFENSA. Ciertamente, conforme a la última parte de la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo, los quejosos, no están obligados a agotar previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos ordinarios procedentes en contra del acto reclamado, si éste carece de fundamentación. Sin embargo para la hipótesis prevista en la fracción XIII del artículo 73 en cita, no opera la excepción al principio de definitividad del juicio de garantías antes indicado, pues de esta fracción sólo se infiere que en tratándose de resoluciones emitidas por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales las leyes de la materia concedan algún recurso o medio de defensa; por los cuales podrán ser revocados, modificados o nulificados, los agraviados deberán agotar previamente al ejercicio de la acción constitucional, dichos medios de impugnación y que a ello no están obligados los terceros extraños a juicio; por ello, se impone considerar, que en la hipótesis en comento no opera la excepción al principio de definitividad antes precisada, al no indicarlo así la disposición de referencia." Así como la jurisprudencia I.4º C.J/25, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 361, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Segunda Parte-1, correspondientes a los meses de julio a diciembre de 1990, Materia Común, Octava Época, registro 224800, que al efecto dispone: "IMPROCEDENCIA SUSTENTADA EN LA FRACCIÓN XIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. ELEMENTOS QUE LA INTEGRAN. Los elementos con los que se integra la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en el artículo 73 fracción XIII, de la Ley de Amparo, son los siguientes: a) Que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial; b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y d) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada: Con la sola concurrencia de tales elementos se configura la causa de improcedencia en comento, aunque la parte agraviada no haya hecho valer el medio de impugnación oportunamente; y sólo se contemplan como casos de excepción, el contenido en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Federal, para los terceros extraños, y aquéllos en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución." Debe señalarse que, no obstante el principio de definitividad, la propia Ley de Amparo establece ciertas excepciones atendiendo, particularmente, a la índole de la parte quejosa y a la naturaleza del acto reclamado, por lo que no será necesario que se agoten los recursos ordinarios o medios de impugnación procedentes antes de acudir al juicio de amparo cuando el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, cuando el acto reclamado consista en alguna orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal de la parte quejosa, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; y, cuando se trate de persona extraña al procedimiento. En ese sentido, los contados casos de excepción a este principio, son de aplicación estricta, pues así han quedado expresamente definidos en la ley. Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, publicada con el número VI.2o.C. J/260, en la página 1816, del Tomo XXIII, Marzo de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, que dice: "DEFINITIVIDAD. LAS EXCEPCIONES A ESTE PRINCIPIO SON DE APLICACIÓN ESTRICTA. Para que el juicio de amparo sea procedente es necesario que el quejoso, previamente al ejercicio de su derecho de tutela, interponga el recurso o medio de defensa previsto en la ley que regula el acto reclamado por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, tal como lo indica el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo. En este sentido, la propia ley de la materia prevé determinadas excepciones al principio de definitividad, y en algunos otros casos la jurisprudencia emitida por los órganos facultados para ello, en interpretación de esta norma ha incorporado algunas otras hipótesis específicas. Por ello, fuera de esos supuestos no hay motivo para añadir otros que en concepto del juzgador puedan quedar incluidos en el catálogo que el legislador y los órganos del Poder Judicial de la Federación expresa y limitativamente han definido en la ley y en la jurisprudencia, respectivamente. Así, en principio se tiene que en todos los casos será improcedente el juicio de garantías cuando contra el acto reclamado proceda algún recurso o medio de defensa ordinario, y por excepción será procedente cuando dicho acto sea reclamado por un tercero extraño al juicio, importe peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualquier acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, o bien, en aquellos supuestos que prevea la jurisprudencia, sin que el Juez de amparo pueda aplicar más excepciones que las expresamente identificadas." Ahora bien, en seguimiento de la idea de que la parte quejosa debió combatir el acto de que se duele en sede ordinaria, resulta necesario relatar los antecedentes del acto reclamado, los cuales se advierten de las manifestaciones realizadas por los quejosos en la demanda de garantías, vertidas bajo protesta de decir verdad. 1. El nueve de septiembre de dos mil quince se promovió juicio sucesorio intestamentario a bienes de Antonio Ramírez Martínez (progenitor de los aquí quejosos), el cual se radicó en el Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en esta ciudad, con el número de expediente 1172/2015, quedando como albacea provisional Neftalí Ramírez Heredia. 2. El veintiuno de septiembre de dos mil quince los quejosos presentaron escrito en el que dedujeron sus derechos hereditarios y el entroncamiento con el autor de la sucesión; asimismo, señalaron domicilio para oír y recibir notificaciones y autorizados para tales efectos; esto es, José Luis Merino Silva y Manuel Gutiérrez Ramírez (mismos que designaron el resto de los coherederos). 3. El trece de enero de dos mil dieciséis, se resolvió la primera sección del juicio sucesorio de origen; se declaró como únicos y universales herederos a Neftalí, María Salud y Lilia, de apellidos Ramírez Heredia, así como a Gloria Patricia, Josefina y Baltazar de apellidos Ramírez Martínez; y se nombró a Neftalí Ramírez Heredia, como albacea definitivo. 4. El trece de enero de dos mil dieciséis, se dictó la interlocutoria que resolvió la segunda sección del juicio del que deriva el acto reclamado, en la cual se aprobó el inventario y avalúo presentado por el albacea respecto del inmueble ubicado en la calle Jiménez, número 32 treinta y dos, cuartel 2° segundo, Barrio de San Juan Evangelista, de esta ciudad. 5. Mediante audiencia de diecinueve de enero de dos mil dieciocho, se aprobó en sus términos la cuenta general de administración de los bienes que integran la masa hereditaria. 6. El seis de febrero de dos mil dieciocho, el albacea definitivo presentó proyecto de división y partición del referido inmueble, donde se propuso su venta, al que recayó la sentencia de siete de mayo y su respectiva aclaración de veintiuno de mayo del referido año, a través de la cual se aprobó el inventario y avalúo propuesto. 7. Seguido el juicio sucesorio intestamentario por sus fases procesales, el veinticinco de abril de dos mil diecinueve, se tuvo al albacea definitivo revocando la autorización conferida a los profesionistas José Luis Merino Silva y Manuel Gutiérrez Ramírez, así como el domicilio precisado para oír y recibir notificaciones, señalando uno diverso, así como distinta autorizada. 8. El tres de junio de dos mil diecinueve, se emitió un acuerdo, en el que se determinó que los multicitados José Luis Merino Silva y Manuel Gutiérrez Ramírez no tenían carácter reconocido en el procedimiento de origen. 9. Seguido el juicio por sus cauces legales, los aquí quejosos Josefina, Gloria Patricia y Baltazar, de apellidos Ramírez Martínez, presentaron escrito ante el Juez responsable en el cual solicitaron se les hiciera de su conocimiento los motivos por los cuales se pretendía remitir los autos del Juicio Sucesorio Intestamentario 1172/2015, a bienes de Antonio Ramírez Martínez, a la Notaría Pública; sin embargo, mediante auto de dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, el Juez responsable determinó en contestación a dicho escrito lo siguiente: "Se le tiene por hechas sus manifestaciones, pero el expediente fue remitido a la Notaría Pública, por lo que no ha lugar a lo que solicita, y se dejan a salvo sus derechos para que los haga valer en la vía y término de ley." Determinación que además de las notificaciones practicadas en tal procedimiento a la parte quejosa, constituyen los actos reclamados en el presente juicio. Ahora, antes de exponer los argumentos para evidenciar la causa de improcedencia invocada, resulta oportuno dejar precisado que a la parte quejosa, no le asiste el carácter de tercera extraña al juicio de origen de donde deriva el acto reclamado, como se evidencia, ya que tienen el carácter de coherederos de la sucesión de donde deriva el acto reclamado. Por tal motivo, al quedar de manifiesto que la parte quejosa no tiene el carácter de tercera extraña al juicio sucesorio intestamentario 1172/2015, de donde emana el acto reclamado, resulta evidente que se actualiza la causal de improcedencia precisada en párrafos precedentes, por las siguientes razones: Una vez precisado lo anterior y como se adelantó, esta juzgadora considera que respecto del acto reclamado consistente en el auto de dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, dictado en el Juicio Sucesorio Intestamentario 1172/2015 a bienes de Antonio Ramírez Martínez, la parte quejosa debió agotar el recurso de apelación establecido en el artículo 1010 del vigente Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán de Ocampo, que al efecto dispone: "Artículo 1010. Los autos dictados en los juicios sucesorios y la resolución declarando herederos de un intestado o que es legítimo un testamento, son apelables en el efecto devolutivo, salvo las excepciones expresas de la ley." Como se ve, el numeral descrito contempla expresamente la procedencia del recurso de apelación en efecto devolutivo para todos los autos dictados en los juicios sucesorios, como en el caso, en el que se reclama el auto de dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, dictado dentro del Juicio Sucesorio Intestamentario 1172/2015 a bienes de Antonio Ramírez Martínez, mediante el cual el Juez responsable, da contestación al escrito de los quejosos en el sentido de no acordar favorable su solicitud, en atención a que dicho expediente, se remitió a la Notaría Pública; de ahí que, sin lugar a dudas la parte quejosa estaba obligada a interponer el recurso de apelación, previsto en los diversos ordinales 691 y 692 del Código adjetivo invocado, en contra de la determinación de la que ahora se duele, previo a la promoción de esta acción constitucional. Máxime porque la parte quejosa no se ubica en alguna causa de excepción del principio de definitividad; porque el acto reclamado no importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; tampoco consiste en alguna orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal de la parte quejosa; y, la parte accionante de tutela constitucional no es persona extraña al procedimiento pues está incorporada a la relación procesal derivada del juicio sucesorio de origen. En ese orden, es inconcuso que la parte quejosa debió impugnar el acto reclamado a través del recurso de apelación previsto en el artículo 1010 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán de Ocampo, en relación con los diversos 691 y 692 de la misma codificación, antes de promover el presente juicio constitucional; de ahí que, al no hacerlo así, incumplió con el principio de definitividad que rige la procedencia del juicio de amparo, en términos de lo establecido en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo; máxime, que el acto reclamado no se encuentra dentro de los supuestos de excepción a que se refiere dicho numeral. En consecuencia, al no haberlo realizado en esos términos, se actualiza la causa de improcedencia que para tal efecto señala el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, por lo que lo procedente es desechar la demanda de amparo. En otro aspecto, en relación con el diverso acto reclamado consistente en las notificaciones realizadas a los ahora quejosos en el Juicio Sucesorio Intestamentario 1172/2015 a bienes de Antonio Ramírez Martínez, también se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, por los motivos siguientes. Los artículos 98, en relación con los diversos 99 y 860 del Código de Procedimientos Civiles del Estado aplicable al caso, regulan la procedencia del incidente de nulidad de notificaciones, el cual procede en contra de las notificaciones que se practiquen en forma contraria a lo previsto en la ley; preceptos que son del tenor siguiente: "Artículo 98. La nulidad de actuaciones y notificaciones se substanciará en la forma y términos que determine este Código para los incidentes. Artículo 99. Solo formará artículo de previo y especial pronunciamiento la nulidad de actuaciones por falta de emplazamiento o por defecto en éste. Si en el incidente se resuelve que son válidas la notificación o las actuaciones, se impondrá al promovente y a su abogado solidariamente una multa de veinticinco días de salario mínimo general vigente en el Estado". De los incidentes CAPITULO I De los incidentes en general Artículo 860. Todas las cuestiones incidentales relacionadas con un litigio o con cualquiera diligencia de otro orden, que surjan durante su tramitación, se substanciarán por cuerda separada y conforme a las reglas de este capítulo, salvo los casos en que este código disponga expresamente lo contrario." De la lectura al citado artículo 98 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, se advierte que la nulidad actuaciones y notificaciones se substanciará conforme a los incidentes. Por su parte, el numeral 860, del código procesal civil del estado, dispone que los incidentes se tramitaran por cuerda separada, salvo los casos que se mencionen en dicho capítulo. Así, queda claramente determinada la posibilidad por parte de la autoridad responsable, de declarar la nulidad de notificaciones practicadas en forma distinta de la prevenida por la ley, mediante la promoción que realice la parte que resulte afectada, de un incidente de nulidad, seguida de una interlocutoria pronunciada por la propia autoridad. En esta tesitura, el incidente de nulidad previsto en la legislación invocada satisface los requisitos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido para estimar la existencia de un medio de defensa, esto es, tiene por objeto anular la notificación que lesiona los intereses de los quejosos, con el procedimiento de nulidad de actuaciones. Por tanto, el mencionado incidente es un medio ordinario de defensa y, en consecuencia, una actuación necesaria de las partes a fin de que la autoridad responsable se pronuncie, específicamente, sobre la nulidad de las notificaciones que se practiquen en forma distinta a lo prevenido en el capítulo correspondiente de la ley, ya que si las partes no agotan ese medio de defensa ni la responsable lo decide en una interlocutoria, el amparo indirecto será improcedente. En el caso, los quejosos estaban en posibilidad de interponer el incidente de nulidad de notificación previsto en los artículos 98, 99 y 860 del Código de Procedimientos Civiles del Estado. De tal manera que no es optativo para la parte afectada, cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 61, fracción XVIII, de la ley de la materia, es determinante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de amparo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 1a./J.26/2005, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "NULIDAD DE ACTUACIONES. DEBE AGOTARSE EL INCIDENTE RELATIVO CONTRA ACTOS POSTERIORES AL DICTADO DE LA SENTENCIA, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO. La nulidad de actuaciones, tiene por finalidad que los actos judiciales puedan ser revisados y, en su caso, modificados o revocados, por existir en ellos un vicio cuya corrección legal procede, de suerte que el proceso sea debidamente rectificado antes de que sea resuelto. Por regla general, la referida nulidad se presenta contra actos emitidos antes de pronunciarse sentencia, en la instancia procesal en que cometa la violación en cuestión, en tanto que el juzgador no está facultado para revocar sus propias determinaciones. Lo anterior no implica que la nulidad de actuaciones sólo pueda promoverse contra actos procesales anteriores a la sentencia, toda vez que con posterioridad a ésta también se presenta la necesidad de que la autoridad judicial actúe, y en caso de estimarse que se presenta una violación en tal actuación, puede sustanciarse el incidente relativo. En tal virtud, para efectos del juicio de amparo, debe agotarse el incidente de nulidad de actuaciones, contra las pronunciadas después de dictada sentencia, pues de no hacerlo se surtirá la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 73, fracción XIII, párrafo primero, de la Ley de Amparo." Así como la jurisprudencia 85, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 51, del tomo 67, julio de 1993, octava época del semanario judicial de la Federación, cuyo rubro y texto se precisan a continuación: "RECURSOS ORDINARIOS. AUNQUE NO TENGAN EFECTOS SUSPENSIVOS, DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE GARANTÍAS, SI SE RECLAMAN ACTOS DE TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO. La circunstancia de que el medio de defensa ordinario que tenga por efecto confirmar, revocar o modificar el acto reclamado no suspenda la ejecución de éste, sólo es atendible tratándose de amparos en que se reclamen actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, según lo establece el artículo 73 fracción XV de la Ley de Amparo. En cambio, la literalidad del artículo 73 fracción XIII de la invocada ley permite concluir que tratándose de resoluciones judiciales, o de tribunales administrativos o del trabajo, basta que la ley que rige el acto determine la procedencia de algún recurso o medio de defensa, para que el afectado deba agotarlo en forma previa al ejercicio de la acción constitucional; de ahí que no sea atendible que la interposición del recurso ordinario o del medio de defensa respectivo suspenda o no la ejecución del acto reclamado, sino que invariablemente debe agotarse, para dar cumplimiento al principio de definitividad que determina la procedencia del juicio constitucional.". Consecuentemente, con fundamento en el artículo 113, en relación con el artículo 61, fracción XVIII, ambos de la Ley de Amparo, se desecha de plano y sin mayor trámite la demanda de amparo promovida por Josefina, Gloria Patricia y Baltazar, todos de apellidos Ramírez Martínez, por propio derecho. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido. FIRMA ELECTRÓNICA. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 18/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus SARS-CoV-2 causante de la enfermedad COVID-19, en su artículo 1°, fracción I, en relación con la circular SECNO/7/2020, de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, en los numerales 3, párrafo primero y 7, se ordena que la firma de este asunto se realice a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), al tener ésta el mismo valor que la autógrafa. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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