Josefina Meza Rosales
Expediente 1037/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 33 actuaciones registradas, la última del 19 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1037/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 33
- Última actuación
- 19/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Josefina Meza Rosales
Actuaciones
Las 4 más recientes de 33.
- Principal
Morelia, Michoacán, diecinueve de julio de dos mil veintidós. SE ORDENA ARCHIVO FÍSICO Visto el estado que guardan los presentes autos, se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214, de Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, por tratarse de un asunto concluido. CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO. En consideración a lo anterior, y que de la certificación secretarial que antecede se desprende que en el presente juicio obra diversas documentales, que no existe en resguardo en la caja de seguridad de este juzgado, aunado a que no se considera de relevancia documental, con fundamento en los artículos 12 y 18, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el presente amparo es SUSCEPTIBLE DE DEPURARSE, en razón de que se SOBERSEYÓ y por otra parte NEGÓ el amparo y protección de la justicia federal; por lo tanto, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el juicio. INCIDENTES DE SUSPENSIÓN Por su parte, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de depurarse, al haberse concedido tanto la suspensión provisional como la definitiva. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese sólo el original del incidente de suspensión y transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del aludido Acuerdo General. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, el cual será contado a partir de esta propia fecha. CUENTA CON AUTOS Visto el estado que guardan los autos, se advierte que se omitió ordenar la notificación del auto de once de febrero del presente año a la tercero interesada; en consecuencia se instruye a cualquiera de los actuarios para que practiquen la notificación de referencia, para los efectos legales a que haya lugar. DEVOLUCIÓN DE BILLETE DE DEPÓSITO Reiterando, que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que en la caja de seguridad de este juzgado se encuentra en resguardo el billete de depósito número N-846163, valioso por la cantidad de $10,000.00 (DIEZ MIL PESOS 00/100 M. N.), expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros S.N.C., mismo que fue exhibido por la parte quejosa a fin de que surtiera efectos la suspensión definitiva; únicamente se hace del conocimiento a la parte quejosa, que aún no transcurre el termino de seis meses a que refiere el artículo 156 de la Ley de Amparo, para que se solicite la devolución del certificado de depósito; señalado en auto de once de febrero de dos mil veintidós; bajo el apercibimiento que se hace referencia en dicho proveído, esto es, la prescripción del mismo a favor del Erario Federal y posteriormente se efectuará la orden de Transferencia correspondiente a la Tesorería de la Federación. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTO. Finalmente, como en la certificación secretarial que antecede, se advierte que obran diversas documentales, glosadas a foja 15 (quince), las cuales anexaron junto con el escrito inicial de demanda. En tal virtud, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de noventa días naturales, contados a partir del siguiente al de la legal notificación de este proveído, comparezca ante este órgano jurisdiccional a recoger dicho documento, con el apercibimiento que de no hacerlo dentro del lapso que para tal efecto se le concede, se procederá a la destrucción del documento mencionado así como del expediente en que se actúa. Notifíquese personalmente a la parte quejosa; y personalmente a la tercero interesada el auto de once de febrero de dos mil veintidós. Así lo acordó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza. Doy Fe.eegCon fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretario Luis Felipe Sánchez Luna CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.
- Principal
Morelia, Michoacán, once de febrero de dos mil veintidós. SE DECLARA QUE SENTENCIA DE AMPARO HA CAUSADO EJECUTORIA Vista la certificación que antecede, así como el estado procesal de autos de los que se advierte que a la fecha ha fenecido el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, que es a quien perjudica el sentido de la resolución, haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de trece de septiembre de dos mil veintiuno, en la que por una parte se SOBRESEYÓ en el juicio, y por otra, se NEGÓ la protección constitucional a la quejosa Josefina Meza Rosales; en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro respectivo y, en su oportunidad, archívese el presente expediente. SE ORDENA DEVOLVER CONSTANCIAS A SU LUGAR DE ORIGEN Devuélvase al Juez Segundo Familiar de este Distrito Judicial, el legajo de copias certificadas del juicio ordinario familiar 35/2012, que remitió en apoyo de su informe justificado; solicitándole el acuse recibo correspondiente. DESTINO DE BILLETES DE DEPÓSITO Finalmente, como de la certificación de cuenta se advierte que en la caja de seguridad de este juzgado se encuentran en resguardo el billete de depósito N 846163, expedido por Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C., en favor de la quejosa Josefina Meza Rosales, valioso por la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.) que exhibió dentro del cuaderno incidental respectivo, a efecto de que continuara surtiendo efectos la suspensión definitiva que le fue concedida; en tal virtud, hágasele saber que una vez transcurridos los seis meses a que se refiere el artículo 156 de la Ley de Amparo, contados a partir del siguiente al de la notificación de este proveído, podrá solicitar la devolución de dicho certificado de depósito, en el entendido que de no hacerlo en ese lapso, transcurridos dos años, prescribirá en favor del Fisco Federal como lo establece el artículo 50 de la Ley de la Tesorería de la Federación y se efectuará la orden de transferencia correspondiente a dicha Tesorería. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Luis Felipe Sánchez Luna, secretario que autoriza. Doy fe.
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Acta relativa a la audiencia constitucional ordenada en proveído de veintiocho de julio de dos mil veintiuno, dictado en el juicio de amparo 1037/2019, y celebrada de conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo, en la ciudad de Morelia, Michoacán, a las diez horas con cincuenta minutos del trece de septiembre de dos mil veintiuno, con la participación de quienes en la propia acta se describen. Conste....V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo número IX-1037/2019, promovido por Josefina Meza Rosales, por su propio derecho, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar de este Distrito Judicial y otra autoridad; y, R E S U L T A N D O...C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto y resolverlo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito; por tratarse de una demanda de amparo promovida contra actos de autoridad cuya ejecución podría verificarse dentro del territorio en donde ejerce jurisdicción este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Se procede a la fijación de los actos reclamados, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y con apoyo en la tesis del contenido literal y datos de localización siguientes: Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Amparo en revisión 2589/96. Grupo Warner Lambert México, S.A. de C.V. 25 de noviembre de 2003. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretarios: Martha Elba Hurtado Ferrer y Emmanuel G. Rosales Guerrero. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veinticinco de marzo en curso, aprobó, con el número VI/2004, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veinticinco de marzo de dos mil cuatro. De igual forma, se invoca la jurisprudencia P./J. 40/2000 del contenido y datos, que enseguida se anotan: Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Amparo en revisión 546/95. José Chacalo Cohen y coags. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 1470/96. Bancomer, S.A., Grupo Fiduciario. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 507/96. Bernardo Bolaños Guerra. 12 de mayo de 1998. Mayoría de diez votos; once votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. Amparo en revisión 3051/97. Marco Antonio Peña Villa y coag. 19 de octubre de 1999. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el proyecto Juan Díaz Romero. Secretaria: Martha Velázquez Jiménez. Amparo en revisión 1465/96. Abraham Dantus Solodkin y coag. 21 de octubre de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Marco Antonio Bello Sánchez. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintisiete de marzo en curso, aprobó, con el número 40/2000, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintisiete de marzo de dos mil. En ese sentido, del análisis integral de la demanda de garantías y de las constancias que obran en autos, se desprende que los actos reclamados a las autoridades señaladas como responsables en el presente asunto, son los siguientes: a) El proveído seis de septiembre de dos mil diecinueve, dictado por el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar de este Distrito Judicial, dentro del juicio ordinario familiar 35/2012, promovido por Mayra Janette Sánchez Padilla, en contra de Mario Alberto Fausto Hernández; juicio respecto del cual aquí quejosa es tercera extraña. Cabe destacar que en dicho proveído se contienen las siguientes determinaciones: 1. La orden de embargo de bienes propiedad del deudor alimentista, suficientes para garantizar el pago de lo condenado en sentencia de uno de julio de dos mil nueve, dictada dentro del expediente de origen; y, 2. Que la diligencia de embargo se lleve a cabo en el inmueble ubicado en calle Bucareli número 56, colonia Lomas de Guayangareo, en esta ciudad, lugar que la quejosa aduce habitar y que es de su propiedad, por lo que se vulneraría su domicilio. b) El posible embargo de bienes propiedad de la quejosa. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados al Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar de este Distrito Judicial, así como a la actuaria de su adscripción, toda vez que al rendir sus respectivos informes con justificación, aceptaron su existencia.5 Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: 5 Fojas 33 y 34 Época: Quinta Época Registro: 1002815 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 2011 Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto Materia(s): Común Tesis: 749 Página: 830 "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Amparo en revisión 2925/22.-Hernández Antonio.-23 de octubre de 1923.-Mayoría de ocho votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1556/22.-Martínez y Martínez Manuel.-23 de octubre de 1923.-Unanimidad de nueve votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 3403/22.-Sánchez Alarcón Juan.-23 de octubre de 1923.-Unanimidad de nueve votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1428/21.-Magos Reséndi Jesús.-6 de noviembre de 1923.-Unanimidad de diez votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1058/21.-Martínez y Martínez Epifanio.-6 de noviembre de 1923.-Mayoría de ocho votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Apéndice 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, Jurisprudencia, Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 231, Pleno, tesis 278". Además, la existencia de los actos reclamados se corrobora con las constancias que la autoridad responsable citada en primer término remitió como sustento a su informe justificado, consistentes en copia certificada del juicio ordinario familiar número 35/2012 de su índice, así como del incidente de liquidación de sentencia correspondiente, a las que se les concede valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del ordenamiento adjetivo Federal anotado, al tratarse de constancias emitidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Apoya lo anterior, la jurisprudencia del contenido literal siguiente: Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153 "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. Quinta Época: Tomo I, pág. 654. Amparo directo. Chiprout Jacobo. 7 de noviembre de 1917. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 660. Amparo en revisión. Pérez Cano José. 6 de septiembre de 1918. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 1331. Amparo en revisión. Calderón Silvestre y vecinos de la Villa de Nombre de Dios. 20 de diciembre de 1918. Unanimidad de nueve votos. Tomo IV, pág. 978. Queja. Astorga J. Ascensión. 1o. de mayo de 1919. Mayoría de siete votos. Recurso de súplica 5/24. Shiemann Guillermo. 9 de junio de 1924. Unanimidad de once votos. Nota: En los Apéndices al Semanario Judicial de la Federación correspondientes a los Tomos de Quinta Época, así como en los Apéndices 1954, 1965 y 1975, la tesis aparece publicada con el rubro: ´DOCUMENTOS PUBLICOS´". CUARTO. Estudio de causales de improcedencia. Establecida la existencia de los actos reclamados, se impone analizar la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Lo anterior se encuentra robustecido por las tesis que se citan a continuación: Época: Octava Época Registro: 206296 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo I, Primera Parte-1, Enero-Junio de 1988 Materia(s): Común Tesis: Página: 191 "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. La improcedencia de los juicios de garantías es de orden público, y en esa virtud su causal puede estudiarse, aun cuando no exista agravio encaminado a ese fin." Amparo en revisión 3479/84. Pinturas Pittsburg de México, S.A. 11 de mayo de 1988. Cinco votos. Ponente: Victoria Adato Green. Secretario: Raúl Melgoza Figueroa. Amparo administrativo en revisión 8432/40. Grajales J. Cicerón. 7 de abril de 1941. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Mendoza González. Nota: Esta tesis también aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo LXVIII, página 335. Época: Séptima Época Registro: 394239 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 283 Página: 190 "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial Federal que conozcan de los juicios de amparo, que analicen las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales." Séptima Época: Amparo en revisión 5556/78. Francisco Javier Boelsterly. 9 de octubre de 1979. Unanimidad de quince votos. Amparo en revisión 2845/79. Lilia T. de Gómez Morín y otros. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 5553/78. Sucesión de Virginia Lazari Conzati. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 6105/78. Angeles de la Fuente Díaz. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 6004/78. José Antonio Pérez de la Fuente. 29 de julio de 1980. Unanimidad de dieciséis votos. Ahora, no obstante que las partes no hicieron valer causa de improcedencia alguna, de oficio el titular de este órgano de control constitucional considera que respecto al acto reclamado marcado con el inciso b), consistente en el posible embargo de bienes propiedad de la quejosa, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5º, fracción I, ambos de la Ley de Amparo. Lo anterior, porque si bien la quejosa aduce ser titular de un derecho respecto del inmueble ubicado en calle Bucareli número 56, colonia Lomas de Guayangareo, en esta ciudad; y que además quedó establecido que en el juicio natural se ordenó que la diligencia de requerimiento de pago y embargo se verificará en dicho inmueble; lo cierto es que la posibilidad de que se afecten bienes de su propiedad, hasta el momento no ha ocurrido, pues de constancias no se obtiene que se haya señalado alguno para garantizar el pago exigido. Por ende, la posibilidad de que se embarguen bienes propiedad de la aquí quejosa, necesariamente debe considerarse como un acto futuro de realización incierta; máxime que es tercera extraña a la controversia de origen; de suerte que, resulta factible afirmar que la quejosa carece de legitimación para promover el juicio de amparo respecto de dicha actuación, por lo menos hasta el momento. Lo anterior, porque si bien es posible que la diligencia aludida supralíneas se lleve a cabo en el domicilio que defiende la amparista, por haberse ordenado de este modo en el juicio natural; la realidad es que, se insiste, ello no ha ocurrido y no existe certeza respecto a que los bienes de la quejosa sean afectados; pues ya quedó precisado que, si la quejosa acredita la titularidad de sus bienes, la actuaria comisionada para llevar a cabo la diligencia ordenada, tendría que abstenerse de afectar esos bienes en específico; precisamente porque el mandamiento fue emitido en el sentido de que, sólo en caso de que Mario Alberto Fausto Hernández se rehúse a cubrir el monto exigido, se embargarán bienes de su propiedad, más no de personas ajenas a la relación procesal (terceros extraños). Por tanto, aun cuando, como se verá más adelante, la amparista acreditó ser propietaria del inmueble en el que habrá de verificarse la diligencia de requerimiento de pago y embargo; lo cierto es que al menos hasta el momento, no existe constancia de que hayan sido afectados bienes de su propiedad; por ende, se insiste, el acto relativo al posible embargo de éstos, constituye un acto futuro de realización incierta. Cabe mencionar, que en caso de que al verificarse la diligencia de mérito, se llegase a generar alguna afectación a los bienes propiedad de la quejosa, ésta se encontraría en aptitud de promover un diverso juicio de amparo, en contra de la actuación que genere el detrimento en su esfera jurídica. En este orden, al haberse actualizado la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso precepto 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, lo que procede es decretar el SOBRESEIMIENTO en el juicio de amparo, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia, respecto del acto que quedó precisado en el inciso b) en el considerando tercero de la presente resolución. Consecuentemente, al haberse decretado el sobreseimiento en el juicio por lo que hace al acto que no ocupa, reclamado a la autoridad ordenadora, igual consideración procede hacer respecto de la ejecutora, por no reclamarse por vicios propios. Lo anterior encuentra sustento en el criterio que a continuación se transcribe: Época: Séptima Época Registro: 253622 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Volumen 91-96, Sexta Parte Materia(s): Común Tesis: Página: 286 "AUTORIDAD EJECUTORA. SOBRESEIMIENTO. LE ES EXTENSIVO EL RELATIVO A LA ORDENADORA. Si en un juicio de garantías se sobresee respecto de la autoridad ordenadora del acto reclamado, en el mismo sentido debe de fallarse en lo que toca a la señalada como ejecutora, cuando a ésta no se atribuyen vicios propios de ejecución, porque debiendo sobreseerse en cuanto al acto emanado de la primera, es inconcuso que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución." TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO CIRCUITO. Séptima Epoca, Sexta Parte: Volúmenes, 91-96, página 42. Amparo en revisión 329/76. Alejandro y América Vázquez Talavera. 26 de octubre de 1976. Unanimidad de votos. Ponente: Rafael Barredo Pereira. Volúmenes, 91-96, página 42. Amparo en revisión 314/76. José María Moreno y Manuel de Jesús Argüello. 3 de noviembre de 1976. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Carrillo Ocampo. Secretario: Guadalupe Méndez Hernández. Volúmenes, 91-96, página 42. Amparo en revisión 481/76. Patricio Cámara Peón. 15 de noviembre de 1976. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Carrillo Ocampo. Secretario: Guadalupe Méndez Hernández. Volúmenes, 91-96, página 42. Amparo en revisión 247/76. José Jesús Mijangos Rosado. 17 de noviembre de 1976. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Carrillo Ocampo. Secretario: Guadalupe Méndez Hernández. Volúmenes, 91-96, página 42. Amparo en revisión 485/76. Patricio Cámara Peón. 29 de noviembre de 1976. Unanimidad de votos. Ponente: Ismael Colmenares Martínez. Secretario: Leonardo Rodríguez Bastar. Nota: En el Informe de 1976, página 449, la tesis aparece bajo el rubro "AUTORIDAD EJECUTORA. SOBRESEIMIENTO.",en la página 450, "AUTORIDADES EJECUTORAS. SOBRESEIMIENTO.", y en la página 463, "SOBRESEIMIENTO. ES EXTENSIVO RESPECTO A AUTORIDADES EJECUTORAS.". En el Informe de 1977, la tesis aparece bajo el rubro "AUTORIDAD EJECUTORA. SOBRESEIMIENTO.". Por otra parte, previo al análisis de fondo, es conveniente destacar que para acreditar el interés jurídico, la parte quejosa acompañó a su escrito de demanda: Escritura pública número quinientos ochenta y nueve, de doce de julio de mil novecientos ochenta y dos,6 pasada ante la fe del Notario Público Número 15, con ejercicio y residencia en esta ciudad, que contiene el contrato de compraventa de derechos de copropiedad sobre inmueble celebrado entre Esteban Hernández Meza como vendedor, y Josefina Meza Rosales como compradora, respecto del derecho de copropiedad que le correspondía al vendedor sobre el inmueble ubicado en el número 31 de la calle Tzirate, de la Manzana "E", de la colonia Lomas de Guayangareo, en esta ciudad de Morelia, Michoacán, reuniendo la compradora con motivo de dicha acción, el cien por ciento del inmueble descrito; operación que quedó debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad Raíz en el Estado bajo el número 3 tomo 1387 del libro de propiedad correspondiente al Distrito de Morelia, como se desprende de la anotación realizada al reverso de la última foja del contrato de que se trata. Documental de la que este juzgado recabó copia certificada,7 y que se considera adquiere pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 130, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, pues al haber sido celebrada 6 Fojas 19 a 23 del cuaderno de amparo 7 Fojas 20 a 24 del cuaderno de amparo. ante un fedatario público, resulta ser de fecha cierta, y por ende, eficaz para acreditar el interés jurídico de la quejosa que la legitima para acudir a la presente instancia constitucional. En relación con lo expuesto, resulta aplicable el criterio siguiente: Época: Novena Época Registro: 192662 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo X, Diciembre de 1999 Materia(s): Civil Tesis: 1a./J. 46/99 Página: 78 "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, INEFICACIA DEL CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA DE FECHA INCIERTA, PARA ACREDITARLO. Si bien en términos del artículo 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los documentos privados no objetados en juicio hacen prueba plena, esta regla, no es aplicable en tratándose de documentos privados en los que se hace constar un acto traslativo de dominio, los cuales, para tener eficacia probatoria y surtir efectos contra terceros requieren de ser de fecha cierta, lo que este Supremo Tribunal ha estimado ocurre a partir del día en que se celebran ante fedatario público o funcionario autorizado, o son inscritos en el Registro Público de la Propiedad de su ubicación, o bien, a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes; por lo que es dable concluir, que con esa clase de documentos no debe tenerse por acreditado el interés jurídico del quejoso que lo legitime para acudir al juicio de amparo, pues la circunstancia de ser de fecha incierta, imposibilita determinar si todo reclamo que sobre esos bienes realicen terceros, es derivado de actos anteriores o posteriores a la adquisición del bien litigioso, garantizándose de esta manera, la legalidad y certeza jurídica que debe imperar en este tipo de operaciones y evitando que el juicio de amparo sea utilizado con fines desleales." Contradicción de tesis 52/97. Entre las sustentadas por el Segundo y Primer Tribunales Colegiados, ambos del Cuarto Circuito. 22 de septiembre de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: Juventino V. Castro y Castro. Secretario: Arturo Aquino Espinosa. Tesis de jurisprudencia 46/99. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de veintidós de septiembre de mil novecientos noventa y nueve, por unanimidad de cuatro votos de los señores Ministros: presidente en funciones Juventino V. Castro y Castro, José de Jesús Gudiño Pelayo, Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ausente: Ministro Humberto Román Palacios. Nota: Esta tesis fue publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X, octubre de 1999, página 161; por instrucciones de la propia Sala se publica nuevamente con las modificaciones que ordena sobre la tesis originalmente enviada. Asimismo, para acreditar que el inmueble descrito en la escritura pública, se trata del mismo en el que pretende llevarse a cabo la diligencia ordenada en el proveído reclamado, durante la tramitación del juicio, la parte quejosa ofreció: Oficio SUOP-DOU-FRACC-N-4535/2019, de veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve,8 suscrito por la Directora de Orden Urbano de la Secretaría de Urbanismo y Obras Públicas, en esta ciudad, de cuyo contenido se desprende que en atención a la información solicitada por la quejosa, le informó que una vez revisados los expedientes con los que cuenta esa dependencia, hizo constar que la vialidad denominada oficialmente calle Bucareli, anteriormente se conocía con el nombre de calle Tzirate, en la colonia Lomas de Guayangareo; que no se encontró registro sobre el cambio de número respecto del predio ubicado en la calle Tzirate número 31, Manzana "E", colonia Lomas de Guayangareo con número de clave catastral 16- 101-053-01-0001-018-055-00016-000-000, contando como única referencia de ubicación, la señalada en el pago de predial, siendo ésta la calle Bucareli número 56 de la colonia Lomas de 8 Foja 78 del cuaderno de amparo. Guayangareo. Oficio DC-387/2019, de uno de noviembre de dos mil diecinueve,9 suscrito por el Jefe del Departamento de Catastro, dependiente de la Tesorería Municipal de esta ciudad, de cuyo contenido se desprende que en atención a la solicitud que le fue realizado por la quejosa, le informó que la clave catastral 16-101-053-01- 0001-018-055-00016-000-000, corresponde a la cuenta predial número 101-1-4158, ubicado en la calle Bucareli número 56 de la colonia Lomas de Guayangareo, en esta ciudad. Documentales que al no haber sido objetadas por alguna de las partes adquieren eficacia probatoria en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles para tener por demostrada la identidad del inmueble en el cual se pretende dar cumplimiento a lo ordenado en proveído de seis de septiembre de dos mil diecinueve en el juicio de origen. Por otro lado, la quejosa aduce que también detenta la posesión de ese inmueble porque reside en él, y para acreditar dicha circunstancia, ofreció los siguientes medios de prueba: Recibo de pago de predial número 5011, del cual se desprende el pago del impuesto correspondiente, realizado el cinco de enero de mil novecientos ochenta y dos, respecto del predio número 004158-1, relativo a los inmuebles ubicados en los números 31 y 56 de la colonia Lomas de Guayangareo, en esta ciudad; 9 Foja 79 del cuaderno de amparo. documento en el cual aparece como causante la aquí quejosa Joséfina Rosales Meza. Aviso recibo número 15627307, expedido por el Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia (OAPAS), respecto del servicio prestado en el domicilio ubicado en calle Bucareli número 56, colonia Lomas de Guayangareo, código postal 58240, en esta ciudad, mismo que abarca el periodo de consumo realizado entre el veintinueve de mayo de dos mil diecinueve al veintiséis de julio de ese año; documento en el que aparece como beneficiaria del servicio "MEZA R. JOSEFINA". Recibo oficial número 5655799,10 expedido el veintiocho de enero de dos mil quince, que ampara el pago del impuesto predial respecto del domicilio ubicado en el número 56 de la calle Bucareli, en la colonia Lomas de Guayangareo, código postal 58240l; recibo en el que aparece como contribuyente la quejosa Josefina Meza Rosales. Documentos que en atención a su naturaleza adquieren valor probatorio respecto de los hechos enmarcados en su contenido, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º, y que adminiculados con la escritura pública y documentos de identidad descritos y valorados, robustecen la certeza de que la quejosa efectivamente habita el inmueble donde posiblemente habrá de materializarse el requerimiento de pago y embargo ordenado en auto de 10 Fojas 61 del cuaderno de amparo. 27 seis de septiembre de dos mil diecinueve, reclamado en esta instancia constitucional; y, por ende, también son eficaces para probar el interés jurídico que aduce tener para promover el juicio de garantías. Así, al no advertirse de oficio la actualización de diversa causa de improcedencia, y que además, la quejosa acreditó el interés jurídico para acudir a la presente instancia constitucional, se procederá al estudio de fondo del asunto. QUINTO. Conceptos de violación. Es innecesario transcribir los conceptos de violación formulados por la promovente del amparo, en función a que el suscrito juzgador no se encuentra obligado a ello, en términos de la ley y de lo que sobre el particular preconiza la jurisprudencia 2ª./J58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación11, de rubro "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." SEXTO. Estudio de fondo. Dado que del acto reclamado consistente en el proveído seis de septiembre de dos mil diecinueve, dictado por el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar de este Distrito Judicial, dentro del juicio ordinario familiar 35/2012, promovido por Mayra Janette Sánchez Padilla, en contra de Mario Alberto Fausto Hernández, derivan dos determinaciones, a saber: 11 Visible en la página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época. 1. La orden de embargo de bienes propiedad del deudor alimentista, suficientes para garantizar el pago de lo condenado en sentencia de uno de julio de dos mil nueve, dictada dentro del expediente de origen; y, 2. Que la diligencia de embargo se lleve a cabo en el inmueble ubicado en calle Bucareli número 56, colonia Lomas de Guayangareo, en esta ciudad, lugar que la quejosa aduce habitar y que es de su propiedad, por lo que se vulneraría su domicilio. Por tal causa, se procederá al estudio de dichas determinaciones en forma separada, sin que ello implique dividir la continencia de la causa, pues ambas determinaciones derivan de un mismo hecho generador, que en este caso lo es precisamente el auto de seis de septiembre de dos mil diecinueve, dictado dentro del juicio de origen. Cobra aplicación a lo anterior, por las razones que expone, el criterio que a continuación se cita: Época: Décima Época Registro: 2020833 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 71, Octubre de 2019, Tomo IV Materia(s): Civil Tesis: I.3o.C.367 C (10a.) Página: 3483 "CONTINENCIA DE LA CAUSA INDIVISIBLE. SE CONFIGURA CUANDO LAS ACCIONES EJERCIDAS DERIVAN DE UN MISMO HECHO GENERADOR. Si en una misma demanda se exige la terminación del arrendamiento sustentada en la falta del objeto alquilado, que es el mismo al que se refiere la póliza de seguro que cubre por robo total la cosa asegurada, cuyo cumplimiento forzoso se exige a la institución aseguradora; entonces, es inconcuso que entre ambas acciones se configura una continencia de la causa indivisible, pues parten de un mismo hecho generador." TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 902/2018. Lauro Cruz Díaz. 30 de enero de 2019. Unanimidad de votos. Ponente: Sofía Verónica Ávalos Díaz. Secretario: Víctor Hugo Solano Vera. Esta tesis se publicó el viernes 18 de octubre de 2019 a las 10:28 horas en el Semanario Judicial de la Federación. Establecido lo anterior, se tiene que en su único concepto de violación, respecto a la primera determinación que conforma el acto reclamado, alega la quejosa, que el auto de seis de septiembre de dos mil diecinueve, dictado dentro del juicio de origen, vulnera en su perjuicio la garantía de legalidad inmersa en el artículo 14 Constitucional, así como su derecho de propiedad contenido en el diverso precepto 27, ya que sin ser parte del mismo, se pretende ejecutar una orden de embargo sobre bienes de su propiedad. Lo anterior es inoperante, en consideración a que la orden de embargo, contrario a lo que argumenta la quejosa, no produce afectación alguna a su derecho de propiedad, pues no está dirigida en su contra. Lo anterior, obedece al hecho de que el proveído a través del cual se ordenó requerir al demandado del pago de lo condenado, en la parte que interesa, es del tenor siguiente: ".Dada cuenta con el escrito que presenta Mayra Janette Sánchez Padilla, con el carácter que tiene acreditado atento a su contenido y como lo solicita, se autoriza a la actuaria de este juzgado, para que se constituya en legal y debida forma en el domicilio del señor Mario Alberto Fausto Hernández con domicilio ubicado en el número 56 cincuenta y seis, de la Colonia Lomas de Guayangareo de esta ciudad, y lo requiera de la suma total de $142,043.70 ciento cuarenta y dos mil cuarenta y tres pesos con setenta centavos, cantidad a la cual resultó condenado en la sentencia interlocutoria de fecha 1 uno de julio del año en curso, y en caso de no hacer el pronto y efectivo pago requerido, embárguese bienes propiedad del deudor alimentista suficientes para garantizarlo, mismos que se pondrán en depósito de la persona que bajo su responsabilidad designe la ejecutante." (El énfasis es añadido). Como se observa, el mandamiento de ejecución combatido fue emitido exclusivamente contra Mario Alberto Fausto Hernández, por ser la parte demandada dentro del juicio natural, no así respecto de la aquí quejosa Josefina Meza Rosales, quien manifestó que no forma parte dicha controversia. Tal circunstancia patentiza que la orden de bienes del enjuiciado, de ninguna manera afecta la esfera de derechos de la quejosa; precisamente porque dicho mandamiento sólo faculta a la actuaria comisionada para efectuar el requerimiento de pago de lo condenado en el juicio natural, a que, en caso de no hacer el pago correspondiente, embargue bienes propiedad Mario Alberto Fausto Hernández, más no aquellos cuya titularidad pertenezca a Josefina Meza Rosales. Es decir, que en caso de que se llegue al señalamiento de bienes para su embargo, con motivo del impago de la cantidad adeudadas, bastaría con que la aquí quejosa acredite que es titular de los bienes ubicados al interior de su domicilio, por cualquier medio de convicción eficaz, para que la actuaria comisionada se abstenga de embargarlos como garantía del mencionado adeudo. De ahí que, válidamente puede afirmarse que el mandamiento de embargo emitido en el juicio natural, por sí mismo no le genera perjuicio a la esfera jurídica de la quejosa, pues no es verdad que con motivo de este mandamiento necesariamente deba generarse un detrimento al patrimonio de la solicitante de la protección constitucional, ni siquiera que se le restrinja total o parcialmente de un derecho; se insiste, porque el mandamiento que se combate no fue enderezado en contra de la quejosa sino de Mario Alberto Fausto Hernández, por tanto, únicamente podrían gravarse bienes de su propiedad, de ahí lo inoperante del argumento que se analiza. Por otro lado, respecto a la segunda determinación, alega la quejosa que el acto reclamado transgrede en su perjuicio la garantía seguridad jurídica inmersa en el artículo 16 Constitucional, al pretenderse ejecutar con motivo del mismo, una orden de embargo en su domicilio, en el que si bien en algún momento habitó el demandado en el juicio de origen Mario Alberto Fausto Hernández, éste ya no lo hace desde el año dos mil nueve; incluso, el propio demandado promovió ante la autoridad responsable incidente de nulidad de actuaciones, en el que refirió cuál era su domicilio. Debe decirse que lo alegado por la quejosa es infundado, por las razones que se exponen a continuación. El artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Artículo 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento." La anterior porción normativa revela que cualquier acto de autoridad que tienda a molestar al gobernado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones debe reunir dos requisitos: a) Que preceda de un mandamiento emitido por autoridad competente. b) Que dicho mandamiento se encuentre fundado y motivado. De las constancias que integran el juicio de origen se obtiene que el acto cuya materialización se analiza es del tenor siguiente: ".Dada cuenta con el escrito que presenta Mayra Janette Sánchez Padilla, con el carácter que tiene acreditado atento a su contenido y como lo solicita, se autoriza a la actuaria de este juzgado, para que se constituya en legal y debida forma en el domicilio del señor Mario Alberto Fausto Hernández con domicilio ubicado en el número 56 cincuenta y seis, de la Colonia Lomas de Guayangareo de esta ciudad, y lo requiera de la suma total de $142,043.70 ciento cuarenta y dos mil cuarenta y tres pesos con setenta centavos, cantidad a la cual resultó condenado en la sentencia interlocutoria de fecha 1 uno de julio del año en curso, y en caso de no hacer el pronto y efectivo pago requerido, embárguese bienes propiedad del deudor alimentista suficientes para garantizarlo, mismos que se pondrán en depósito de la persona que bajo su responsabilidad designe la ejecutante. Dada la naturaleza del presente acuerdo se ordena no listar el mismo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 110 del Código de Procedimientos Civiles. Finalmente, se autoriza el uso de la fuerza pública, por lo que se ordena girar oficio al Comisionado Municipal de seguridad de esta ciudad, para que designe dos elementos policíacos, quienes deberán auxiliar a la actuaria de este juzgado al momento de la diligencia de embargo..". Respecto al primer requisito que exige el precepto constitucional ya transcrito, consistente en que el acto de molestia preceda de un mandamiento emitido por autoridad competente, se estima satisfecho. Se considera de esa manera en virtud a que la orden de requerimiento de pago y embargo, cuya eventual materialización se analiza, fue emitida por el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar de este Distrito Judicial, quien en términos de los artículos 785, 786 y 787 del Código Familiar del Estado de Michoacán,12 es competente para conocer del juicio ordinario familiar número 35/2012, que sobre reconocimiento de la paternidad del menor Mario David Sánchez Padilla y fijación de alimentos definitivos promovió Mayra Janette Sánchez Padilla en contra de Mario Alberto Fausto Hernández. Por lo que respecta al segundo requisito, éste también se considera satisfecho, pues en primer lugar, el juez responsable fundó su determinación en los preceptos legales que estimó aplicables, siendo éstos los artículos 960, 961, 962, 963 del Código Familiar del Estado de Michoacán; en segundo lugar, porque expuso las razones y motivos que tuvo en consideración para dictar el proveído de que se trata, puesto que al efecto, en atención a la solicitud formulada por la parte actora en el juicio de 12 Artículo 785. La jurisdicción por razón del territorio, esta única que se puede prorrogar Se exceptúan de esta regla, los asuntos en los que se encuentren involucrados derechos de los menores de edad, personas con discapacidad o adultos mayores, supuestos en los que no será prorrogable la jurisdicción que ha de conocer como lo previene la ley. Artículo 786. Es juez competente aquel al que los litigantes se hubieran sometido expresa o tácitamente, cuando se trate de fuero renunciable. Artículo 787. Hay sumisión expresa cuando los interesados renuncian clara y terminantemente al fuero que la ley les concede y designan con precisión al juez a quien se someten. origen, autorizó a la actuaria de su adscripción para que se constituyera en legal y debida forma en el domicilio del demandado Mario Alberto Fausto Hernández, ubicado en el número 56 cincuenta y seis, de la Colonia Lomas de Guayangareo de esta ciudad, y lo requiera del pago de la suma total de $142,043.70 ciento cuarenta y dos mil cuarenta y tres pesos con setenta centavos, que fue la cantidad por la cual, afirmó, resultó condenado en la sentencia interlocutoria de fecha uno de julio del año en curso; asimismo, indicó que en caso de no hacer el pronto y efectivo pago requerido, se procediera a embargar bienes propiedad del referido deudor alimentista suficientes para garantizarlo. De lo anterior, como se indicó, se aprecia que la autoridad responsable fundó y motivó su determinación, en virtud de que expresó las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su emisión, cumpliendo de esta forma con los requisitos establecidos por el mencionado dispositivo 16 de la Constitución Federal. Pero además, se estima que la determinación consistente en que la diligencia de embargo de bienes del demandado, se lleve a cabo en el domicilio de la quejosa se encuentra justificada, habida cuenta que de las constancias de autos, específicamente de la razón de citatorio de catorce de febrero de dos mil doce,13 se advierte que la actuaria adscrita al Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar de este Distrito Judicial, se constituyó en legal y debida forma en el domicilio antes precisado, en el cual encontró presente a la aquí quejosa Josefina Meza Rosales, quien indicó ser abuela paterna del demandado y le informó que 13 Foja 24 del juicio de origen. efectivamente era el domicilio particular de éste, pero que en ese momento no se encontraba presente porque había salido a trabajar y regresaba por la noche; motivo por el cual, la funcionaria judicial procedió a dejar el citatorio respectivo a efecto de que el accionado la esperara en el indicado lugar a las diez horas del quince de febrero de dos mil doce, para la práctica de la diligencia de emplazamiento al juicio de origen, bajo apercibimiento que de no hacerlo, entendería la misma con la persona que encontrara presente, lo que así se hizo en la hora y fecha en mención, en que se llevó a cabo en el mencionado domicilio la diligencia de emplazamiento del demandado, con la impetrante de referencia. Por otro lado, el diecisiete de abril de dos mi doce, tuvo verificativo la audiencia de conciliación en el controvertido de origen;14 diligencia en la que Mario Alberto Fausto Hernández se identificó con la credencial para votar con número de folio 0816102106544, expedida por el Registro Federal de Electores del Instituto Federal Electoral, en la cual obra asentado como domicilio del elector, el ubicado en calle Bucareli número 56, de la colonia Lomas de Guayangareo, en esta ciudad. También se cuenta con la diligencia de emplazamiento, ordenada dentro del incidente de liquidación de sentencia, practicada por la actuaria adscrita al juzgado de origen el once de febrero de dos mil diecinueve en el domicilio de que se trata, en cuyo citatorio previo,15 asentó que se cercioró que en el mismo habita el demandado Mario Alberto Fausto Hernández, por dicho 14 Fojas 38 y 39 ídem. 15 Foja 13 del incidente de liquidación de sentencia. de quien dijo ser su madre María Luisa Hernández Meza, así como de vecinos de la propia calle. Lo anterior pone de manifiesto que la determinación contenida en el proveído reclamado se encuentra justificada y ajustada a derecho, toda vez que si bien la quejosa Josefina Meza Rosales, afirma que con motivo del mismo se pretende ejecutar una orden de embargo en su domicilio localizado en calle Bucareli número 56, de la colonia Lomas de Guayangareo, en esta ciudad, el cual ya no habita el demandado Mario Alberto Fausto Hernández desde el año dos mil nueve, lo cierto es que, como se vio, de las constancias antes precisadas se advierte que, en forma adversa a lo que se asevera, es factible que el demandado habite en el indicado lugar, y por ello, se estima que la orden de practicar el embargo de bienes a nombre de éste, se encuentra legalmente justificada. En mérito de lo anterior, se estima que el acto de molestia no vulnera en perjuicio de la impetrante el derecho fundamental que señala, pues como ya se dijo, éste fue emitido por autoridad competente y se encuentra fundado y motivado; de ahí lo infundado del argumento que se estudia. Sin que sea óbice para arribar a la anterior determinación, el incidente de nulidad de actuaciones que el demandado Mario Alberto Fausto Hernández promovió ante la autoridad responsable mediante escrito presentado el siete de marzo de dos mil diecinueve,16 en el que manifestó su lugar de residencia. 16 Fojas 201 a 211 del juicio de origen. Lo anterior, virtud a que mediante proveído de once de marzo de dos mil diecinueve,17 el Juez responsable determinó que no había lugar a tenerlo promoviendo la incidencia de que se trata, por haberlo hecho fuera del término establecido por el artículo 96 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán. Por otro lado, en torno a la credencial para votar con fotografía con número de clave de elector FAHM890408HJCSRR01, expedida a favor de Mario Alberto Fausto Hernández, con domicilio en calle Emiliano Zapara número 117, Fraccionamiento El Chirimoyo, en Peribán, Michoacán, que la quejosa adjuntó a su escrito inicial de demanda,18 se estima que por sí mismo, dicho documento únicamente constituye un indicio, que al no encontrarse adminiculado con algún otro medio de convicción, resulta ineficaz acreditar que el demandado efectivamente habita en el domicilio ahí asentado. Se estima de esta manera debido a que los registros del Instituto Nacional Electoral, se forman con los datos proporcionados por los ciudadanos que acuden al mismo para su anotación; empero, la verificación que realiza la autoridad electoral que expide el documento, solo puede entenderse para efectos del propio registro, no así para hacer prueba plena ante autoridad diversa, como lo serían los órganos jurisdiccionales respecto de los domicilios de los electores, ya que el documento por sí mismo, únicamente acredita que ante dicho registro, determinada persona manifestó tener el domicilio en el lugar asentando en su credencial de elector, y en su caso, 17 Foja 212 ídem. 18 Se adjuntó al escrito inicial de demanda. que ante el mismo presentó determinada constancia tendente a acreditarlo, más no así que el interesado habita en el mismo. Lo anterior, sin perjuicio de que posteriormente pueda ordenarse que la diligencia de embargo respectiva en un lugar diverso, si ello resulta conducente. A lo anterior cobra aplicación el criterio sostenido por el Tercero Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, cuyo rubro y testo se transcribe a continuación: Época: Novena Época Registro: 194372 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo IX, Marzo de 1999 Materia(s): Común Tesis: XIV.3o.3 K Página: 1392 "DOMICILIO, LA CREDENCIAL DE ELECTOR NO HACE PRUEBA PLENA DEL. SÓLO SE LE DEBE OTORGAR VALOR INDICIARIO. La credencial de elector con fotografía no es un documento público idóneo para acreditar el domicilio de una persona; debe ser adminiculada con otras pruebas de las permitidas por la ley, que demuestren que la oferente realiza sus actividades cotidianas en el mismo domicilio que indica la documental, debido a que los registros del Instituto Federal Electoral se forman con los datos proporcionados por los ciudadanos que acuden al mismo a pedir su anotación; sin embargo, la verificación que practica la autoridad electoral de los datos que se le proporcionan sólo puede entenderse para efectos del propio registro, no así para hacer prueba plena ante autoridad diversa como serían los órganos jurisdiccionales respecto de los domicilios de los electores, ya que ningún precepto legal apoya tal eficacia, que no debe entenderse comprendida en la naturaleza pública de dicho documento, pues ello a lo sumo acreditaría que ante dicho registro determinada persona manifestó tener el domicilio que se indica en su credencial de elector y, en su caso, que ante el mismo presentó determinada constancia tendiente a acreditarlo, mas ese registro no sustituye la potestad jurisdiccional de examinar el alcance y valor probatorio de tales elementos justificativos, cuya eficacia sólo a ésta corresponde establecer dentro del procedimiento en el que se cumplan sus formalidades esenciales; razón por la cual la credencial mencionada no hace prueba plena del domicilio de la persona, según lo pretende la oferente y es correcto que el juzgador únicamente le otorgara el valor de indicio." TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO CUARTO CIRCUITO. Amparo en revisión 145/98. Aracely Castro Palma. 23 de febrero de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: Patricia Mújica López. Secretaria: María Luisa Alonzo Alonzo. Véase: Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XV-II, febrero de 1995, página 317, tesis VI.1o.100 C, de rubro: "DOMICILIO. NO PUEDE DEMOSTRASE SÓLO MEDIANTE UNA CREDENCIAL DE ELECTOR.". En las relatadas condiciones, ante lo inoperante e infundado de los argumentos analizados, lo procedente es NEGAR a la quejosa Josefina Meza Rosales, el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, respecto al acto reclamado examinado en el presente considerando. Negativa que se hace extensiva a los actos de ejecución atribuidos a la actuaria adscrita al Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar de este Distrito Judicial. Lo anterior es así, toda vez que dichos actos no se reclamaron por vicios propios, sino que su ilegalidad se hizo depender de la atribuida al acto reclamado del juez responsable, acto respecto del cual se negó la protección constitucional solicitada. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 88, visible a fojas 70 del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917- 2000, que a la letra dice: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE. NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS. Si la sentencia de amparo, considera violatoria de garantías la resolución que ejecutan, igual declaración debe hacerse respecto de los actos de ejecución, si no se reclaman, especialmente, vicios de ésta." Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, por las razones expuestas en el considerando cuarto de la presente resolución. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Josefina Meza Rosales, en relación con los actos atribuidos a las autoridades responsables, por los motivos precisados en el último considerando de la presente sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Leonel López Pérez, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, en funciones de Juez de Distrito, en términos de lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; autorización que fue notificada mediante oficio CCJ/ST/2634/2021, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante el licenciado Andrés Leyva Mercado, secretario que autoriza. Doy fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiocho de julio de dos mil veintiuno. Remite información. Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta signado por el Juez Séptimo de Primera Instancia en Materia Oral Familiar de este Distrito Judicial, a través del cual, en cumplimiento al requerimiento formulado en autos, informa que dentro del juicio ordinario familiar 35/2012, en proveído de veinticuatro de febrero del año en curso, se dejó insubsistente el diverso de diecinueve de marzo de dos mil diecinueve y, en su lugar, se emitió otro el once de marzo de la presente anualidad, en que se dijo al demandado que no ha lugar a admitir el incidente de nulidad de actuaciones que pretendió promover, en relación con la sentencia definitiva dictada en el citado juicio, por haberse instado de forma extemporánea. Además, se le tiene remitiendo copia certificada de las constancias con las que acredita su dicho. Con lo anterior, dese vista a las partes para que se impongan de la información, así como de las constancias que se reciben como sustento. Diferimiento de la audiencia constitucional. Para dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para hoy, la que tendrá verificativo a las diez horas con cincuenta minutos del trece de septiembre de dos mil veintiuno. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Alfredo Montoya Revilla, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, encargado del despacho por ministerio de Ley, con motivo del primer periodo vacacional concedido al titular de este órgano jurisdiccional del diecinueve de julio al dos de agosto del año en curso, en términos del oficio CCJ/ST/1784/2021, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante José Sierra Ortiz, Secretario que autoriza y da fe.Dva
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