Josefina Estrada Servín

Expediente 994/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 13 actuaciones registradas, la última del 26 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
994/2023
Año
2023
Actuaciones
13
Última actuación
26/09/2023

Partes del expediente

  • Josefina Estrada Servín
  • Josefina Estrada Servín y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    POR LISTA NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA, LA SIGUIENTE RESOLUCION: V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo número I-994/2023, promovido por Josefina Estrada Servín, contra actos de la Jueza Primero de Primera Instancia en Materia Familiar de Zamora, Michoacán; y... Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de garantías promovido por Josefina Estrada Servín, en contra del acto reclamado a la Jueza Primero de Primera Instancia en Materia Familiar de Zamora, Michoacán, con base en las razones expuestas en el último considerando de la presente resolución. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el licenciado Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, que actúa con la licenciada Silvia Lorena Arenas Raya, secretaria que autoriza y da fe, hasta el día de hoy veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés, en que terminó el engrose de la presente resolución y lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.-

  2. Principal

    . V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo número I-994/2023, promovido por Josefina Estrada Servín, contra actos de la Jueza Primero de Primera Instancia en Materia Familiar de Zamora, Michoacán; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Por oficio presentado el veintiuno de julio de dos mil veintitrés, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, y remitido a este órgano jurisdiccional al día siguiente hábil, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, remitió la demanda de amparo promovida por Josefina Estrada Servín, contra actos de la Jueza Primero de Primera Instancia en Materia Familiar de Zamora, Michoacán, por considerar que carecía de legal competencia para conocer de ella. SEGUNDO. DERECHOS HUMANOS QUE SE ESTIMAN VIOLADOS. En la propia demanda de amparo, la parte quejosa precisó como violados en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1º, 4º, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. Por auto de veinticinco de julio de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda registrada bajo el número I-994/2023; se dio vista a las partes con el informe justificado rendido por la autoridad responsable; se dio la intervención que legalmente le compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; se ordenó emplazar a la parte tercero interesada; finalmente, tuvo verificativo la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. LEY DE AMPARO APLICABLE. Es necesario precisar que la resolución que se dicte dentro del presente asunto, se hará aplicando la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del día siguiente (artículo Primero Transitorio), toda vez que la demanda de garantías fue presentada con posterioridad a su entrada en vigor. No obstante, cabe precisar que para resolver el presente juicio es factible invocar criterios de jurisprudencia que hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues su contenido no se opone a lo que la ley de la materia dispone en cuanto al tema de las mismas, ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo que entró en vigor el tres de abril de dos mil trece. SEGUNDO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en la Ciudad de Morelia, es legalmente competente por materia, territorio y grado para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción III, de la Constitución General de la República, en relación con el 35 y 107, de la Ley de Amparo; 48, en relación con el 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en términos del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito. Ello por tratarse de una demanda de amparo promovida contra actos de autoridad jurisdiccional en materia familiar residente en la circunscripción territorial donde ejerce jurisdicción mixta este juzgado. TERCERO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que prevé que las sentencias que se dicten en los juicios de garantías, deben contener ".La fijación clara y precisa del acto reclamado; ."; es necesario precisar el acto reclamado, que se desprende del estudio y análisis en conjunto de la demanda de garantías y de las constancias que integran el presente sumario. Del análisis integral de la demanda de amparo se aprecia que la parte quejosa reclama: La resolución de veintiséis de mayo de dos mil veintitrés, dictada por la Jueza Primero de Primera Instancia en Materia Familiar de Zamora, Michoacán, en el expediente 46/2023, relativo a las diligencias de jurisdicción voluntaria familiar sobre declaración de minoría de edad y nombramiento de tutor, promovidas por la aquí quejosa Josefina Estrada Servín, en la que se declaró improcedente su solicitud de designación de tutora definitiva de los niños J.M.R.C. y J.G.R.C. CUARTO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Del contenido del informe justificado rendido por la Jueza Primero de Primera Instancia en Materia Familiar de Zamora, Michoacán, se advierte que acepta la existencia del acto reclamado, a cuyo efecto remitió el original de las diligencias de jurisdicción voluntaria número 46/2023. Documental a la que se le concede pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo estatuye su numeral 2°, por tratarse, en la especie, de actuaciones llevadas a cabo por funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones, los cuales, con arreglo a la ley, gozan de fe pública. QUINTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Ahora bien, sentado lo anterior y establecida la existencia del acto reclamado, se impone analizar la procedencia del juicio de garantías, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el particular se estima actualizada la causal de improcedencia invocada por la Jueza Primero de Primera Instancia en Materia Familiar de Zamora, Michoacán, prevista en el numeral 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, atento a las siguientes consideraciones. Primero es de precisarse que el amparo es un juicio extraordinario; su procedencia y tramitación está regida por reglas especiales y principios fundamentales que lo estructuran como el medio jurisdiccional idóneo para lograr la actuación de las prevenciones constitucionales, a través de una contienda equilibrada entre el gobernante y el gobernado. Dentro de estas reglas fundamentales que estructuran al juicio de amparo, se encuentra el "principio de definitividad", que establece que dicho juicio únicamente es procedente en contra de actos definitivos, es decir, actos respecto de los cuales no exista algún recurso ordinario o medio de impugnación por el cual puedan ser modificados o revocados. En consecuencia, la definitividad vertical del acto como presupuesto de procedencia del juicio de amparo, implica que antes de acudir a dicho juicio se deberán agotar los recursos que prevea la ley ordinaria y que sean idóneos para modificar o anular el acto de que se trate. En este sentido, la propia Constitución Federal y su ley reglamentaria en la materia, restringen la procedencia del amparo, atribuyéndole al juicio constitucional el carácter de una instancia extraordinaria, es decir, de un medio de reparación de la violación de garantías al que no se puede acudir, sino cuando previamente se han agotado sin éxito las medidas ordinarias de defensa. La regla general que establece este principio consiste en que cuando un acto autoritario viola garantías individuales, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse el o los recursos ordinarios por virtud de los cuales puede ser modificado, revocado o destruido dicho acto. En este sentido, el principio de definitividad implica, como condición general, que el acto que se ataque en el juicio de amparo, por considerarlo violatorio de garantías constitucionales, debe ser un acto definitivo, en el sentido de que no pueda ser impugnado por algún medio o recurso cuya interposición pueda dar lugar a su modificación, revocación o anulación. El principio de definitividad es un requisito para la procedencia del juicio de garantías en términos de la propia Ley de Amparo, en su artículo 61, fracciones XVIII, XIX y XX, en las que establece como sanción por el incumplimiento de dicho principio la improcedencia del juicio, de la siguiente manera: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; XIX. Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado; XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;." La anterior transcripción confirma la regla general que se deriva del principio de definitividad, según la cual, para que proceda el juicio de garantías debe de tratarse de "actos definitivos" en la acepción que la propia legislación da de dichos actos, por lo que resulta lógico que la inobservancia del principio trae como consecuencia, también por regla general, la improcedencia de la acción constitucional intentada. En efecto, la fracción XVIII del referido artículo 61 de la Ley de Amparo, establece como causal de improcedencia la derivada del hecho de que existan recursos ordinarios que puedan interponerse contra las resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo reclamadas, que no se agotaron previamente a la promoción del juicio de garantías. Por su parte, la fracción XIX, a la que resulta de la circunstancia de que en el momento de la instauración del juicio se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal contra el acto reclamado que pudiera revocar o nulificar dicho acto. Y la fracción XX a los casos en que tratándose de actos emitidos por autoridades distintas a los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, deban ser revisados de oficio o sean impugnables mediante algún recurso o medio por el que pudieran ser revocados o modificados. En todos estos supuestos el acto reclamado carece de definitividad y no es, por consiguiente, reclamable en amparo. Ahora, de la demanda de garantías se advierte que la promovente del amparo tilda de inconstitucional la resolución de veintiséis de mayo de dos mil veintitrés, dictada por la Jueza Primero de Primera Instancia en Materia Familiar de Zamora, Michoacán, en el expediente 46/2023, relativo a las diligencias de jurisdicción voluntaria familiar sobre declaración de minoría de edad y nombramiento de tutor, promovidas por la aquí quejosa Josefina Estrada Servín, en la que se declaró improcedente su solicitud de designación de tutora definitiva de los niños J.M.R.C. y J.G.R.C.. Siendo que, como se adelantó, respecto de dicho acto reclamado se surte la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, ya que en términos de lo dispuesto en los artículos 1087, 1088, 1089, 1092 y 1097, todos del Código Familiar del Estado, en su contra debió agotarse previamente el recurso de apelación ahí previsto, a fin de acatar el principio de definitividad a que se ha hecho referencia en el cuerpo de esta sentencia. Para evidenciar el aserto que antecede resulta oportuno señalar el contenido de los citados artículos. Artículo 1087. En los procedimientos del orden familiar solo será admisible el recurso de apelación. Artículo 1088. La apelación es el recurso que tiene por objeto que el tribunal de segunda instancia confirme, revoque o modifique las resoluciones dictadas en la primera instancia, y en su caso, analice las violaciones procesales sostenidas, decretando la reposición del procedimiento, si así procediere. En todos los procedimientos relacionados con derechos de menores, adultos mayores y personas con discapacidad, se suplirá la deficiencia de la queja. Artículo 1089. Pueden apelar: I. El litigante si creyere haber recibido algún agravio; II. Los terceros que hayan salido al juicio; y, III. Los demás interesados a quienes perjudique la resolución judicial. Artículo 1092. Solo la sentencia definitiva, los autos y las sentencias interlocutorias que pongan fin al procedimiento son apelables, con las excepciones previstas en este Código. Para la sentencia definitiva, se admitirá en efecto devolutivo; para los autos y sentencias interlocutorias que pongan fin al procedimiento, será admisible en ambos efectos. La impugnación contra las demás resoluciones que se pronuncien durante el procedimiento, se hará valer como agravio simultáneamente con los que se expresen contra la sentencia definitiva. Artículo 1097. La apelación debe interponerse por escrito ante el juez que pronunció la sentencia o auto, dentro de nueve días, si la sentencia fuere definitiva o dentro de seis si fuere interlocutoria o auto que ponga fin al procedimiento. En el escrito el apelante formulará los agravios que en su concepto le genere la resolución recurrida, expresando con relación a cada uno, cuál es la parte que lo causa, citando el precepto o preceptos legales violados y explicando el concepto por el cual lo fueron; y señalará correo electrónico o domicilio en la capital del Estado, para recibir notificaciones. De lo que se desprende que en el caso particular, el acto que constituye materia de reclamo era susceptible de impugnarse a través del recurso de apelación, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos transcritos. De ahí que en su contra la quejosa debía interponer en su momento el citado medio de impugnación a que alude el mencionado precepto legal, previamente a promover el juicio de garantías, ello dado que a través de dicho medio de impugnación podía lograr la modificación o revocación del acto recurrido, pues nada impedía que el recurso de apelación fuera interpuesto por la parte quejosa, ya que estaba legitimada para interponer dicho medio ordinario de defensa al ser la promovente de las diligencias de jurisdicción voluntaria. En ese sentido, no se actualiza alguna de las hipótesis de excepción a la obligación de interponer dicho recurso a que se refiere la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que es la que específicamente regula el caso; pues: No se reclama alguno de los actos previstos en los artículos 15 de la Ley de Amparo o 22 Constitucional; No se combate algún mandamiento de captura ni algún acto que afecte la libertad personal; Menos aún la quejosa tiene la calidad de tercera extraña en el juicio, porque ella promovió las diligencias respectivas; el veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, se le notificó el acto (foja 51 del tomo de pruebas); y, No se requiere interpretación adicional ni el fundamento del recurso es insuficiente. Luego, si el recurso de mérito no se agotó antes de la promoción del juicio de garantías, es incontrovertible que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Por otra parte, cabe acotar que al haberse actualizado en el presente juicio de garantías la citada causal de improcedencia, resulta innecesario atender alguna diversa, pues el hecho de que opere o no es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de esta resolución. Siendo improcedente el juicio de amparo, lo que se impone es sobreseer en el mismo, con fundamento en el diverso numeral 63, fracción V, de la ley de la materia. No impide determinarlo así, que al momento de su presentación haya sido admitida la demanda de garantías y que se hubiese seguido el trámite del presente juicio hasta culminar con la audiencia constitucional respectiva, en virtud de que por ser las causales de improcedencia una cuestión de orden público deben estudiarse preferentemente en cualquier etapa del juicio, si aquéllas se encuentran plenamente probadas a través de las constancias que obran en el expediente, sea que lo aleguen o no las partes. El sobreseimiento decretado impide que este juzgado federal aborde el estudio de fondo de los conceptos de violación expuestos. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de garantías promovido por Josefina Estrada Servín, en contra del acto reclamado a la Jueza Primero de Primera Instancia en Materia Familiar de Zamora, Michoacán, con base en las razones expuestas en el último considerando de la presente resolución. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el licenciado Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, que actúa con la licenciada Silvia Lorena Arenas Raya, secretaria que autoriza y da fe, hasta el día de hoy veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés, en que terminó el engrose de la presente resolución y lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.-

  3. Principal

    Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, declara abierta la audiencia: Secretaria dé cuenta por favor. LA SECRETARIA: Juicio de amparo I-994/2023 promovido por Josefina Estrada Servín contra actos de la Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán, se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Así también, que dentro del presente juicio de amparo tiene reconocido el carácter de tercero interesado a Juan Diego Rodríguez Gil, de quien obra constancia de emplazamiento, asimismo que fue designado como representante especial Olivia Benítez Reyes, asesor jurídico federal adscrita a esa Delegación, quien funge como representante especial de los menores de iniciales ********************., quien debidamente aceptó el cargo conferido en esta instancia constitucional. Asimismo, se da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes se encuentra presente. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede. LA SECRETARIA: Se da cuenta con el informe justificado rendido por: La Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán. EL JUEZ: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe de referencia. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas. Secretaria dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. LA SECRETARIA: Se hace constar que la autoridad señalada como responsable adjuntó como sustento de su informe la documental consistente en: El expediente relativo a las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria Familiar número ******************** de su índice con el cual se formó un tomo de pruebas por separado, mismas que se tienen por admitidas y desahogadas en atención a su propia y especial naturaleza en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo. Al no existir más pruebas alguna que desahogar, se pasa al período de alegatos. LA SECRETARIA Se hace constar que la Representante Social y la representante especial de los menores de iniciales ********************., formularon alegatos. EL JUEZ: Ténganse por formulados los alegatos de referencia en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo vigente EL JUEZ: Al no existir alegatos, se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a engrosar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión.JUEZ TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO. OMAR ALEJANDRO ELIZALDE HERRERA SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO. ESPERANZA FUENTES REYESCon fundamento en el artículo 26 Bis del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19, y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, el que suscribe Secretaria Esperanza Fuentes Reyes CERTIFICA Y HACE CONSTAR que la presente audiencia quedó integrada, en la hora y fecha señaladas; empero, tales datos no coincidan con aquellos en que se firma electrónicamente dicha acta y la resolución correspondiente; virtud del proceso interno para la confección y firma electrónica de las actuaciones, así como la carga de trabajo de este juzgado constitucional; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, trece de septiembre de dos mil veintitrés. SE RECIBE DESPACHO DILIGENCIADO Agréguese a sus autos el primero de los oficios signado por la Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán; mediante el cual devuelve debidamente diligenciado en sus términos el despacho 624/2023-394.D remitido por este juzgado para que en auxilio y delegación notificara el auto de veinticinco de julio de dos mil veintitrés, al tercero interesado ********************, lo que así hizo y acredita, con las constancias que adjunta. ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO Dese de baja el despacho 624/2023-394.D, háganse las anotaciones en el libro de gobierno para los fines estadísticos correspondientes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, actuando con Esperanza Fuentes Reyes Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.Erg.Con fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretaria Esperanza Fuentes Reyes CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.

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