Josefina Guerrero Martínez
Expediente 167/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 9 actuaciones registradas, la última del 23 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 167/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 23/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Josefina Guerrero Martínez
- JOSEFINA GUERRERO MARTÍNEZ y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de junio de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos se advierte que el plazo de quince días con el que las partes contaban para interponer el recurso de inconformidad previsto por el numeral 201, fracción I, de la Ley de Amparo contra el auto de dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, en el que se declaró cumplido el fallo protector ha transcurrido sin que hicieran valer dicho mecanismo de impugnación; por tanto, se declara consentida tal determinación. En ese orden, con fundamento en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que este expediente carece de relevancia documental, en virtud que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y como en este juicio de amparo se concedió la protección de la justicia federal a la parte disidente, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, este asunto encuadra en la hipótesis prevista en el inciso b) del numeral 18 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su depuración. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la depuración de este expediente. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.
- Incidental
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de junio de dos mil veintiuno. En atención a la cuenta que antecede, se advierte que se concedió la suspensión provisional y la definitiva; y que en el cuaderno original y duplicado del incidente de suspensión no obra documento alguno considerado como original que las partes hayan exhibido. Por tanto, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como concluido. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y que se concedió la suspensión provisional y la definitiva, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del referido acuerdo, se ordena la depuración del original del presente incidente de suspensión, ya que encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) de la fracción I, artículo 18 del citado Acuerdo General. Por otro lado, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en comento, se ordena la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, transcurridos seis meses a partir de la notificación de este acuerdo. Asimismo, se estima que este incidente carece de relevancia documental, en virtud que el acto reclamado no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Por tanto, transcurridos el plazo de conservación de tres años, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la depuración del cuaderno original, para lo cual se ordena conservar la demanda de amparo el auto donde se proveyó lo relativo a la suspensión provisional y la interlocutoria. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de abril de dos mil veintiuno. En atención a la certificación de cuenta, se advierte que ya transcurrió el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubiesen interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada en este juicio de amparo, por lo que, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por mandato expreso de su artículo 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria dicha sentencia. En consecuencia, requiérase al Consejo Directivo y al Director General, ambos de la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca, para que dentro del plazo de tres días como lo marca el artículo 192 de la Ley de Amparo, cumplan con la sentencia dictada en este juicio, apercibiéndolos que de no hacerlo así, sin causa justificada, se les impondrá una multa por la cantidad equivalente a cien unidades de medida y actualización, en términos de los artículos 192, 193, 258 y 267, fracción I, de la Ley de Amparo, al momento en que incurrir en la conducta sancionada; asimismo, se remitirá este expediente al Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, en turno, para seguir el trámite de inejecución que puede culminar con la separación de sus puestos y su consignación. Dígase a las autoridades responsables que en términos del artículo 195 de la Ley de Amparo, si el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, es injustificado, no las exime de responsabilidad, pero podrá tomarse en consideración como atenuante al imponer la sanción penal. NOTIFÍQUESE.
- Principal
S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 167/2021, promovido por ***, por propio derecho, contra actos del Congreso del Estado de Oaxaca y otras autoridades. ANTECEDENTES El veintiocho de enero de dos mil doce, se publicó en el periódico Oficial del Estado de Oaxaca, el Decreto 885 por el que se aprueba la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca, la cual entró en vigor al día siguiente. Por acuerdo de sesión de trabajo celebrada el trece de diciembre de dos mil diecinueve, el Consejo Directivo de Pensiones del Estado de Oaxaca determinó otorgar a la aquí quejosa una pensión por jubilación al 100% del sueldo base que percibe un Técnico 11 "C", que es de $12,704.00 (doce mil setecientos cuatro pesos 00/100 moneda nacional), por lo cual fue elaborado el oficio **/**/***/*** emitido el dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve, que le fue entregado el seis de octubre de dos mil veinte. En el acuerdo por el que se aprobó otorgarle su pensión por jubilación, se menciona que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, fracción III, 18, párrafo segundo, y Octavo Transitorio, se ordenó que la Oficina de Pensiones le descuente del monto de su pensión el 9% por concepto de cuota al Fondo de Pensiones, lo cual constituye el primer acto de aplicación en su perjuicio de los artículos 6, fracción III, 18, párrafo segundo, y Octavo Transitorio, de la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca; donde se ordenó en dichas disposiciones que se le descuente y retenga del monto de su pensión, el importe equivalente al nueve por ciento (9%), correspondiente a las cuotas para constituir el Fondo de Pensiones. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO ***, por propio derecho, presentó un escrito el dieciséis de febrero de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, mediante el cual solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de las autoridades y por los actos que más adelante se precisarán. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes de los actos reclamados; y, expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. La demanda se turnó a este Juzgado de Distrito, el que mediante auto de diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, la admitió a trámite; se registró con el número 167/2021; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; se otorgó intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación; y, se señaló fecha para la audiencia constitucional. La audiencia constitucional tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto en el que se discute la constitucionalidad de diversas disposiciones de observancia general, cuyo acto de aplicación tiene ejecución dentro de la jurisdicción de este Juzgado. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues solo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada P. VI/2004, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En el caso, el contenido integral de la demanda de amparo permite sostener que la parte quejosa reclama de: a) El H. Congreso del Estado de Oaxaca; b) El Gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca; c) Secretario General de Gobierno del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; d) Integrantes del Consejo Directivo de la Oficina de Pensiones del Estado Oaxaca; y e) El Director General de la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca. De quienes reclama lo siguiente: a) Del H. Congreso del Estado de Libre y Soberano de Oaxaca, la discusión, aprobación y expedición del DECRETO número 885 por el cual se aprueba la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca, publicada en el Periódico Oficial del Estado el 28 de enero de 2012, en vigor a partir del 29 de enero siguiente, específicamente los artículos 6, FRACCIÓN III, 18, PÁRRAFO SEGUNDO, Y OCTAVO TRANSITORIO, QUE DISPONEN QUE QUIENES ADQUIERAN EL CARÁCTER DE JUBILADOS DEBER APORTAR EL 9% DE SU PENSIÓN PARA INCREMENTAR EL FONDO DE PENSIONES. b) Del Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca la promulgación del DECRETO número 885, por el que se aprueba la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca, publicada en el Periódico Oficial del Estado el 28 de enero de 2012, en vigor a partir del 29 de enero siguiente, específicamente los artículos 6, FRACCIÓN III, 18, PÁRRAFO SEGUNDO, Y OCTAVO TRANSITORIO, QUE DISPONEN QUE QUIENES ADQUIERAN EL CARÁCTER DE JUBILADOS DEBER APORTAR EL 9% DE SU PENSIÓN PARA INCREMENTAR EL FONDO DE PENSIONES. c) Del Secretario General de Gobierno del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, el refrendo que otorgó a la Ley que estimo inconstitucional en la parte de que me duelo. d) Del Consejo Directivo de la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca, la orden verbal o escrita que han dado para el efecto de que se apliquen en mi perjuicio, los artículos 6, FRACCIÓN III, 18, PÁRRAFO SEGUNDO Y OCTAVO TRANSITORIO, QUE DISPONEN QUE QUIENES ADQUIERAN EL CARÁCTER DE JUBILADOS DEBEN APORTAR EL 9% DE SU PENSIÓN PARA INCREMENTAR EL FONDO DE PENSIONES, de la Ley de Pensiones para fos Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca, publicada en el Periódico Oficial el 28 de enero de 2012, en vigor a partir del 29 de enero siguiente. e) Del Director General de la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca: El segundo o ulterior acto de aplicación de los artículos 6, FRACCIÓN III, 18, PÁRRAFO SEGUNDO Y OCTAVO TRANSITORIO de la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca, publicada en el Periódico Oficial el 28 de enero de 2012, en vigor a partir del 29 de enero siguiente, que han sido declarados inconstitucionales por Jurisprudencia, por los que me aplican el 9%, en el pago de la pensión mensual por jubilación, para incrementar el fondo de pensiones; El segundo o ulterior acto de aplicación de los artículos 6, FRACCIÓN III, 18, PÁRRAFO SEGUNDO Y OCTAVO TRANSITORIO de la ley relativa, actualizado en el pago de la pensión por jubilación del mes de FEBRERO de 2021, por el concepto "202 FDO. D PENSIONES" y en los subsecuentes; y La devolución de todos y cada uno los descuentos que se me han aplicado y sigan aplicando de forma inminente después de la formulación de la presente demanda, sustentada en las leyes de que me duelo y que han sido declaradas inconstitucionales. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO La existencia del Decreto 885 por el que se aprueba la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca resulta indiscutible porque se trata de un acto legislativo, cuya certeza no está sujeta a prueba en atención al principio de derecho reconocido por los numerales 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos de lo dispuesto por el precepto 2 de la Ley de Amparo. En apoyo de lo anterior se cita la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el epígrafe y la sinopsis siguiente: LEYES. NO SON OBJETO DE PRUEBA. El juzgador de amparo, sin necesidad de que se le ofrezca como prueba la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas, debe tomarla en consideración, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba. De igual forma se invoca por las razones que contiene la jurisprudencia 2a./J. 65/2000 sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal Constitucional de este País, que expone: PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo. Algo similar hay que decir con respecto al acto concreto de aplicación de los segmentos normativos combatidos. En el presente asunto quedó demostrado con la copia certificada del oficio **/**/****/****, que el trece diciembre de dos mil diecinueve, el Consejo Directivo de la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca ordenó a esta última dependencia que descontara al solicitante de la tutela constitucional el 9% de lo que recibe como pensión jubilatoria, con fundamento en lo estatuido por los ordinales 6, fracción III, 18, segundo párrafo, y Octavo Transitorio de la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca. Cabe precisar que tal instrumento fue exhibido por el justiciable y por el Director General de la citada Oficina de Pensiones, al cual se otorga valor probatorio pleno conforme a lo estatuido por el dispositivo 202 del código adjetivo civil federal. Ahora, debe precisarse que el Director General de la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca en su informe justificado señala que el acto que le fue atribuido resultaba cierto. La determinación anterior tiene respaldo en la jurisprudencia 278 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que expone: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. En conclusión, el análisis del oficio **/**/****/**** de dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve, denota plenamente la aplicación de los numerales 6, fracción III, 18, segundo párrafo, y Octavo Transitorio de la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca, porque esas disposiciones establecen la obligación de los jubilados de contribuir con una cuota equivalente al nueve por ciento de su pensión, importe que la Oficina de Pensiones local retendrá valiéndose del procedimiento regulado por el precepto 18 de ese ordenamiento y esa situación es justamente lo que en el presente asunto ocurrió. En cuanto a los descuentos posteriores que se realicen a la peticionaria de la protección constitucional en aplicación de las porciones normativas impugnadas debe señalarse que si bien se tratan de actos que aún no se han verificado, lo cierto es que tienen que ser catalogados como futuros inminentes, cuya existencia es indudable. En efecto, la certeza de la realización de esos actos inminentes estriba en que son una consecuencia necesaria de un acto concreto ya existente que afecta el universo jurídico de la disidente. Para clarificar lo anterior es necesario precisar que los pagos de las pensiones en la materia de seguridad social se caracterizan por ser actos de tracto sucesivo, es decir, que se configuran de momento a momento dado que su liquidación deriva de la cuantificación efectuada por la autoridad administrativa, donde se determina el monto que le corresponderá al beneficiario de manera periódica. Cabe destacar que los actos de tracto sucesivo son aquellos que se prolongan a lo largo del tiempo, es decir, existe la realización de acciones periódicas dirigidas a un solo fin; se caracterizan por tener unidad y no se agotan con el cese de uno de ellos, en razón de que se reiteran de manera que siguen produciendo sus efectos a futuro. De lo anterior se sigue que la afectación recaída a los descuentos mensuales efectuados a una pensión fundados en una o varias normas jurídicas integran actos de tracto sucesivo porque la conducta de la autoridad implica la materialización de no entregar el monto debido de la pensión de forma periódica y su descuento obedece directamente a un mandato legal, que hasta en tanto no se determine su inaplicación de la esfera jurídica de la parte quejosa sigue siendo de obligatorio acatamiento para la autoridad administrativa. En ese contexto, la certeza jurídica y, por tanto, la inminencia de los ulteriores descuentos reclamados estriba en que su realización se verificará con base en la legislación aplicable que mientras no sea declarada inválida debe continuar siendo el fundamento para realizar las liquidaciones periódicas correspondientes. Aún más al subsistir la resolución del Consejo Directivo de la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca donde se ordenó descontar a la solicitante de amparo el 9 % (nueve por ciento) de lo que recibe como pensión jubilatoria hay certeza de que la autoridad administrativa está obligada a realizar los descuentos subsecuentes; de ahí que es factible concluir que los ulteriores descuentos que se realicen a la justiciable en aplicación de los dispositivos impugnados son ciertos. Máxime que, la quejosa exhibe copia del talón de pago de pensión expedido a su favor por la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca, correspondiente al periodo del uno al veintiocho de febrero de dos mil veintiuno, emitido el treinta y uno de enero del mismo año, en el cual se aprecia la deducción con clave 202 "FDO. DE PENSIONES" por la cantidad de $1,192.50 (mil ciento noventa y dos pesos 50/100 moneda nacional); probanza que tiene valor probatorio indiciario pero suficiente por tratarse de la reproducción de un documento público, no objetado por la autoridad responsable, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197, 202, 210-A, del Código Federal de Procedimientos Civiles del Estado de Oaxaca, de aplicación supletoria a la ley de la materia. Las consideraciones anteriores tienen sustento en la jurisprudencia 2a./J. 139/2017 (10a.) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que informa: PENSIONES. PROCEDE OTORGAR EL AMPARO PROMOVIDO CONTRA LOS DESCUENTOS FUTUROS E INMINENTES EN APLICACIÓN DE UNA NORMA GENERAL DECLARADA INCONSTITUCIONAL POR JURISPRUDENCIA, SIEMPRE QUE SE HAYAN SEÑALADO COMO ACTOS RECLAMADOS. Cuando en un juicio de amparo indirecto se reclame un ulterior acto de aplicación consistente en un descuento efectuado al monto de una pensión de seguridad social fundado en un artículo declarado inconstitucional por jurisprudencia, los efectos de la protección constitucional únicamente deben consistir en que dicha ley no se aplique al caso concreto, sin poder extenderlos respecto de actos futuros, pues ello es propio del juicio de amparo contra normas generales. Sin embargo, cuando en la demanda de amparo se señalen como actos reclamados los descuentos subsecuentes a los realizados con anterioridad a su presentación o a su ampliación, es jurídicamente posible que los efectos del fallo protector comprendan a dichos descuentos futuros al monto periódico de la misma pensión por ser inminentes; por tanto, en ese caso debe concederse el amparo para el efecto de que se reintegren a la quejosa los descuentos señalados como actos reclamados, en los que se incluyen los subsecuentes hasta que se cumplimente la ejecutoria, así como para que ya no se realicen los posteriores descuentos al monto periódico de la misma pensión respecto de la cual se solicite el amparo. LEGITIMACIÓN ***, se encuentra legitimada para promover el presente juicio de amparo, en términos del numeral 6 de la Ley de Amparo, ya que con los actos de disenso reclamados, se le priva de recibir las cuotas por concepto de fondo de pensiones que le fueron descontadas de su sueldo mientras fungió como servidora pública adscrita al Gobierno del Estado de Oaxaca. VII. OPORTUNIDAD La oportunidad de la demanda -al igual que lo relativo a la existencia del acto y la procedencia del juicio- es uno de los presupuestos procesales que deben examinarse antes de estudiar el fondo del problema. En el caso concreto, la quejosa asegura que su demanda de amparo es oportuna, porque toma como punto de partida la fecha en que recibió el comprobante de pago de su pensión jubilatoria correspondiente al mes de febrero de dos mil veintiuno, esto es, el treinta y uno de enero de dos mil veintiuno. Hecha la precisión anterior, no se advierte de las constancias del expediente que **** hubiese conocido del ulterior acto de aplicación a partir del cual acude a esta instancia, en una fecha anterior a la que señala, por lo que deben aplicarse las reglas establecidas en el referido artículo 18 de la Ley de Amparo y tener como fecha a partir de la cual comenzó a correrle el plazo para promover su demanda, aquella en que asegura haberse hecho sabedora del acto combatido. En atención a lo anterior, el juicio de amparo fue promovido en tiempo por lo que respecta al acto reclamado en concreto, pues el plazo se computa a partir del día hábil siguiente al en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado, es decir, el dos de febrero de dos mil veintiuno, acorde al contenido del artículo 18 del citado ordenamiento. Así, el plazo de quince días que señala el artículo 17 de la Ley de Amparo transcurriría del martes dos al martes veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, sin contar en dicho cómputo los días cinco, seis, siete, trece, catorce, veinte y veintiuno de ese mes de conformidad con el artículo 19 de la citada ley reglamentaria. En tales condiciones, como la demanda de amparo fue presentada el dieciséis de febrero de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta localidad, su presentación se hizo en tiempo. VIII. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Previamente al estudio de los aspectos de fondo vinculados con la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, deben analizarse las causas de improcedencia por ser esa una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo, ya sea de oficio o bien a petición de parte, ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62, de la Ley de Amparo. Ahora, toda vez que las partes no hicieron valer causa de improcedencia alguna, ni advertirse, de oficio, la actualización de alguna de ellas, resulta procedente pronunciarse en relación con los motivos de inconformidad esgrimidos en el capítulo de conceptos de violación. IX. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Se aborda el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa contenidos en su escrito de demanda, mismos que se tienen por reproducidos en este considerando en obvio de repeticiones innecesarias; por no ordenar su transcripción precepto legal alguno, y no disponerlo así el artículo 74 de la Ley de Amparo, además de que con ello no se afectan las defensas de las partes. ESTUDIO DE FONDO Son fundados los conceptos de violación; es así porque, como lo aduce la parte quejosa, los artículos 6, fracción III, 18, párrafo segundo y octavo transitorio de la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca, publicada mediante Decreto Número 885 en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el veintiocho de enero de dos mil doce, conforme a los cuales, quienes adquieran el carácter de jubilados deben aportar el nueve por ciento de su pensión para incrementar el fondo de pensiones, desatienden los artículos 26, punto 3 y 67, inciso b), del Convenio Número 102 de la Organización Internacional del Trabajo, relativo a la Norma Mínima de la Seguridad Social, los cuales autorizan dos casos de afectación: a) en el supuesto de prestaciones de vejez, se suspende cuando se ejerzan actividades remuneradas o se reduce cuando las ganancias del beneficiario excedan de un valor prescrito; y, b) respecto de pagos periódicos, se reduce en la medida en que los demás recursos de la familia del beneficiario excedan de sumas apreciables fijadas por las autoridades competentes, de conformidad con reglas prescritas, son inconstitucionales e inconvencionales. Lo anterior, porque si bien es cierto que la norma internacional, en su dimensión caracterizada como derecho humano a la seguridad social, autoriza la fijación de dichos topes, también lo es que la cuota regulada por el legislador local no encuadra en las hipótesis permitidas señaladas, ya que se traduce en un descuento indebido del monto de la pensión jubilatoria, encaminado a constituir el fondo monetario con el que se cubrirá ésta. Asimismo, violan el derecho humano a la igualdad, al dejar de tomar en cuenta que el jubilado ya aportó cuotas durante su vida laboral para gozar del beneficio respectivo y, por ende, se le da el trato de trabajador en activo. Lo anterior, lo determinó el Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa de este Décimo Tercer Circuito, en la jurisprudencia XIII.T.A. J/2 (10a.) del visible en la página 2512, del Libro 11, Octubre de 2014, Tomo III, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice lo siguiente: PENSIONES PARA LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA. LOS ARTÍCULOS 6, FRACCIÓN III, 18, PÁRRAFO SEGUNDO Y OCTAVO TRANSITORIO DE LA LEY RELATIVA, QUE DISPONEN QUE QUIENES ADQUIERAN EL CARÁCTER DE JUBILADOS DEBEN APORTAR EL 9% DE SU PENSIÓN PARA INCREMENTAR EL FONDO RESPECTIVO, SON INCONVENCIONALES E INCONSTITUCIONALES, AL DESATENDER LOS ARTÍCULOS 26, NUMERAL 3 Y 67, INCISO B), DEL CONVENIO NÚMERO 102 DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO Y VIOLAR EL DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD. Los artículos 6, fracción III, 18, párrafo segundo y octavo transitorio de la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca, publicada mediante Decreto Número 885 en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el 28 de enero de 2012, conforme a los cuales, quienes adquieran el carácter de jubilados deben aportar el 9% de su pensión para incrementar el fondo de pensiones, desatienden los artículos 26, punto 3 y 67, inciso b), del Convenio Número 102 de la Organización Internacional del Trabajo, relativo a la Norma Mínima de la Seguridad Social, los cuales autorizan dos casos de afectación: a) en el supuesto de prestaciones de vejez, se suspende cuando se ejerzan actividades remuneradas o se reduce cuando las ganancias del beneficiario excedan de un valor prescrito; y, b) respecto de pagos periódicos, se reduce en la medida en que los demás recursos de la familia del beneficiario excedan de sumas apreciables fijadas por las autoridades competentes, de conformidad con reglas prescritas. Lo anterior, porque si bien es cierto que la norma internacional, en su dimensión caracterizada como derecho humano a la seguridad social, autoriza la fijación de dichos topes, también lo es que la cuota regulada por el legislador local no encuadra en las hipótesis permitidas señaladas, ya que se traduce en un descuento indebido del monto de la pensión jubilatoria, encaminado a constituir el fondo monetario con el que se cubrirá ésta, por lo cual los preceptos indicados son inconvencionales. Asimismo, violan el derecho humano a la igualdad, al dejar de tomar en cuenta que el jubilado ya aportó cuotas durante su vida laboral para gozar del beneficio respectivo y, por ende, se le da el trato de trabajador en activo. Criterio de aplicación obligatoria para este Juzgado, con fundamento en el artículo 217, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, que dispone: Artículo 217. (.) [...] La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de los demás tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Además, en el informe justificado las responsables admitieron la certeza de los actos reclamados y reconocieron lo manifestado por la parte quejosa, esto es, que se ha ordenado y realizado el descuento por el concepto en cita, con fundamento en los ordinales declarados inconstitucionales e inconvencionales en la jurisprudencia de referencia, fundamento que restringe el derecho patrimonial de la agraviada a percibir íntegramente la pensión por jubilación, por las consideraciones de inconvencionalidad e inconstitucionalidad analizadas por el órgano colegiado emisor de la multicitada jurisprudencia. En ese sentido, la solicitante del amparo acreditó que la responsable ordenó realizar el descuento de la pensión por jubilación en el acuerdo de trece de diciembre de dos mil diecinueve en que se autorizó su pensión por jubilación, en el que: "CUARTO.- .se ordena que la Oficina de Pensiones, del importe del monto de su pensión por jubilación, le descuente el 9% por concepto de cuota al Fondo de Pensiones, por ser lo que jurídicamente corresponde" y que actualmente, como acto de posterior aplicación, se le está descontando en esa proporción el monto de la pensión decretada a su favor. DECISIÓN En tales condiciones, con fundamento en los artículos 74, fracción V, y 77, fracción II, de la Ley de Amparo, la violación a los derechos fundamentales de la parte quejosa precisados en el considerando que antecede se traducen en la concesión del amparo solicitado, en contra de las normas declaradas inconstitucionales e inconvencionales a través del acuerdo de aprobación de la pensión por jubilación de la quejosa. Por lo tanto, a fin de restituir a la solicitante del amparo en el goce de sus derechos, la autoridad responsable Director General de la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca por sí y como apoderado legal del Consejo Directivo de la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca, una vez que cause ejecutoria esta sentencia, deberá realizar lo siguiente: Abstenerse de aplicar a la quejosa los artículos 6, fracción III, 18, párrafo segundo y octavo transitorio de la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca, en lo concerniente al descuento a la pensión por jubilación de la solicitante del amparo con base en los numerales declarados inconstitucionales e inconvencionales en comento; Abstenerse de aplicar en el futuro los descuentos previstos en los artículos declarados inconstitucionales; y En el supuesto de que se hayan realizado descuentos a la quejosa, devuelva íntegramente y en una sola exhibición dichos descuentos a Josefina Guerrero Martínez. En la inteligencia que de haber realizado dichos descuentos, deberá devolver únicamente los que hayan sido retenidos a partir de la fecha en la que se presentó la demanda, a saber, dieciséis de febrero de dos mil veintiuno. Lo anterior, tiene sustento en el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ya determinó sobre el tema del reclamo de descuento de pensiones, en el sentido de que cuando en la demanda de amparo se señalen como actos reclamados los descuentos subsecuentes a los efectuados con anterioridad a la presentación de la demanda, fundados en preceptos declarados inconstitucionales por jurisprudencia, se debe conceder la protección constitucional para el efecto de que se reintegren a la parte quejosa los descuentos ya efectuados señalados como acto de aplicación, aun cuando sean posteriores a la presentación de la demanda o su ampliación, así como para que ya no se realicen descuentos posteriores a la pensión respecto de la cual se solicitó el amparo. En dicha resolución, la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal expresó que, cuando en un juicio de amparo indirecto se reclame un ulterior acto de aplicación consistente en un descuento efectuado al monto de una pensión de seguridad social, fundado en un artículo declarado inconstitucional por jurisprudencia, los efectos del amparo únicamente deben consistir en que dicha ley no se aplique al caso concreto, sin poder comprender la inaplicación de la norma respecto de actos futuros cuando no fueron objeto de reclamo, pues ello es propio del juicio de amparo contra leyes. Pero que, sin embargo, cuando en la demanda de amparo se señalen expresamente como actos reclamados los descuentos subsecuentes a los ya efectuados al momento de la presentación de la demanda, sí procede conceder el amparo contra ellos, al ser inminentes, pues existe certeza de su realización al ser actos de tracto sucesivo, cuya materialización se configura en cada periodo en el que se debe efectuar el pago correspondiente, el cual debe seguir fundándose en la norma general que no ha sido inaplicada de la esfera jurídica de la parte quejosa. Por tanto, al ya haber quedado definido por la Superioridad, los efectos de la concesión del amparo cuando como en la especie, se señalen expresamente como actos reclamados los descuentos subsecuentes a los ya efectuados al momento de la presentación de la demanda, por ser inminentes, ello conlleva a establecerlos en los términos antes apuntados. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 139/2017, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de Nación, publicada el viernes veintisiete de octubre de dos mil diecisiete, Décima Época, Semanario Judicial de la Federación, con registro 2015378, bajo el rubro y texto siguientes: PENSIONES. PROCEDE OTORGAR EL AMPARO PROMOVIDO CONTRA LOS DESCUENTOS FUTUROS E INMINENTES EN APLICACIÓN DE UNA NORMA GENERAL DECLARADA INCONSTITUCIONAL POR JURISPRUDENCIA, SIEMPRE QUE SE HAYAN SEÑALADO COMO ACTOS RECLAMADOS. Cuando en un juicio de amparo indirecto se reclame un ulterior acto de aplicación consistente en un descuento efectuado al monto de una pensión de seguridad social fundado en un artículo declarado inconstitucional por jurisprudencia, los efectos de la protección constitucional únicamente deben consistir en que dicha ley no se aplique al caso concreto, sin poder extenderlos respecto de actos futuros, pues ello es propio del juicio de amparo contra normas generales. Sin embargo, cuando en la demanda de amparo se señalen como actos reclamados los descuentos subsecuentes a los realizados con anterioridad a su presentación o a su ampliación, es jurídicamente posible que los efectos del fallo protector comprendan a dichos descuentos futuros al monto periódico de la misma pensión por ser inminentes; por tanto, en ese caso debe concederse el amparo para el efecto de que se reintegren a la quejosa los descuentos señalados como actos reclamados, en los que se incluyen los subsecuentes hasta que se cumplimente la ejecutoria, así como para que ya no se realicen los posteriores descuentos al monto periódico de la misma pensión respecto de la cual se solicite el amparo Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 1º, fracción I, 73, 74, 75 y 124, de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ****, contra los actos que reclamó de las autoridades responsables por los argumentos indicados en el apartado X. La concesión del amparo es para los efectos precisados en el último apartado. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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