Josefina Catalina Cruz Cortes

Expediente 344/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 5 actuaciones registradas, la última del 23 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
344/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
23/05/2022

Partes del expediente

  • Josefina Catalina Cruz Cortes

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos se advierte que ha trascurrido el plazo de diez días previsto por el ordinal 86 de la Ley de Amparo para que el inconforme interpusiera el recurso de revisión en contra de la sentencia en donde se sobreseyó en este juicio constitucional, sin que el disidente haya impugnado esa resolución a través del citado mecanismo de defensa; en razón de lo anterior, con fundamento en lo estatuido por los normativos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que el fallo dictado en este asunto ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado por los ordinales 9, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este juicio constitucional como concluido. Se estima que este juicio de amparo carece de relevancia documental, porque el acto que se reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido, entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o bien, se haya establecido jurisprudencia por los Plenos de Circuito. En otro punto, dado que no existen documentos considerados como originales en términos de lo señalado por el precepto 3, fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales y como se sobreseyó en este juicio de amparo en términos de lo establecido por los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del propio acuerdo, este asunto encuadra en la hipótesis prevista por el inciso a) del numeral 21 del acuerdo de observancia general invocado; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en la que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la destrucción de este cuaderno. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.

  2. Principal

    S E N T E N C I A Mediante la cual se resuelve el juicio de amparo indirecto 344/2022 promovido por ***, en contra de los actos de la autoridad que más adelante se precisarán. I. ANTECEDENTES En este asunto consta que mediante escrito presentado el dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, ante el Juzgado Séptimo Familiar y conclusión de asuntos del Sexto Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, Josefina Catalina Ruiz Cortés solicitó que se remitieran los autos del juicio sumario civil 23/2019 a la Oficialía de Partes común del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca para que se turnara a la Sala Civil respectiva el recurso de apelación que interpuso. Por auto de veintiocho de febrero de dos mil veintidós, la autoridad judicial dispuso la remisión de los autos del citado contradictorio a la Oficialía de Partes Común del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca para que se turnara a la Sala Civil correspondiente el medio de impugnación que la justiciable interpuso y se avocara a su conocimiento; además, proveyó el ocurso que la inconforme presentó y señaló que debía estarse a esa determinación. El Actuario Judicial adscrito al Juzgado Séptimo Familiar y conclusión de asuntos del Sexto Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, notificó a las partes el acuerdo descrito el veintinueve de marzo pasado. La justiciable aduce que los actos impugnados a la autoridad judicial responsable vulneran en su perjuicio los derechos fundamentales reconocidos por los artículos 8 y 17 de la Constitución General de la República. II. TRÁMITE Josefina Catalina Ruiz Cortés, promovió juicio de amparo indirecto mediante escrito presentado el veintiocho de marzo de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca en contra de los actos reclamados y la autoridad que posteriormente se precisarán. Por acuerdo de veintinueve de marzo pasado, este órgano jurisdiccional a quien por razón de turno correspondió conocer del asunto admitió a trámite la demanda, la cual registró bajo el expediente 344/2022; solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; dio la intervención que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia de ley. La audiencia constitucional se llevó a cabo en esta data en los términos del acta que antecede. III. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de lo señalado por los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como por el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto en el que se reclaman unos actos atribuidos a una autoridad que tiene su residencia en el territorio donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. IV. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS El numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Esa obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte del Máximo Tribunal del País, quien ha establecido que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad y que cuando ello resulta insuficiente los Juzgadores de amparo deben armonizar además los datos que emanen del escrito inicial en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el Juez de amparo al fijar los actos reclamados debe atender a lo que el quejoso quiso decir y no únicamente a lo que en apariencia dijo porque sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. En el caso concreto, el contenido integral de la demanda de amparo, así como los datos y la información que se desprenden del expediente en el que se instrumenta este sumario da pauta a establecer que la inconforme reclama los actos siguientes: Del Juzgado Séptimo Familiar y conclusión de asuntos del Sexto Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, combate: La omisión de dictar el acuerdo que corresponda a su escrito presentado el dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, en el que solicitó que se remitieran los autos del juicio sumario civil 23/2019 a la Oficialía de Partes común del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca para que se turnara a la Sala Civil respectiva el recurso de apelación que interpuso. La omisión de notificar el proveído que recayó a su promoción. V. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS IMPUGNADOS No son ciertos los actos atribuidos al Juzgado Séptimo Familiar y conclusión de asuntos del Sexto Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, porque la citada autoridad en su informe justificado negó la existencia de esas actuaciones, sin que la parte quejosa desvirtuara tal negativa, porque no ofreció algún medio de convicción en el presente sumario con ese propósito. Además, la inexistencia de ese acto se desprende de las copias certificadas de las diversas actuaciones del juicio sumario civil 23/2019, que la mencionada responsable remitió en apoyo de su informe justificado, a las cuales se otorga valor probatorio pleno, conforme a lo dispuesto por los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de lo establecido por su arábigo 2. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 226 sustentada por el Pleno del Alto Tribunal de la Nación, de contenido siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." En efecto, de las actuaciones que obran en el juicio de origen se advierten los aspectos siguientes: A través del escrito presentado el dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, ante el Juzgado Séptimo Familiar y conclusión de asuntos del Sexto Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, Josefina Catalina Ruiz Cortés solicitó que se remitieran los autos del juicio sumario civil 23/2019 a la Oficialía de Partes común del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca para que se turnara a la Sala Civil respectiva el recurso de apelación que interpuso. Por auto de veintiocho de febrero de dos mil veintidós, la autoridad judicial dispuso la remisión de los autos del citado contradictorio a la Oficialía de Partes Común del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca para que se turnara a la Sala Civil correspondiente el medio de impugnación que la justiciable interpuso y se avocara a su conocimiento; además, proveyó el ocurso que la inconforme presentó y señaló que debía estarse a esa determinación. El Actuario Judicial adscrito al Juzgado Séptimo Familiar y conclusión de asuntos del Sexto Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, notificó a las partes el acuerdo descrito el veintinueve de marzo pasado. Lo anterior revela que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo, la omisión de dictar el acuerdo que correspondía al libelo que la justiciable presentó el dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, no existía. En efecto, se considera que al veintiocho de marzo pasado -data en la que se presentó el escrito inicial-, no existía la omisión de acordar el ocurso que la disidente presentó el dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, porque como se estableció el Juzgado Séptimo Familiar y conclusión de asuntos del Sexto Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, en el auto de veintiocho de febrero de dos mil veintidós, dispuso la remisión de los autos del citado contradictorio a la Oficialía de Partes Común del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca para que se turnara a la Sala Civil correspondiente el medio de impugnación que la justiciable interpuso y se avocara a su conocimiento; además, proveyó el ocurso que la inconforme presentó y señaló que debía estarse a esa determinación, por lo que ese proveído se dictó al menos un mes antes de la promoción de este juicio constitucional. Lo expuesto evidencia que a la fecha en la que la justiciable presentó su demanda de amparo, el órgano jurisdiccional responsable ya había acordado la promoción que la disidente presentó el dieciocho de octubre de dos mil veintiuno. Tal situación pone de relieve que a la data en la que la disconforme promovió el juicio constitucional, la autoridad judicial responsable ya se había pronunciado respecto de su escrito que presentó en el contradictorio de origen, cuya omisión ataca. Ahora, es necesario traer a contexto el contenido de los ordinales 1, fracción I, 63, fracción IV, y 75, primer párrafo, de la Ley de Amparo, los cuales señalan: "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]" "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y [.]" "Artículo 75. En las sentencias que se dicten en los juicios de amparo el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable. No se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad. [.]" El segmento normativo transcrito en primer orden establece que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, es decir, el precepto invocado hace referencia a actos existentes, no probables o eventuales, conclusión que se corrobora con lo dispuesto por el diverso 75 de la citada legislación al establecer que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo el acto reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad responsable. Luego, si se analiza el arábigo 63, fracción IV, de la ley de la materia en relación con los diversos que fueron insertos es factible concluir que cuando se trata de actos reclamados de carácter positivo o negativo su existencia o certeza debe analizarse en atención a la fecha en la que se presentó la demanda de amparo, porque dicho precepto no distingue la materia en la que se haya originado el acto impugnado ni la naturaleza de éste. Lo expuesto se justifica porque la parte quejosa al presentar su escrito inicial pretende obtener la reparación constitucional a que se refiere el dispositivo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución en el pleno goce del derecho humano violado mediante el restablecimiento de las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir lo que esa prerrogativa exija y no prevenir actos que en lo futuro pudieran generar esa afectación, como podría suceder en la hipótesis en la que el perjuicio no exista al momento de ejercer la acción de amparo, sino que se produjera durante la tramitación del juicio biinstancial, lo cual es inadmisible jurídicamente, porque esa situación generaría la posibilidad de permitir el ejercicio de la acción de control constitucional apoyada en expectativas y no en contra de actos u omisiones concretas que sean existentes. Por tanto, si a la fecha de la presentación de la demanda de amparo, la omisión de dictar el acuerdo que correspondía al escrito que la justiciable presentó el dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, era inexistente es indudable que se actualiza la hipótesis establecida por el dispositivo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. En respaldo de lo anterior se cita la jurisprudencia 2a./J. 3/94 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que expone: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." También cobra vigencia la jurisprudencia 284 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Igualmente, fortalece lo expuesto la tesis aislada VI.2o.A.4 K sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, que informa: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean 'necesarias para apoyar dicho informe', en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." En otro punto, para evidenciar la inexistencia de la diversa omisión reclamada es necesario señalar que de la interpretación sistemática de los arábigos 63, fracción IV, 117 y 124 de la Ley de Amparo se desprende que lo expuesto por la entidad responsable en su informe justificado por sí no es determinante en todos los juicios de amparo de la certeza de los actos combatidos -máxime si son de naturaleza omisiva, como en la especie sucede-, sino que esa circunstancia dependerá, en su caso, de lo que las partes demuestren en la secuela procesal a través de los medios de prueba ordinarios reconocidos por la ley, o bien, de la apreciación que el Tribunal de amparo pueda llevar a cabo de las constancias del expediente en el que se instrumenta el juicio constitucional. En ese sentido, es indispensable precisar el concepto de "omisión" porque no todo "no hacer" por parte de una autoridad constituye un acto omisivo, esto es, para que exista una conducta calificada jurídicamente como "omisión" no basta con hacer referencia al curso de una actuación humana (un no hacer o una abstención), sino que se requiere de un elemento normativo previo que haga previsible el actuar que no se llevó a cabo, ya que sin duda sólo se omite algo en el contexto en que es relevante una actuación determinada, dado que existe una obligación que así lo indica; en suma, omitir no es un mero "no actuar", sino un no actuar conforme la ley obliga. Desde esa perspectiva, para que exista una omisión (como conducta, aunque negativa, cualificada por el derecho) se deben reunir dos elementos, a saber: 33.1. Un elemento deóntico, el cual consiste en una obligación de hacer a cargo del sujeto de derecho a quien se imputa el acto omisivo impuesta por una norma jurídica, ya sea por una ley (regla de conducta general, abstracta e impersonal) o por una resolución judicial o administrativa (regla de conducta particular, concreta y personal); y, 33.2. Un elemento óntico o fáctico, relativo a una conducta pasiva ante esa obligación, esto es, un no hacer. Con base en la diferencia entre omisión y no hacer debe destacarse que para verificar la certeza del acto omisivo combatido es necesario examinar si las autoridades de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca a la cual se atribuye esa conducta se encontraban constreñidas a actuar en el sentido indicado por la parte quejosa, ya sea por la existencia de alguna norma que así lo disponga, o bien, por una resolución judicial o administrativa que así lo ordene. Las consideraciones anteriores tienen respaldo en la tesis aislada 1a. XXIV/98 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que informa: "ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA. PARA ESTAR EN APTITUD DE PRECISAR SU CERTEZA O FALSEDAD, DEBE ACUDIRSE EN PRINCIPIO A LAS NORMAS LEGALES QUE PREVÉN LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD PARA DETERMINAR SI EXISTE O NO LA OBLIGACIÓN DE ACTUAR EN EL SENTIDO QUE INDICA EL QUEJOSO. Para que se actualice la omisión en que incurre una autoridad debe existir previamente la obligación correlativa, conforme lo dispongan las normas legales; por tanto, un acto omisivo atribuido a la autoridad, como puede ser que el presidente de la República, no haya sancionado un acuerdo expedido por un secretario de Estado, independientemente de las afirmaciones de la quejosa y las manifestaciones de la responsable, será cierto o inexistente, en función de las obligaciones y facultades constitucionales que ineludiblemente está constreñida a realizar, sea en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, o bien, en forma aislada y espontánea sin que tenga como presupuesto una condición; y no simplemente por el solo hecho de incurrir en la omisión por sí misma con criterios subjetivos. En estas circunstancias, para estar en aptitud de precisar la certeza o falsedad de un acto de naturaleza omisiva cuando se le imputa a determinada autoridad, debe acudirse en principio a las normas legales que prevén su competencia para verificar si en realidad está obligada a realizar esa conducta, es decir, antes de pronunciarse sobre una posible omisión es necesario identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la quejosa indica, porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta soslayando la exigencia objetiva de que se debe obrar en determinado sentido, que después de todo puede servir como referencia para iniciar el análisis de certeza de actos." Enseguida, es necesario examinar si la autoridad judicial responsable conforme a alguna norma jurídica se encontraban obligada a actuar en el sentido indicado por la solicitante de la protección constitucional, es decir, si acorde con las facultades y las obligaciones que ineludiblemente está constreñida a realizar tenía el deber de notificar el acuerdo de veintiocho de febrero de dos mil veintidós, que recayó a la promoción que la disidente presentó el dieciocho de octubre de dos mil veintiuno. En tal sentido, es necesario traer a contexto el contenido del numeral 132, fracción IV, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, el cual establece lo siguiente: "Artículo 132. Independientemente de las obligaciones generales de toda servidora o servidor público señaladas en el artículo que antecede, también constituirán faltas administrativas en ejercicio de su cargo o comisión, las siguientes: [.] IV. De las ejecutoras, ejecutores, actuarias o actuarios judiciales: a) No hacer con la debida oportunidad y sin causa justificada, las notificaciones personales, ni llevar a cabo las diligencias de sus atribuciones, cuando deban efectuarse fuera del juzgado o tribunal; [.]" De la norma inserta se desprende, en lo que interesa, que a las ejecutoras, ejecutores, actuarias o actuarios judiciales corresponde realizar las notificaciones a las partes y llevar a cabo las diligencias relativas, sin que de esa disposición ni de alguna otra se desprenda que corresponde a un Juez de primera instancia comunicar procesalmente las determinaciones que dicte en los asuntos sometidos a su conocimiento. En el caso, se advierte que la justiciable reprocha al órgano jurisdiccional responsable la omisión de notificar el acuerdo de veintiocho de febrero de dos mil veintidós, que recayó a la promoción que presentó el dieciocho de octubre de dos mil veintiuno; empero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Oaxaca ni de la legislación procesal civil local aplicable al juicio de donde emana el acto reclamado y tampoco de algún otro ordenamiento se advierte que esa autoridad tenga el deber de comunicar procesalmente las resoluciones judiciales que dicte en los asuntos sometidos a su consideración. Lo anterior pone de relieve que la omisión combatida no puede ser reprochada a la autoridad judicial responsable. En razón de lo anterior, se actualiza el supuesto establecido por el arábigo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo ante la inexistencia de los actos atribuidos al órgano jurisdiccional responsable. VI. DECISIÓN En consecuencia, con fundamento en lo prescrito por el arábigo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo se decreta el sobreseimiento en el presente juicio constitucional en cuanto a los actos combatidos al Juzgado Séptimo Familiar y conclusión de asuntos del Sexto Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, consistentes en las omisiones de dictar el acuerdo que corresponda al escrito que la inconforme presentó el dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, en el que solicitó que se remitieran los autos del juicio sumario civil 23/2019 a la Oficialía de Partes común del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca para que se turnara a la Sala Civil respectiva el recurso de apelación que interpuso y de notificar el proveído que recayó a su promoción, dada su inexistencia. Por lo expuesto y fundado se RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ***, en contra de los actos reclamados a la autoridad responsable, por las consideraciones expuestas en el apartado V de esta sentencia. Notifíquese.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de abril de dos mil veintidós. Agréguense las documentales señaladas en la nota de cuenta al expediente en el que se actúa para que surtan los efectos legales correspondientes. Ahora bien, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo téngase al Juzgado Séptimo Familiar y conclusión de asuntos del Sexto Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, por rendido su informe justificado y por anunciadas las documentales que exhibe, sin perjuicio de relacionarlas al celebrarse la audiencia constitucional en términos de lo señalado por los normativos 123 y 124 de la citada legislación; en consecuencia, dese vista a las demás partes con el contenido de esos instrumentos para su conocimiento. Precisa señalar que para la consulta de las constancias indicadas en las instalaciones que albergan a este Tribunal es necesario que las partes obtengan una cita previamente, la cual podrá programarse en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación en el micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", en particular en el sistema "Agenda OJ", en donde aparecerán las fechas y los horarios disponibles en este órgano jurisdiccional para la generación de citas para consultar expedientes y el desahogo de comparecencias o requerimientos, que deberán llevarse en términos de lo dispuesto por los numerales 3, 4, 5, 6, 7 y 8 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, en concordancia con el artículo único del diverso Acuerdo General 1/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, en relación con el periodo de vigencia. Notifíquese.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de abril de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos se advierte que está transcurriendo el plazo de quince días previsto por el ordinal 117, primer párrafo, de la Ley de Amparo para que la autoridad responsable Juez Séptimo Familiar y Conclusión de Asuntos del Sexto Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, rinda su informe justificado, por lo que esa situación impide la celebración de la audiencia constitucional. En razón de lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para hoy, fijándose como nueva fecha y hora para su celebración, a las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese.

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