Josefina Guadalupe Rodriguez Ramirez
Expediente 774/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 774/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 30/11/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California · Baja California
Partes del expediente
- Josefina Guadalupe Rodriguez Ramirez
Actuaciones
- Principal
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A TREINTA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. QUEDA FIRME DESECHAMIENTO Vista la certificación de cuenta, así como el estado que guardan los presentes, se advierte que a la fecha ninguna de las partes interpuso recurso de queja contra el auto dictado por este juzgado, el doce de noviembre de dos mil dieciocho, en el cual se desechó de plano la demanda de amparo promovida por JOSEFINA GUADALUPE RODRÍGUEZ RAMÍREZ; en consecuencia, se declara que HA QUEDADO FIRME dicho auto, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98, primer párrafo de la Ley de Amparo. CALIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE JUDICIAL En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y los lineamientos del Manual relativo. Se hace la indicación que el presente cuaderno es susceptible de depuración, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción IV, último párrafo del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo, al ser un juicio de amparo desechado en el que no existen documentos originales que haya exhibido por la parte quejosa. Atento a lo previsto por el punto décimo cuarto del Acuerdo General de trato, en concordancia con la observación contenida en la página 51 de su Manual, deberá transferirse el presente expediente, al Centro de Documentación y Análisis. Además, carece de relevancia documental en términos del último párrafo del citado punto, en atención a que en la litis constitucional no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; no se analizaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni relativos al patrimonio histórico, arqueológico o artístico; aunado a que el sentido del fallo no tuvo especial trascendencia jurídica, política, social o económica en la vida del país; ni al prudente arbitrio de este juzgador lo amerita [por causa del personaje involucrado]. ARCHIVO DEFINITIVO Y CAPTURA EN LIBROS DE GOBIERNO Y SISE Háganse las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno de este Juzgado, notifíquese a las partes en el juicio, y archívense las actuaciones como asunto totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo. Asimismo, en cumplimiento al Manual antedicho anótese en el antedicho libro de gobierno, esta fecha en que se ordena el archivo; de igual manera, una vez que se realice la depuración o destrucción ordenada, anótese la fecha en que se practique la diligencia, ya sea que la realice este órgano jurisdiccional, o la fecha que informe al respecto el Centro de Documentación y Análisis, relativo al destino final del presente expediente. Hágase la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias. NOTIFÍQUESE.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27, FRACCION I, INCISO C), Y 29 AMBOS DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE DOCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, Y QUE EN LO CONDUCENTE DICE: MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A DOCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. SE AGREGA ESCRITO ACLARATORIO Vista el escrito de cuenta signado por Josefina Guadalupe Rodríguez Ramírez y siete copias del mismo, mediante el cual pretende dar cumplimiento a lo requerido en proveído de seis de noviembre del año en curso. ANÁLISIS DEL ESCRITO DE DEMANDA DE AMPARO Y ESCRITO ACLARATORIO Ahora bien, una vez realizado un análisis integral de la demanda de amparo y del escrito aclaratorio, el suscrito advierte una causal de improcedencia, por lo que procede el des echamiento de la misma. De acuerdo con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar la demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, tomando en cuenta que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa. Orienta lo anterior, la jurisprudencia I.1º.A.J./4 del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, del siguiente epígrafe: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." En ese contexto, primeramente es necesario dejar por sentado que los actos reclamados precisados en el escrito aclaratorio la parte quejosa lo hizo consistir: a) Se reclama de la autoridad responsable Titular del Órgano Interno de Control del ISSSTE el haber permitido que se dictara Resolución Administrativa sin haber desahogado las pruebas y sin haber cumplido con el principio del debido proceso y defensa adecuada. Se reclama de la responsable Titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control del ISSSTE el haber dictado y emitido la Resolución Administrativa sin haber desahogado las pruebas y sin haber cumplido con el principio del debido proceso y defensa adecuada. Se reclama de la responsable Ejecutora la notificación de la resolución administrativa que pretenden hacer al quejoso, sin cumplir con los principios del debido proceso y defensa adecuada." DESECHA DEMANDA DE AMPARO Con relación al citado acto reclamado, este órgano de control constitucional estima, procedente desechar la demanda de amparo, toda vez que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, y a efecto de evidenciar tal aserto, se reproduce el contenido de dicho dispositivo, el cual establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia." Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;" De la citada hipótesis normativa, se desprende que cuando exista un medio ordinario de defensa por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado el acto que se reclama y que conforme a las leyes que lo rijan proceda la suspensión de los efectos de dicho acto, sin exigir mayores requisitos de los requeridos por el medio ordinario de defensa, se surte la causa de improcedencia prevista en el mismo. Ello responde a la naturaleza jurídica del juicio de amparo como medio extraordinario y supremo de defensa y protección de los derechos humanos de los gobernados, por lo que antes de promoverlo el particular debe agotar todos aquellos medios ordinarios de invalidación del acto reclamado legalmente establecidos, a fin de evitar el abuso de la acción de amparo, pretendiendo el constituyente permanente que su promoción y la consecuente activación del control constitucional encomendado a los tribunales integrantes del Poder Judicial de la Federación sólo acontezca cuando el acto autoritario impugnado posea el carácter de definitivo según la ley que lo rija, destacando que dicho principio no opera de manera absoluta; por el contrario, admite excepciones constitucionales, legales y aquellas que son producto de la interpretación efectuada por los órganos legalmente facultados para hacerlo. En ese orden de ideas, el artículo 3°, fracción XVI, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, dispone: "Artículo 3. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: [.]" XVI. Las resoluciones definitivas por las que se impongan sanciones administrativas a los servidores públicos en términos de la legislación aplicable, así como contra las que decidan los recursos administrativos previstos en dichos ordenamientos, además de los órganos constitucionales autónomos; [.]." En ese sentido, es importante destacar que la fracción XVI del artículo 3° de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, prevé que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas por las que se impongan sanciones administrativas a los servidores públicos en términos de la legislación aplicable Ahora, en el caso particular se reclama en esencia la resolución dictada en el expediente PAR-688/2014, por el Titular del Órgano Interno de Control del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, así como diversos actos intraprocesales, tendientes al dictado de la citada resolución. Consecuentemente, resulta procedente el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en términos del artículo 3, fracción XVI, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, al resultar un medio de defensa idóneo y válido para impugnar los actos que aquí se reclaman, pues a través del mismo se puede lograr su modificación, revocación. Sin que en el caso, se esté en uno de los supuestos de excepción, toda vez que la Ley Federal de Procedimiento Administrativa, que regulan la institución jurídica de la suspensión en el juicio de nulidad, no exige mayores requisitos que los consignados por la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva. Ello es así, porque conforme a lo establecido en los preceptos legales 2° y 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en el que, este último precepto legal no establece mayores requisitos que la Ley de Amparo para conceder la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado, los cuales para mayor comprensión se transcriben: "ARTÍCULO 2o.- El juicio contencioso administrativo federal, procede contra las resoluciones administrativas definitivas que establece la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Asimismo, procede dicho juicio contra los actos administrativos, Decretos y Acuerdos de carácter general, diversos a los Reglamentos, cuando sean autos aplicativos o cuando el interesado los controvierta en unión del primer acto de aplicación. Las autoridades de la Administración Pública Federal, tendrán acción para controvertir una resolución administrativa favorable a un particular cuando estime que es contraria a la ley." "ARTÍCULO 28.- La solicitud de suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado, presentado por el actor o su representante legal, se tramitará y resolverá, de conformidad con las reglas siguientes: I. Se concederá siempre que: a) No se afecte el interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público, y b) Sean de difícil reparación los daños o perjuicios que se causen al solicitante con la ejecución del acto impugnado. II. Para el otorgamiento de la suspensión deberán satisfacerse los siguientes requisitos: a) Tratándose de la suspensión de actos de determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones, aprovechamientos y otros créditos fiscales, se concederá la suspensión, la que surtirá sus efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables. Al otorgar la suspensión, se podrá reducir el monto de la garantía, en los siguientes casos: 1. Si el monto de los créditos excediere la capacidad económica del solicitante, y 2. Si se tratara de tercero distinto al sujeto obligado de manera directa o solidaria al pago del crédito. b) En los casos en que la suspensión pudiera causar daños o perjuicios a terceros, se concederá si el solicitante otorga garantía bastante para reparar el daño o indemnizar el perjuicio que con ella se cause, si éste no obtiene sentencia favorable. En caso de afectaciones no estimables en dinero, de proceder la suspensión, se fijará discrecionalmente el importe de la garantía. c) En los demás casos, se concederá determinando la situación en que habrán de quedar las cosas, así como las medidas pertinentes para preservar la materia del juicio principal, hasta que se pronuncie sentencia firme. d) El monto de la garantía y contragarantía será fijado por el Magistrado Instructor o quien lo supla. III. El procedimiento será: a) La solicitud podrá ser formulada en la demanda o en escrito diverso presentado ante la Sala en que se encuentre radicado el juicio, en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia definitiva. b) Se tramitará por cuerda separada, bajo la responsabilidad del Magistrado Instructor. c) El Magistrado Instructor deberá proveer sobre la suspensión provisional de la ejecución, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la presentación de la solicitud. d) El Magistrado Instructor requerirá a la autoridad demandada un informe relativo a la suspensión definitiva, el que se deberá rendir en el término de cuarenta y ocho horas siguientes a aquél en que surta efectos la notificación del acuerdo respectivo. Vencido el término, con el informe o sin él, el Magistrado resolverá lo que corresponda, dentro de los cinco días siguientes. IV. Mientras no se dicte sentencia definitiva en el juicio, el Magistrado Instructor podrá modificar o revocar la resolución que haya concedido o negado la suspensión definitiva, cuando ocurra un hecho superveniente que lo justifique. V. Cuando el solicitante de la suspensión obtenga sentencia favorable firme, el Magistrado Instructor ordenará la cancelación o liberación de la garantía otorgada. En caso de que la sentencia firme le sea desfavorable, a petición de la contraparte o en su caso, del tercero, y previo acredita miento de que se causaron perjuicios o se sufrieron daños, la Sala ordenará hacer efectiva la garantía otorgada ante la autoridad." De lo anterior, es evidente que el requisito de la suspensión en el juicio de nulidad, no es mayor que en el juicio de amparo; sino que son similares. Robustece lo anterior, la Jurisprudencia 2ª./J. 19/2015, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 783, Libro 17, abril de 2015, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguiente: "RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL PLAZO PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN III, INCISO C), DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ES EQUIVALENTE AL PREVISTO EN LA LEY DE AMPARO, PARA EFECTOS DE LA OBSERVANCIA DEL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). La fracción IV del artículo 107 de la Constitución Federal señala que en materia administrativa no será necesario agotar los medios de defensa ordinarios, siempre que conforme a las leyes que los prevean, se puedan suspender los efectos de los actos reclamados con los mismos alcances de la ley reglamentaria, "... y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional". En consonancia con lo anterior, la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando proceda algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual los actos reclamados puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las leyes respectivas se suspendan los efectos de dichos actos con los mismos alcances y requisitos que los que la misma ley consigna para conceder la suspensión definitiva, "... ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional ...". Ahora bien, de las normas anteriores se deduce que los conceptos jurídicos que utiliza tanto la Constitución como la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión, consistentes en: 1) los alcances; 2) los requisitos; y, 3) los plazos; son tres aspectos diferenciados que deben tomarse en cuenta para determinar si se debe o no relevar al quejoso de agotar el principio de definitividad, sin que deba confundirse la forma de apreciar la exigibilidad de cada uno de ellos, pues mientras que los requisitos para otorgar dicha medida cautelar constituyen una carga procesal que debe satisfacer el demandante, los otros dos factores, es decir, los alcances y los plazos, no tienen tal característica, toda vez que se trata de condiciones que deben observar las autoridades encargadas de concederla o negarla, y por tanto, son ajenos a la voluntad de los particulares. Por su parte, el artículo 28, fracción III, inciso c), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo dispone que "El Magistrado Instructor deberá conceder o negar la suspensión provisional de la ejecución, a más tardar dentro del día hábil siguiente a la presentación de la solicitud."; lo cual significa que el tiempo que tome al Magistrado Instructor para proveer sobre la suspensión, no es un requisito para otorgar esta medida cautelar, en tanto que ni siquiera es una fatiga procesal que deba cumplir el demandante, sino más bien, una obligación impuesta al tribunal para brindar eficaz y oportunamente sus servicios. Consecuentemente, si a partir de la presentación de la demanda de nulidad, hay la posibilidad de que de inmediato se ordene la paralización de los actos enjuiciados, no hay motivo para afirmar que la legislación rectora de la jurisdicción contenciosa administrativa federal prevea mayores plazos que los de la Ley de Amparo para dictar el mandato suspensivo, toda vez que si bien de acuerdo con el artículo 112 de este ordenamiento, el Juez de Distrito debe proveer sobre la admisión de la demanda dentro del plazo de veinticuatro horas, la única diferencia entre uno y otro ordenamiento es que, para el amparo, el plazo para proveer sobre la suspensión se expresó en horas (24) y en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se determinó en días (al día hábil siguiente); pero en ambos casos con un sentido temporal prácticamente equivalente, porque conforme los dos ordenamientos lo que se procuró fue que entre la presentación de la demanda y el acuerdo que la admita, y en su caso provea sobre la suspensión, solamente transcurra un día como límite, y si bien conforme a este examen comparativo, en algunos casos, el Magistrado Instructor podría demorar su dictado con unas horas más de diferencia, debe tenerse en cuenta que el propósito del mandato constitucional es que se actúe con una celeridad semejante a la que exige la Ley de Amparo, mas no que el texto de ésta se repita en todos los demás ordenamientos, pues aun dentro del juicio constitucional se producen situaciones que demoran excepcionalmente la respuesta de la petición de suspender el acto reclamado." Asimismo, la jurisprudencia 2a. /J. 155/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y cuyo texto establecen: "RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL JUICIO CORRESPONDIENTE DEBE AGOTARSE, PREVIAMENTE AL AMPARO, AL NO PREVER LA LEY DEL ACTO MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY QUE RIGE EL JUICIO DE GARANTÍAS. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, el juicio de garantías en materia administrativa es improcedente cuando la parte quejosa no agota, previamente, los medios o recursos ordinarios que establezca la ley del acto, por aplicación del principio de definitividad, excepto cuando esta ley exija mayores requisitos que los que señala la Ley de Amparo para conceder la suspensión; en ese sentido, si el artículo 208-Bis del Código Fiscal de la Federación no exige mayores requisitos para conceder la suspensión contra resoluciones administrativas impugnables ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que los que establece la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, debe concluirse que el juicio de amparo indirecto resulta improcedente contra esa clase de resoluciones cuando no se ha agotado, previamente, el juicio de nulidad." Por tanto, el artículo 3° de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, precisa cuáles son las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos de los que conocerá el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, entre las cuales se incluye la resolución que por esta vía se impugna, y por otra parte, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo que rige a los juicios de nulidad que se promuevan ante el citado tribunal, prevé la suspensión de los actos reclamados sin exigir mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo. Sobre este tema, cobra actualidad la jurisprudencia por contradicción 2a. /J. 130/2013 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y cuyo texto son: "PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA (REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE DICIEMBRE DE 2010) NO ESTABLECE MAYORES REQUISITOS QUE LA ABROGADA LEY DE AMPARO PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO. El citado artículo dispone que la solicitud de suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado debe presentarse por el actor o su representante legal en cualquier etapa del juicio, y que ésta se concederá si no se afecta el interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, además de que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al solicitante con esa ejecución. Asimismo, contempla su concesión en caso de determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones, aprovechamientos y otros créditos fiscales, si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos; si se trata de posibles afectaciones no estimables en dinero, la medida cautelar se concede fijándose discrecionalmente la garantía, y si pudiera causar daños o perjuicios a terceros, si se otorga garantía para reparar el daño o indemnizar el perjuicio que se cause. De ahí que el citado precepto legal no establece mayores requisitos que la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, para conceder la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado y, por consiguiente, atento al principio de definitividad, el juicio de amparo indirecto promovido contra actos de autoridades administrativas es improcedente si previamente no se agota el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa." De igual modo, resulta aplicable la jurisprudencia VI.3o.A. J/5 (10a.), sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, de rubro y texto siguientes: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO INDIRECTO, EN RAZÓN DE QUE EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NO EXIGE MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO QUE LOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 10 DE MARZO DE 2011). Con la redacción del artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, antes de su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 2010, los actos impugnables en el juicio contencioso administrativo eran susceptibles de atacarse vía juicio de amparo, sin necesidad de agotar previamente aquél. Sin embargo, a partir del 10 de marzo de 2011 en que entró en vigor esa modificación, dicho numeral ya no prevé mayores requisitos que la Ley de Amparo, vigente hasta el dos de abril de 2013, para suspender la ejecución de los actos impugnados, pues incluso los requerimientos básicamente son los mismos, ya que la suspensión puede solicitarse en cualquier tiempo; se concederá siempre que no se afecte el interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, y sean de difícil reparación los daños o perjuicios que puedan causarse con la ejecución; de ocasionarse daños o perjuicios a terceros se concederá siempre que el solicitante otorgue garantía para reparar el daño o indemnizar los perjuicios que se causen, dando la oportunidad a que el tercero exhiba contragarantía para evitar la suspensión de la ejecución del acto impugnado en nulidad; si se trata de una afectación no estimable en dinero la garantía se fijará discrecionalmente; deberá fijarse la situación en que habrán de quedar las cosas hasta que se dicte sentencia firme, pudiendo revocarse o modificarse la concesión o negativa de la medida cautelar por hecho superveniente. Asimismo, en cuanto a la forma de garantizar un crédito fiscal, se permite que se haga ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables, que conforme al artículo 141 del Código Fiscal de la Federación, comprenden no sólo el depósito en efectivo y el embargo, sino también la prenda, hipoteca, fianza y la obligación solidaria asumida por un tercero, entre otros; además, se establece que la garantía o depósito puede reducirse de acuerdo con la capacidad económica del solicitante, o si se trata de tercero distinto al sujeto obligado de manera directa o solidaria al pago del crédito, lo que incluso otorga un mayor beneficio al contribuyente que la Ley de Amparo. Por tanto, los requisitos vigentes previstos para otorgar la medida cautelar en el juicio contencioso administrativo no rebasan los contemplados al respecto en la Ley de Amparo para conceder dicha medida cautelar, por lo que previo a la promoción del amparo indirecto, debe agotarse aquél, en acatamiento al principio de definitividad." Además, la resolución que por esta vía se combate no es un acto que sea de difícil reparación, de ahí que este Juzgado determina que en el caso se actualiza la causa de improcedencia invocada, puesto que en contra del acto que por esta vía reclama la parte accionante de amparo, procede el juicio contencioso ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y, por tanto, previamente a la promoción de la demanda de amparo, se encontraba obligada a agotarlo para cumplir con el principio de definitividad que rige a la materia de amparo, pues no opera la excepción plantea. Aunado a lo anterior, la parte quejosa tampoco se ubica en otra excepción al principio de definitividad en materia administrativa, toda vez que si bien puede promover en forma inmediata el juicio de amparo, sin agotar los recursos ordinarios o medios de defensa que la ley señale, cuando se reclaman violaciones directas a la Constitución General de la República, pero solamente cuando se plantea exclusivamente ese tipo de violaciones, lo cual en el presente caso se estima no acontece. Máxime que tampoco se advierte que la parte promovente del amparo sea tercera extraña frente al acto reclamado; que se duela de la inconstitucionalidad de alguna ley; o bien, que se esté en presencia de algún acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; ni esta autoridad federal advierte algún otro elemento del que se pueda inferir que se surte algún caso de excepción al principio de definitividad. Por consiguiente, toda vez que con relación al escrito de demanda se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones XX, de la Ley de Amparo; por tanto, se desecha la de demanda planteada que se estudia, por actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia invocada. LIBRO DE GOBIERNO y SISE Finalmente, hágase la anotación en el Libro Uno de Juzgado, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la lista de egresos de la estadística de este juzgado, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE PROMOVENTE.
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CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCION I INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO NOTIFICO A LA QUEJOSA POR MEDIO DE LISTA QUE SE PUBLICÓ EN LOS ESTRADOS DE ESTE JUZGADO DE DISTRITO, EL AUTO DE SEIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, EL CUAL DICE: MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A SEIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Téngase por recibida la demanda de amparo interpuesta por JOSEFINA GUADALUPE RODRÍGUEZ RAMÍREZ, regístrese por su orden en el libro de gobierno de amparo que para tal efecto se lleva en este Juzgado Federal, bajo el número 774/2018-1A. PREVENCIÓN Ahora, previo a determinar lo relativo a la admisión o no de la demanda de amparo promovida, por conducto del Actuario adscrito a este Juzgado y mediante notificación personal que al efecto se le practique, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 114, fracciones I y IV, en relación con el diverso 108, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, prevéngase a la parte promovente para que dentro del plazo de CINCO DÍAS, computados legalmente, bajo protesta de decir verdad, aclare su demanda en los términos que se expondrán a continuación: Aclare si reclama la omisión del desahogo de las pruebas en el expediente PAR-688/2014, o bien, si combate la omisión de dictar resolución en el mencionado expediente. Lo anterior, toda vez que en el capítulo correspondiente al acto reclamado, expresó ambiguamente lo siguiente: "IV. ACTO RECLAMADO. [.] Reclamo de la autoridad ordenadora Titular del Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con residencia en México Distrito Federal, la omisión de cumplir con el principio de Debido Proceso dentro del expediente PAR-688/2014 ya que permitió que se dictara resolución administrativa sin haber desahogado el procedimiento administrativo de responsabilidad conforme lo marca la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, pues de manera ilegal permitió que se me privara del derecho a que se me recibieran y desahogaran los medios de prueba que ofrecí desde el pasado 15 de junio de 2015, afectando con ello mis garantías de una defensa adecuada, igualdad, legalidad, y seguridad jurídica, consagradas en los artículos 1, 5, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 102 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que la responsable con su omisión ocasiono que se dictara una resolución ilegal, pues no fueron tomadas en cuenta, ni mucho menos valorados los medios de prueba que aporte en juicio para demostrar que la suscrita no incumplió la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Reclamo de la autoridad ejecutora Titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con residencia en México, Distrito Federal, la omisión de cumplir con el principio de Debido Proceso dentro del expediente PAR-688/2014 ya que de manera ilegal dictó resolución administrativa sin haber desahogado el procedimiento administrativo de responsabilidades conforme lo marca la ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, pues de manera ilegal me privó de mi legítimo derecho a que se me recibieran y desahogaran los medios de prueba que ofrecí desde el pasado -- de junio de 2015, afectando con ello mis garantías de una Defensa adecuada, igualdad, legalidad, y seguridad jurídica, consagradas en los artículos 1, 5, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 102 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que la responsable con su omisión ocasiono que se dictara una resolución ilegal, pues no fueron tomadas en cuenta, ni mucho menos desahogados los medios de prueba que aporte en juicio para demostrar que la suscrita no incumplió la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidos Públicos. Reclamo de la autoridad ejecutora Titular del área de Auditoria Interna y área de Quejas en la delegación del Issste en Baja California, con domicilio en calzada Cetys No. 2799 de la colonia Rivera de la Ciudad de Mexicali, Baja california, la orden de notificar a la quejosa la Resolución Administrativa que fue emitida por el Titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, dentro del expediente PAR-688/2014, la cual fue emitida en contravención a lo dispuesto por la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, pues de manera ilegal se me privó de mi legítimo derecho a que se me recibieran y desahogaran los medios de prueba que ofrecí desde el pasado 15 de junio de 2015, afectando con ello mis garantías de una Defensa adecuada, igualdad, legalidad, y seguridad jurídica, consagradas en los artículos 1, 5, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 102 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que la resolución resulta ser ilegal, por lo que su señoría deberá otorgar el amparo y protección de la justicia para que no se afecten mis derechos y garantías constitucionales, además de otorgar la suspensión provisional del acto reclamado que más adelante se señala, ya que al haberse dictado la resolución el acto reclamado debe considerarse como de imposible reparación." En el entendido, que deberá cumplir la anterior prevención formulada de conformidad con lo establecido en los artículos 110 y 114 de la Ley de Amparo; pues tendrá que exhibir las copias necesarias de su escrito aclaratorio, para correr traslado a cada una de las partes, ya que al igual que el escrito inicial de demanda, es un requisito que debe cumplirse en términos de los numerales antes mencionados. APERCIBIMIENTO Quedando apercibida la parte quejosa que de no cumplir con lo anterior, dentro del plazo señalado para tal efecto, se tendrá por no presentada la demanda, con fundamento en el artículo 114, penúltimo párrafo de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. DOMICILIO DEL QUEJOSO Téngase como domicilio de la parte quejosa para efectos de oír y recibir notificaciones, el que indica en su demanda de amparo, y como autorizado únicamente para efecto de oír y recibir notificaciones a Moisés Frausto Huerta, toda vez que al realizar una búsqueda en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, no se localizó cédula registrada a su nombre. HABILITACIÓN DÍAS Y HORAS INHÁBILES Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios adscritos a este juzgado, lleven a cabo las notificaciones personales a las partes en este juicio de amparo; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 Constitucional, ya que este último procura la impartición de justicia pronta y expedita y el principio de celeridad procesal. TRANSPARENCIA En estricto apego al Segundo Transitorio, párrafo segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, vigente a partir del día siguiente de su publicación, que establece que ".En tanto no se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad federal en la materia."; por consiguiente, conforme a lo dispuesto en los artículos 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8° y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como el numeral 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la ley en cita, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, hágase saber a las partes el derecho que tienen a oponerse a que se hagan públicos sus datos personales, conforme al artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como, que el presente asunto estará a disposición del público para su consulta cuando así se solicite conforme al procedimiento de acceso a la información. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Finalmente, en estricto acatamiento a lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centro de Justicia Penal Federal, se ordena formar el expediente impreso y el electrónico, así como a digitalizar oportunamente y de manera legible las constancias del juicio que en el caso de exhiban de manera impresa y de la impresión de las que se presenten de forma electrónica en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de conformidad con el artículo 3, de la Ley de Amparo. ANOTACIONES LIBRO DE GOBIERNO Y SISE Hágase la anotación en el Libro Uno de Juzgado, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la lista de ingresos de la estadística de este juzgado, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE PROMOVENTE.
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