Josefina Bernal Ortiz
Expediente 274/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de abril de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 274/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 30/04/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California · Baja California
Partes del expediente
- Josefina Bernal Ortiz
Actuaciones
- Principal
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, TREINTA DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO. Agréguese a los autos del presente cuaderno de antecedentes para que obre como corresponda el oficio de cuenta, signado por la Actuaria Judicial del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en Hermosillo, mediante el cual informa que ese órgano Jurisdiccional no insistió en declinar la competencia y se avocó al conocimiento del juicio de amparo 274/2018-3A, promovido por JOSEFINA BERNAL ORTÍZ, correspondiéndole el juicio de amparo indirecto 120/2018, de su índice. CALIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE JUDICIAL Por tanto, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y los lineamientos del Manual relativo, de los que se desprende que el presente cuaderno es susceptible de destrucción, conforme al punto Vigésimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Además, carece de relevancia documental en términos del último párrafo del citado punto, en atención a que en la litis constitucional no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; no se analizaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni relativos al patrimonio histórico, arqueológico o artístico; aunado a que el sentido del fallo no tuvo especial trascendencia jurídica, política, social o económica en la vida del país; ni al prudente arbitrio de este juzgador lo amerita [por causa del personaje involucrado]. ARCHIVO DEFINITIVO Y CAPTURA EN LIBRO DE GOBIERNO Y SISE Tomando en cuenta que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, háganse las anotaciones pertinentes en el Libro Uno de Juzgado y en su oportunidad archívense las actuaciones como asunto totalmente concluido. Asimismo, en cumplimiento al Manual antedicho anótese en el mencionado libro de gobierno, esta fecha en que se ordena el archivo; de igual manera, una vez que se realice la depuración o destrucción ordenada, anótese la fecha en que se practique la diligencia, ya sea que la realice este órgano jurisdiccional, o la fecha que informe al respecto el Centro de Documentación y Análisis, relativo al destino final del presente expediente. Hágase la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias. NOTIFÍQUESE. Así lo acuerda y firma Ramón Hernández Cuevas, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, asistido del Secretario Herzel Godínez Salas, que autoriza y da fe.
- Principal
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, VEINTE DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO. SE PLANTEA LEGAL COMPETENCIA Téngase por recibida la boleta de turno número de registro 001598/2018, que remite la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, al que anexa el oficio 654/D y anexos, suscrito por la Actuaria Judicial adscrita al Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en Hermosillo, al que a su vez obra adjunto los autos originales del juicio de amparo 120/2018, del índice de dicho juzgado, en el que se advierte que se declaró legalmente incompetente para conocer del citado juicio de amparo promovido por JOSEFINA BERNAL ORTIZ, por las razones que expone en la resolución constitucional de dos de abril de dos mil dieciocho. REGISTRO DE DEMANDA DE AMPARO Por tanto, fórmese el expediente respectivo, el cual quedó registrado con el número de juicio de amparo 274/2018-3A. ANÁLISIS DE COMPETENCIA DECLINADA Ahora, como presupuesto procesal de orden público, se procede analizar la competencia de este Juzgado, ante lo cual, y en forma destacada se examina si el suscrito Juzgador es competente en su aspecto legal para conocer de la demanda de amparo plateada. Una vez analizada en su totalidad la demanda de amparo, se propone que la competencia jurídicamente corresponde conocer al Juez Décimo de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en Hermosillo, en donde se presentó la demanda, en atención a las siguientes consideraciones. De inicio, atendiendo a la causa de pedir y derivado de la lectura del escrito petitorio de amparo, se desprende que el promovente solicita el amparo y protección de la justicia federal, respecto de lo siguiente: Oficio FOVI/18/028, emitido por la Vocal Ejecutiva del FOVISSSTESON, mediante el cual negó la devolución de saldos del fondo de vivienda. Inconstitucionalidad de los artículos 50-C, 50-E, 92, 111-C, fracción II, 113, fracción III y 114 de la Ley número 38 del ISSSTESON. Especificación de los actos reclamados que se realiza con apoyo en la tesis de jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y es localizable bajo el siguiente rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Preliminarmente, debe ponderarse la naturaleza del acto reclamado sujeto a esta potestad, para efecto de ubicar cuál de las hipótesis previstas en el artículo 37 de la Ley de Amparo, para determinar la competencia planteada; para lo cual, este juzgador considera que en el caso concreto, se trata de una negativa con efecto declarativo, ya que en el oficio que origina el reclamo los dispositivos tildados de inconstitucionales, no altera en manera alguna la esfera jurídica actual de la parte quejosa, sino que sólo implican el rechazo a una solicitud del particular, lo cual hace que las cosas permanezcan en el mismo estado. Por tanto, al estar ante un acto de carácter negativo carente de ejecución, respecto de éste se actualiza la tercera regla de competencia prevista por el tercer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo; por lo que debe conocer del asunto, el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En abono a lo expuesto, cabe señalar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se ha pronunciado en el tema en cuestión en la jurisprudencia 2a./J. 68/2012 (10a.), que la identifica el siguiente rubro y texto: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA NEGATIVA A LA DEVOLUCIÓN DE LOS DEPÓSITOS DE LA SUBCUENTA DE VIVIENDA. La negativa referida constituye un acto negativo carente de ejecución y, por tanto, la competencia para conocer del juicio de amparo promovido en su contra corresponde al Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que la dictó, al actualizarse la regla competencial establecida en el tercer párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo, porque constituye un acto meramente declarativo. Lo anterior es así, ya que los actos negativos con efectos positivos o los de carácter estrictamente positivo producen un cambio en la realidad o modifican un estado de cosas existente, en cambio, los declarativos no alteran el estado de las cosas ni modifican el entorno o la esfera jurídica de un particular. De ahí que, cuando la autoridad se niega a acordar favorablemente la solicitud de devolución de depósitos existentes en una subcuenta de vivienda ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, no se provoca cambio alguno en el estado de las cosas, pues se mantiene la indisponibilidad del solicitante respecto de los recursos que solicita y se trata de un acto declarativo que no amerita una ejecución material." No pasa desapercibido la jurisprudencia J/9 K (10a.), del Pleno del Quinto Circuito de rubro: "PENSIONES DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA. LA COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO EN EL QUE SE IMPUGNA EL ARTÍCULO 60 BIS B DE LA LEY DEL MENCIONADO INSTITUTO, VIGENTE HASTA EL 26 DE NOVIEMBRE DE 2015, CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN, CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERCE JURISDICCIÓN EN EL LUGAR EN QUE SE UBIQUE EL DOMICILIO DEL QUEJOSO PENSIONADO.", pues resulta inaplicable al caso, puesto que en los asuntos de los que emanó dicha ejecutoria, se reclamó la aplicación del descuento establecido en el artículo 60 Bis B de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, el cual se determinó que sí tiene ejecución, porque afecta la esfera jurídica del quejoso al recibir su pensión de manera disminuida, lo cual se materializaba en el domicilio de éste, al ser donde los pensionados cobran y disfrutan su pensión; por ende, la regla de competencia que se actualizó fue la prevista en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley Amparo. Además, cabe destacar que conforme la técnica que impera en el estudio de los asuntos en los que se impugna la inconstitucionalidad de leyes, no puede desvincularse del acto de aplicación, que para el caso en concreto, se trata de un oficio que niega una petición, pues éste es el que causa perjuicio a la peticionaria de amparo. Al respecto, es ilustrativa la jurisprudencia 2a./J.71/2000 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que instituye lo siguiente (énfasis añadido): "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada". En este contexto, el suscrito Juzgador estima que respecto de la competencia planteada, se surte la hipótesis prevista en el último párrafo del artículo 37 de la ley de la materia establece (lo subrayado es de este Juzgado): "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." En tanto que en el caso, como se vio, el acto reclamado constituye la negativa de la devolución del saldo a favor de la quejosa del fondo de vivienda, el cual carece de ejecución, al ser un acto de carácter negativo eminentemente declarativo, al que le corresponde la diversa regla de competencia prevista en el tercer párrafo del citado numeral, de ahí que la jurisprudencia referida, no resulte útil para resolver el presente conflicto competencial. NO SE ACEPTA COMPETENCIA PLANTEADA Atento a ello, el suscrito Juzgador sustenta que carece de competencia legal por razón de territorio, por los motivos y razonamientos jurídicos expresados. DEVOLUCIÓN CONSTANCIAS En esa tesitura, la competencia legal se surte a favor del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en Hermosillo, por las razones ya apuntadas; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 48 de la Ley de Amparo, mediante oficio devuélvanse los autos originales enviados, debiendo formar cuadernillo correspondiente con las copias de las constancias respectivas. AUTORIZADOS Y DOMICILIO Ténganse por señalado como autorizada en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a la profesionista que menciona la parte quejosa en su escrito de demanda. TRANSPARENCIA Atento a lo dispuesto por los artículos 3, fracción II, 8, 13 y 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 2, fracción XXII, 5, 6, 7, 8 y 9, Títulos Primero y Segundo del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, es pública la información que tiene bajo su resguardo este juzgado y las partes únicamente pueden oponerse a la publicación de sus datos personales. ANOTACIONES LIBRO DE GOBIERNO Y SISE Hágase la anotación en el Libro Uno de Juzgado, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en las listas de ingresos y egresos de la estadística de este juzgado, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias. Por último, no resulta necesario notificar personalmente el presente proveído a la parte quejosa, en atención a la jurisprudencia P./J. 12/96, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro establece "DEMANDA DE AMPARO RECIBIDA POR EL SECRETARIO AUTORIZADO EN LUGARES EN QUE EXISTEN VARIOS JUZGADOS DE DISTRITO, REMITIDA A LA OFICIALÍA DE PARTES COMÚN Y TURNADA A DIVERSO JUZGADO AL DE SU ADSCRIPCIÓN. EL AUTO ADMISORIO NO DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE". NOTIFÍQUESE. Así lo acuerda y firma Ramón Hernández Cuevas, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, asistido del Secretario Herzel Godínez Salas, que autoriza y da fe.
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