Josefina González Romero
Expediente 563/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 5 actuaciones registradas, la última del 12 de julio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 563/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 12/07/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Josefina González Romero
- Josefina González Romero y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
...Del estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación secretarial que antecede, hecha por la Secretaria de este juzgado, se advierte que al haber transcurrido el término previsto por el artículo 98 de la Ley de Amparo, la parte promovente no interpuso recurso de queja contra el proveído de veintisiete de junio del año en curso, por medio del cual se desechó la demanda de garantías a que este juicio se refiere; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado el referido auto. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y, archívese este juicio como concluido...
- Principal
...Agréguese a los autos sin mayor acuerdo el oficio 22432/2018 signado por el Juez Décimo Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, toda vez que mediante auto de veintisiete de junio del año en curso (fojas 43 a 46), se tuvo por recibida una comunicación oficial de idéntico contenido con la que ahora se da cuenta, proveyéndose lo conducente...
- Principal
... EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA, NO ACUDIERON A ESTE ORGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE DEL AUTO DE VEINTISIETE DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, DENTRO DE LOS DOS DIAS HABILES SIGUIENTES AL DEL AVISO DE NOTIFICACIÓN, SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS EL AUTO DE REFERENCIA, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Xalapa de Enríquez, Veracruz, veintisiete de junio de dos mil dieciocho. Téngase por recibido el oficio 22432/2018 signado por el Juez Décimo Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, y anexo que lo acompaña, mediante el cual informa que por auto de veintiuno de junio del año en curso, dictado en el juicio de amparo 518/2018 de su índice, ese órgano jurisdiccional, por las consideraciones ahí establecidas, determinó no aceptar la competencia planteada por este juzgado para conocer de la demanda de amparo presentada por Josefina González Romero y Roberto Huber Sánchez, ambos por propio derecho, contra actos de la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, con sede en esta ciudad, por violación a sus derechos fundamentales. Ahora, este órgano jurisdiccional no insiste en declinar su competencia por las razones que se señalan en el oficio que se acuerda, por ende, se avoca al conocimiento de la demanda y acúsese recibo vía interconexión. DESECHAMIENTO. Ahora, previo a que este órgano jurisdiccional se encuentre en condiciones de emitir un pronunciamiento sobre la admisión de la demanda que se intenta, en atención al artículo 113 de la Ley de Amparo , se analiza la procedencia de ésta, puesto que el citado precepto impone ante todo, la obligación de examinar dicho presupuesto procesal, para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano. Sentado lo anterior, conviene asentar que de acuerdo con los numerales 107, fracción III, inciso b, de la Constitución Federal, 61 , fracción XXIII, 62 , y 107 , fracción V, interpretado contrario sensu, de la Ley de Amparo, cuando se trata de violaciones cometidas dentro de un procedimiento por regla general, procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito, cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación; entendiéndose por ellos, los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. De lo anterior, se tiene que la interpretación realizada por el Tribunal del país en torno a la legislación constitucional y secundaria que rige actualmente la procedencia del juicio de amparo contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, ha sido en el sentido de que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, tutelados por la Constitución por medio de las garantías individuales, como la vida, la integridad personal, de libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera, porque esa afectación o sus efectos no se destruyen fácticamente con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga resolución favorable a sus pretensiones. Así, los actos de ejecución reparable no tocan por tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyen para que el fallo sea adverso a los intereses de la parte quejosa; en cambio, salvo excepciones, la afectación a derechos adjetivos, sólo produce efectos de carácter formal o intraprocesal, que inciden dentro del procedimiento legal, según la intervención de las partes con vista a la obtención de una resolución favorable; por lo que si ésta se logra, tales actos se extinguen sin haber causado afectación a los derechos sustantivos del gobernado. Luego entonces, la distinción entre un derecho sustantivo y un adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, versará en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento. De ahí que, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que Josefina González Romero y Roberto Huber Sánchez, ambos por propio derecho, señalan como acto reclamado, la resolución de veintitrés de mayo del año dos mil dieciocho, dictada dentro de los autos del toca número 713/2018, del índice de la Segunda Sala del tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, a través de la cual revocó la de catorce de julio de dos mil diecisiete, emitida por el Juez Segundo de Primera Instancia de Córdoba, Veracruz, en los autos del expediente civil 5671/2016, en la que este último había ordenado regresar los autos a trámite para subsanar algunas irregularidades en el proceso a partir del emplazamiento en reconvención y turnar de nueva cuenta para dictar sentencia. Bajo tales premisas, el acto reclamado referido, no puede ser considerado como acto de imposible reparación puesto que aquel tiene como consecuencia una afectación de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de ese tipo de actos son formales y desaparecen si los afectados obtienen resolución favorable. En ese orden de ideas, como se dijo, de la lectura íntegra del escrito de demanda se desprende que el acto reclamado consiste en la resolución de veintitrés de mayo del presente año, por la cual la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, revocó la diversa de catorce de julio de dos mil diecisiete, dictada por el Juez Segundo de Primera Instancia, con sede en Córdoba, Veracruz, en la que se había ordenado dejar sin efecto todo lo actuado a partir del emplazamiento a la reconvención en el juicio de división de cosa común y turnar los autos de nueva cuenta; y por tanto, el mencionado juzgador procedería a continuar el juicio, esto es, dictar sentencia en los autos del expediente civil 5671/2016, donde los aquí quejosos son parte demandada, y alegan les causa un perjuicio puesto que consideran que la resolución combatida viola sus derechos humanos en cuanto a un debido proceso dado que previo al dictado de la sentencia se debían cumplir con las formalidades esenciales del procedimiento; sin embargo, ello no es un acto de imposible reparación que les pueda deparar perjuicio. En mérito de lo anterior, la suscrita estima que la resolución que por esta vía se reclama, no implica una ejecución de imposible reparación, que afecte de manera directa e inmediata los derechos sustantivos consagrados en la Constitución Federal o en algún tratado internacional del que México sea parte, sino que se trata de una transgresión a las leyes del procedimiento, que tiene efectos meramente procesales, puesto que la resolución combatida que revocó la dictada por el Juez de Primera Instancia, únicamente tiene por efecto que se continué con el proceso y se dicte la sentencia correspondiente en el juicio natural. Ello es así, dado que las violaciones que llegaren a cometerse al haberse resuelto el recurso de apelación, en el cual se ordenó revocar la resolución del juez responsable, al encontrarse aún en trámite el procedimiento de origen, pueden quedar subsanadas con posterioridad, si en el caso, la resolución que se dicte en el expediente civil resultara favorable a sus intereses, o bien al impugnarla por la vía directa, si así lo estiman conveniente. Consecuentemente, toda vez que la parte quejosa no queda en estado de indefensión alguna, al ser parte en el juicio civil, del que deriva el acto combatido, a juicio de este Juzgado, el acto reclamado no afecta de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo consagrado a su favor, además de que esa circunstancia no implica, necesariamente, que el fallo dentro del referido asunto, deba ser contrario a sus intereses. En consecuencia, al actualizarse de manera notoria e indudable la causa de improcedencia citada, por lo que, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de garantías origen de este asunto. Se invoca la Jurisprudencia 749, publicada en la página 505 del Tomo VI, Parte Tribunales Colegiados de Circuito, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA. El motivo manifiesto e indudable de improcedencia a que se refiere el artículo 145 de la Ley de Amparo, debe ser tan claro, evidente, notorio e indiscutible, que sin necesidad de ulterior comprobación haga inejercitable la acción constitucional." ...
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...Notifíquese personalmente a la parte promovente...
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