Josefa Ivonne Ortega Zamora
Expediente 144/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de marzo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 144/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 06/03/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Josefa Ivonne Ortega Zamora
Actuaciones
- Principal
...se declara que ha causado estado el auto referencia. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y, archívese este juicio como concluido. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que se desechó la demanda que diera origen al presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en la fracción I, del punto Vigésimo Primero, del citado Acuerdo, este expediente es susceptible de ser destruible.
- Principal
...Agréguese el telegrama remitido por el Director de Área de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental dependiente de la Secretaría de Medio Ambiente y Recurso Naturales, con residencia en la Ciudad de México, por medio del cual, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 138 y 140 de la Ley de Amparo, rinde su informe previo en ampliación...
- Principal
EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA, NO ACUDIÓ A ESTE ORGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE DEL AUTO DE DIECINUEVE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE, DENTRO DE LOS DOS DIAS HABILES SIGUIENTES AL DEL CITATORIO, SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS EL AUTO DE REFERENCIA QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Xalapa Enríquez, Veracruz, diecinueve de febrero de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo presentada por Josefa Ivonne Ortega Zamora y Teódulo Ortega Hernández, por propio derecho, contra actos del Fiscal Quinto de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del Distrito Noveno, con residencia en Misantla, Veracruz, por violación a sus derechos fundamentales. RADICACIÓN DE DEMANDA. Fórmese expediente y anótese en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 144/2019/V-A. DESECHAMIENTO. Ahora, previo a que este órgano jurisdiccional se encuentre en condiciones de emitir un pronunciamiento sobre la admisión de la demanda que se intenta, en atención al artículo 113 de la Ley de Amparo , se analiza la procedencia de ésta, puesto que el citado precepto impone ante todo, la obligación de examinar dicho presupuesto procesal, para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano. En ese tenor, el concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, la cual se comparte, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo 68, agosto de 1993, página 77, de epígrafe: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS." Esencialmente, el citado criterio jurisprudencial refiere que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del ocurso y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Ahora, la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que el promovente señala como actos reclamados: 1. La formulación de acusación en la carpeta administrativa 26/2018 del índice del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Noveno Distrito, por medio del cual se pretende dar inicio a la fase escrita de la etapa intermedia, sin agotar los medios de prueba solicitados por los quejosos. 2. El cierre de la investigación de la etapa complementaria y la consecuente apertura de la etapa intermedia. En este orden de ideas, dado que conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo, las causas de improcedencia deben analizarse de oficio, este órgano de control constitucional estima que el juicio de amparo que mediante esta vía se intenta es improcedente, en atención a que se actualiza la causa de improcedencia que prevé el artículo 61, fracción XII , en relación con los diversos 5, fracción I y 107, fracción V , en sentido contrario, de la Ley de Amparo. De los preceptos citados, se advierte que se encuentra inmerso el principio fundamental del amparo, esto es, la existencia de un agravio personal y directo. Este principio implica que la acción de amparo sólo podrá ser promovida por aquella persona física o moral, que se vea afectada en su esfera jurídica por un acto de autoridad (agravio personal), y que exista una inmediatez entre la emisión o ejecución del acto y el surtimiento de sus consecuencias (agravio directo), es decir, la afectación debe ser resentida directamente por el impetrante de garantías, por lo que deberá derivar tal afectación precisamente del acto reclamado. En ese orden de ideas, debe entenderse por la expresión "agravio" al perjuicio sufrido en la persona del quejoso, es decir, el agravio es la afectación o la alteración que se desprende del acto de autoridad y que recae en la esfera de derechos de la parte quejosa. Asimismo, se desprende que el juicio de amparo es improcedente si el acto que se reclama no afecta o perjudica la esfera jurídica de la parte promovente, es decir, sólo se encuentran procesalmente legitimados para promover el juicio de garantías quienes resientan una afectación derivada directamente del acto combatido. De igual forma, conforme al principio de procedencia del juicio de amparo indirecto establecido en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional indirecto procede contra actos de imposible reparación, entendiéndose por tales aquéllos cuyas consecuencias sean susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos sustantivos del hombre o del gobernado, tutelados por la Constitución Federal o por los tratados internacionales en los que México sea parte, porque esa afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien las sufre obtenga sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo. Así, es criterio reiterado de los tribunales federales que los actos de imposible reparación son aquellos que afectan derechos sustantivos, como la libertad, la posesión jurídica, la propiedad, etcétera, tutelados por los derechos humanos, imposible de restituir incluso ni en el caso de que el interesado obtenga sentencia favorable en el procedimiento jurisdiccional de que se trate. Ahora, como ya se dijo, en el caso los quejosos reclaman por parte del Fiscal Quinto de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del Distrito IX, con sede en Misantla, Veracruz, la formulación de acusación presentada por oficio sin número de veinticinco de enero de dos mil diecinueve en la carpeta administrativa 26/2018 del índice del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Noveno Distrito, así como que se pretende dar inicio a la fase escrita de la etapa intermedia, sin agotar los medios de prueba solicitados por los quejosos, el cierre de la investigación de la etapa complementaria y la consecuente apertura de la etapa intermedia, los cuales en modo alguno constituyen actos de imposible reparación, pues no trastocan derechos sustantivos de los aquí quejosos, ya que tal actuar de la responsable como propiamente lo aducen los promoventes sólo dan lugar al inicio de la etapa intermedia, en la cual, de ser procedente, se llevarán a cabo el ofrecimiento de los medios de prueba, su admisión y desahogo, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio oral, lo cual, de ninguna manera propicia afectación o lesión alguna a los derechos sustantivos de los quejosos que deba ser reparada en el juicio biinstancial, puesto que se trata de actos de carácter meramente procesal. De lo que se colige que los actos reclamado por los promoventes en el juicio de amparo indirecto que se analiza, no cumplen con los presupuestos necesarios para que se actualice su procedencia, ya que no constituyen actos de imposible reparación que afecte sus derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal o en tratados internacionales, suscritos por el Estado Mexicano, pues sus consecuencias no son graves que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho sustantivo, esto es, por el momento no genera en la esfera jurídica de los quejosos una afectación real y directa, como sería la privación de su libertad personal. Lo anterior, aunado a que debe resguardarse la operatividad del sistema del juicio de amparo y evitar dilaciones innecesarias en la ejecución de sentencias y no obstaculizar el flujo secuencial de los actos de autoridad judicial realizados fuera de juicio, dado que son de orden público. Asimismo, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que tanto la integración, averiguación, consignación o determinación de una investigación ministerial, no son actos que hasta ese momento irroguen perjuicio alguno en la esfera jurídica de los quejosos, y por ende, no son susceptibles de violar derechos fundamentales, siendo en todo caso la consideración que adopte la autoridad judicial que conozca de la carpeta de investigación, la que en su caso materializaría perjuicios a los impetrantes del amparo, y por tanto, la que puede ser susceptible de atacar a través del juicio biinstancial; estimar lo contrario, sería tanto como entorpecer las facultades constitucional y obligaciones conferidas al fiscal, anteponiendo el interés particular al de la sociedad. Sirve de apoyo por similitud la tesis I.1o.P.113 P (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario de la Federación, Décima Época, Libro 57, agosto de 2018, Tomo III, Materia Común Penal, página 2603, de rubro y texto: "FORMULACIÓN DE LA ACUSACIÓN EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA POR FALTA DE INTERÉS JURÍDICO. El procedimiento penal de corte acusatorio comprende tres etapas. Así, el Código Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo 211 establece que el cierre de investigación da por concluida la etapa de investigación (inicial y complementaria) y motiva el inicio de la etapa intermedia, que tiene lugar una vez que se presenta la acusación y finaliza con el auto de apertura a juicio, siendo esta diligencia la que dará pie a la etapa de juicio, la cual concluirá con la sentencia que emita el tribunal de enjuiciamiento. Ahora bien, si se trata del acto de acusación, existen diferencias entre los sistemas procesales inquisitivo o mixto y el actual acusatorio y adversarial, esto es, en el anterior sistema, en las denominadas conclusiones se acotaba la pretensión punitiva y éstas eran propuestas con base en el resultado de las pruebas desahogadas en el juicio; en tanto que en el nuevo sistema, la formulación de la acusación abre la etapa intermedia, en la que se llevará a cabo el ofrecimiento de los medios de prueba y su admisión, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio oral. Por ello, la pretensión punitiva queda acotada en los términos del auto de apertura al juicio oral que emite el Juez, esto es, la acusación que formula el órgano técnico es un imperativo constitucional (con sus excepciones: la facultad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para consignar a las autoridades omisas en el cumplimiento de una ejecutoria de amparo en términos del artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, por la otra, el ejercicio de la acción penal que puede instaurarse por particulares, el cual procederá conforme a los presupuestos regulados en la normatividad secundaria), la cual, una vez presentada ante el Juez de Control, éste la notifica a las partes, sin que ello implique algún pronunciamiento por el juzgador en cuanto a si ésta procede o no y, mucho menos, la imposición de penas, pues su única función es tutelar el debido proceso, fungiendo como rector de éste. Por ende, el acto de acusación por el Ministerio Público sólo da lugar al inicio de la etapa intermedia, en la cual, como se dijo, se llevarán a cabo el ofrecimiento de los medios de prueba y su admisión, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio oral, lo cual, de ninguna manera propicia afectación o lesión alguna a los derechos o intereses del quejoso que deba ser reparada en el juicio biinstancial, por lo que ante la falta de interés jurídico, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. De igual forma, sirve de sustento la jurisprudencia XVII. 1º.P.A. J/15 (10ª), del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo de Circuito, con número registro 2015330, publicada en la página 2265 del Libro 47, Octubre de 2017, Tomo IV, Materia Común, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de título y contenido: "AUDIENCIA INTERMEDIA. LAS PRUEBAS Y LOS ACONTECIMIENTOS MATERIA DE DICHA DILIGENCIA SON IMPUGNABLES EN AMPARO INDIRECTO, SIEMPRE QUE TENGAN UNA EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN POR VIOLAR DERECHOS SUSTANTIVOS FUNDAMENTALES Y NO LOS MERAMENTE ADJETIVOS O PROCESALES, AUN CUANDO AFECTEN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA) (MODIFICACIÓN DE LA TESIS XVII.1o.P.A.74 P). Este órgano colegiado determinó modificar el criterio sustentado en la tesis XVII.1o.P.A.74 P, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, mayo de 2011, página 1035, de rubro: "AUDIENCIA INTERMEDIA. LAS PRUEBAS Y LOS ACONTECIMIENTOS MATERIA DE DICHA DILIGENCIA SON IMPUGNABLES EN AMPARO INDIRECTO, SIEMPRE Y CUANDO TENGAN UNA EJECUCIÓN IRREPARABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA).", para ahora establecer que de conformidad con los artículos 299, 311 y 314 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, publicado en el Periódico Oficial de la entidad el 9 de agosto de 2006, la audiencia intermedia dirigida por el Juez de garantía tiene por objeto el ofrecimiento, la exclusión y la admisión de datos, así como la depuración de los hechos controvertidos; que aquéllos y éstos constituirán las pruebas y los acontecimientos, respectivamente, materia y conocimiento del Tribunal de Juicio Oral, por lo que son impugnables en amparo indirecto, siempre que tengan una ejecución de imposible reparación por violar derechos sustantivos fundamentales tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte y no los meramente adjetivos o procesales, aun cuando afecten a las partes en grado predominante o superior. Lo anterior, toda vez que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, analizando el nuevo texto del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), publicada en el mencionado medio de difusión oficial del viernes 6 de junio de 2014 a las 12:30 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 7, Tomo I, junio de 2014, página 39, de título y subtítulo: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).", consideró que contra la resolución que desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso, es improcedente el juicio de amparo indirecto. Asimismo, en lo relativo a la titularidad de un derecho subjetivo y afectación a los derechos previstos por la Constitución y por los tratados internacionales de los que México es Parte, expresó que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "...los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte"; que con esta aclaración, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegara a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Estimó que esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva; de ahí que este Tribunal Colegiado de Circuito modifique su criterio sustentado en la referida tesis y concluya que las pruebas y los acontecimientos materia de la audiencia intermedia del nuevo sistema de justicia penal en la entidad resultan impugnables en amparo indirecto, únicamente si tienen una ejecución de imposible reparación, por violar derechos sustantivos fundamentales y no los meramente adjetivos o procesales, aun en caso de que afecten a las partes en grado predominante o superior." Máxime que la parte quejosa, aún tiene a su alcance el mecanismo de defensa que prevé el artículo 333 del Código Nacional de Procedimientos Penales, denominado reapertura de la investigación es decir, puede reiterar la solicitud de diligencias de investigación específicas que hubieren formulado ante el Ministerio Público después de dictado el auto de vinculación a proceso y que éste les hubiere rechazado; y en caso de que el Juez de Control considerara aceptar la solicitud de las partes, ordenará al Fiscal responsable reabrir la investigación y proceder al cumplimiento de las actuaciones que resulten necesarias para el esclarecimiento de los hechos dentro del plazo que el Juez le fije; a su vez el Fiscal podrá solicitar la ampliación del plazo que en su caso le otorgue el juez por una sola vez, a fin de que se desahoguen los actos de investigación que hubieren solicitado las partes. En tales condiciones, con apoyo en el artículo 61, fracción XII en relación con los diversos 5° y 107, fracción V, en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo, así como en el diverso 113 de esa propia ley, se desecha la demanda por notoriamente improcedente. Lo anterior, con apoyo en la jurisprudencia número 749, publicada en la página 505, Tomo VI, Parte Tribunales Colegiados de Circuito, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, del tenor literal siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA. El motivo manifiesto e indudable de improcedencia a que se refiere el artículo 145 de la Ley de Amparo, debe ser tan claro, evidente, notorio e indiscutible, que sin necesidad de ulterior comprobación haga inejercitable la acción constitucional". DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, con fundamento en el artículo 27 de la Ley de Amparo, el precisado en el proemio de su demanda; y por autorizados de su parte, en los amplios términos que impone el artículo 12 de la ley de la materia, a Carlos Gabriel Sánchez Ortiz, Jorge Alberto Parra Hernández y Reyna Alicia Vera Espinoza, toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que tienen registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionistas del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, lo que se corrobora con las constancias de registro que se anexa para tal efecto. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Se comunica a las partes, con fundamento en los artículos 1º a 9º, 12 a 23, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo dispuesto en los artículos 5º a 9º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la citada Ley; que las resoluciones que se dicten en el juicio, constituyen información pública y podrán ser consultados por cualquier persona con la salvedad de lo previsto en el artículo 113, fracción V, de la ley citada; en la inteligencia de que de existir alguna oposición en términos del artículo 8º de dicha ley y 9º del citado reglamento, la unidad administrativa determinará si tal oposición puede surtir efectos, y se omitirá la publicación de los datos personales en listas de notificación que se publiquen por vía electrónica. OBJECIÓN A LA PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES EN LAS LISTAS DE NOTIFICACIONES (FÍSICA Y ELECTRÓNICA). La parte quejosa no realiza petición expresa para que se supriman sus datos personales. Por otra parte, para un mejor manejo del expediente, consérvese por separado las copias del escrito de demanda adjuntos a la misma, en el local de la Secretaría de este juzgado. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante la Secretaria de Juzgado Zoila Flor Juárez San Martín, que autoriza y da fe.
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