Josefina García Mendez

Expediente 669/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen. 5 actuaciones registradas, la última del 4 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
669/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
04/11/2022

Partes del expediente

  • Josefina García Mendez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Ciudad del Carmen, Campeche, cuatro de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos y la certificación secretarial de cuenta, se advierte que el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la quejosa Josefina García Méndez, interpusiera recurso de revisión contra el auto de veintinueve de septiembre de dos mil veintidós por el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio, 23/04/26 14:01:36 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.31.32.36.32.33.39.38.35 ALETZA VANESSA RIOFRIO MARTINEZ transcurrió del cuatro al dieciocho de octubre de dos mil veintidós, con exclusión de los días ocho, nueve, doce, quince y dieciséis de octubre del año en curso, por haber sido inhábiles, en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo, sin que dentro de dicho plazo interpusiera el aludido medio de impugnación. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que el auto de veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, que sobreseyó el presente juicio de amparo fuera de audiencia, HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales procedentes. Por otro lado, toda vez que de la certificación secretarial de cuenta, se desprende que en este juicio de amparo no obran documentos originales exhibidos por las partes, por tanto, remítase al archivo definitivo como asunto concluido. DESTINO DEL EXPEDIENTE (SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN) En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que este juicio de amparo no es considerado de relevancia documental. Asimismo, transcurrido el plazo de tres años contados a partir de la fecha en que se dicta este proveído, procédase a su destrucción, conforme a los artículos 21, inciso a) y 24 del referido Acuerdo General. Por consiguiente efectúense las anotaciones correspondientes en el libro uno: de juicios de amparo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). 23/04/26 14:01:36 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.31.32.36.32.33.39.38.35 ALETZA VANESSA RIOFRIO MARTINEZ Juicio de amparo indirecto 669/2022-I En consecuencia, hágase constar su valoración en la carátula del expediente principal, mediante la leyenda "destruible" de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del citado Acuerdo General. Notifíquese por lista a las partes y por oficio a las autoridades responsables.

  2. Principal

    Ciudad del Carmen, Campeche, veintinueve de septiembre de dos mil veintidós. Agréguense a los autos, el oficio S.A./4192/2022, de la Presidenta de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje en Carmen, Campeche, mediante el cual, en atención a lo solicitado mediante auto de veinte de septiembre de dos mil veintidós, remite las siguientes documentales: 1. Copia certificada del citatorio al demandado Juan Diego Sánchez Ramos, de siete de septiembre de dos mil veintidós, emitido dentro de los autos del juicio laboral 147/2020. 2. Copia del emplazamiento al juicio laboral del demandado Juan Diego Sánchez Ramos, de siete de septiembre de dos mil veintidós, realizado dentro de los autos del juicio laboral 147/2020. 3. Copia certificada del citatorio a la demandada Administración Soriana, sociedad anónima de capital variable, de siete de septiembre de dos mil veintidós, emitido dentro de los autos del juicio laboral 147/2020. 4. Copia del emplazamiento al juicio laboral al demandado Administración Soriana, sociedad anónima de capital variable, de siete de septiembre de dos mil veintidós, realizado dentro de los autos del juicio laboral 147/2020. En consecuencia, con fundamento en el artículo 119, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de la autoridad responsable las constancias que adjunta a su escrito de cuenta, las cuales, se desahogan dada su propia y especial naturaleza. Ahora bien, el artículo 62 de la Ley de Amparo, establece que las causas de improcedencia deben analizarse de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Mientras que, el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, establece que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede, entre otros supuestos, cuando durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el artículo 61 de ese mismo ordenamiento. Por su parte, el precepto 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. A partir de lo anterior, se concluye que si de las constancias de autos se advierte que cesaron los efectos del acto reclamado, debe decretarse el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar hasta la celebración de la audiencia constitucional. Estimar lo contrario, traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que iría contra el espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Bajo ese contexto, cabe precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver los amparos en revisión 3387/97, 393/98, 363/98, 2685/98 y 348/99, sostuvo que para que exista cesación de efectos del acto reclamado, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario, además, que sus efectos queden destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiese otorgado el amparo, es decir, como si se hubiese restituido al quejoso en el pleno goce del derecho violado, 23/04/26 14:01:36 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.31.32.36.32.33.39.38.35 ALETZA VANESSA RIOFRIO MARTINEZ Juicio de Amparo 669/2022-I 3 de tal manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ejecutorias que dieron lugar a la jurisprudencia 2a./J. 59/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IX, junio de 1999, página 38, Novena Época, intitulada: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso que nos ocupa, mediante escrito presentado electrónicamente el veintinueve de agosto de dos mil veintidós, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, José Daniel Nápoles Flores, apoderado legal de Josefina García Méndez, promovió demanda de amparo contra la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en Carmen, Campeche y otra autoridad, a quien le reclamó la omisión de llevar a cabo el emplazamiento de los demandados Administración Soriana, sociedad anónima de capital variable y Juan Diego Sánchez Ramos, en el juicio laboral 147/2020. Ahora bien, las autoridades responsables al rendir sus informes justificados manifestaron lo siguiente: 23/04/26 14:01:36 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.31.32.36.32.33.39.38.35 ALETZA VANESSA RIOFRIO MARTINEZ 4 1. La Presidenta de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje en Ciudad del Carmen, Campeche, manifestó que era cierto el acto reclamado por el quejo. 2. El Actuario adscrito a la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje en Ciudad del Carmen, Campeche, manifestó que no era cierto el acto reclamado por el quejo Ahora bien, de las constancias recibidas se desprende que el siete de septiembre de dos mil veintidós, se dejó citatorios a los demandados Administración Soriana, sociedad anónima de capital variable y Juan Diego Sánchez Ramos, y en esa misma fecha, se emplazó a dichos demandados al juicio laboral 147/2020. Copias certificadas a las que se les confiere con valor probatorio pleno, en su calidad de instrumental de actuaciones judiciales acorde a lo establecido por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Bajo ese contexto, al haber emplazado la autoridad responsable a los demandados Administración Soriana, sociedad anónima de capital variable y Juan Diego Sánchez Ramos, resulta evidente que han cesado los efectos de los actos reclamados, pues desapareció el motivo que concreta y específicamente originó la solicitud del amparo y protección de la justicia federal, porque las cosas volvieron a constituirse en una situación idéntica a la que imperaba antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si los actos reclamados no hubieran invadido la esfera jurídica del particular, ya que resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de actos que ya no surten sus efectos, ni los surtirán, y que no dejaron huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por las razones expuestas, por haber sobrevenido causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia, con fundamento en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 63, fracción V, de ese mismo ordenamiento legal, se decreta el SOBRESEIMIENTO fuera de audiencia en este juicio de amparo. Derivado de lo anterior, se deja sin efectos la celebración de la constitucional, programada para las doce horas con treinta y un minutos del catorce de octubre de dos mil veintidós. Hágase las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno de este Juzgado de Distrito. Notifíquese personalmente a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y a la parte quejosa; y por oficio a las autoridades responsables.

  3. Principal

    Ciudad del Carmen, Campeche, veinte de septiembre de dos mil veintidós. Agréguense a los autos, los siguientes comunicados: 1. El oficio S.A./4021/2022, de la Presidenta de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje en Ciudad del Carmen, Campeche, mediante el cual, rinde su informe justificado, en el sentido que es cierto el acto reclamado por el quejoso. 2. El oficio S.A./4022/2022, del Actuario adscrito a la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje en Ciudad del Carmen, mediante el cual, rinde su informe justificado, en el sentido que no es cierto el acto reclamado por el quejoso. Como justificación de sus informes las autoridades responsables remiten la siguientes documentales: 1. Copia certificada de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones de veinticinco de agosto de dos mil veintidós, relativa al juicio laboral 147/2020. 2. Copia certificada del citatorio de siete de septiembre de dos mil veintidós, emitido en el juicio laboral 147/2020, correspondiente a "quien resulte propietario o responsable de la fuente de trabajo". 3. Copia del emplazamiento de ocho de septiembre de dos mil veintidós, practicado a "quien resulte propietario o responsable de la fuente de trabajo", en el juicio laboral 147/2020. En consecuencia, con fundamento en el artículo 119, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de la autoridad responsable las constancias que adjuntan a sus informes justificados, las cuales, se desahogan dada su propia y especial naturaleza. Asimismo, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, con los informes justificados rendidos, dése vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Ahora bien, de las constancias enviadas por las autoridades responsables, se advierte que el ocho de septiembre de dos mil veintidós, se emplazó "a quien resulte propietario o responsable de la fuente de trabajo"; sin embargo, omitieron remitir las diligencias de emplazamiento a los demandados Administración Soriana, sociedad anónima de capital variable y Juan Diego Sánchez Ramos. En consecuencia, con fundamento en los artículos 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase a la Presidenta de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje en Ciudad del Carmen, Campeche, para que dentro del plazo de tres días hábiles contados a partir de la legal notificación del presente proveído, remita copias certificadas de las diligencias de emplazamientos relativas a los demandados Administración Soriana, sociedad anónima de capital variable y Juan Diego Sánchez Ramos, en el juicio laboral 147/2020. Se apercibe a la autoridad requerida que de no dar cumplimiento al requerimiento dentro del plazo concedido en los términos indicados, con fundamento en el artículo 26, fracciones II y IV, de la Ley de Amparo, se le impondrá multa de cien Unidades de Medida y Actualización, equivalentes a la cantidad de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos, moneda nacional), que resulta de multiplicar por cien el valor diario de dicha unidad de medida, esto es, $96.22 (noventa y seis pesos, veintidós centavos, moneda nacional) determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el diez de enero de dos mil veintidós, en términos de los artículos 4 y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, publicada en ese medio de difusión el treinta de diciembre de dos mil dieciséis. Notifíquese por lista a las partes; y por oficio a la autoridad responsable.

  4. Principal

    Ciudad del Carmen, Campeche, treinta y uno agosto de dos mil veintidós. RADICACIÓN. Vista la demanda de amparo promovida por José Daniel Nápoles Flores, apoderado legal de Josefina García Méndez, contra actos de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en Carmen, Campeche y otra autoridad, radíquese con el número de expediente 669/2022, intégrese el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y efectúense las anotaciones respectivas en dicho sistema y en el Libro de Gobierno. PERSONALIDAD DEL PROMOVENTE. En términos del artículo 10, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, la representación de quien comparece en representación del quejoso se justificará en la misma forma que determine la ley que rija la materia de la que emane el acto reclamado y cuando ésta no lo prevenga, se estará a lo dispuesto por el Código Federal de Procedimientos Civiles. Ahora bien, el artículo 692, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo, establece que las partes podrán comparecer a juicio en forma directa o por conducto de apoderado legalmente autorizado. Y, tratándose de apoderado de persona física, la personalidad se acreditará con poder notarial o carta poder firmada por el otorgante y ante dos testigos, sin necesidad de ser ratificada ante el Tribunal. En el caso que nos ocupa, la promovente adjuntó a la demanda de amparo una carta poder de dos de marzo de dos mil veinte, firmada por Josefina García Méndez, ante dos testigos de asistencia, de la que se advierte que otorgó poder amplio, cumplido y bastante, entre otros, al licenciado José Daniel Nápoles Flores, para que en su nombre y representación entablaran juicio de amparo, entre otras facultades. En consecuencia, con fundamento en el artículo 10 de la Ley de Amparo, se le reconoce a la promovente el carácter de apoderada con la que se ostenta. ADMISIÓN. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I y VII de la Constitución Federal, 1, fracción I, 2, 3, 6, 10, 20, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 112, 115 y 117 de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda de amparo, promovida por José Daniel Nápoles Flores, apoderado legal de Josefina García Méndez, contra actos del Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en Carmen y otra autoridad. INFORME JUSTIFICADO. Con fundamento en los artículos 115 y 117, párrafo primero, de la Ley de Amparo, pídase a la autoridad responsable su informe justificado, que deberá rendir por escrito dentro plazo de quince días contado a partir del siguiente al en que reciba el oficio en el que se le pide dicho informe. Informe justificado en el que con fundamento en el artículo 117, párrafo quinto, de la Ley de Amparo, expondrá las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad de los actos reclamados y acompañará, en su caso, copias certificadas de las constancias necesarias para apoyarlo. Se apercibe a la autoridad responsable que de no rendir su informe justificado dentro del plazo concedido en los términos indicados, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se le impondrá a la omisa un multa de cien Unidades de Medida y Actualización, equivalentes a la cantidad de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos, moneda nacional), que resulta de multiplicar por cien el valor diario de dicha unidad de medida, esto es, $96.22 (noventa y seis pesos, veintidós centavos, moneda nacional) determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el diez de enero de dos mil veintidós, en términos de los artículos 4 y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, publicada en ese medio de difusión el treinta de diciembre de dos mil dieciséis. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Con fundamento en el artículo 115, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se señalan las DOCE HORAS CON TREINTA Y UN MINUTOS DEL CATORCE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para la celebración de la audiencia constitucional. INTERVENCIÓN A LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITA. Con fundamento en el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que le corresponde. SUSPENSIÓN. No se tramita incidente de suspensión de los actos reclamados, por no haberlo solicitado expresamente el quejoso. TERCERA INTERESADA. La quejosa señala que no existen terceros interesados, ahora bien, del análisis integró de la demanda se advierte que en el expediente laboral 147/2020, los demandados son Administración Soriana, sociedad anónima de capital variable y a Juan Diego Sánchez Ramos; sin embargo, toda vez que quejosa se duele de la falta emplazamiento a dichos demandados, no ha lugar a tenerlos con el carácter de terceros interesados citados, puesto que cuando el promovente del amparo es el actor en el juicio natural, sólo el demandado emplazado, tiene el carácter de tercero interesado, toda vez que con el llamamiento a juicio se ha constituido la relación procesal. Sirve de apoyo a lo expuesto, la jurisprudencia 2a./J. 67/2009, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XXIX, Mayo de 2009, página 265, Novena Época, que dice: "TERCERO PERJUDICADO EN EL AMPARO PROMOVIDO POR EL ACTOR EN UN JUICIO CIVIL, ADMINISTRATIVO O LABORAL. NO TIENE TAL CARÁCTER EL DEMANDADO NO EMPLAZADO (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 78/2003). Conforme al artículo 5o., fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, la contraparte del agraviado tiene derecho a intervenir en el juicio de garantías como tercero perjudicado cuando el acto reclamado emane de juicios del orden civil, administrativo o del trabajo. Ahora bien, esa disposición debe interpretarse en el sentido de que cuando el promovente del amparo es el actor en el juicio natural, sólo el demandado emplazado, tiene el carácter de tercero perjudicado, toda vez que con el llamamiento a juicio se ha constituido la relación procesal. Lo anterior es congruente con el artículo 167 de la Ley de Amparo, ya que el tercero perjudicado debe comparecer ante el Tribunal Colegiado de Circuito a defender sus derechos, pues quien todavía no es emplazado en el juicio de origen no ha resentido afectación alguna a su esfera jurídica y, en consecuencia, no tiene derechos que defender." PRUEBAS Ahora bien, del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa ofrece las siguientes pruebas: 1. La presuncional legal y humana, consistente en todo lo actuado en el expediente que deriva el acto reclamado. 2. Copia simple de carta poder de dos de marzo de dos mil veinte. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la parte quejosa los que aparecen en el escrito de cuenta. Respecto a las pruebas documentales, se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional y se tengan recibidas en ese acto, aunque no exista gestión expresa del interesado. Ahora bien, con lo que respecta con la prueba marcada con el numeral 1, este órgano jurisdiccional se reserva a proveer sobre su admisión o no, hasta en tanto las autoridades responsables rindan sus informes justificados. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 27 fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones personales el ubicado en calle caracol, 121- A, colonia Justo Sierra, Ciudad del Carmen, Campeche. AUTORIZADOS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. Como lo solicita la parte quejosa, se tienen por autorizados con las amplias facultades del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados en derecho Mercy Ossana Luna Guzmán, Erika Berenice Díaz Pérez, Amy Valeria Mas Mas, Perla Rubí Hernández Francisco, Mario Rosado Coffin, Italia Rodríguez Bernabe, Mirley Bazan Bravo, Yolanda Heredia Aguilar, Mariana Guadalupe Salazar Cabrera y Carlos Aldair Chiguil Gómez. Autorización que se admite sin necesidad de que las personas autorizadas acrediten encontrarse legalmente autorizadas para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, pues este juicio de amparo es en materia laboral y el quejoso tiene el carácter de parte trabajadora. CONSULTA DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Por otra parte, como lo solicita el promovente, con fundamento en los artículos 6, 9, 10, 14, 16 y 21 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza al quejoso, consultar el expediente electrónico formado con motivo del presente asunto. Por consiguiente, se instruye que se ingrese el nombre de usuario "ABGOADOS010914", al módulo de autorizados del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para que los referidos autorizados, tengan acceso al expediente electrónico y puedan consultarlo. EXHORTO A TRAMITAR EL ASUNTO "EN LÍNEA". Con fundamento en el artículo 28, párrafo segundo, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020, 1/2021, 5/2021, 9/2021, 20/2021, 1/2022, 7/2022, 9/2022 y 16/2022, de dicho órgano colegiado, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, esto es, mediante el esquema de "juicio en línea". PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA. Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los artículos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. En cumplimiento de lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 13, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. De conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Notifíquese personalmente a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; por lista a la parte quejosa; y por oficio a las autoridades responsables.

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