Josefa Gutiérrez Salvador

Expediente 848/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen. 5 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
848/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
18/10/2023

Partes del expediente

  • Josefa Gutiérrez Salvador
  • A.M R.G.
  • Josefa Gutiérrez Salvador y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Ciudad del Carmen, Campeche, dieciocho de octubre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte que feneció el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto de treinta de marzo de dos mil veintitrés, sin que dentro de dicho plazo interpusiera el aludido medio de impugnación. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que el auto de treinta de marzo de dos mil veintitrés, que desechó la demanda de amparo, HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales procedentes. 09/11/23 08:28:34 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.90.d0 JESUS ALBERTO FLORES FLORES Por otro lado, de la certificación secretarial de cuenta, se desprende que en este juicio de amparo no obran documentos originales exhibidos por las partes, por tanto, remítase al archivo definitivo como asunto concluido. En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que este juicio de amparo no es considerado de relevancia documental. Asimismo, transcurrido el plazo de tres años contados a partir de la fecha en que se dicta este proveído, procédase a su destrucción, conforme al artículo 20, fracción IV del referido Acuerdo General. En consecuencia, hágase constar su valoración en la carátula del expediente principal la leyenda "destruible", de conformidad con lo dispuesto por el artículo 34 del citado Acuerdo General. Por consiguiente, háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese.

  2. Principal

    MESA IV..."Ciudad del Carmen, Campeche, treinta y uno de julio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio ***** de la Juez Interina del Juzgado Mixto Civil-Familiar y de Juicios Orales en materia de Alimentos y Mercantil de Primera Instancia, del Quinto Distrito Judicial del Estado de Campeche, con sede en Candelaria, mediante el cual, devuelve sin diligenciar el despacho **** (número de orden ****), derivado de este juicio de amparo. Efectúense las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y acúsese recibo. Ahora bien, vista la razón actuarial de quince de junio de dos mil veintitrés, se advierte la imposibilidad de la Oficial Auxiliar Interina en funciones de Actuaria del Juzgado Mixto Civil-Familiar y de Juicios Orales en Materia de Alimentos y Mercantil de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial del Estado de Campeche, con sede en Candelaria, para notificar personalmente a la quejosa *****, en representación de la menor de iniciales A.M.R.G., en el domicilio indicado en auto de treinta de marzo de dos mil veintitrés, toda vez que, no fue posible localizarla en dicho domicilio. En consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena notificar a la parte quejosa el proveído de treinta de marzo de dos mil veintitrés, el presente acuerdo y los subsecuentes, aún los de carácter personal, por lista que se fije en el local de este juzgado. Notifíquese por lista a la parte quejosa, el presente proveído, así como el diverso de treinta de marzo de dos mil veintitrés. ******************************************************************PROVEÍDO DE 30/03/2023****************************************************************** MESA IV..."Ciudad del Carmen, Campeche, treinta de marzo de dos mil veintitrés. COMPETENCIA. Se tiene por recibido el oficio ***, del Actuario Judicial del Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito, con residencia en San Francisco de Campeche, Campeche, mediante el cual, transcribe la ejecutoria de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, dictada en el conflicto competencial ***, suscitado entre este Juzgado de Distrito y el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en San Francisco de Campeche, de cuya lectura se advierte que ese órgano colegiado declaró legalmente competente, por razón de territorio, a este órgano jurisdiccional para conocer de la demanda de amparo promovida por ***, en representación de la menor de iniciales A.M.R.G, contra las omisiones de la Fiscal del Ministerio Público Investigador de Candelaria, Campeche. Asimismo, remite el expediente original del juicio de amparo indirecto 848/2022, de este órgano jurisdiccional. En consecuencia, en atención a lo resuelto por el Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito, este órgano jurisdiccional se avoca al conocimiento del asunto. Acúsese recibo. DESECHAMIENTO. Por ser cuestión de orden público y de estudio preferente a la admisión de una demanda, en primer lugar, se analizará si se actualiza alguna de las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto transcrito se advierte que si examinada la demanda de amparo, se encontrare causa manifiesta e indudable de improcedencia, se desechará de plano. Ahora, un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, es aquel del que no se tiene duda ni incertidumbre de su existencia, es decir, el juzgador tiene la plena certeza y convicción de que no podrá ser desvirtuado con algún otro medio probatorio, porque se encuentra debidamente probada y no a base a presunciones. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis aislada 2a. LXXI/2002, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVI, julio de 2002, página 448, Novena Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." Así las cosas, en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, a saber: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;" Del precepto legal transcrito se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, cuando proceda en su contra algún juicio, recurso o medio de defensa legal, en virtud del cual dichos actos puedan ser modificados, revocados o nulificados. Lo anterior, siempre y cuando que para la procedencia del recurso no se exijan más requisitos que los que prevé la Ley de Amparo para otorgar la suspensión, ni un plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la misma. Además, que no existe obligación de agotar tales medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, si sólo se alegan violaciones directas a la Constitución o si el recurso se encuentra previsto en un reglamento sin estar contemplado en la ley aplicable. Ahora bien, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece: "Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno." Del precepto legal transcrito se desprende que la víctima u ofendido cuentan con legitimación para impugnar ante el juez de control las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 233/2017, sostuvo que las determinaciones del Ministerio Público en el desempeño de su labor investigadora deben estar sujetas a control judicial, con la finalidad de que sea el Juez de Control quien revise la legalidad de las mismas. Y, que esas determinaciones no se limitan a las taxativamente previstas en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales (abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal), sino que en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, dijo, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Además, porque la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una investigación, es que al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos, por ende, dijo, tratándose de la omisión ministerial en la etapa de investigación, la autoridad judicial rectora puede ordenar que cese ese estado de cosas y, en consecuencia, que el Ministerio Público continúe realizando la investigación correspondiente. A partir de lo anterior, concluyó que la omisión o inactividad de la autoridad ministerial en la etapa de investigación, debe ser impugnada por la víctima u ofendido ante el Juez de Control a través del medio de defensa previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por tanto, si la parte quejosa promueve la acción constitucional, sin que previamente haya agotado dicho medio ordinario de defensa, ello provocará que se actualice la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en relación con lo dispuesto en el artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De esta ejecutoria emergió la jurisprudencia 1a./J.27/2018 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 57, agosto de 2018, Tomo I, página 945, de rubro y texto siguientes: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos." Y, la jurisprudencia 1a./J. 28/2018 (10a.), publicada en el Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 57, agosto de 2018, Tomo I, página 943, Décima Época, intitulada: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la víctima u ofendido puede impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 citado, cuya finalidad es que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Por lo tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, se debe agotar ese medio de defensa ordinario, en observancia al principio de definitividad." A mayor abundamiento, el artículo 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, reconoce el derecho de la víctima u ofendido para impugnar por sí o por medio de su representante, las omisiones o negligencia que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código y en las demás disposiciones legales aplicables. Sentado lo anterior, el análisis integral de la demanda de amparo pone de manifiesto la quejosa ***, en representación de la menor de iniciales A.M.R.G., reclama de la Fiscal del Ministerio Público Investigador de Candelaria, Campeche, la omisión de llevar a cabo los actos de investigación necesarios para lograr la judicialización de la carpeta de investigación ***, con motivo de los hechos suscitados y denunciados el once de agosto de dos mil veintidós. Sin que haya lugar a considerar como acto reclamado la falta de información de las investigaciones respecto de los hechos suscitados y denunciados el once de agosto de dos mil veintidós, pues el análisis integral de la demanda de amparo revela que la parte quejosa únicamente se duele de la omisión del Ministerio Público de practicar diligencias y desahogar medios de pruebas (valoraciones psicológicas) para la judicialización de la carpeta de investigación. Asimismo, de la lectura de los antecedentes del acto reclamado se desprende el once de agosto de dos mil veintidós, ***, en representación de la menor de iniciales A.M.R.G., presentó denuncia por el delito de violación, razón por la que se abrió la carpeta de investigación ***, a cargo de la fiscal Lizam Akada Chi Couoh. En esa tesitura, se arriba a la conclusión de que la menor quejosa de iniciales A.M.R.G, tiene el carácter de víctima del delito en la carpeta de investigación ***, de conformidad con el artículo 105, fracción I, último párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es así, porque en términos del artículo 108 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se considera víctima del delito al sujeto pasivo que resiente directamente sobre su persona la afectación producida por la conducta delictiva. Bajo ese contexto, la aquí quejosa tiene a su alcance el medio ordinario de defensa previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para impugnar ante el Juez de Control competente, la inactividad y omisiones en que ha incurrido el Fiscal del Ministerio Público Investigador de Candelaria, Campeche, durante la integración de la carpeta de investigación ***. En esa medida, la menor quejosa de iniciales A.M.R.G. al tener el carácter de víctima del delito en la carpeta te investigación ***, antes de acudir al juicio de amparo, debió agotar el medio de defensa previsto en el artículo del Código Nacional de Procedimientos Penales, contra la inactividad u omisiones en que ha incurrido el Fiscal del Ministerio Público Investigador de Candelaria, Campeche, durante la integración de la mencionada carpeta de investigación. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 113 en relación con el numeral 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, este en concordancia con el artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por causa manifiesta e indudable de improcedencia, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por ***, en representación de la menor de iniciales A.M.R.G, contra actos del Fiscal del Ministerio Público Investigador de la localidad de Candelaria, Campeche. No es óbice para lo anteriormente considerado, que el acto reclamado emane de un asunto donde está involucrado un menor de edad. Y, que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 77/2013 (10a.), de rubro: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO EN LOS CASOS EN LOS QUE ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD, CUANDO EL RECURSO ORDINARIO NO ADMITE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO.", sostuvo que se actualiza una excepción al principio de definitividad en el juicio de amparo indirecto en aquellos casos en los que esté involucrado un menor de edad, cuando, de acuerdo con la legislación aplicable al caso, el recurso ordinario que deba agotarse no admita suspensión y cualquiera de las partes alegue un riesgo para el menor en caso de ejecutarse la resolución impugnada, pues en ese supuesto el recurso es inadecuado o ineficaz para alejarlo de la situación de vulnerabilidad en que pueda encontrarse. Sin embargo, el aludido criterio jurisprudencial resulta inaplicable al caso concreto, en razón de que el acto reclamado no se trata de una resolución que de ejecutarse implicaría un riesgo para la menor quejosa de dejarla en estado de indefensión, sino lo que se reclama es una omisión de llevar a cabo los actos de investigación necesarios para lograr la judicialización de la carpeta de investigación ***, con motivo de los hechos suscitados y denunciados el once de agosto de dos mil veintidós. Por ende, en tal supuesto, se reitera, en acatamiento al principio de definitividad que rige al juicio de amparo, previo al ejercicio de la acción constitucional, la quejosa debió agotar el medio de defensa previsto en el artículo del Código Nacional de Procedimientos Penales, contra la inactividad y omisiones en que ha incurrido el Fiscal del Ministerio Público Investigador de la localidad de Candelaria, Campeche, durante la integración de la carpeta de investigación ***. NOTIFICACIÓN POR CORREO ELECTRÓNICO Con fundamento en el artículo 57, del Código Federal de Procedimientos Civiles, no ha lugar a tener como medio de notificación de la parte quejosa el correo electrónico ***, debido a que la Ley de Amparo, no prevé ese medio para recibir notificaciones. NOTIFICACIÓN POR DESPACHO A LA PARTE QUEJOSA. Así, toda vez que de la credencial para votar que la quejosa acompañó a su demanda de amparo se advierte que, tiene domicilio ubicado en ***. En consecuencia, toda vez que el domicilio de la quejosa se encuentra fuera de la residencia de este juzgado, con fundamento en los artículos 298 y 299 del Código Federal de Procedimientos Civiles, gírese despacho al Juzgado Mixto Civil-Familiar Mercantil (Oralidad Mercantil) de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial del Estado de Campeche, con residencia en calle 19, entre calles 20 y 21, colonia Cuauhtémoc, código postal 24330, municipio de Candelaria, Campeche, para que el actuario de esa adscripción se constituya en el domicilio de la quejosa ubicado en ***, y le notifique el presente acuerdo. Asimismo, lo prevenga para que dentro de los tres días siguientes de aquél en que sea notificada, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en la residencia de este juzgado, con el apercibimiento que de no hacer manifestación alguna al respecto, las subsecuentes notificaciones de carácter personal se le harán por medio de lista de los estrados de ese juzgado, sin ulterior acuerdo, como lo establece el artículo 26, fracción III y 27, fracción II, de la Ley de Amparo. En el entendido que la o el fedatario público encargado de la diligencia deberá levantar un acta circunstanciada en la que asiente expresamente lo solicitado. Se otorga plenitud de jurisdicción al juzgado a quien le corresponde la diligenciación del presente despacho, para que en cumplimiento de lo ordenado se practiquen cuantas diligencias sean necesarias para el desahogo de lo solicitado, lo que implica que también se le conceden facultades para conocer y resolver los recursos que se interpongan en los que se impugne la legalidad de sus actuaciones. Diligenciado que sea el despacho se sirva devolverlo con las constancias de su debida diligenciación. AUTORIZACIÓN DE USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. De conformidad con la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, desde este momento queda autorizado el uso de medios electrónicos para la obtención de las constancias que obren en este sumario, siempre y cuando no se trate de aquellas que, por su naturaleza, sean de carácter confidencial o reservada, debiéndose asentar la razón de recibo respectivo; en el entendido de que el uso de las mismas es responsabilidad de la parte que las obtenga. EXHORTO A TRAMITAR EL ASUNTO "EN LÍNEA". Con fundamento en el artículo 263 fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo; se exhorta a las partes para que continúen la tramitación del presente asunto, mediante el esquema de "juicio en línea"; para lo cual, deberán proporcionar su nombre de usuario, solicitar que las notificaciones subsecuentes se les realicen de manera electrónica y que tengan firma electrónica vigente. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA. Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los artículos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. En cumplimiento de lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 13, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. De conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. NOTIFÍQUESE POR DESPACHO A LA PARTE QUEJOSA. Así lo proveyó y firma José Elías Pacheco Martínez, juez Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, asistido de Aletza Vanessa Riofrio Martínez, secretaria de juzgado con quien actúa y da fe.

  3. Principal

    MESA IV..."Ciudad del Carmen, Campeche, treinta de marzo de dos mil veintitrés. COMPETENCIA. Se tiene por recibido el oficio ***, del Actuario Judicial del Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito, con residencia en San Francisco de Campeche, Campeche, mediante el cual, transcribe la ejecutoria de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, dictada en el conflicto competencial ***, suscitado entre este Juzgado de Distrito y el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en San Francisco de Campeche, de cuya lectura se advierte que ese órgano colegiado declaró legalmente competente, por razón de territorio, a este órgano jurisdiccional para conocer de la demanda de amparo promovida por ***, en representación de la menor de iniciales A.M.R.G, contra las omisiones de la Fiscal del Ministerio Público Investigador de Candelaria, Campeche. Asimismo, remite el expediente original del juicio de amparo indirecto 848/2022, de este órgano jurisdiccional. En consecuencia, en atención a lo resuelto por el Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito, este órgano jurisdiccional se avoca al conocimiento del asunto. Acúsese recibo. DESECHAMIENTO. Por ser cuestión de orden público y de estudio preferente a la admisión de una demanda, en primer lugar, se analizará si se actualiza alguna de las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto transcrito se advierte que si examinada la demanda de amparo, se encontrare causa manifiesta e indudable de improcedencia, se desechará de plano. Ahora, un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, es aquel del que no se tiene duda ni incertidumbre de su existencia, es decir, el juzgador tiene la plena certeza y convicción de que no podrá ser desvirtuado con algún otro medio probatorio, porque se encuentra debidamente probada y no a base a presunciones. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis aislada 2a. LXXI/2002, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVI, julio de 2002, página 448, Novena Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." Así las cosas, en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, a saber: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;" Del precepto legal transcrito se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, cuando proceda en su contra algún juicio, recurso o medio de defensa legal, en virtud del cual dichos actos puedan ser modificados, revocados o nulificados. Lo anterior, siempre y cuando que para la procedencia del recurso no se exijan más requisitos que los que prevé la Ley de Amparo para otorgar la suspensión, ni un plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la misma. Además, que no existe obligación de agotar tales medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, si sólo se alegan violaciones directas a la Constitución o si el recurso se encuentra previsto en un reglamento sin estar contemplado en la ley aplicable. Ahora bien, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece: "Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno." Del precepto legal transcrito se desprende que la víctima u ofendido cuentan con legitimación para impugnar ante el juez de control las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 233/2017, sostuvo que las determinaciones del Ministerio Público en el desempeño de su labor investigadora deben estar sujetas a control judicial, con la finalidad de que sea el Juez de Control quien revise la legalidad de las mismas. Y, que esas determinaciones no se limitan a las taxativamente previstas en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales (abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal), sino que en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, dijo, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Además, porque la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una investigación, es que al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos, por ende, dijo, tratándose de la omisión ministerial en la etapa de investigación, la autoridad judicial rectora puede ordenar que cese ese estado de cosas y, en consecuencia, que el Ministerio Público continúe realizando la investigación correspondiente. A partir de lo anterior, concluyó que la omisión o inactividad de la autoridad ministerial en la etapa de investigación, debe ser impugnada por la víctima u ofendido ante el Juez de Control a través del medio de defensa previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por tanto, si la parte quejosa promueve la acción constitucional, sin que previamente haya agotado dicho medio ordinario de defensa, ello provocará que se actualice la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en relación con lo dispuesto en el artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De esta ejecutoria emergió la jurisprudencia 1a./J.27/2018 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 57, agosto de 2018, Tomo I, página 945, de rubro y texto siguientes: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos." Y, la jurisprudencia 1a./J. 28/2018 (10a.), publicada en el Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 57, agosto de 2018, Tomo I, página 943, Décima Época, intitulada: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la víctima u ofendido puede impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 citado, cuya finalidad es que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Por lo tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, se debe agotar ese medio de defensa ordinario, en observancia al principio de definitividad." A mayor abundamiento, el artículo 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, reconoce el derecho de la víctima u ofendido para impugnar por sí o por medio de su representante, las omisiones o negligencia que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código y en las demás disposiciones legales aplicables. Sentado lo anterior, el análisis integral de la demanda de amparo pone de manifiesto la quejosa ***, en representación de la menor de iniciales A.M.R.G., reclama de la Fiscal del Ministerio Público Investigador de Candelaria, Campeche, la omisión de llevar a cabo los actos de investigación necesarios para lograr la judicialización de la carpeta de investigación ***, con motivo de los hechos suscitados y denunciados el once de agosto de dos mil veintidós. Sin que haya lugar a considerar como acto reclamado la falta de información de las investigaciones respecto de los hechos suscitados y denunciados el once de agosto de dos mil veintidós, pues el análisis integral de la demanda de amparo revela que la parte quejosa únicamente se duele de la omisión del Ministerio Público de practicar diligencias y desahogar medios de pruebas (valoraciones psicológicas) para la judicialización de la carpeta de investigación. Asimismo, de la lectura de los antecedentes del acto reclamado se desprende el once de agosto de dos mil veintidós, ***, en representación de la menor de iniciales A.M.R.G., presentó denuncia por el delito de violación, razón por la que se abrió la carpeta de investigación ***, a cargo de la fiscal Lizam Akada Chi Couoh. En esa tesitura, se arriba a la conclusión de que la menor quejosa de iniciales A.M.R.G, tiene el carácter de víctima del delito en la carpeta de investigación ***, de conformidad con el artículo 105, fracción I, último párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es así, porque en términos del artículo 108 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se considera víctima del delito al sujeto pasivo que resiente directamente sobre su persona la afectación producida por la conducta delictiva. Bajo ese contexto, la aquí quejosa tiene a su alcance el medio ordinario de defensa previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para impugnar ante el Juez de Control competente, la inactividad y omisiones en que ha incurrido el Fiscal del Ministerio Público Investigador de Candelaria, Campeche, durante la integración de la carpeta de investigación ***. En esa medida, la menor quejosa de iniciales A.M.R.G. al tener el carácter de víctima del delito en la carpeta te investigación ***, antes de acudir al juicio de amparo, debió agotar el medio de defensa previsto en el artículo del Código Nacional de Procedimientos Penales, contra la inactividad u omisiones en que ha incurrido el Fiscal del Ministerio Público Investigador de Candelaria, Campeche, durante la integración de la mencionada carpeta de investigación. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 113 en relación con el numeral 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, este en concordancia con el artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por causa manifiesta e indudable de improcedencia, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por ***, en representación de la menor de iniciales A.M.R.G, contra actos del Fiscal del Ministerio Público Investigador de la localidad de Candelaria, Campeche. No es óbice para lo anteriormente considerado, que el acto reclamado emane de un asunto donde está involucrado un menor de edad. Y, que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 77/2013 (10a.), de rubro: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO EN LOS CASOS EN LOS QUE ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD, CUANDO EL RECURSO ORDINARIO NO ADMITE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO.", sostuvo que se actualiza una excepción al principio de definitividad en el juicio de amparo indirecto en aquellos casos en los que esté involucrado un menor de edad, cuando, de acuerdo con la legislación aplicable al caso, el recurso ordinario que deba agotarse no admita suspensión y cualquiera de las partes alegue un riesgo para el menor en caso de ejecutarse la resolución impugnada, pues en ese supuesto el recurso es inadecuado o ineficaz para alejarlo de la situación de vulnerabilidad en que pueda encontrarse. Sin embargo, el aludido criterio jurisprudencial resulta inaplicable al caso concreto, en razón de que el acto reclamado no se trata de una resolución que de ejecutarse implicaría un riesgo para la menor quejosa de dejarla en estado de indefensión, sino lo que se reclama es una omisión de llevar a cabo los actos de investigación necesarios para lograr la judicialización de la carpeta de investigación ***, con motivo de los hechos suscitados y denunciados el once de agosto de dos mil veintidós. Por ende, en tal supuesto, se reitera, en acatamiento al principio de definitividad que rige al juicio de amparo, previo al ejercicio de la acción constitucional, la quejosa debió agotar el medio de defensa previsto en el artículo del Código Nacional de Procedimientos Penales, contra la inactividad y omisiones en que ha incurrido el Fiscal del Ministerio Público Investigador de la localidad de Candelaria, Campeche, durante la integración de la carpeta de investigación ***. NOTIFICACIÓN POR CORREO ELECTRÓNICO Con fundamento en el artículo 57, del Código Federal de Procedimientos Civiles, no ha lugar a tener como medio de notificación de la parte quejosa el correo electrónico ***, debido a que la Ley de Amparo, no prevé ese medio para recibir notificaciones. NOTIFICACIÓN POR DESPACHO A LA PARTE QUEJOSA. Así, toda vez que de la credencial para votar que la quejosa acompañó a su demanda de amparo se advierte que, tiene domicilio ubicado en ***. En consecuencia, toda vez que el domicilio de la quejosa se encuentra fuera de la residencia de este juzgado, con fundamento en los artículos 298 y 299 del Código Federal de Procedimientos Civiles, gírese despacho al Juzgado Mixto Civil-Familiar Mercantil (Oralidad Mercantil) de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial del Estado de Campeche, con residencia en calle 19, entre calles 20 y 21, colonia Cuauhtémoc, código postal 24330, municipio de Candelaria, Campeche, para que el actuario de esa adscripción se constituya en el domicilio de la quejosa ubicado en ***, y le notifique el presente acuerdo. Asimismo, lo prevenga para que dentro de los tres días siguientes de aquél en que sea notificada, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en la residencia de este juzgado, con el apercibimiento que de no hacer manifestación alguna al respecto, las subsecuentes notificaciones de carácter personal se le harán por medio de lista de los estrados de ese juzgado, sin ulterior acuerdo, como lo establece el artículo 26, fracción III y 27, fracción II, de la Ley de Amparo. En el entendido que la o el fedatario público encargado de la diligencia deberá levantar un acta circunstanciada en la que asiente expresamente lo solicitado. Se otorga plenitud de jurisdicción al juzgado a quien le corresponde la diligenciación del presente despacho, para que en cumplimiento de lo ordenado se practiquen cuantas diligencias sean necesarias para el desahogo de lo solicitado, lo que implica que también se le conceden facultades para conocer y resolver los recursos que se interpongan en los que se impugne la legalidad de sus actuaciones. Diligenciado que sea el despacho se sirva devolverlo con las constancias de su debida diligenciación. AUTORIZACIÓN DE USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. De conformidad con la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, desde este momento queda autorizado el uso de medios electrónicos para la obtención de las constancias que obren en este sumario, siempre y cuando no se trate de aquellas que, por su naturaleza, sean de carácter confidencial o reservada, debiéndose asentar la razón de recibo respectivo; en el entendido de que el uso de las mismas es responsabilidad de la parte que las obtenga. EXHORTO A TRAMITAR EL ASUNTO "EN LÍNEA". Con fundamento en el artículo 263 fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo; se exhorta a las partes para que continúen la tramitación del presente asunto, mediante el esquema de "juicio en línea"; para lo cual, deberán proporcionar su nombre de usuario, solicitar que las notificaciones subsecuentes se les realicen de manera electrónica y que tengan firma electrónica vigente. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA. Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los artículos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. En cumplimiento de lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 13, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. De conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. NOTIFÍQUESE POR DESPACHO A LA PARTE QUEJOSA. Así lo proveyó y firma José Elías Pacheco Martínez, juez Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, asistido de Aletza Vanessa Riofrio Martínez, secretaria de juzgado con quien actúa y da fe.

  4. Principal

    Ciudad del Carmen, Campeche, nueve de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio 34878-IX de la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Campeche, con sede en San Francisco de Campeche, a través del cual transcribe el acuerdo de tres de noviembre de dos mil veintidós, dictado en el juicio de amparo 1149/2022-IV, de cuya lectura se advierte que ese órgano jurisdiccional insiste en la declinatoria de la competencia pronunciada en auto de diez de octubre del dos mil veintidós; por tanto, al existir controversia competencial entre ese órgano jurisdiccional y este juzgado de distrito para el conocimiento del asunto, remitirá el juicio de amparo al Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito, con sede en San Francisco de Campeche, para que resuelva la cuestión competencial planteada; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, téngase por recibido el oficio 12911/2022, del Actuario Judicial adscrito al Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito, con residencia en San Francisco de Campeche, Campeche, por el cual transcribe el acuerdo de siete de noviembre de dos mil veintidós, de cuyo contenido se advierte que se admitió el conflicto competencial suscitado entre el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Campeche, con sede en San Francisco de Campeche y este órgano jurisdiccional, para conocer del juicio de amparo indirecto 848/2022 de este órgano jurisdiccional; asunto que se radicó con el número de conflicto competencial 84/2022. Cúmplase

Quedan 1 actuación en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen · 2,040 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano