Josefina Garcia Cano

Expediente 207/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 12 actuaciones registradas, la última del 7 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
207/2019
Año
2019
Actuaciones
12
Última actuación
07/06/2019

Partes del expediente

  • Josefina Garcia Cano

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, siete de junio de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido la sentencia dictada el veintiuno de mayo de dos mil diecinueve, la cual sobreseyó en el amparo solicitado por la parte quejosa; por lo que, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme lo establece el segundo precepto de la ley de la materia, se declara que dicha sentencia ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes; razón por la cual, quedan sin efecto las medidas cautelares decretadas en el incidente de suspensión. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, en su oportunidad, archívese el asunto como totalmente concluido. No pasa inadvertido para el suscrito Juzgador que no obra en autos la constancia de notificación a la autoridad responsable 2. Agente del Ministerio Público adscrito al Distrito Judicial de Tepexi de Rodríguez, Puebla (Ernesto Gutiérrez Roldán), de la referida resolución; sin embargo, no es óbice a lo acordado en el párrafo que antecede, pues la aludida resolución no perjudica de alguna manera a dicha autoridad, ya que ésta sobreseyó en el presente juicio de amparo y sólo están legitimadas para interponer el recurso de revisión, las partes a quienes resulte desfavorable la determinación definitiva que se emita dentro del juicio de amparo. Apoya a lo anterior la Jurisprudencia 2a./J. 6/2017 (10a.) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como las siguientes tesis aisladas: "RECURSO DE REVISIÓN. ES IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR EL TERCERO INTERESADO CONTRA LA SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO QUE SOBRESEYÓ EN EL JUICIO. Conforme a los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5 y 6 de la Ley de Amparo, el juicio constitucional procede a petición de la parte agraviada; es decir, la persona física o moral a quien la norma general o el acto reclamado afecte de forma real y actual su esfera jurídica, cuya pretensión es que se le restituya en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación y, en su caso, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que éste exija. En ese sentido, el recurso de revisión es improcedente contra la resolución que sobresee en el juicio de amparo indirecto interpuesto por el tercero interesado -quien posee ese carácter por tener un interés en que el acto reclamado subsista-, pues el principio de agravio personal y directo rige al juicio constitucional en todas sus etapas y, consecuentemente, reserva este recurso en forma exclusiva al quejoso, quien es el único que se ve afectado por ese sobreseimiento, pues va contra su pretensión de que se analice el fondo del asunto. Finalmente, el derecho de acceso a la justicia del tercero interesado para combatir no se limita, en tanto tiene a su alcance la revisión adhesiva, en caso de que su contraparte interponga la revisión principal." "REVISIÓN IMPROCEDENTE. DEBE DESECHARSE LA INTERPUESTA POR QUIEN OBTUVO SENTENCIA FAVORABLE. Cuando se recurre la sentencia dictada en un juicio de amparo biinstancial por la parte a quien le es favorable, el recurso debe desecharse por improcedente, salvo que se esté en el supuesto previsto en el artículo 83, fracción V, último párrafo, de la Ley de Amparo, dado que las resoluciones sólo pueden ser impugnadas por aquella a quien le perjudique." "RECURSOS. QUIENES PUEDEN INTERPONERLOS. Sólo una parte puede interponer recursos contra una resolución que le es desfavorable. El juicio de garantías únicamente puede promoverse por aquél a quien perjudique el acto reclamado (artículo 4o. de la Ley de Amparo), y esta norma debe extenderse, en su aplicación, para expresar que sólo puede interponer recursos contra una sentencia la parte a quien aquélla resulte desfavorable. Tratándose de resoluciones que hayan concedido el amparo, no todas las autoridades responsables están legitimadas para recurrirlas, pues sólo podrán hacer valer la revisión las autoridades contra el fallo que afecte de modo directo el acto que de cada una de ellas se hubiere reclamado (artículo 87 de la misma ley)." En consecuencia, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se establece que el presente asunto en el que sobreseyó en el juicio de amparo, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción II del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita. En cuanto al original del incidente de suspensión en virtud de que se concedió y negó la medida cautelar, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo primero del citado acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, transcurridos cinco años a partir del presente auto en términos de los lineamientos del acuerdo de referencia. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado. Se ordenan fijar las anotaciones correspondientes en las carátulas de los citados cuadernos, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009).

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, catorce de mayo de dos mil diecinueve. Visto, el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el término de quince días concedido a la parte quejosa en acuerdo de dos de abril pasado (foja 58), transcurrió del cinco al treinta de abril de dos mil diecinueve, el cual se interrumpió con la presentación del escrito del quejoso con el cual pretendió ampliar su demanda de amparo, y por auto de ocho de mayo pasado (fojas 80 a 82), se hizo de su conocimiento que aun contaba con un día para desahogar el requerimiento de dos de abril de la presente anualidad, mismo transcurrió el trece de mayo de dos mil diecinueve, sin que lo haya hecho. Por tanto, hágase efectivo el apercibimiento decretado mediante auto de dos de abril del actual y, se hace saber a la parte quejosa que en el presente sumario constitucional únicamente se tienen como autoridad es responsables a las ya señaladas en autos, y sobre esa base se resolverá el juicio de amparo en que se actúa.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, ocho de mayo de dos mil diecinueve. Vista, agréguese a los autos la comparecencia de siete de mayo de dos mil diecinueve, por medio de la cual el quejoso Sigfrido Flores Hernández ratifica la firma que calza el escrito recibido en este juzgado el veintinueve de abril de la presente anualidad, registrado con el folio 8065; por tanto, se provee lo siguiente respecto al contenido del ocurso en mención. Téngase al quejoso Sigfrido Flores Hernández, pretendiendo dar cumplimiento al requerimiento de dos de abril del año en curso, pues al respecto, refiere que es su deseo ampliar la demanda de amparo en los términos precisados en el propio escrito; sin embargo, dígasele que no ha lugar a tener por ampliada su demanda de amparo en los términos planteados, por las razones que enseguida se exponen: En primer término, resulta importante conocer el contenido del artículo 111 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 111. Podrá ampliarse la demanda cuando: I. No hayan transcurrido los plazos para su presentación; II. Con independencia de lo previsto en la fracción anterior, el quejoso tenga conocimiento de actos de autoridad que guarden estrecha relación con los actos reclamados en la demanda inicial. En este caso, la ampliación deberá presentarse dentro de los plazos previstos en el artículo 17 de esta Ley. En el caso de la fracción II, la demanda podrá ampliarse dentro de los plazos referidos en este artículo, siempre que no se haya celebrado la audiencia constitucional o bien presentar una nueva demanda." El numeral transcrito, establece los supuestos en los cuales procede la ampliación del juicio de amparo, esto es: i) cuando se presente oportunamente; ii) el quejoso tenga conocimiento de actos de autoridad que guarden estrecha relación con los actos reclamados en la demanda inicial, y iii) podrá ampliarse dentro del plazo establecido para tal efecto, siempre que no se haya celebrado la audiencia constitucional. En el caso, según se advierte de autos, el accionante constitucional reclama en esta vía lo siguiente: a) Al 1. Gobernador del Estado de Puebla, la omisión de pago por concepto de daños materiales respecto del vehículo Pontiac, Matiz, con placas de circulación XUF-2472 del Estado de Tlaxcala, derivado de un percance vehicular por motivo del tránsito de vehículos, cuyos hechos y cuantía de los daños constan en la averiguación previa 13/2014/TEPEXI; y, b) Al 2. Agente del Ministerio Público adscrito al Distrito Judicial de Tepexi de Rodríguez, Puebla, la omisión de proveer respecto del pago de daños, dentro de la averiguación previa 13/2014/TEPEXI; así como actos tendientes a privarlo de su libertad y posesión del automotor Pontiac, Matiz, con placas de circulación XUF-2472 del Estado de Tlaxcala. Sentado lo anterior, en el mencionado auto de dos de abril de dos mil diecinueve, se requirió única y exclusivamente al quejoso para que, por sí y por su representación, manifestara si era su deseo señalar como nueva autoridad responsable a la Dirección Regional en Tehuacán de la Fiscalía General del Estado de Puebla, no así por cuanto hace a las diversas autoridades que refiere en su escrito de cuenta ni por los nuevos actos que señala. Ello fue así, pues del informe rendido por la autoridad responsable 2. Agente del Ministerio Público adscrito al Distrito Judicial de Tepexi de Rodríguez, Puebla, esta autoridad Federal advirtió que quien actualmente tiene a su cargo la averiguación previa de la que emanan los actos reclamados es la Dirección Regional Tehuacán de la Fiscalía General del Estado de Puebla. Máxime que, resulta evidente que el aquí quejoso no estuvo en posibilidad de conocer nuevos actos y autoridades responsables a partir de los informes justificados que obran agregados en este sumario, pues el 1. Gobernador del Estado de Puebla, por conducto de quien legalmente lo representa, negó categóricamente la existencia del acto reclamado que se le atribuye; y, la diversa autoridad responsable indicada en el párrafo precedente, también negó el acto, manifestando que remitió la indagatoria natural a la multicitada Dirección Regional; por tanto, la ampliación que pretende, no guarda estrecha relación con los actos reclamados en el escrito inicial. Puntualizando lo anterior, se insiste, la ampliación de demanda procede cuando del informe rendido por la autoridad responsable se advierte la existencia de un nuevo acto, la intervención de una autoridad distinta a la que emitió o ejecutó el acto reclamado, o bien, que hasta ese momento se conozcan los fundamentos y motivos que sustenten el acto que se reclama, pudiendo recaer la ampliación sobre los actos reclamados, las autoridades responsables o los conceptos de violación. En tal sentido, resulta evidente que la ampliación de demanda que pretende la parte quejosa, no encuadra en los supuestos de procedencia de la misma, de ahí que resulta improcedente su admisión en los términos planteados. Atento a lo anterior, toda vez que el aquí quejoso presentó su escrito de ampliación de demanda el veintinueve de abril pasado, y el término de quince días concedido en auto de dos de abril del presente año transcurrió del cinco al treinta de abril de la presente anualidad, resulta evidente que el término se interrumpió con la presentación del escrito que se provee, por lo que el quejoso aún cuenta con un día contado a partir de que tenga conocimiento del presente proveído, para que dé cumplimiento al requerimiento en cuestión; esto es, manifieste bajo protesta de decir verdad si es su deseo o no señalar como nueva autoridad responsable a la Dirección Regional Tehuacán de la Fiscalía General del Estado de Puebla, quien actualmente conoce de la averiguación previa de origen. En la inteligencia que subsiste el apercibimiento con el que fue conminado en auto de dos de abril de dos mil diecinueve. Para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para esta fecha, se difiere y se señala como nueva fecha las once horas con cuarenta minutos del veintiuno de mayo de dos mil diecinueve.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, treinta de abril de dos mil diecinueve. Visto, el escrito al parecer signado al parecer por el quejoso Sigfrido Flores Hernández, mediante el cual pretende ampliar su escrito de demanda, en el sentido de señalar nueva autoridad responsable al Director Regional de Tehuacán de la Fiscalía General del Estado de Puebla. Sin embargo, toda vez que la firma que lo calza difiere a simple vista de la que aparece en su escrito inicial de demanda de amparo; con fundamento en el artículo 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase a la citada quejosa para que dentro del término de tres días, siguientes a que surta efectos la notificación del presente auto, comparezca ante el personal actuante de este Juzgado a reconocer la firma que calza el ocurso de cuenta (con credencial oficial y vigente, así como fotocopia simple de dicho documento), apercibida que en caso de no hacerlo en el término indicado se tendrá por no presentada dicha promoción. Así mismo, hágasele saber que de no conducirse con la verdad, se actualiza el delito de falsedad en declaraciones judiciales y en informes dados a una autoridad, conducta prevista y sancionada por la fracción IV, del artículo 247 del Código Penal Federal. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y contenido es: "FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA QUE YA OBRA EN AUTOS. DEBEN MANDARSE RECONOCER LAS FIRMAS DISCREPANTES Y DICTAR EL ACUERDO QUE LEGALMENTE CORRESPONDA. Cuando un escrito presente una firma que sea notoriamente distinta de la que ya obra en autos, debe mandarse reconocerlas, con fundamento en el artículo 30 de la Ley de Amparo, advirtiendo al ocursante de los delitos en que incurren quienes declaran con falsedad ante la autoridad judicial, así como del contenido del artículo 211 de la Ley de Amparo y después se dictará el acuerdo que corresponda, con vista a la propia diligencia de reconocimiento. Es importante distinguir que la firma notoriamente diferente, no equivale a la falta de firma, pues ambas son hipótesis distintas." Finalmente, dígase a la quejosa que, una vez que ratifique la firma en cuestión, se proveerá lo conducente.

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