Josefa Romero Osorio
Expediente 132/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 132/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 22/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Josefa Romero Osorio
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintidós de febrero de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto de nueve de febrero de dos mil veintitrés, mediante el cual se desechó la demanda de amparo, sin que lo haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 288, 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha quedado firme el auto de mérito, para los efectos legales a que haya lugar. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otro lado, este expediente es susceptible de destrucción transcurridos tres años contados a partir del presente auto, de con el artículo 21, inciso d, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General). Así mismo, se ordena fijar la anotación correspondiente en la carátula de dicho expediente, de conformidad con lo establecido en el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General. INTEGRACIÓN DE EXPEDEINTE FÍSICO. En términos de lo que disponen los artículos 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se establece que la presente resolución se integrará al expediente físico pues es indispensable para el impulso del presente juicio de amparo y se ordena el archivo. NOTIFÍQUESE POR LISTA A LA PARTE PROMOVENTE (POR ASÍ HABERLO SOLICITADO EXPRESAMENTE.
- Principal
PUBLICACIÓN DE CITATORIO: EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DE TRES DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, QUE DICE: 03-02-2023 I Devolución de autos. Agréguese a los presentes autos, para que obre como legalmente corresponda, el oficio III-497/2023 signado por la actuaria del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, por medio del cual, devuelve: El expediente original del presente juicio de amparo; Un disco versátil digital (DVD); y, Un dispositivo de almacenamiento, memoria USB. Asimismo, informa que el dos de febrero de dos mil veintitrés, se declaró precluido el derecho de Marcos Ortega Arellano, agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Apoyo y Litigación de la Fiscalía de Investigación Regional de la Fiscalía General del Estado, de interponer recurso de reclamación. Por ende, causó estado el desechamiento del recurso de revisión interpuesto por, en contra de la sentencia dictada en este juicio de amparo, mismo que se radicó con el número de expediente R-348/2022 de la estadística de ese tribunal. De lo que se toma conocimiento, para los efectos legales procedentes. Como lo solicita la autoridad oficiante, acúsese recibo de lo anterior. II. Declaración de ejecutoria. Consecuentemente, con fundamento en el normativo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por reenvío de su numeral 2º, se declara que la sentencia de amparo ha adquirido firmeza. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). III. Requerimiento de cumplimiento. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable: Salvador Hernández Martínez, juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Norte del Estado de Puebla, con sede en Huauchinango. Para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, dé cumplimiento a la ejecutoria de amparo, únicamente, por cuanto hace a los quejosos: Reynaldo Ramos Hernández; y Óscar Gutiérrez Cruz -sin que se haga extensivo a sus coimputados-. Lo anterior, para los efectos siguientes: 1. Dejar sin efectos únicamente el auto de vinculación a proceso dictado en contra de los quejosos 1. Reynaldo Ramos Hernández y 3. Óscar Gutiérrez Cruz en audiencia inicial celebrada el quince de junio de dos mil veintidós, por su probable responsabilidad en la comisión del hecho con apariencia del delito de homicidio calificado, previsto y sancionado por los artículos 312, 313, fracción I, inciso a), 323, 324, 325, 326, fracciones II y IV, 328 y 331, en relación con los diversos 11, 13 y 21, fracción I, todos del Código Penal del Estado de Puebla, en agravio de Daniel Picazo González. 2. Reponer el procedimiento de la audiencia inicial justo al momento previo en que se formuló imputación, por lo que deberá dejar sin efectos todos los actos procesales realizados en la citada audiencia inicial, desde la formulación de la imputación hasta la determinación del plazo para el cierre de la investigación complementaria, incluyendo la imposición de la prisión preventiva oficiosa. 3. Enseguida, deberá cuestionar a los referidos quejosos sobre la designación de su defensa que deberá asistirlos jurídicamente en audiencia inicial, la cual podrá ser su defensora pública Mónica Bones Isidro. En todo caso, deberá: i) cerciorarse de que la defensa elegida, sea particular o de oficio, se haya impuesto de los registros de investigación y haya obtenido copia de los mismos con la debida anticipación para ejercer una defensa adecuada, en términos del artículo 219 del Código Nacional de Procedimientos Penales; y, ii) cerciorarse con su encargada o encargado de sala que la defensa cuenta con cédula profesional de licenciado o licenciada en derecho, con su inscripción vigente en el Registro Nacional de Profesiones. 4. Al mismo tiempo, deberá dar oportunidad a los quejosos para que manifiesten si se autoadscriben o no como personas indígenas, para lo cual deberá realizarles el cuestionamiento respectivo, esto es, les preguntará si pertenecen a algún pueblo o etnia indígena y, de ser así, dirán cuál es; de igual forma, les cuestionará si entienden perfectamente el español y si hablan alguna lengua o dialecto distintos al español y, de ser afirmativa la respuesta, dirán cuál es. 5. En caso de que los quejosos se autoadscriban como indígenas, el juez de control preguntará a quien lleve su defensa, si tiene conocimientos de la lengua y cultura de los quejosos; y, de ser así, deberá exhibir las constancias que lo avalen. 6. Sin perjuicio de lo anterior, deberá designar un intérprete (oficial o práctico, según sea el caso) conocedor de la lengua y cultura náhuatl, pues los quejosos en su demanda de amparo refirieron ser personas indígenas y hablar la lengua náhuatl, quien protestará el cargo y, con asistencia de éste, cuestionará a los quejosos sobre si desean ser asistidos por él durante la audiencia, sin que ello implique, desde luego, dejar sin efectos el nombramiento de defensor. 7. En caso de que los quejosos manifiesten su deseo de ser asistidos por el intérprete, la responsable deberá constatar que éste conoce la lengua y cultura de ellos y, hecho lo anterior, ordenará su presencia en el desarrollo de toda la audiencia, quien fungirá como auxiliar de los quejosos, garantizando que pueda tener comunicación con ellos durante la misma. En caso contrario, es decir, que los quejosos renuncien a la asistencia de dicho intérprete, el juez deberá dejar registro de ello, debiendo dar intervención al perito, a fin de corroborar la voluntad de los quejosos. 8. Para el caso de que la defensora o el defensor designado hubiera manifestado desconocer la lengua y cultura de los quejosos, o manifestando conocerlos no lo demuestre fehacientemente, la figura del intérprete que sí conoce ambos, no podrá ser soslayada; en caso contrario, sí podrá prescindirse de ella. 9. Una vez realizado lo anterior, el juez de control continuará con los actos procesales que correspondan a la audiencia inicial, en términos de los artículos 307 a 315 del Código Nacional de Procedimientos Penales; y, resolverá, con libertad de jurisdicción, lo que en derecho corresponda; no obstante, la reposición ordenada no significa que se dé oportunidad a la fiscalía de modificar los hechos y datos que sirvieron de base en las primigenias imputación y solicitud de vinculación a proceso, por lo que deberá hacerle saber que deberá ajustarse a la imputación y a la solicitud de vinculación a proceso (datos de prueba) formuladas en audiencia de quince de junio de dos mil veintidós; ello, en observancia a los principios de non reformatio in peius y de igualdad entre las partes. 3.1. Apercibimientos. Se apercibe a la citada autoridad responsable, que de no cumplir dentro del término que se señala, o bien, informar el impedimento que tenga para ello, de conformidad con los artículos 192, segundo párrafo, 193, primer párrafo y 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente a cien días, calculada al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento del dictado del presente auto. De igual forma, hágase de su conocimiento, que en caso de ser omisa al requerimiento que antecede en el plazo fijado, además de imponerle la multa con la que se le apercibió, de acuerdo al procedimiento previsto en los artículos 193 y 198 de la Ley de Amparo, los autos originales del asunto en que se actúa, serán remitidos al Tribunal Colegiado en Materia Penal en Turno del Sexto Circuito, para la substanciación del incidente de inejecución de sentencia respectivo y, éste a su vez, si procede, los remitirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para la separación de sus cargos y su consignación penal ante el Juez de Distrito que corresponda por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo; sirviendo de apoyo a las consideraciones antes expuestas, la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aunado a que de actuar dolosamente en el incumplimiento de la presente ejecutoria de amparo, incurre en responsabilidad penal y que la pérdida de la calidad de autoridad, no extingue la responsabilidad penal por los actos u omisiones realizados para no cumplir o eludir el cumplimiento de la misma, cuando la ley le exija su acatamiento, según lo previsto por los artículos 267, fracción I y 269 de la Ley de Amparo. 3.2. Consideraciones respecto de la exigibilidad de cumplimiento a superiores jerárquicos. No se inadvierte por este órgano de control constitucional, que el tercer párrafo del artículo 192 de la ley de la materia, dispone que cuando se ordene el requerimiento del cumplimiento de la ejecutoria de amparo, también se debe requerir al superior jerárquico de aquélla, para que en el ámbito de sus funciones, instruya a su subalterno a dar cumplimiento al fallo protector de que se trata; sin embargo, toda vez que se trata de 1. Salvador Hernández Martínez, Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Norte del Estado de Puebla, con sede en Huauchinango, ésta cuenta con total independencia y autonomía para cumplir con las sentencias de amparo; por tanto, carece de superior jerárquico, lo anterior, atendiendo al criterio contenido en la jurisprudencia PC.I.C. J/3 K (10a.) del Pleno en Materia Civil del Primer Circuito.
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