Josefina Aguirre Yáñez
Expediente 725/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 13 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 725/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 27/11/2018
Partes del expediente
- Josefina Aguirre Yáñez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de garantías, se advierte que mediante oficio y anexo recibidos en la Oficialía de Partes de este Órgano Jurisdiccional el veinticuatro de agosto del año en curso (fojas 97 y 98), la Delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, manifestó la forma en que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por auto de veintisiete de agosto del actual año (foja 99), se dio vista a la parte agraviada con la referida comunicación y anexo, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este Juzgado de Distrito, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. La citada determinación, se notificó a la promovente el veintiocho siguiente (foja 100); por tanto, el plazo de tres días otorgado transcurrió del treinta de agosto al tres de septiembre de dos mil dieciocho. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo, de la Legislación de Amparo, este Órgano Jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. En ese sentido, mediante sentencia terminada de engrosar el veintiuno de junio de dos mil dieciocho (fojas 62 a 85), se determinó sobreseer y conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, en los términos siguientes: ".En esa tesitura, se concede la protección de la Justicia de la Unión solicitada para los efectos de que: a) Los artículos 23, fracción III, así como 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, que prevén, respectivamente, el refrendo alcoholes y los impuestos para fomento a la educación, la asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit, sean desincorporados de la esfera jurídica de la amparista, tanto en el presente como en el futuro. b) En consecuencia, el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, devuelva las contribuciones erogadas por la amparista con fundamento en las disposiciones anteriores en el comprobante de depósito de la institución bancaria BBVA Bancomer, y la constancia de pago exhibida por el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, en representación del Recaudador de Rentas, con su informe justificado, cuyo pago fue realizado el dos de abril de dos mil dieciocho (fojas 11, 12 y 53), exceptuando algún descuento o estímulo que respecto de tal pago que se haya hecho a la quejosa; asimismo, a la cantidad que deba entregarse se incluirá la actualización fiscal correspondiente.(.)" Resolución que causó ejecutoria el diecisiete de julio de dos mil dieciocho (fojas 91 y 92). De lo transcrito se colige, que los actos que debían realizar las autoridades responsables, en el ámbito de sus respectivas atribuciones para cumplir con dicha sentencia, son los siguientes: Se desincorporara de la esfera jurídica de la quejosa lo previsto en el precepto 23, fracción III de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil dieciocho, en relación con los dispositivos 11, 12 y 13 de la citada ley de ingresos y se abstuvieran de aplicarlos en contra de la solicitante de amparo, tanto en el presente como en el futuro. Se le devolviera a la agraviada la suma de $17,186.30 (Diecisiete mil ciento ochenta y seis pesos 30/100 Moneda Nacional), por concepto de revalidación de permiso de bar, asimismo de fomento a la educación, asistencia social y Universidad Autónoma de Nayarit. En el entendido de que la cantidad remanente a devolver deberá encontrarse debidamente actualizada. En cumplimiento a ello, mediante oficio y anexo presentados en la Oficialía de Partes de este Juzgado el veinticuatro de agosto del actual año (fojas 97 y 98), la Delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en autos, acompañó la impresión de la transferencia efectuada en favor de la quejosa, el veintidós de agosto de este año, por la cantidad de $17,218.84 (Diecisiete mil doscientos dieciocho pesos 84/100 Moneda Nacional), por concepto de la suma que en su momento erogó la solicitante del amparo con motivo de la aplicación de los normativos tildados de inconstitucionales en el presente juicio de amparo y su actualización correspondiente. Ahora, atendiendo a los efectos de la sentencia protectora del amparo, los cuales han quedado precisados con anterioridad, se advierte que las autoridades responsables acataron los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, pues desincorporaron de la esfera jurídica de la parte quejosa la porción normativa reclamada y le devolvieron la contribución principal erogada por ésta, así como lo relativo a la actualización fiscal correspondiente. Lo anterior es así, dado que la quejosa erogó a favor de la administración pública estatal, por los derechos e impuestos en comento, la cantidad de $17,186.30 (Diecisiete mil ciento ochenta y seis pesos 30/100 Moneda Nacional), por lo que se desprende que la obligación tributaria principal ha sido devuelta. Sin embargo, como se expuso, en la ejecutoria en análisis se determinó que la cantidad anterior debía devolverse con la actualización correspondiente, la que se encuentra contemplada en el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue expedido el dos de abril de dos mil dieciocho (fojas 11, 12 y 53) y el veintidós de agosto del año en curso, la autoridad responsable transfirió a la aquí quejosa la cantidad antes indicada (foja 98); por lo que el periodo de actualización comprende del mes de abril a agosto de dos mil dieciocho. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de julio de este año entre el índice para el mes de febrero de dos mil dieciocho (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); sin embargo, en los casos en que el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes inmediato anterior de los meses respectivos, no hubiera sido publicado por el Banco de México al día en que, en su caso, se expidió el recibo fiscal o bien, se efectuó la devolución de la cantidad erogada, la actualización de que se trate se realizará aplicando el índice mensual anterior publicado, esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de febrero de dos mil dieciocho fue de 132.009; y para el mes de julio de esta anualidad fue de 132.991 de la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.0074. Por tanto, al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho en comento, a saber: $17,186.30 (Diecisiete mil ciento ochenta y seis pesos 30/100 Moneda Nacional) menos la cantidad que no es objeto de devolución, esto es, la suma de $3.00 (Tres pesos 00/100 Moneda Nacional), que corresponde a la comisión bancaria que se indicó en el formato de pago que se trata, se obtiene $17,310.45 (Diecisiete mil trescientos diez pesos 45/100 Moneda Nacional) Así de las constancias que obran en autos se advierte que el citado Recaudador responsable, acató los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, toda vez que devolvió a la quejosa la cantidad de $17,218.84 (Diecisiete mil doscientos dieciocho pesos 84/100 Moneda Nacional), por concepto de la devolución de los conceptos materia del presente juicio. No pasa inadvertido que el monto que el Recaudador responsable debía devolver al agraviado era de $17,310.45 (Diecisiete mil trescientos diez pesos 45/100 Moneda Nacional); sin embargo, éste reintegró la diversa $17,218.84 (Diecisiete mil doscientos dieciocho pesos 84/100 Moneda Nacional), es decir, no entregó un faltante de $91.61 (Noventa y un pesos 61/100 Moneda Nacional), pero dicho faltante no tiene relevancia económica para considerar que la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, pues dada la magnitud de la diferencia a nada práctico conduciría requerir a la responsable, en razón de que los gastos administrativos que realizaría la responsable y la quejosa para obtener dicho monto, serían mayores al beneficio del numerario referido. Por tanto, este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, DECLARA CUMPLIDA la sentencia que otorgó el amparo y protección de la Justicia de la Unión. En ese tenor, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del artículo 196 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 214, de ese cuerpo normativo, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido, sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Se dice lo anterior, ya que se ubica en las fracciones II y IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues por una parte se sobreseyó en el presente juicio de garantías y por otra, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el Libro de Gobierno, a excepción de la demanda y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTISIETE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el ocurso de cuenta signado por ********, en su carácter de delegada de la autoridad responsable denominada Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad y anexo que acompaña, mediante el cual informa el cumplimiento dado al fallo protector; luego, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa, con el libelo de cuenta y anexo de referencia, para que dentro del término de TRES DÍAS contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga, apercibida que de no hacer pronunciamiento alguno, con apoyo en la ejecutoria de amparo y demás actuaciones que obran en el sumario, se pronunciará en relación con el cumplimiento al fallo protector, sin tomar en cuenta las manifestaciones que se hagan en forma extemporánea.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTICUATRO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el ocurso de cuenta presentado por ********************, en su carácter de delegada de la autoridad responsable denominada Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad y anexo que acompaña, a través del cual informa las gestiones realizadas con el propósito de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Legislación de la Materia, agréguense el ocurso de mérito y anexo en vías de cumplimiento al fallo protector, para que surtan sus efectos legales procedentes; en la inteligencia, de que este órgano jurisdiccional quedará en la espera del cumplimiento total a la ejecutoria dictada en autos.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, DIECISIETE DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Vista la certificación que antecede, se desprende que dentro del plazo de diez días que prevé el numeral 86 de la Ley de Amparo, no se interpuso medio de impugnación contra la sentencia terminada de engrosar el veintiuno de junio del presente año (fojas 62 a 85); en consecuencia, conforme lo dispuesto en los artículos 355 y 356, fracción II, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia en su arábigo 2°, se declara que ha CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar. En ese tenor, visto el sentido de dicha sentencia, de conformidad a lo dispuesto por el ordinal 192 de la ley de amparo, requiérase al Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, para que dentro del plazo de DIEZ DÍAS, siguientes al en que reciba el oficio de notificación correspondiente, dé cumplimiento al fallo protector concedido. Asimismo, con sustento en el dispositivo 192, párrafo tercero de la actual Ley de Amparo, requiérase al Secretario de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, en su carácter de superior jerárquico, para que ordene al Recaudador responsable, a dar cumplimiento con la ejecutoria de amparo. Apercibidas que de no hacerlo sin causa justificada, con apoyo en los numerales 237, fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo, se les impondrá una medida de apremio consistente en multa por el equivalente a cien días de salario mínimo vigente en la Ciudad de México. En el entendido de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a los ahora denominados Unidad de medida y actualización, en términos del transitorio tercero del acuerdo emitido por el pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma disposiciones de diversos acuerdos generales en materia de desindexación del salario mínimo, así como mediante el cual se actualiza el Manual de Organización General del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de abril de dos mil dieciséis. Además, se les hace del conocimiento a las citadas autoridades que en el supuesto de que la ejecutoria de amparo no quede cumplida en el plazo fijado, este órgano jurisdiccional hará el pronunciamiento respectivo e impondrá las multas que procedan; asimismo, remitirá los autos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en turno, con sede en esta ciudad; en la inteligencia, de que si por algún motivo los titulares respectivos dejaran el cargo que desempeñan, seguirán teniendo responsabilidad, conforme lo prevén los artículos 193 y 269 de la ley citada.
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