Josefa Macías Navarrete

Expediente 614/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 7 actuaciones registradas, la última del 21 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
614/2018
Año
2018
Actuaciones
7
Última actuación
21/06/2018

Partes del expediente

  • Josefa Macías Navarrete

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTIUNO DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto lo de cuenta, se advierte que la determinación de veinticinco de abril de la presente anualidad, que sobreseyó fuera de audiencia en el juicio en que se actúa, fue notificada a la parte quejosa el veintiséis de abril siguiente, sin que haya interpuesto recurso alguno contra la misma, dentro del término previsto por el arábigo 86 del citado ordenamiento legal, como se aprecia de la certificación que antecede; entonces, con fundamento en los ordinales 355 y 356, fracción II, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, por disposición de su numeral 2, se declara que ha causado estado, para todos los efectos a que haya lugar. Por otro lado, toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el precepto 214 del citado ordenamiento legal, se ordena el archivo definitivo de este expediente como totalmente concluido; sin que haya lugar a agregar incidente de suspensión por no haberse tramitado; por tanto, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Ahora bien, en cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se concluye que el presente expediente es destruible en la forma y términos indicados en el propio Acuerdo General, una vez que transcurran cinco años contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, de conformidad con su punto vigésimo primero, fracción II, toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de garantías, aunado a que carece de relevancia documental, acorde a lo establecido en el dispositivo 11 del citado Acuerdo.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTISIETE DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado de autos del presente sumario constitucional, se advierte que el cuatro de abril actual, se requirió a la parte quejosa, para que dentro del lapso de tres días siguientes al en que surtiera efectos la práctica de la notificación en comento, bajo protesta de decir verdad indique con precisión el lugar en el que se encuentra, así como la ubicación en donde recibirá las terapias a que hace alusión, asimismo, deberá expresar cuál es el impedimento físico para proporcionar la toma de muestras de su escritura con el objeto de desahogar la prueba pericial que ofreció, de igual forma, si aún se encuentra recluido en el Centro de Readaptación Social de Bucerías, municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, o en uno diverso y cuál es su situación jurídica en dicho proceso y, finalmente, indique si insiste en que se desahogue la prueba pericial de que se trata, sin que hasta el día de hoy, haya hecho lo propio, no obstante que se le notificó el cinco de abril siguiente; por tanto, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo Vigente, por disposición de su artículo 2, requiérase nuevamente a la parte quejosa, para que dentro del término de TRES DÍAS, siguientes al en que surta efectos la notificación de la presente actuación, proporcione la información que se le precisó. En la inteligencia de que su omisión contraviene los principios de expeditez y prontitud consagrados en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. No obstante lo anterior, con fundamento en el artículo 75, tercer párrafo, de la Ley de Amparo vigente, el Órgano Jurisdiccional deberá recabar oficiosamente las pruebas rendidas ante la responsable y las actuaciones que estime necesarias para la resolución del asunto, así de conformidad con el numeral 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia en cita, por disposición expresa en su precepto 2, mediante oficio que se gire por el servicio de paquetería o mensajería rápida, requiérase al Director de Seguridad Pública Municipal de Bahía de Banderas, Nayarit, con domicilio en calle Constitución número 8, colonia Las Brisas, Bucerías, Nayarit, para que dentro del término de TRES DÍAS siguientes al en que surta efectos la notificación de este proveído, informe cual es la situación jurídica actual del procesado aquí quejoso Eduardo Valencia Castellanos, asimismo, debe indicar si el aludido aún se encuentra bajo su resguardo y custodia, o bien, si fue trasladado a diverso centro penitenciario. En el entendido de que cualquiera que sea el sentido de su respuesta, debe acreditar con las documentales respectivas su dicho, pues resultan necesarias para continuar con la prosecución del juicio en que se actúa. Finalmente, se tiene por recibido el sobre devuelto por el Administrador Postal de esta ciudad, que contiene el oficio 7849/12018, de veintiocho de febrero de la presente anualidad, enviado al Representante Legal del Hospital San Javier en Nuevo Vallarta, Bahía de Banderas, Nayarit, con el objeto de que proporcione la información ahí solicitada, con la leyenda: "No se encontró el destinatario."; en consecuencia, reexpídase el oficio a la autoridad en cita al domicilio correcto ubicado en Paseo de Los Cocoteros esquina con Paseo o Avenida de Las Garzas, Centro Empresarial, Nuevo Vallarta, Riviera, Nayarit (fojas 154 y 156 del tomo IV), para su conocimiento y efectos legales conducentes.

  3. Principal

    Tepic, Nayarit, veintitrés de abril de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de garantías, se advierte que mediante oficio y anexos recibidos en este Juzgado Federal el seis de marzo del año en curso, el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, informó el cumplimiento al fallo protector (fojas 147 a 149). En relación con lo anterior, se ordenó dar vista a la parte quejosa, con el referido libelo y documental para que dentro del plazo de tres días siguientes al en que surtiera efectos la notificación correspondiente manifestara lo que a su interés legal conviniera, apercibida que de no hacer manifestación alguna en dicho plazo, este órgano jurisdiccional de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos, sin que durante dicho plazo hubiera hecho uso de ese derecho, como se precisó en la certificación de cuenta. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este juzgado procede resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Así pues, mediante resolución dictada en el presente sumario de amparo el siete de septiembre de dos mil diecisiete (fojas 83 a 99), se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclamó al Congreso del Estado de Nayarit, con domicilio en esta ciudad y otras autoridades, para que hicieran lo siguiente: "(.)1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el artículo 21, fracciones I y XVIII de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil diecisiete, en relación con los dispositivos 12, 13 y 14, del mismo ordenamiento legal, esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro, tales preceptos legales, hasta que no se modifique la normativa de mérito. (.) 2. Asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, devuelva a la quejosa única y exclusivamente el remanente que exceda de la aplicación de $**, por concepto de "INSCRIP. DOCUMENTO PUBLICO O PRIVADO", "INSCRIP. PRÉSTAMO HIPOTECARIO", fomento a la educación, asistencia social y Universidad Autónoma de Nayarit, respecto del instrumento público "15,026", emitido por el Notario Público 25, con sede en Tepic, Nayarit, que se cubrió el treinta de junio de dos mil diecisiete. (.) En la inteligencia de que la cuota de doscientos ochenta pesos que se comenta, es aplicable, porque está referida a la inscripción de documento público o privado, tal como el que originó la impugnación en la vía de amparo; de ahí que al ser una cuota fija y mínima para un caso similar, en la que no se aplica el cobro de los impuestos adicionales que prevén los artículos 12, 13 y 14 de la mencionada Ley de Ingresos, es ésta la que debe cubrirse y no otra. (.) 3. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver deberá ser debidamente actualizada, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que la quejosa sea restituida en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquélla cubrió al fisco en aplicación de los preceptos declarados inconstitucionales, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que la contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto.(.)". Por auto de tres de octubre de dos mil diecisiete, causó ejecutoria dicho fallo protector y se requirió al Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, para que en el término de diez días lo acatara y remitiera las constancias que acreditaran dicho cumplimiento. Asimismo, el requerimiento precisado en el párrafo que antecede se hizo extensivo al Titular de la Secretaría en cita, en su carácter de superior jerárquico de la autoridad responsable citada (fojas 108 a 109). De lo transcrito se colige, que los actos que debían realizar las autoridades responsables aludidas en párrafos que anteceden, para cumplir con dicha sentencia, eran los siguientes: A).- Desincorporar de la esfera jurídica de la quejosa lo previsto en el precepto 21, fracciones I y XVIII de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal de dos mil diecisiete, en relación con los artículos 12, 13 y 14 del mismo ordenamiento legal y se abstuvieran de aplicarlo en su contra, hasta en tanto fueran reformados; y B).- Devolverle a la peticionaria de garantías la cantidad de $**, por concepto de "INSCRIP. DOCUMENTO PUBLICO O PRIVADO", "INSCRIP. PRÉSTAMO HIPOTECARIO", fomento a la educación, asistencia social y Universidad Autónoma de Nayarit, respecto del instrumento público "15,026", emitido por el Notario Público 25, con sede en Tepic, Nayarit, que se cubrió el treinta de junio de dos mil diecisiete, sin considerar la cantidad de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 moneda nacional); la cual debía ser actualizada. En cumplimiento a ello, mediante el oficio presentado en la oficialía de partes de este juzgado el trece de noviembre de dos mil diecisiete (fojas 117 a 118), por el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado, informó las gestiones realizadas para acatar el fallo protector, tal y como lo demostró con la impresión del reporte de transferencias SPEI que exhibió, de la que se advierte que el ocho de noviembre del año pasado, se transfirió a la cuenta bancaria proporcionada por la quejosa la cantidad erogada con motivo del cobro declarado inconstitucional. Luego, por auto de catorce de noviembre de dos mil diecisiete (fojas 119 a 121), se requirió a dicha autoridad a fin de que efectuara el pago de la cantidad con motivo de la actualización por $**; por lo que, mediante oficio y anexo recibidos en este Juzgado Federal el seis de marzo de este año (fojas 147 a 149), el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas, informó que realizó la entrega a la quejosa del cheque 0000337 valioso por la cantidad aludida, por concepto de actualización fiscal que le fue destaca en el auto de referencia. Ahora, atendiendo a los efectos de la sentencia protectora del amparo, los cuales han quedado precisados con anterioridad, se advierte que las autoridades responsables acataron los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, pues desincorporaron de la esfera jurídica de la parte quejosa la porción normativa reclamada y le devolvió la contribución principal erogada por ésta, así como lo relativo a la actualización fiscal correspondiente. Por tanto, este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, DECLARA CUMPLIDA la sentencia que otorgó el amparo y protección de la Justicia de la Unión. En ese tenor, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del precepto 196 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 214, de ese cuerpo normativo, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido, sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada.

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTICINCO DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO. Vista la certificación que antecede, se desprende que no se interpuso medio de impugnación en contra del proveído de diez de abril del presente año (foja 90), dentro del plazo que prevé el dispositivo 98 de la Legislación de la Materia; en consecuencia, conforme lo dispuesto en los artículos 355 y 356, fracción II, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley reglamentaria de los ordinales 103 y 107 Constitucionales, por disposición expresa en su arábigo 2°, se declara que el mismo HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales a que haya lugar. Por otro lado, toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el numeral 214 de la Legislación en comento, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Por otra parte, en acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este Órgano Jurisdiccional determina que el presente expediente es destruible. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción I, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues se desechó de plano la demanda de garantías, toda vez que se tuvo por no presentada la demanda de garantías y carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es destruible, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno.

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