Josefa Berenice Chavez Uriarte

Expediente 71/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 33 actuaciones registradas, la última del 9 de octubre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
71/2019
Año
2019
Actuaciones
33
Última actuación
09/10/2020

Partes del expediente

  • Josefa Berenice Chavez Uriarte

Actuaciones

Las 4 más recientes de 33.

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los autos, se advierte que en diecisiete de marzo de dos mil veinte, este Juzgado Federal declaró cumplida la ejecutoria de amparo, sin que la parte quejosa, a la fecha, hubiere interpuesto el recurso de inconformidad previsto en el artículo 201 de la Ley de Amparo; consecuentemente, con fundamento en el precepto 214 de la ley de la materia, archívese el presente como asunto concluido. Ahora, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, este asunto es susceptible de depuración, dado que en sentencia de veintiocho de junio de dos mil diecinueve, se sobreseyó y se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa al archivo reciente. Por otra parte, de conformidad con el numeral 18, fracción I, inciso a) del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que de manera provisional y definitiva se concedió la suspensión, en ese sentido, agréguese al presente expediente únicamente el original del incidente de suspensión, el cual es susceptible de depuración, por lo cual deberá conservarse la demanda de amparo y la resolución interlocutoria inherentes al incidente de suspensión y se retirarán las demás actuaciones del expediente para proceder a su destrucción; no así el duplicado, en virtud de que el artículo 20, fracción II, inciso a) del Acuerdo General reseñado dispone que el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción una vez que cuente con más de seis meses de haberse dictado la interlocutoria respectiva. Asimismo, se indica que, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido, no se trata de expediente con relevancia documental, puesto que no encuadra en ninguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del referido Acuerdo General, dado que se reclamó atención médica; es decir no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni es relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni materia agraria. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, con apoyo en los artículos 18, 27, 28 y 29, del Acuerdo General Conjunto citado, por medio de la Administración Regional, transfiérase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lugar en el que se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional acompañando copia digitalizada debidamente certificada de la demanda y de la sentencia respectivas; transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que emita el Centro de Documentación y Análisis en coordinación con el titular de este Juzgado.

  2. Principal

    Vistos los oficios de cuenta, suscritos por el Secretario de Acuerdos del Poder Judicial del Estado de Nayarit, en funciones de Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Familiar, con residencia en Tepic, Nayarit, y el Oficial del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, con sede en esta ciudad, mediante los cuales el primero acusa recibo de los oficios números 3327-1A y 3328-1A, en el cual se le remitió copia de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, y el restante informa el impedimento que tiene para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, toda vez que al que le compete es al Oficial del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, con residencia en Guasave, Sinaloa; agréguese a los presentes autos para que obren como legalmente corresponda, toda vez que el primero fue acordado en proveído de nueve de diciembre del presente año.

  3. Principal

    Visto el telegrama de cuenta, suscrito por la Secretaria de Acuerdos del Poder Judicial del Estado de Nayarit, en funciones de Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Familiar con residencia en Tepic, Nayarit, mediante el cual da cumplimiento a los oficios 3326-1A y 3327-1A, de veintidós de noviembre de dos mil diecinueve, informa que el treinta de octubre de dos mil diecinueve se recibió en ese Juzgado el oficio 2733-1A, que contiene la resolución de fecha veintiocho de junio de dos mil diecinueve; agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales conducentes. Ahora bien, visto el estado que guardan los presentes autos y el contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes en este juicio interpusieran el recurso de revisión que señala el diverso 81, fracción I, inciso e) de la ley de la materia, en contra de la resolución de veintiocho de junio de dos mil diecinueve, en el que se concedió el amparo y protección de la justicia de la unión a la parte quejosa, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto, por tanto, con fundamento en el artículo 2o., de la Ley de Amparo, en relación con los preceptos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. En consecuencia, y toda vez que por sentencia pronunciada el veintiocho de junio de dos mil diecinueve, se sobreseyó y se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que una vez que cause ejecutoria el presente fallo, y en restitución a la parte quejosa en el goce de sus derechos fundamentales violados, de conformidad con el artículo 77 de Ley de la Materia, deberá el juez responsable: Dejar insubsistente la diligencia de emplazamiento de veintinueve de septiembre de dos mil catorce, (y el citatorio que la precedió), en el expediente ******************** de su índice y, como consecuencia, todo lo actuado en ese expediente a partir de dicha diligencia, incluyendo la sentencia definitiva dictada el veintidós de octubre de dos mil catorce, como los actos de ejecución adjudicación. Y se ordene al Notificador proceda nuevamente a llevar a cabo la diligencia en su caso, de emplazamiento respectiva, a la quejosa ********************, observando los requisitos de legalidad que prevé el artículo 69, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nayarit; y de esta manera se le brinde a la quejosa, la garantía de previa audiencia a que se refiere el artículo 14 constitucional. La concesión del amparo se hace extensiva a los actos de ejecución reclamados al Oficial Registrador del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, con sede en Guasave, Sinaloa, porque no se reclaman por vicios propios; de conformidad con la jurisprudencia publicada en la página 70, Tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, intitulada: "AUTORIDADES EJECUTORAS. ACTOS DE NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS". En ese tenor, con apoyo en el artículo 192 de la Ley de Amparo, solicítesele a las autoridades responsables, para que dentro del plazo de tres días, siguientes al en que reciban el oficio en el que se le comunique el presente acuerdo, cumpla con la ejecutoria de amparo, informe sobre el cumplimiento, o bien, los actos que esté realizando para tal efecto, en la inteligencia que de no hacerlo así, sin causa justificada, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Asimismo, con fundamente en los artículos 192 y 197 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables para que dentro del plazo de tres días contados a partir de la legal notificación de este proveído, indiquen a este Juzgado Federal, de cualquier otra autoridad que tenga o deba intervenir en el cumplimiento de la sentencia, cuya obligación provenga del ámbito de su competencia. Es aplicable la Jurisprudencia de la Décima Época, con registro 2007918, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 19, del Tomo I, del Libro 12, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Noviembre de 2014, Materia Común, número de Tesis P./J. 54/2014 (10a.), cuyo contenido es: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo.

  4. Principal

    En atención al estado procesal de los autos, se desprende que no se encuentran glosadas a los mismos, las constancias postales de acuse de recibo que acrediten que las autoridades responsables Juez Cuarto Familiar de Primera Instancia, con sede en Tepic, Nayarit, y actuarios adscritos a dicho juzgado, hayan recibido los oficios números 2732-1A y 3733-1A, de once de octubre del presente año, con los cuales se les remitió copia de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; en consecuencia, requiérase por la vía telegráfica a las citadas autoridades, a fin de que informe a este Juzgado de Distrito, si recibió o no el oficio de referencia y, en caso afirmativo, informe fecha de su recepción. Lo anterior podrá realizarlo además de por la vía ordinaria, a través del fax al número telefónico 01 668 8153208 o, bien, al correo electrónico 5jdo12cto@correo.cjf.gb.mx; con el apercibimiento que en caso de no hacerlo en el plazo conferido, se le impondrá una multa por el equivalente de cien valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización (en el entendido de que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto), en términos de los numerales 237, fracción I, 259 y 260, fracción IV, de la Ley de Amparo, en relación con lo establecido por los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto de veintiséis de enero de dos mil dieciséis, publicado el veintisiete siguiente en el Diario Oficial de la Federación, que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo.

Quedan 29 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · 4,666 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano