Jose Vazquez Diaz

Expediente 837/2014 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 10 actuaciones registradas, la última del 7 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
837/2014
Año
2014
Actuaciones
10
Última actuación
07/11/2022

Partes del expediente

  • Jose Vazquez Diaz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Los Mochis, Sinaloa, siete de noviembre de dos mil veintidós. Visto el oficio signado por el titular del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de El Fuerte, Sinaloa, mediante el cual, para el debido desahogo de la prueba pericial técnica en grafoscopía y grafométrica ofrecida en los autos del expediente 102/2021, de su índice, solicita se le permita el acceso al presente juicio, a los ingenieros que cita en su escrito, para que tomen notas correspondientes respecto al estudio socioeconómico que le fuera realizado al aquí quejoso, hoy finado, ******************, en el juicio de amparo que nos ocupa; agréguese a los presentes autos y por oficio comuníquesele al citado juez, que el presente juicio se encuentra depurado, esto es, solo obra en autos el original de la demanda, original de la sentencia y el original del auto de dieciocho de junio de dos mil dieciocho (proveído que ordena el archivo y depuración del mismo, actos administrativos que fueron hechos de conformidad con lo dispuesto en la fracción IV del Punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito). Con independencia de lo anterior, conviene señalarle al juzgado oficiante, como se apuntó en el párrafo anterior, en los presentes autos obra el escrito original de la demanda de amparo, que contiene la firma autógrafa del quejoso ***************, la cual, puede servir para los fines procesales solicitados; por tanto, se le autoriza a los peritos señalados, imponerse del presente cuaderno de amparo, para los efectos legales a que haya lugar.

  2. Principal

    Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa en su numeral 2, agréguese a los autos el escrito de cuenta firmado por el quejoso José Vázquez Días, mediante el cual autoriza asesores jurídicos en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo. De acuerdo a lo anterior, téngase como autorizados en términos del artículo antes mencionado a Isac Guadalupe Torres Medrano, Juan Manuel Castro Leyva, y Sheyla Xiomara Anceno Castro y, únicamente para oír notificaciones e imponerse de los autos, a Makin Adrián Cubedo López, e Itzel Yamileth Cuadras Lamadrid, en atención a que no tienen registrada su autorización para ejercer la abogacía en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito.

  3. Principal

    En atención al estado procesal de los autos, se obtiene que la parte quejosa no realizó alguna manifestación respecto al acuerdo de dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, en el cual se determinó que el núcleo esencial de la sentencia constitucional se encuentra cumplido, no obstante que dicho auto se le notificó el veintitrés de mayo del mismo año, por conducto de su autorizado legal; por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. Bajo ese contexto, como se desprende de la certificación secretarial de cuenta, el presente expediente está definitivamente concluido, acorde con la fracción IV, del Acuerdo Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, se precisa que este asunto es susceptible de depuración, dado que por resolución de veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, la cual fue confirmada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con sede en Xalapa, Veracruz, al resolver el amparo en revisión civil 427/2017 del índice del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosegundo Circuito, con sede en Mazatlán, Sinaloa. De acuerdo a lo anterior, deberán conservarse la demanda y resolución inherentes al juicio de amparo y se retirarán las demás actuaciones del expediente para proceder a su destrucción; lo cual deberá realizarse por el Centro de Documentación y Análisis, lugar a donde se transferirá una vez transcurridos más de tres años de ordenado su archivo, el que deberá resguardarlos y al cumplirse la temporalidad de más de cinco años, procederá a ejecutar lo especificado en líneas precedentes. Asimismo, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa al archivo reciente por tratarse de un asunto similar al indicado en la fracción I, del artículo noveno, capítulo tercero, de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General Conjunto 1/2009. Por otro lado, conforme a la fracción I, del apartado Vigésimo Primero del Capítulo Quinto del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes judiciales, se precisa que el original del cuaderno suspensional es susceptible de depuración, motivo por el cual, deberá conservarse el auto en el cual se concedió la suspensión provisional de los actos reclamados y se retirarán las demás actuaciones del expediente para proceder a su destrucción; lo cual deberá realizarse por el Centro de Documentación y Análisis, lugar a donde se transferirán tanto el juicio de amparo como el original del incidente de suspensión en forma separada, una vez que transcurran más de tres años de ordenado su archivo, el cual deberá resguardarlos y al cumplirse la temporalidad de más de cinco años, procederá a ejecutar lo especificado en líneas precedentes. En la inteligencia de que el duplicado del incidente de suspensión respectivo, es susceptible de destrucción una vez que cuente con más de seis meses de haberse dictado la interlocutoria respectiva, acorde con la fracción III, del apartado vigésimo, del Acuerdo General reseñado. En diverso orden de ideas, del análisis de este asunto se desprende que no obra documento original por no haberlo exhibido las partes, que no se trata de expediente con valor histórico o jurídico ni de relevancia documental, puesto que ingresó en este juzgado federal el cuatro de diciembre de dos mil diecisiete, por ello, no encuadra en aquéllos expedientes con ingreso en el año de mil novecientos cincuenta y uno, no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes o resoluciones con trascendencia jurídica, política, social o económica, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. Por último, una vez transcurrido el término de tres años, contado a partir de la orden de archivo del presente expediente, con apoyo en los artículos Décimo, fracción I, y Décimo Primero, ambos del Acuerdo General Conjunto citado, por medio de la Administración Regional, transfiérase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional, acompañando copia digitalizada, debidamente certificada de la demanda y de la sentencia constitucional, así como del auto en el cual se concedió la suspensión provisional de los actos reclamados, este último dictado en el cuaderno original del incidente relativo; transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que emita el Centro de Documentación y Análisis en coordinación con el titular de este juzgado.

  4. Principal

    En atención al estado procesal de los autos, se desprende que la parte quejosa desahogó la vista ordenada el veinticuatro de abril del año en curso, a través del escrito presentado en la Oficialía de Partes de este órgano judicial el tres de mayo del año en curso, en el sentido de encontrarse conforme con el cumplimiento otorgado a la ejecutoria de amparo por las autoridades responsables Juez y Actuario Primero, ambos adscritos al Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil, con sede en esta ciudad, en el sentido de haber dejado sin efecto todo lo actuado a partir del auto admisorio de demanda en el juicio de origen; por tanto, el suscrito juzgador analiza si se otorgó el debido cumplimiento a la sentencia constitucional con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por las citadas responsables. Es aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Tomo XI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2000, Novena Época, Materia Común, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". Pues bien, se precisa que por sentencia de veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa José Vásquez Díaz. El Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con sede en Xalapa, Veracruz, al resolver el amparo en revisión civil 427/2017 del índice del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosegundo Circuito, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, confirmó la citada resolución y la ejecutoria se glosó a los autos el veintidós de marzo del año en curso, acuerdo en el que, además, se determinó requerir a las responsables por el cumplimiento de la sentencia. La protección constitucional se concedió para el efecto de que la autoridad responsable Jueza Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa, así como el actuario de su adscripción, quien materialmente realizó la diligencia, dejaran insubsistente el emplazamiento reprochado, así como todo lo actuado con posterioridad en el contradictorio civil 17/2011, pues solamente así se restituiría el orden constitucional quebrantado en términos del numeral 77, fracción I, de la Ley de Amparo. En la inteligencia de que el fallo constitucional no tiene el alcance de dejar insubsistentes los llamamientos a juicio de los codemandados que sí fueron emplazados de forma legal, a fin de que éstos se verifiquen de nueva cuenta, pues esa no es una consecuencia lógica y natural del litisconsorcio, si se considera que el llamamiento de cada uno de los litisconsortes se verifica de manera independiente; ello con apoyo en la Tesis 1a./J. 72/2011 (9a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 933 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro I, Octubre de 2011, Tomo 2, Décima Época, con número de registro 160821, que establece: "LITISCONSORCIO PASIVO. LA CONCESIÓN DE AMPARO A UNO DE LOS LITISCONSORTES PARA EL EFECTO DE SER EMPLAZADO AL JUICIO, NO TIENE EL ALCANCE DE DEJAR INSUBSISTENTES LOS EMPLAZAMIENTOS DE LOS DEMÁS LITISCONSORTES Y ORDENAR SU NUEVO LLAMAMIENTO A JUICIO. El principio de relatividad que rige al juicio de garantías ordena que la sentencia de amparo solamente se ocupe de los individuos que lo hubiesen solicitado, sin hacer una declaración general respecto de la ley o acto reclamado. Tal principio admite como excepción el supuesto en que exista litisconsorcio necesario, en cuyo caso, el beneficio de la concesión se extiende al resto de los litisconsortes, pues por su naturaleza misma, atinente a la indivisibilidad del derecho sustantivo litigioso, se hace imprescindible oír a todos los interesados que se encuentren en la comunidad jurídica respecto de la materia de la controversia, para que se pueda dictar una sentencia válida. Sin embargo, la reposición del procedimiento como efecto de la sentencia de amparo que concede la protección de la justicia federal solicitado por la falta de llamamiento a juicio de uno de los litisconsortes, no tiene el alcance de dejar insubsistentes los llamamientos a juicio de aquellos que sí fueron emplazados de forma legal, para que éste se verifique de nueva cuenta, pues esa no es una consecuencia lógica y natural del litisconsorcio, si se considera que el llamamiento de cada uno de los litisconsortes se verifica de manera independiente, por lo que en ese preciso tema ha de atenderse al principio de relatividad explicado.". Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad jurídica sustancial, la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, visible en la página 177, tomo II, Segunda Parte-1, Julio-Diciembre de 1998 del Semanario Judicial de la Federación que a la letra establece: "COMPRAVENTA, NULIDAD DE LA. EXISTE LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO EN CASO DE QUE SEA UN TERCERO A ELLA QUIEN LA DEMANDE. Cuando se reclama por un tercero la nulidad de una compraventa sin demandarse al vendedor, con independencia de que la demandada no haga valer la excepción de falta de legitimación pasiva, la responsable no está impedida de efectuar oficiosamente el examen correspondiente. Porque no obstante que la omisión en señalar como demandado al vendedor técnicamente no constituye una falta de legitimación pasiva, como la resolución de fondo que llegue a pronunciarse sí puede afectar a dicho enajenante (este bien pudiera comparecer a decir que estuvo correcta la venta), es obvio que en ese caso se da la típica figura del litis consorcio pasivo y necesario. En efecto, si como lo refiere la doctrina, "el litis consorcio necesario tiene lugar, aunque la ley no lo establezca expresamente, en los siguientes casos: cuando se ejercitan acciones constitutivas que tengan por objeto constituir un nuevo estado de derecho que sólo puede existir legalmente en relación con diversas personas..." (Tomado del Diccionario de Derecho Procesal Civil, de don Eduardo Pallares, 4a. Edición, 1963, página 504), es indudable que el problema encaja precisamente en la figura aludida, dado que se demandó la nulidad de un acuerdo (una compraventa) concertado entre varias partes sin oírse a una de ellas. Luego, si el efecto principal del litis consorcio pasivo y necesario es el de que sólo puede haber una sentencia para todos los litis consortes, está claro que el Tribunal de Alzada oficiosamente estuvo en posibilidad de realizar el examen correspondiente.". En ese sentido, el Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa, con residencia en esta ciudad, a través del oficio 451/2018 de dos de abril de dos mil dieciocho, remitió copias certificadas de la resolución dictada en la propia fecha, de la cual se observa que se dejó insubsistente la diligencia de emplazamiento practicada al quejoso el veinticinco de agosto de dos mil once, así como todo lo actuado con posterioridad -auto de dieciséis de noviembre de dos mil once, en el cual se ordenó recibir el negocio a prueba y la sentencia definitiva de nueve de septiembre de dos mil trece. En el mismo sentido, el actuario judicial responsable el tres de abril de dos mil dieciocho, presentó ante este juzgado federal el oficio en el cual se transcribió la nueva determinación del juzgado responsable de dos de abril del presente año. Con los oficios citados se dio vista personal a la parte quejosa el cinco de abril de dos mil dieciocho, quien al desahogar la vista relativa manifestó su inconformidad con el cumplimiento otorgado a la ejecutoria, ello en virtud de que el juez responsable ordenó el emplazamiento al juicio de origen de la parte demandada -aquí quejosa- en el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones en este juicio de amparo; por tanto, el diecisiete de abril del año en curso, se requirió a las autoridades responsables a fin de que, conforme a los lineamientos de la ejecutoria de amparo, ordenaran y practicarán el emplazamiento al juicio de origen en el domicilio particular designado por la parte actora como el lugar donde vive el demandado y acreditaran dicha circunstancia con las constancias fehacientes. Bajo ese contexto, las referidas autoridades responsables por medio de los oficios presentados el veinte de abril de dos mil dieciocho, informaron la imposibilidad para realizar el emplazamiento de la parte demandada -aquí quejosa- en el domicilio particular indicado en el juicio de origen y en el señalado en esta instancia constitucional, pues el quejoso no vive en dichos domicilios. De igual modo, el juez responsable remitió copia certificada de los acuerdos dictados y las diligencias actuariales de diecinueve y veinte de abril de dos mil dieciocho, en el juicio de origen tendentes a la imposibilidad planteada y al inicio de la investigación correspondiente al domicilio del quejoso en diversas instituciones administrativas. Con estos últimos oficios se otorgó vista personal a la parte quejosa mediante acuerdo de veinticuatro de abril de dos mil dieciocho, el cual se le notificó el veintiséis del mismo mes y año, por conducto de su autorizado legal y manifestó su conformidad con el cumplimiento de la sentencia constitucional, en el sentido de haberse dejado insubsistente todo lo actuado a partir del auto admisorio de demanda, como se precisó en líneas precedentes; además, agregó que la autoridad responsable es quien debe realizar las gestiones necesarias para lograr el emplazamiento a juicio de la parte demandada -aquí quejosa-. En consecuencia, si el amparo se concedió para el efecto de que el juez y el actuario responsable dejaran insubsistente el emplazamiento reprochado, así como todo lo actuado con posterioridad en el juicio civil de origen 17/2011, circunstancia que ya aconteció; es dable determinar que el núcleo esencial de la ejecutoria de amparo quedó cumplido y se restituyó a la parte quejosa en el pleno goce de sus derechos humanos violados, conforme al artículo 77 de la Ley de Amparo. Lo anterior en la inteligencia de que la legalidad del emplazamiento de la parte demandada -aquí quejosa- al juicio de origen, en su caso, deberá ser analizada a la luz de un nuevo juicio de amparo, en el cual se hagan valer diversos conceptos de violación, pues en esta instancia constitucional se concedió la protección federal únicamente para el efecto de dejar insubsistente el emplazamiento a juicio y lo actuado con posterioridad, lo cual ya ocurrió, sin que las autoridades responsables hasta la fecha hayan logrado el emplazamiento a juicio del demandado; sin embargo, se reitera, en caso de realizarse el emplazamiento del quejoso al juicio de origen su legalidad y formalidades deberán ser combatidas en un diverso juicio constitucional, dado que el núcleo esencial de la ejecutoria de amparo en análisis se encuentra cumplido, al haberse restituido a la parte quejosa en el goce de sus derechos humanos.

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