José Zurita Velazco

Expediente 52/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
52/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
26/04/2023

Partes del expediente

  • José Zurita Velazco

Actuaciones

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintiséis de abril de dos mil veintitrés. Visto; el escrito signado por Daniel Filiberto Domínguez Gutiérrez, quien aduce tener el carácter de tercero interesado en el presente juicio de amparo, por medio del cual nombra representante legal, autorizados para oír y recibir notificaciones, así como domicilio para tales efectos; asimismo, solicita el acceso al expediente electrónico. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2º, glósese a los autos el escrito de cuenta. Sin que sea el caso de hacer pronunciamiento en relación a su contenido, tomando en consideración que el ocursante no tiene reconocida su personalidad en el presente expediente; lo anterior, toda vez que en acuerdo de once de enero del año actual, este órgano de control constitucional determinó carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por ********************, remitiendo los autos al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, en Turno, residente en esta ciudad. La cual, correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal del Vigésimo Circuito, residente en esta ciudad; por lo que, en auto de nueve de marzo del año actual, se ordenó el archivo del presente asunto como concluido. NOTIFÍQUESE POR LISTA.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, nueve de marzo de dos mil veintitrés. Visto; el oficio con firma electrónica del Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con residencia en esta ciudad, por medio del cual comunica que aceptó la competencia planteada por este Juzgado de Distrito y se avocó al conocimiento de la demanda de amparo promovida por José Zurita Velazco y/o José Zurita Velázquez, relativo al juicio de amparo directo 14/2023, de su estadística. Al efecto se acuerda: Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2º, glósese a los autos la comunicación de cuenta; atento a su contenido este juzgado toma conocimiento de la aceptación de la competencia planteada; por ende, procede lo siguiente: ARCHIVO Toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en el Libro Electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este juzgado. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 21, fracción j), de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se declinó competencia legal de la demanda; además, a juicio de la que suscribe no tiene relevancia documental para su conservación. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Se deja de proveer lo relativo, toda vez que no se ordenó aperturar. REGISTROS CORRESPONDIENTES Como lo dispone el artículo 21 antes mencionado, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio, y una vez que transcurra el plazo de tres años, procédase a la destrucción del mismo, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. DOCUMENTOS Y TOMOS PARA DEVOLVER A LAS PARTES No existe documentos para devolver, toda vez que no fueron exhibidos por la parte quejosa. NOTIFÍQUESE POR LISTA.

  3. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintitrés de enero de dos mil veintitrés. Visto; el oficio signado electrónicamente por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual comunica que se reservó de proveer sobre la aceptación de competencia declinada y admisión de la demanda de amparo, hasta en tanto cuente con las constancias pertinentes, ello, en autos del juicio de amparo directo ********************, de su estadística. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo según su numeral 2º, glósese a los autos el oficio de cuenta y téngase conocimiento de lo informado por la superioridad, por lo que, queda a la espera de la determinación que emitida en el juicio de amparo directo ********************, de su índice.

  4. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, once de enero de dos mil veintitrés. Vista; la demanda de amparo promovida por José Zurita Velazco y/o José Zurita Velázquez, contra actos que reclama a la autoridad responsable Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento, Región 3, con sede en Catazajá, Chiapas. I. Registro. Fórmese expediente, anótese su ingreso en los Libros Electrónicos de Registro de este Órgano Jurisdiccional del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, como juicio de amparo número 52/2023-IV. II. Integración del Expediente Físico y Electrónico. La formación del expediente físico únicamente será con las constancias conducentes presentadas de manera impresa (constancias de notificación, acuses, oficios, escrito o solicitudes). Toda documentación recibida por vía electrónica (demanda, recursos, promociones etc,) o generada electrónicamente (acuerdos, notificaciones electrónicas) constarán únicamente en el expediente electrónico, en términos de los artículos 3, fracción III, y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, reformado y adicionado mediante sesión extraordinaria de trece de octubre de dos mil veintidós, no así en el expediente impreso. En términos del artículo 3, fracción XII, del citado Acuerdo General ".los expedientes físicos servirán únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente, en el entendido de que serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes como para efectos de todos los procesos de estadística, visitas, vigilancia y demás trámites y procesos ante el CJF. Al respecto, las constancias integradas en los expedientes físicos tendrán validez respecto de las constancias recibidas por esa vía, a pesar de que no se integren la totalidad de las constancias del expediente electrónico." Atento a lo anterior, se instruye al Oficial de Partes, al Oficial Judicial A y a los Actuarios adscritos, para que en el ámbito de sus respectivas funciones, realicen la digitalización de constancias y escaneo de las documentales que integran el presente sumario incluyendo las notificaciones respectivas, a fin de que el expediente electrónico coincida con el expediente físico. III. Análisis de Competencia De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, es obligación del juzgador, realizar la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, por lo que de la lectura integral de la demanda de amparo, se desprende que la parte quejosa combate: La sentencia definitiva de dieciocho de mayo de dos mil veintidós, emitida por el Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento, Región 3, con sede en Catazajá, Chiapas, en la causa penal 2/2022, de su índice, que impuso al sentenciado (hoy quejoso) la pena de veinte de años de prisión y multa de mil Unidades de Medida y Actualización. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el artículo 33 de la Ley de Amparo, resulta imprescindible previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, verificar si este Juzgado Federal resulta competente para conocer del presente juicio de amparo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, de rubro y texto siguientes: COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aquél acto; motivo por el cual el a quo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, finque su competencia para conocer del mismo. En ese orden de ideas, en términos de los artículos 107, fracción III, inciso a), constitucional, y 34, 47, 170, fracción I, de la Ley de Amparo, la sentencia definitiva reclamada, para los efectos del juicio de amparo, es impugnable en amparo directo y no por la vía biinstancial planteada, en virtud de que se reclama una resolución que puso fin al juicio; por lo que en su contra procede el juicio de amparo directo, que es competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito. Lo anterior es así, pues los citados numerales 107, fracción III, inciso a), constitucional, así como el diverso 170, fracción I de la Ley de Amparo, se coligen dos tipos de actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, contra los que procede el amparo en la vía directa, a saber: 1. Sentencias definitivas o laudos y; 2. Resoluciones que pongan fin al juicio. En ese tenor, se está ante una sentencia definitiva cuando la determinación resuelve el juicio en lo principal y respecto de la cual las leyes no conceden ningún recurso ordinario, en virtud del cual pueda ser modificada o revocada, o cuando los interesados renuncian expresamente a la interposición de los recursos ordinarios que procedan; por su parte, las resoluciones que ponen fin al juicio, son aquellas que sin decidirlo en lo principal, lo dan por concluido, las cuales impiden o paralizan la prosecución del juicio, siempre que respecto de ellas las leyes comunes no concedan algún recurso ordinario. En el caso particular, como se señaló con antelación, el quejoso José Zurita Velazco, señaló como acto reclamado destacado, la sentencia definitiva de dieciocho de mayo de dos mil veintidós, emitida por el Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento, Región 3, con sede en Catazajá, Chiapas, en la causa penal 2/2022, de su índice, que impuso al sentenciado (hoy quejoso) la pena de veinte de años de prisión y multa de mil Unidades de Medida y Actualización, es decir, dicha resolución constituye una resolución que resolvió en lo principal el procedimiento judicial penal de donde emana el acto reclamado, por lo que procede el juicio de amparo directo, en términos del numeral antes citado, lo que impide a este órgano jurisdiccional avocarse al conocimiento del asunto. Por tanto, la resolución reclamada es de las que se encuentran previstas en el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo; por lo que, es susceptible de combatirse mediante el juicio de amparo directo. Por el sentido que informa, es aplicable la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor". IV. Declaración de Incompetencia Por las razones apuntadas con antelación, no se surte la competencia legal de este juzgado para resolver el juicio de amparo respecto al acto reclamado en esta instancia. En atención de lo anterior, con fundamento en los artículos 107, fracción III, inciso a), Constitucional, 34, 47 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo, se estima que quien debe conocer de la demanda, es el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, en turno, residente en esta ciudad. Por lo anterior, se ordena remitir en original la demanda de garantías con anexos, y copias simples de la misma al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, en turno, residente en esta ciudad, solicitándole el acuse de recibo correspondiente; y de no existir inconveniente legal alguno, informe la determinación que emita al respecto. Con copia de la demanda fórmese cuaderno de antecedentes, para los efectos legales consiguientes y realícense las anotaciones correspondientes en los Libros Electrónicos de Registro de este Órgano Jurisdiccional en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. IV. Domicilio y Autorizados Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte promovente el señalado en su escrito. Asimismo, se tiene como autorizado a ********************, en términos amplios que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo, en virtud de tener registrada su cédula profesional en el Registro de Cédulas Profesionales de la Secretaría de Educación Pública. Por su parte, en cuanto a los números de teléfono que proporciona, éstos son sólo un medio para entablar comunicaciones no procesales con las partes; por tanto, se toma conocimiento de dichos datos, para los efectos legales conducentes. V. Transparencia y Acceso a la Información Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

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