José Vicente Lozano Torres

Expediente 509/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
509/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
19/05/2023

Partes del expediente

  • José Vicente Lozano Torres

Actuaciones

  1. Principal

    Visto; El estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que transcurrió el término que establece el artículo 86, de la Ley de Amparo, y que ninguna de las partes se inconformó contra el auto de veintiocho de abril de dos mil veintitrés, en el que se dictó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en la fracción II, del artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposiciones expresa de su artículo 2, se declara que la misma ha causado ejecutoria para todos los efectos legales a los que haya lugar. Cabe destacar que se procede de esta manera, sin realizar el cómputo correspondiente a la autoridad responsable, para los efectos del recurso de revisión condigno, dado que el sentido del auto pronunciado, se estima no causa ningún perjuicio a sus intereses. A. ARCHIVO Toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en los Libros Electrónicos de Registro de este órgano jurisdiccional del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. B. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; es susceptible la destrucción de este expediente, en virtud de ubicarse en la hipótesis establecida en el artículo 21, fracción a), de dicho Acuerdo, pues se trata de un asunto que sobreseyó fuera de audiencia en este sumario; además, a juicio de la suscrita no tiene relevancia documental para su conservación. C. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Toda vez que en el presente juicio no se aperturó el incidente de suspensión, se deja de realizar pronunciamiento al respecto. D. REGISTROS CORRESPONDIENTES Como lo dispone el artículo 21, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio; y, una vez que transcurra el plazo de tres años, procédase a la destrucción del mismo, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. E. DOCUMENTOS PARA DEVOLVER No se advierten documentos susceptibles de devolución exhibidos por las partes; por tanto, se deja de proveer lo relativo. NOTIFÍQUESE POR LISTA Y POR OFICIO A LA RELACIONADA EN LA MINUTA.

  2. Principal

    Visto; el oficio de cuenta, signado por la Jueza Especializada en Materia Laboral, Región Uno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, mediante el cual rinde informe justificado, señala domicilio, proporciona correo electrónico institucional y remite constancias en apoyo al mismo. Al efecto, se acuerda: Con apoyo en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, glósense a los autos el oficio y anexos de cuenta. Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117, párrafo primero, de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe de referencia. Téngase como domicilio para recibir notificaciones, el que señala en el oficio de cuenta. Respecto del correo electrónico oficial proporcionado, se deberá tomar nota de dicho dato; para que, en el caso de ser necesario, se pueda entablar comunicación a través de dicho medio, en términos del ordinal 257 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales.1 Por su parte, con fundamento en los ordinales 119, y 123, de la ley de la materia, se tiene por admitida las documentales que remite la autoridad responsable consistentes en copias certificadas relativas al expediente laboral 425/2022, del índice de la responsable, las que se desahogan atento a su propia y especial naturaleza jurídica, las cuales se agregan al presente juicio al haberse presentado físicamente, sin perjuicio de obrar digitalizadas en el expediente electrónico y que será valorada en líneas que preceden. Constancias a las que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, párrafo segundo, porque se tratan de actuaciones certificadas por un fedatario en el ejercicio de su encargo. En ese tenor, se aprecia que se encuentran las documentales suficientes para resolver el presente asunto. Sentado lo anterior, como cuestión preliminar es necesario puntualizar que en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, este juzgado procede a realizar la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, para lo cual se analiza en su integridad, la demanda de amparo. Lo anterior, de conformidad con la tesis jurisprudencial que en su rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.2" Asimismo, resulta aplicable al caso, la tesis aislada siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.3" Acorde a lo anterior, se precisa que el acto reclamado por la parte quejosa, consiste en: - La omisión de dictar el acuerdo de radicación de la demanda presentada el doce de mayo de dos mil veintidós, en el expediente laboral 425/2022. Ahora, es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual no es jurídicamente factible establecer si el acto reclamado es constitucional o no; es decir, la improcedencia impide que se dirima la controversia constitucional, por exigirlo así alguna de las causas, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas descritas por la Ley de Amparo, así como por la Constitución y por la jurisprudencia emitida por nuestro más alto tribunal del país, la que se analiza en forma preferente de acuerdo con el artículo 62, de la ley en cita. En ese orden de ideas, respecto del acto reclamado por la parte quejosa consistente en la omisión de dictar el acuerdo de radicación de la demanda presentada el doce de mayo de dos mil veintidós, en el expediente laboral 425/2022; se estima que el presente juicio constitucional es improcedente y debe sobreseerse en el mismo, al actualizarse la causa de improcedencia contenida en la fracción XXI, del artículo 61, en relación con el diverso 77, fracción II, de la Ley de Amparo, hipótesis que se acreditará en párrafos subsecuentes. En esas condiciones, debe decirse que de la interpretación de los artículos 61, fracción XXI, en relación con el diverso 77, fracción II, de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del mismo, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella en ella. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de obtener el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo; es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Luego, se tiene que, para que se actualice la causal de improcedencia consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se requiere de lo siguiente: a) De un acto positivo de autoridad que se estime lesivo de garantías, o bien, de uno negativo u omisivo que indebidamente haya dejado de realizar la autoridad y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; b) De un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; y c) De una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma definitiva, el acto que se reclama, restituyendo al quejoso en el goce de su garantía constitucional violada; o bien, una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. Al efecto, cobra aplicación la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 71, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Noviembre de 1997, Novena Época, con registro 197367, que dice: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL." Ahora, el impetrante del amparo reclamó del Juez Especializado en Materia Laboral, Región Uno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas, residente en esta ciudad (por su correcta denominación), la omisión de dictar el acuerdo de radicación de la demanda presentada el doce de mayo de dos mil veintidós, en el expediente laboral 425/2022. En tesitura, del examen de las documentales exhibidas por la autoridad responsable de mérito, se obtiene que el diez de abril de dos mil veintitrés, acordó lo conducente respecto del escrito de demanda de doce de mayo de dos mil veintidós, pues al efecto se declaró legalmente incompetente para conocer del procedimiento laboral individual promovido por la parte quejosa ****, en contra del ***. Ello, al considerar que las prestaciones reclamadas por la parte actora, aquí quejoso, derivaban de los diversos seguros que componen el régimen obligatorio del seguro social, organizado y administrado por el Instituto Mexicano del Seguro Social y las Administradoras de Fondos para el Retiro, los cuales se encuentran dentro de los supuestos señalados en el numeral 899-A, de la Ley Federal del Trabajo; por lo tanto, se declaró legalmente incompetente para conocer del mismo, declinando competencia al Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad. De lo antes expuesto, se considera que el acto reclamado por el quejoso ha cesado en sus efectos, pues el mismo se hizo consistir en la omisión de dictar el acuerdo de radicación de la demanda presentada el doce de mayo de dos mil veintidós, en el expediente laboral 425/2022, empero, fue subsanado con la actuación de la autoridad responsable, es decir, con el acuerdo de diez de abril del año en curso, en el que proveyó lo conducente respecto de su pretensión. Así, resulta inconcuso que el acto que la parte quejosa reclamó en esta vía, cesó en sus efectos, en la medida en que la situación jurídica que dio origen a este amparo, dejó de producirlos, restituyéndose a dicho inconforme en el goce de sus garantías violadas, como si se hubiera otorgado el amparo, en términos del artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, y con ello quedaron satisfechos los derechos tutelados por las normas constitucionales que consideraron violados. Encuentra sustento la anterior determinación, en la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, junio de 1999, Novena Época, con registro 193758, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Así como la diversa sostenida por dicha Sala, visible en la página 210, febrero de 1998, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, Novena Época, registro 196820, que reza: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO." En esas condiciones, es inconcuso que en el presente asunto se surte la causa de improcedencia contenida en la fracción XXI, del artículo 61, en relación con el diverso 77, fracción II, de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en lo establecido por la fracción V del numeral 63, del ordenamiento legal antes invocado, procede SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO, respecto al acto aquí analizado, reclamado a la autoridad responsable, Juez Especializado en Materia Laboral, Región Uno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas, residente en esta ciudad (por su correcta denominación). Las jurisprudencias invocadas y que apoyaron los razonamientos expuestos en esta resolución, fueron integradas conforme a la Ley de Amparo abrogada, pero de acuerdo al artículo sexto transitorio de la ley en la materia vigente, las mismas son aplicables al particular al no oponerse con esta última. Sin que obste a lo anterior, el hecho que no se haya otorgado a las partes la vista a que refiere el artículo 117, de la Ley de Amparo, para que tengan conocimiento del informe justificado rendido por la autoridad responsable; sin embargo, se procedió a sobreseer en el presente juicio, tomando en consideración que el motivo de la vista a que se refiere el numeral invocado, es para el efecto de dar oportunidad a las partes de desvirtuar los argumentos expuestos en el mismo y, en la especie, quedó desvirtuado precisamente lo que expuso la responsable en su informe (cesación del acto). Finalmente, se ordena dejar sin efectos la hora y fecha de la audiencia constitucional de este juicio de amparo señalada para las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DOS DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA, VÍA ELECTRÓNICA A LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITA Y POR OFICIO AL RELACIONADO EN LA MINUTA.

  3. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, treinta de marzo de dos mil veintitrés. Vistos: I. El oficio de cuenta signado por la Segunda Secretaria de Acuerdos del Juzgado Segundo Especializado en Materia Burocrática, con sede en esta ciudad, por medio del cual hace diversas manifestaciones relativas a encontrarse en vías de cumplimiento al laudo y ejecutoria de mérito. Asimismo, comunica que en giró oficio a la institución bancaria Banco Nacional de México Sociedad Anónima integrante del Grupo Financiero Banamex, para que dentro de tres días hábiles le informe el orden de prelación de los embargos previos que existan sobre las cuentas ********************, a nombre del Municipio de Ocozocoautla de Espinosa Chiapas, asimismo, remita el saldo disponible que exista en las cuentas lo que deberá transferir hasta por la cantidad de $******************** II. El estado de autos del que se advierte que en proveído de dieciséis de marzo, se tuvo a la autoridad responsable informando que el Ayuntamiento demandado ya cuenta con la autorización del dictamen y partida para liquidaciones por indemnizaciones, sueldos y salarios caídos, por lo que procedió a realizar la actualización de las prestaciones a la que fue condenado el citado Ayuntamiento, dando un total de********************, cantidad que le fue requerida bajo el apercibimiento que de no realizar el pago, se procederá a la ampliación del embargo de bienes. Al efecto, se acuerda. Con apoyo en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, glósese a los autos el oficio de cuenta. En atención a su contenido, téngase a la autoridad oficiante por hechas sus manifestaciones en el sentido en que las realiza, misma que se tiene en vías de cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio. Ahora bien, en atención a los puntos anteriores, con fundamento en el artículo 196, de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente a la autoridad responsable para que una vez que cuente con el resultado del oficio enviado al Ayuntamiento demandado respecto de la actualización de las prestaciones condenadas y el requerimiento de pago por la cantidad de********************, así como la determinación tomada al respecto, lo informe a este Juzgado debiendo remitir la constancias necesarias con las que acredite su dicho. Bajo el apercibimiento que de no hacerlo dentro del término señalado, con fundamento en el artículo 258, de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de cien a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización contemplada en los párrafos sexto y séptimo del Apartado B, del artículo 26, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Además, en caso de continuar retrasando el cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio, con fundamento en el citado numeral 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se dará inicio al incidente de inejecución de sentencia ante el Tribunal Colegiado de Circuito. NOTIFÍQUESE POR LISTA; Y POR OFICIO A LA RELACIONADA EN LA MINUTA Así lo acordó y firma Ana Luisa Mendoza Álvarez, Jueza Segunda de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistida de Félix Montejo Maldonado, Secretario del Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

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