José Zamora Calderón

Expediente 98/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 10 actuaciones registradas, la última del 19 de febrero de 2016.

Datos del expediente

Expediente
98/2016
Año
2016
Actuaciones
10
Última actuación
19/02/2016

Partes del expediente

  • José Zamora Calderón

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Zacatecas, Zacatecas, diecinueve de febrero de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el oficio de cuenta para que obre como corresponda, y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el INFORME JUSTIFICADO de la autoridad responsable Juez Primero de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Sombrerete, Zacatecas; con su contenido y con el diverso informe rendido por la autoridad responsable Director General de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado, dése vista a las partes para que manifiesten lo que a sus intereses convenga hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional. Asimismo, con apoyo en el numeral 119, de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas de acuerdo a su propia y especial naturaleza las constancias que integran la causa penal 10/2015 que en copia fotostática certificada remite la autoridad oficiante; sin perjuicio de relacionarlas y valorarlas en el periodo correspondiente dentro del desahogo de la audiencia constitucional que al efecto se celebre. Dado el volumen de las referidas actuaciones, y a fin de facilitar su consulta, se determina formar cuaderno de pruebas por separado. NOTIFÍQUESE POR LISTA. Así lo acordó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario en funciones de Juez de Distrito del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, designado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, e sesión celebrada el uno de diciembre de dos mil quince, comunicada mediante oficio CCJ/ST/7129/2015, firmado por el licenciado Vicente David Burguet Franco, Secretario Técnico de dicha comisión, ante la licenciada María Soledad Torres Muguiro, Secretaria que autoriza y da fe. aksa

  2. Principal

    En Zacatecas, Zacatecas, siendo las DOCE HORAS DEL DIECIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISÉIS, encontrándose presente el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario en funciones de Juez de Distrito del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, designado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el uno de diciembre de dos mil quince, comunicada mediante oficio CCJ/ST/7129/2015, firmado por el licenciado Vicente David Burguet Franco, Secretario Técnico de dicha comisión, ante el licenciado Javier Gutiérrez Zúñiga, Secretario que autoriza y da fe, procede a celebrar LA AUDIENCIA DE ACUMULACIÓN a que se refieren los artículos 72 y 73 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, a fin de resolver sobre la acumulación del juicio de amparo 98/2016, al diverso 95/2016, ambos del índice de este Juzgado. Declarada abierta la audiencia sin la asistencia de las partes, el Secretario hace relación de los autos y da cuenta con el juicio de amparo 98/2016, promovido por JOSÉ ZAMORA CALDERÓN, ante este propio Juzgado de Distrito. Abierto el período probatorio, la Secretaria hace constar que ninguna de las partes ofreció prueba alguna. En la etapa de alegatos, con apoyo en el numeral 124 de la ley de la materia en consulta, se tienen por formulados los que hizo valer el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado Federal, en su pedimento número 75/2016. Enseguida, se procede a emitir la resolución siguiente: VISTOS los autos para resolver la acumulación del juicio de amparo 98/2016, al diverso 95/2016, ambos del índice de este juzgado, promovidos respectivamente por JOSÉ ZAMORA CALDERÓN Y AURELIO ROMÁN VARELA, contra actos del JUEZ PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA Y DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE SOMBRERETE, ZACATECAS Y DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA MINISTERIAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE ZACATECAS. R E S U L T A N D O PRIMERO. En proveído de tres de febrero de dos mil dieciséis, se inició el trámite relativo a la acumulación del citado juicio de amparo 98/2016, al diverso 95/2016, promovido respectivamente por JOSÉ ZAMORA CALDERÓN Y AURELIO ROMAN VARELA, por considerarla procedente, en razón de que los dos juicios se promueven contra las mismas autoridades responsable JUEZ PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA Y DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE SOMBRERETE, ZACATECAS Y DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA MINISTERIAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE ZACATECAS, y en ambos se reclama: Respecto del expediente 98/2016 así como del 95/2016 se desprende como acto reclamado: La orden de aprehensión de y su ejecución. Asimismo, en el citado acuerdo se ordenó proveer lo conducente en el diverso juicio 95/2016, del índice de este Tribunal Federal, lo que se hizo en proveído de cuatro de febrero de dos mil dieciséis, decretando la suspensión del procedimiento; y en el juicio de amparo en que se actúa, se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia de acumulación, la que inició al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en esta ciudad, tiene competencia legal para resolver el presente incidente de acumulación, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 72 y 73 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. SEGUNDO. Previamente conviene puntualizar que no pasa inadvertido para este resolutor, que la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, no contempla la institución de la acumulación en el procedimiento de amparo; empero, ello en modo alguno implica un obstáculo legal para llevar a cabo dicho procedimiento y; por ende, que no pueda aplicarse supletoriamente la legislación correspondiente, en razón de que al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido diversos criterios jurisprudenciales, en los cuales ha normado que no constituye un requisito sine qua non, que la ley a suplir contemple expresamente la institución a suplir y que no esté reglamentada. En efecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha determinado la posibilidad de que la aplicación supletoria de un ordenamiento legal proceda no sólo respecto de instituciones contempladas en la ley a suplir, que no estén reglamentadas, o bien, las regule en forma deficiente, sino también en el caso de cuestiones jurídicas no establecidas en tal ley, a condición de que sea indispensable para el juzgador acudir a tal supletoriedad para solucionar el conflicto que se le plantea y de que no esté en contradicción con el conjunto de normas cuyas lagunas debe llenar, sino que sea congruente con los principios contenidos en las mismas. Así, los requisitos establecidos para dicha supletoriedad, los sintetiza como se indica en los apartados siguientes: a) Que el ordenamiento legal a suplir establezca expresamente esa posibilidad (la de supletoriedad), indicando la ley o normas que pueden aplicarse supletoriamente. b) Que la ley a suplir no contemple la institución o las cuestiones jurídicas que se pretende aplicar supletoriamente, o aun estableciéndolas, no las desarrolle o las regule de manera deficiente. c) Que esa omisión o vacío legislativo, haga necesaria la aplicación supletoria de normas para solucionar la controversia o el problema jurídico planteado, sin que sea válido atender a cuestiones jurídicas que el legislador no tuvo intención de establecer en la ley a suplir. d) Que las normas aplicables supletoriamente no contraríen el ordenamiento legal a suplir, sino que sean congruentes con sus principios y con las bases que rigen de manera específica la institución o cuestión jurídica de que se trate. Conforme a lo anterior, válidamente puede concluirse que constituye criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el considerar que la supletoriedad es una figura necesaria para integrar una omisión de la ley o para interpretar sus disposiciones conjuntamente con otras normas o principios contenidos en otros ordenamientos y para que opere, no es absolutamente necesario que la institución o cuestión jurídica que pretende aplicarse supletoriamente esté contemplada en la ley a ser suplida, pero sí deben reunirse los demás requisitos establecidos en la Jurisprudencia antes invocada, para la aplicación supletoria de normas. Las anteriores consideraciones, se encuentran contenidas en la Jurisprudencia, cuyo contenido y texto son el siguiente: "SUPLETORIEDAD DE LAS LEYES. REQUISITOS PARA QUE OPERE. La aplicación supletoria de una ley respecto de otra procede para integrar una omisión en la ley o para interpretar sus disposiciones y que se integren con otras normas o principios generales contenidos en otras leyes. Así, para que opere la supletoriedad es necesario que: a) El ordenamiento legal a suplir establezca expresamente esa posibilidad, indicando la ley o normas que pueden aplicarse supletoriamente, o que un ordenamiento establezca que aplica, total o parcialmente, de manera supletoria a otros ordenamientos; b) La ley a suplir no contemple la institución o las cuestiones jurídicas que pretenden aplicarse supletoriamente o, aun estableciéndolas, no las desarrolle o las regule deficientemente; c) Esa omisión o vacío legislativo haga necesaria la aplicación supletoria de normas para solucionar la controversia o el problema jurídico planteado, sin que sea válido atender a cuestiones jurídicas que el legislador no tuvo intención de establecer en la ley a suplir; y, d) Las normas aplicables supletoriamente no contraríen el ordenamiento legal a suplir, sino que sean congruentes con sus principios y con las bases que rigen específicamente la institución de que se trate." En este orden de ideas, debe convenirse en que el artículo 2 de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, actualiza el requisito contemplado en el inciso b), en la medida en que dispone que a falta de disposición expresa, se aplicará en forma supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles. Asimismo, el requisito contemplado en el inciso b), se actualiza en razón de que la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, no contempla la acumulación, mientras que la legislación aplicable de manera supletoria a la ley de la materia, a saber, el Código Federal de Procedimientos Civiles, sí prevé esa institución, en sus artículos 72 y 73. De igual forma, resulta incuestionable que en el presente asunto, se está en presencia de demandas de amparo en las que se reclaman actos que guardan estrecha conexidad, lo que implica la necesidad de determinar si resulta conveniente dichos juicios de amparo eventualmente se resuelvan en una misma sentencia, para así otorgar una mayor certeza jurídica a los quejosos, en la medida en que en una misma resolución se analizará el mismo acto que atribuyen de manera coincidente a la misma autoridad y derivado del mismo procedimiento; así como las cuestiones jurídicas planteadas y que estiman trasgreden sus derecho fundamentales; además de evitar con ello el pronunciamiento de resoluciones contradictorias; sin soslayar que además se optimizan el uso de los recursos materiales y humanos que corresponden al Poder Judicial de la Federación, particularmente en la administración de la justicia. Sin soslayar que la circunstancia de que en la nueva Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, a diferencia de la ley abrogada, el legislador no haya contemplado expresamente la institución de la acumulación, pues como se señaló en párrafos antepuestos, pues esa omisión o vacío legislativo, en modo alguno implica la proscripción de dicha institución del procedimiento de amparo, ya que basta la lectura íntegra del proceso legislativo de la nueva ley de la materia, para apreciar que no existe consideración alguna que permita concluir, que fue voluntad expresa e insoslayable del legislador, expulsar la acumulación del procedimiento en comento; máxime que como se ha venido explicando y como se señalará más adelante, la utilización de dicha figura está regulada en el ordenamiento aplicable de forma supletoria a la Ley de Amparo, además de que su aplicación se encuentra en armonía con la tutela jurisdiccional efectiva (particularmente una justicia pronta y expedita), así como los principios de economía y concentración procesal que rigen la materia, cuyos principios y derechos son ponderados por el legislador secundario en un Estado democrático y social de Derecho, consecuentemente, surge la necesidad de colmar esa omisión o vacío legislativo. Por ello, es que se considera que en la especie se actualizan las hipótesis reguladas en el inciso c). En el mismo orden de ideas, también se actualizan los requisitos contemplados en el inciso d), dado que resulta incuestionable que el juicio de amparo se rige por diversos principios, entre ellos, el de concentración y economía procesal, aspectos que conforman el denominado derecho fundamental de tutela jurisdiccional efectiva (particularmente una justicia pronta y expedita), consagrado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuya observancia es un imperativo para las autoridades jurisdiccionales del Estado Mexicano, como al efecto lo constituye este órgano de control constitucional; de ahí que se afirme que la aplicación de la institución de la acumulación en el asunto de nuestra atención, se encuentra en armonía con los principios que rigen el juicio de amparo y por supuesto, con los derechos fundamentales que asisten a los justiciables en todo procedimiento de legalidad o constitucionalidad. En ese tenor, se considera que a pesar de que la Ley de Amparo vigente no contempla la figura de la acumulación, en la especie resulta factible la aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles, a efecto de acumular los juicios de amparo de que se trata, máxime que ello redundará indefectiblemente en la observancia al derecho a la tutela jurisdiccional efectiva (particularmente una justicia pronta y expedita), consagrada en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los principios de concentración y economía procesal y por supuesto, a la optimización de los recurso materiales y humanos del Poder Judicial de la Federación. Cabe precisar, que las consideraciones establecidas en los párrafos antepuestos, se contienen sustancialmente en las siguientes consideraciones de la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que son del tenor literal siguiente: ". El primer tema abordado en esta contradicción de tesis fue el relativo a si es posible aplicar supletoriamente una institución que no está específicamente prevista en la ley a suplir, pero sí en el ordenamiento supletorio. Esta Sala concluyó que sí es posible, con base en los siguientes argumentos: En relación con la aplicación supletoria de normas, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en diversos criterios jurisprudenciales y aislados sostuvo que tal supletoriedad sólo opera tratándose de omisiones o vacíos legislativos, al tenor de las tesis cuyos textos y datos de identificación, son del tenor siguiente: "LEYES. APLICACIÓN SUPLETORIA. Para que un ordenamiento legal pueda ser aplicado supletoriamente, es necesario que en principio exista establecida la institución cuya reglamentación se trata de completar por medio de esa aplicación supletoria." (Tesis sin número, de la otrora Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 42 del Tomo XXVII-Tercera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época). "SUPLETORIEDAD DE LAS LEYES PROCESALES. PRINCIPIOS QUE LA RIGEN. La aplicación de las leyes supletorias sólo tienen lugar en aquellas cuestiones procesales que, comprendidas en la ley que suplen, se encuentren carentes de reglamentación o deficientemente reglamentadas". (Tesis sin número del Pleno de este Alto Tribunal, consultable en la página 157 del Tomo 121-126 Primera Parte del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época). "SUPLETORIEDAD DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES A LA LEY DE AMPARO. REQUISITOS. Dos son los requisitos necesarios para poder aplicar como ley supletoria de la de Amparo, el Código Federal de Procedimientos Civiles: a) Que la Ley de Amparo contemple la institución respecto de la cual se pretenda la aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles, y b) Que la institución comprendida en la Ley de Amparo no tenga reglamentación o bien, que conteniéndola sea deficiente". (Tesis sin número del Pleno de este Alto Tribunal, consultable en la página 157 del Tomo 121-126 Primera Parte del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época). Estas tesis refieren que la aplicación supletoria de normas opera sólo cuando la Ley a suplir prevé la institución o la cuestión procesal que se pretende complementar, pero la regula de manera deficiente o no la desarrolla. Sin embargo, el anterior criterio fue ampliado al establecerse la posibilidad de que la aplicación supletoria de un ordenamiento legal proceda no sólo respecto de instituciones contempladas en la ley a suplir, que no estén reglamentadas, o bien, las regule en forma deficiente, sino también en el caso de cuestiones jurídicas no establecidas en tal ley, a condición de que, sea indispensable para el juzgador acudir a tal supletoriedad para solucionar el conflicto que se le plantea y de que no esté en contradicción con el conjunto de normas cuyas lagunas debe llenar, sino que sea congruente con los principios contenidos en las mismas . En estas condiciones, los requisitos que deben satisfacerse para estimar procedente la aplicación supletoria de normas, son los siguientes: a) Que el ordenamiento legal a suplir establezca expresamente esa posibilidad, indicando la ley o normas que pueden aplicarse supletoriamente. b) Que la ley a suplir no contemple la institución o las cuestiones jurídicas que se pretende aplicar supletoriamente, o aun estableciéndolas, no las desarrolle o las regule de manera deficiente. c) Que esa omisión o vacío legislativo haga necesaria la aplicación supletoria de normas para solucionar la controversia o el problema jurídico planteado, sin que sea válido atender a cuestiones jurídicas que el legislador no tuvo intención de establecer en la ley a suplir. d) Que las normas aplicables supletoriamente no contraríen el ordenamiento legal a suplir, sino que sean congruentes con sus principios y con las bases que rigen de manera específica la institución o cuestión jurídica de que se trate. . Entonces, se advierte que es criterio de esta Segunda Sala el considerar que la supletoriedad es una figura necesaria para integrar una omisión de la ley o para interpretar sus disposiciones conjuntamente con otras normas o principios contenidos en otros ordenamientos. Para que opere, no es absolutamente necesario que la institución o cuestión jurídica que pretende aplicarse supletoriamente esté contemplada en la ley a ser suplida, pero sí deben reunirse los demás requisitos sentados por esta Segunda Sala para la aplicación supletoria de normas. . Consecuentemente, es infundado el argumento de la parte quejosa, en el sentido de que, para que aplique la supletoriedad, es necesario que la ley contemple la institución jurídica a suplir. ." Establecido lo anterior, procede analizar si en la especie procede la acumulación a que se refieren los artículos 72 y 73 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, por lo que al efecto, debe decirse que de la lectura íntegra de las demandas de amparo con que se formaron los juicios de amparo que ahora nos ocupan, se obtiene que en los dos asuntos se reclama el mismo acto consistente la orden de aprehensión y su ejecución; asimismo, en ambos casos figuran como autoridades responsables JUEZ PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA Y DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE SOMBRERETE, ZACATECAS Y DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA MINISTERIAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE ZACATECAS. De lo expuesto deriva, que se está en el supuesto previsto en los preceptos invocados, para admitir la supletoriedad de los artículos 72 y 73 del Código Federal de Procedimientos Civiles a la nueva Ley de Amparo, en lo relativo a la procedencia de la acumulación de juicios, por lo que se considera que los medios de control constitucional que se promueven, deben resolverse conjuntamente, con la finalidad de observar el derecho a una tutela jurisdiccional efectiva consagrado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los principios de concentración y economía procesal, además del aprovechamiento del conocimiento previo de los asuntos, de evitar el dictado de sentencias contradictorias y la optimización de los recursos materiales y humanos del Poder Judicial de la Federación. Bajo esa premisa, se consideras que en el caso concreto se actualiza el supuesto contenido en el referido artículo 72, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, dado que los dos juicios de amparo de que se trata versa el mismo acto reclamado y fueron promovidos contra las mismas autoridades, a saber el JUEZ PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA Y DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE SOMBRERETE, ZACATECAS Y DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA MINISTERIAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE ZACATECAS, y por los mismos actos reclamados. En esa tesitura, no se advierte que exista impedimento alguno para la acumulación de los juicios en comento; habida cuenta que se dan las condiciones para satisfacer la hipótesis del artículo 72 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que se traduce en el principio de economía procesal. En ese sentido, conforme a lo dispuesto por el artículo 72 del invocado ordenamiento, el juicio más reciente se acumulará al más antiguo; por tanto, lo que procede es que el juicio de garantías 98/2016, se acumule al diverso expediente de amparo 95/2016, por ser éste el que se inició en primer término, toda vez que la demanda que le dio origen, fue presentada a las dieciocho horas con veinticinco minutos del veinticinco de enero de la presente anualidad; en tanto que la demanda con que se inició aquél, se presentó a las dieciocho horas con cincuenta y tres minutos del veinticinco de enero del año en curso, según se advierte del respectivo sello de recepción que obra estampado en sendos libelos constitucionales, por actualizarse el supuesto previsto en el artículo 72 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Tiene apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia del epígrafe y contenido siguientes: "ACUMULACIÓN EN AMPARO. SE PODRÁ DECRETAR DE OFICIO CUANDO SE TRATE DE JUICIOS EN TRÁMITE ANTE UN MISMO JUZGADO DE DISTRITO, PUES EN EL CASO DE LOS TRAMITADOS ANTE JUZGADOS DISTINTOS, SÓLO PROCEDERÁ A INSTANCIA DE PARTE. De la interpretación de los artículos 57 a 60 de la Ley de Amparo se advierte que en los juicios de garantías que se encuentren en trámite ante los Jueces de Distrito podrá decretarse su acumulación, a instancia de parte o de oficio, en los casos que señala la ley; que será competente para conocer de la acumulación, así como de los juicios acumulados, el Juez que hubiere prevenido, y que el más reciente se acumulará al más antiguo; que la acumulación podrá decretarse tanto respecto de los juicios de amparo que se sigan ante un mismo juzgado, como de los que se sigan ante juzgados diferentes; y que es potestativo para los Jueces decretarla o no. Ahora bien, como la facultad de decretar la acumulación de oficio se ejerce unilateralmente, con potestad plena y sin tramitación alguna, no es factible que un Juez de Distrito pueda hacerlo respecto de juicios que se sigan ante otro Juez, porque en esta hipótesis la acumulación ya no sería de oficio, sino mediante la necesaria concurrencia de dos voluntades, una que inicia el trámite sin poder vinculante y otra que accede a la acumulación y que no obraría por impulso propio ni a instancia de parte; luego, no es posible que, de oficio, un Juez de Distrito le ordene a otro que esté conociendo de otros juicios de amparo, que le envíe los autos, porque este último está en libertad de negarse a hacerlo por virtud de la facultad discrecional de que goza. En consecuencia, la acumulación de oficio sólo puede ejercerse respecto de los juicios de amparo que se tramitan ante un mismo juzgado, mientras que la acumulación a instancia de parte podrá promoverse ante cualquiera de los Jueces que estén conociendo de los juicios relacionados; sin embargo, en caso de que el que reciba la solicitud advierta de las constancias de autos que otro previno, conforme al sello fechador impreso en las demandas por la oficialía respectiva, deberá declararse legalmente incompetente para conocer del incidente de acumulación y remitir las constancias necesarias a aquél, a fin de que lo resuelva". Así como la tesis del rubro y texto siguientes: "ACUMULACIÓN EN AMPARO. PROCEDE NO SÓLO CUANDO SE DEN LOS SUPUESTOS QUE LITERALMENTE ESTABLECE EL ARTÍCULO 57 DE LA LEY RELATIVA, SINO TAMBIÉN CUANDO EXISTA UNA ÍNTIMA CONEXIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. El artículo 57 de la Ley de Amparo, en sus dos fracciones, establece como supuestos indispensables para que proceda la acumulación, que se trate del mismo acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales, los quejosos y las autoridades responsables sean distintos; sin embargo, no puede entenderse el requisito de identidad entre los actos reclamados de manera literal y estricta, sino cuando sea posible la existencia de una íntima conexión entre los actos reclamados. Es decir, que aun cuando los actos que se reclamen no sean iguales, como literalmente lo dispone el precepto en comento, si se trata de actos cuyas materias son consecuencia una de la otra, lo que pudiera determinar su íntima conexión, entonces será procedente decretar la acumulación de los juicios de garantías relativos, pues tal es el espíritu que anima a la mencionada disposición legal, al tener por objeto tanto la economía del procedimiento, como evitar la contradicción de resoluciones que se dicten por diversos juzgadores en negocios que impliquen el mismo problema jurídico". En atención a lo anterior, SE LEVANTA LA SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO decretada en los referidos juicios de garantías. Hágase del conocimiento de las partes la presente resolución y las anotaciones que correspondan en el libro de gobierno relativo. Por lo expuesto, fundado, con apoyo además en los artículos 72 y 73 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, se R E S U E L V E: PRIMERO. Es PROCEDENTE LA ACUMULACIÓN del juicio de amparo 98/2016, promovido por JOSÉ ZAMORA CALDERÓN; al diverso 95/2016, promovido por AURELIO ROMÁN VARELA, los dos del índice de este Juzgado de Distrito. SEGUNDO. Se ordena levantar la suspensión del procedimiento decretada en los citados juicios. NOTIFÍQUESE MEDIANTE OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y PERSONALMENTE A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario en funciones de Juez de Distrito del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, designado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el uno de diciembre de dos mil quince, comunicada mediante oficio CCJ/ST/7129/2015, firmado por el licenciado Vicente David Burguet Franco, Secretario Técnico de dicha comisión, ante el licenciado Javier Gutiérrez Zúñiga, Secretaria que autoriza y da fe. *Amci

  3. Incidental

    tres de febrero de dos mil dieciséis Zacatecas, Zacatecas, a las diez horas con veinte minutos del dieciocho de febrero de dos mil dieciséis, día y hora señalados en autos para que tenga verificativo la audiencia en este incidente de suspensión número 98/2016, promovido por ARMANDO RAMÍREZ LANDÍN, el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario de Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, en funciones de Juez de Distrito, designado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el uno de diciembre de dos mil quince, comunicada mediante oficio CCJ/ST/7129/2015, firmado por el licenciado Vicente David Burguet Franco, Secretario Técnico de dicha comisión, ante el licenciado Javier Gutiérrez Zúñiga, la declaró abierta sin la asistencia de las partes ni de persona que legalmente las represente. Enseguida, el Secretario hace relación de las constancias que integran el presente expediente, entre las que destacan: copia de la demanda de garantías, auto en el que se dio trámite al presente incidente de suspensión de veintiséis de enero de dos mil dieciséis; constancias de notificación a las partes, y el informe previo de la autoridad responsable Juez Primero de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Sombrerete, Zacatecas. A lo anterior, el Secretario en funciones de Juez acuerda: con fundamento en los artículos 144, de la Ley de Amparo vigente, téngase por hecha la relación de constancias, de conformidad con el artículo 140 de la Ley de Amparo vigente. Acto continuo, se abre el periodo probatorio, sin que existan pruebas de las partes que recibir o tener por desahogadas, por lo que se cierra dicha etapa; y enseguida se pasa a la de alegatos, en la cual el Secretario hace constar que ninguna de las partes hizo valer el derecho que al efecto les confiere el artículo 67, párrafo segundo, de la Ley de Amparo Vigente; por lo que al no haber más actuaciones y constancias que relacionar, se procede al dictado de la interlocutoria correspondiente. V I S T O S, para resolver, los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 98/2016; y, R E S U L T A N D O 1. JOSÉ ZAMORA CALDERÓN promovió juicio de amparo y solicitó la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados a las autoridades responsables JUEZ PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA Y DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE SOMBRERETE, ZACATECAS Y OTRA AUTORIDAD, que hizo consistir en la orden de aprehensión y su ejecución. 2. Por auto de veintiséis de enero de dos mil dieciséis, se dio trámite al presente incidente, en el que se concedió la suspensión provisional de los actos reclamados; se requirió a las autoridades responsables su informe previo; se notificó a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y se citó a las partes a la audiencia incidental; así como que mediante diversa interlocutoria de tres de febrero de dos mil dieciséis, se resolvió por lo que hace a la diversa autoridad responsable Director General de la Policía Ministerial del Estado, con sede en esta ciudad, y se difirió la audiencia incidental por cuanto hace a los actos reclamados del Juez Primero de Primera Instancia y de lo Familiar del distrito judicial de Sombrerete, Zacatecas, para que tuviera verificativo en esta misma fecha, la cual se celebró en los términos del acta que antecede y que forma parte integral de la presente resolución. C O N S I D E R A N D O I. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas es legalmente competente para resolver el presente incidente de suspensión, por tener competencia legal para conocer del juicio de garantías del cual se origina la incidencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107, fracciones VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, fracción I, 132, 144 de la Ley de Amparo vigente; y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. II. Por razón de técnica jurídica y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 146 de la Ley de Amparo vigente, aplicado por analogía, el cual señala que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados que se obtengan del estudio y análisis conjunto de la demanda de garantías, atendiendo a la tesis de jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, Tomo XI, Abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS". III. La autoridad responsable Juez Primero de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Sombrerete, Zacatecas, al rendir su informe previo manifestó que es cierto el acto que se le reclama. IV. En tales condiciones, con apoyo en el artículo 166 fracción II de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales; SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS PARA EL EFECTO DE QUE LAS COSAS SE MANTENGAN EN EL ESTADO QUE ACTUALMENTE GUARDAN Y EL QUEJOSO NO SEA PRIVADO DE SU LIBERTAD PERSONAL, CON MOTIVO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN QUE RECLAMA, QUEDANDO EN CUANTO A ELLA A DISPOSICIÓN DE ESTE JUZGADO DE DISTRITO, HASTA EN TANTO SE NOTIFIQUE A LAS RESPONSABLES QUE LA RESOLUCIÓN QUE SE DICTE EN EL JUICIO PRINCIPAL DEL QUE DERIVA ESTA INCIDENCIA QUEDÓ FIRME. En otro sentido, y en lo relativo a las medidas de aseguramiento a fin de que el quejoso no se sustraiga de la acción de la justicia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 166, fracción II y 168 de la Ley de Amparo vigente, se imponen como medidas de aseguramiento: 1.- COMPARECER ANTE EL JUEZ SEÑALADO COMO RESPONSABLE DENTRO DE UN PLAZO DE CINCO DÍAS PARA RENDIR SU DECLARACIÓN PREPARATORIA, LO ANTERIOR SIN MENOSCABO DEL BENEFICIO QUE EN SU FAVOR ESTABLECE EL APARTADO A DEL ARTÍCULO 20 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, CONSISTENTE EN QUE NO PODRÁ SER OBLIGADO A DECLARAR, PRERROGATIVA QUE PUEDE HACER VALER EN EL MOMENTO EN QUE COMPAREZCA ANTE EL JUEZ SEÑALADO COMO RESPONSABLE. Ahora bien, con la única y exclusiva finalidad de que las anteriores medidas establecidas sean observadas y cumplidas a satisfacción por la parte quejosa, es menester indicar al Juez señalado como responsable que, tocante a la comparecencia decretada del aquí quejoso ante el Juez de la causa, no es necesario que la misma deba preceder de solicitud por escrito y fijación de fecha y hora para recibir tal declaración; pues ésta debe tomársele en el acto mismo en que ocurra ante su presencia. A fin de verificar el cumplimiento de esa medida, requiérase al juez señalado como responsable, para que una vez que el impetrante se presente ante su instancia para rendir su declaración, lo haga del conocimiento sin demora de este Órgano Jurisdiccional. Es aplicable a lo anterior la Tesis cuyo rubro y texto son: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA ACTOS QUE AFECTAN LA LIBERTAD PERSONAL. LA OBLIGACIÓN DEL QUEJOSO DE COMPARECER ANTE EL JUEZ DE LA CAUSA O EL MINISTERIO PÚBLICO ES EXIGIBLE HASTA QUE SE TIENE CERTEZA RESPECTO DE LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD QUE LO EMITIÓ. El artículo 138, segundo párrafo, de la Ley de Amparo debe interpretarse en el sentido de que cuando la suspensión se haya concedido contra actos derivados de un procedimiento penal que afectan la libertad personal, la obligación del quejoso de comparecer dentro del plazo de tres días ante el juez de la causa o el Ministerio Público, apercibido que de no hacerlo la suspensión concedida dejará de surtir efectos, se actualiza hasta que se tiene certeza respecto de la existencia del acto reclamado (orden de aprehensión o de presentación) y de la autoridad que lo emitió. Ello es así, porque ante la eventualidad de que en la demanda de garantías se señalara una multiplicidad de posibles autoridades responsables, resultaría innecesario y desproporcional que se constriñera al quejoso a presentarse ante cada una de ellas; de ahí que en tal supuesto el juez de amparo que conceda la suspensión provisional debe hacerlo en términos de los artículos 124 Bis, 136 y 138 de la Ley de Amparo, pero en el entendido de que la mencionada medida de aseguramiento será exigible hasta que se tenga certeza respecto de la existencia del acto reclamado y, en su caso, de la autoridad que lo emitió, lo cual ocurre, en el juicio de amparo indirecto, cuando las autoridades señaladas como responsables rinden informe previo dentro del término de veinticuatro horas y en él manifiestan, entre otras cosas, si es o no cierto el acto que se les atribuye, cuestión que deberá notificarse personalmente al quejoso." 2.- Deberá exhibir la cantidad de $5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.), como garantía, en billete de depósito, o bien en cualquiera de las formas autorizadas por la ley; lo anterior, toda vez que para la procedencia de la suspensión decretada, conforme a lo dispuesto por el artículo 168, de la nueva Ley de Amparo, debe exigirse al quejoso que exhiba garantía, sin perjuicio de otras medidas de aseguramiento que se estimen convenientes; BAJO APERCIBIMIENTO QUE DE NO HACERLO DENTRO DEL TERMINO DE CINCO DÍAS SIGUIENTES A LA LEGAL NOTIFICACIÓN DE ESTE PROVEÍDO, DEJARÁ DE SURTIR EFECTOS LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA DECRETADA. Para el caso de que el promovente opte por garantía consistente en póliza de fianza, ésta deberá contener la renuncia expresa de la compañía afianzadora al fuero de su domicilio, así como su sometimiento a la jurisdicción de este Juzgado de Distrito, debiendo señalar al Agente autorizado en esta ciudad, para oír y recibir notificaciones; la vigencia de la póliza deberá ser por todo el tiempo que dure la tramitación del juicio de garantías del que deriva este incidente; en el entendido de que si la vigencia de la póliza vence antes de la conclusión del juicio de amparo, la suspensión definitiva dejará de surtir sus efectos, sin necesidad de previo acuerdo. En el entendido de que el monto de la garantía señalada se fija de manera discrecional, toda vez que por ahora no es posible hacerlo de conformidad con lo dispuesto por el artículo 168, fracciones I, II y III, de la ley de la materia en consulta, tomando en consideración que el promovente del amparo se le atribuye el delito de daño en las cosas y lesiones culposas; sin que por otra parte se cuente con datos suficientes que permitan conocer su situación económica; empero, dicha medida de aseguramiento tiene como fin evitar que se sustraiga de la acción de la Justicia y con ello se entorpezca el procedimiento penal de origen, y como medida necesaria a efecto de que la parte quejosa pueda ser devuelta a la responsable en el supuesto de que no le sea concedida la protección constitucional solicitada. Se aclara que, si la orden de aprehensión reclamada, fue dictada por algún delito que implique prisión preventiva oficiosa, en esta hipótesis, el único efecto de la suspensión será el consistente en que una vez que sea aprehendido el quejoso, éste quedará a disposición de este Juzgado de Distrito en cuanto a su libertad personal en el lugar en que quede recluido y a disposición del juez de la causa por lo que hace a la continuación del procedimiento penal. Las autoridades responsables no tendrán la obligación de acatar la presente medida cautelar si se sorprende al quejoso en flagrante delito o bien si se trata de cumplimentar una orden de presentación, aprehensión, reaprehensión, dictada por autoridad judicial distinta a la señalada por el peticionario de garantías, en cuyo caso podrá aprehendérsele porque así lo autoriza el artículo 16 de la Constitución General de la República. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 138, fracción III, 140 y 217 de la Ley de Amparo vigente, se RESUELVE: ÚNICO. Se CONCEDE a JOSÉ ZAMORA CALDERÓN, la suspensión definitiva solicitada, por los motivos precisados en el considerando IV de esta interlocutoria. NOTIFÍQUESE MEDIANTE OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo resolvió y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario de Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, en funciones de Juez de Distrito, designado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el uno de diciembre de dos mil quince, comunicada mediante oficio CCJ/ST/7129/2015, firmado por el licenciado Vicente David Burguet Franco, Secretario Técnico de dicha comisión, ante el licenciado Javier Gutiérrez Zúñiga, Secretario que autoriza y da fe. *Amci 4566 y 4567

  4. Incidental

    En ocho de febrero de dos mil dieciséis, el Secretario licenciado Javier Gutiérrez Zúñiga, doy cuenta al Secretario en funciones de Juez con un oficio registrado con el número 2266, con anexos que se acompañan.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, ocho de febrero de dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta que remite el Presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, por el que en cumplimiento del requerimiento que le fue hecho mediante proveído de dos de febrero del año en curso, remite copia certificada por la que acredita que envío a la Oficial Registrador del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esta capital, de las constancias solicitadas a efecto de que esté en posibilidad de dar cumplimiento a la sentencia dictada dentro del presente sumario; lo anterior, para que surta los efectos legales correspondientes. NOTIFIQUESE. Así lo acordó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, en funciones de Juez de Distrito, designado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el uno de diciembre de dos mil quince, comunicada mediante oficio CCJ/ST/7129/2015, firmado por el licenciado Vicente David Burguet Franco, Secretario Técnico de dicha comisión, ante el licenciado Javier Gutiérrez Zúñiga, Secretario que autoriza y da fe. Olivia

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