José Vega Mireles

Expediente 472/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 8 actuaciones registradas, la última del 30 de agosto de 2017.

Datos del expediente

Expediente
472/2017
Año
2017
Actuaciones
8
Última actuación
30/08/2017

Partes del expediente

  • José Vega Mireles

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    El treinta de agosto de dos mil diecisiete, el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado CERTIFICA: Que el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, trascurrió del dieciséis al veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, sin contar los días diecinueve, veinte, veintiséis y veintisiete del mes y año en curso, por corresponder a sábados y domingos; sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra la resolución dictada por este Juzgado, el ocho de agosto julio del año actual, dentro del juicio de amparo número 472/2017; Que tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documento con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; consistente en todo aquel soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán considerados como documentos originales; Que existe un tomo de pruebas pendiente por devolver a la autoridad responsable consistente en el expediente administrativo de adjudicación 696/2010. No se tramitó incidente de suspensión relativo al juicio en que se actúa y, por tanto, la parte quejosa no exhibió billete de depósito. DOY FE. En la misma fecha se da cuenta a la Juez con el estado que guardan los presentes autos y con la certificación que antecede. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, treinta de agosto de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación asentada por el Secretario adscrito a este Tribunal Federal, en el sentido de que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la resolución dictada por este Juzgado el ocho de agosto de dos mil diecisiete, en la que se negó el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados; por tanto, con apoyo en lo previsto por el citado numeral 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En consecuencia, y en atención a que la resolución de mérito no requiere ejecución material, en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia en consulta, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el punto vigésimo primero, fracción IV, del acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, mismo que entro en vigor el veintiséis de noviembre del dos mil nueve; se determina que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, con excepción del escrito inicial de demanda, de la sentencia emitida en autos, y en su caso, de la ejecutoria correspondiente, en razón de que este Juzgado considera que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse; por lo que una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Asimismo, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero del citado Acuerdo, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes; de la misma manera, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del Acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Por último, devuélvase a la autoridad responsable, el expediente relativo al expediente administrativo de adjudicación 696/2010, que en su oportunidad remitió en apoyo a su respectivo informe justificado. NOTIFÍQUESE MEDIANTE OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza y da fe. Ajc.

  2. Principal

    VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo 472/2017; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el quince de mayo de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, José Vega Mireles promovió demanda de amparo, contra el acto y autoridad que enseguida se describen: Autoridad responsable: Secretario General de Gobierno del Estado de Zacatecas. Acto reclamado: . La Resolución Administrativa de fecha 8 (Ocho) del mes de Febrero del año en curso, dentro de los autos del expediente administrativo número: 696/2010, que contiene el Recurso De Revisión, emitida por la Autoridad que ahora se señala como responsable, Misma que contiene el PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACIÓN promovido por el ahora quejoso, en contra de la Resolución emitida por la Dirección de Fraccionamientos Rurales de Gobierno del Estado de Zac. Acto que, a su parecer, resulta violatorio de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16 constitucionales. SEGUNDO. Trámite de amparo. La demanda de derechos se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas; y, mediante acuerdo de dieciséis de mayo de dos mil diecisiete, se admitió el libelo constitucional; se registró con el expediente 472/2017; se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable; se ordenó emplazar a la parte tercera interesada; se dio la intervención legal que por derecho corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; y, se citó a las partes a la celebración de la audiencia constitucional; y, se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, en términos del acta que antecede y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia para resolver este juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 1, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; en virtud de que la resolución reclamada se atribuye a una autoridad administrativa que reside en el Estado de Zacatecas, territorio en el que ejerce jurisdicción este juzgado. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la materia de la litis efectivamente planteada en este juicio se concreta en el acto reclamado siguiente: - La resolución de ocho de febrero de dos mil diecisiete, emitida por la Secretaría General de Gobierno del Estado de Zacatecas, con motivo del recurso de revisión promovido por el hoy quejoso contra la diversa de doce de octubre de dos mil quince, dictada en el procedimiento administrativo de adjudicación 696/2010 promovido por el ahora quejoso. TERCERO. Certeza. El Secretario General de Gobierno del Estado de Zacatecas, al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto reclamado (foja 32 a 40). Además, para acreditar su existencia, remitió el original del procedimiento administrativo de adjudicación 696/2010, el cual contiene la resolución reclamada; documental que cuenta con pleno valor probatorio, en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Con lo anterior, se encuentra acreditada la existencia del acto reclamado. CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. Previo a realizar el estudio del asunto, resulta necesario una breve reseña de los antecedentes que originaron el acto reclamado: Mediante escrito presentado el veintiocho de enero de dos mil diez, José Vega Mireles promovió juicio administrativo de adjudicación, respecto de un predio urbano ubicado en el fraccionamiento denominado "Cieneguilla", en el municipio de Nieves General Francisco R. Murguía, Zacatecas, con las siguientes medidas y colindancias: Por el lado norte 50.00 (cincuenta) metros y linda con calle Felipe Ángeles; al sur, 50.00 (cincuenta metros) y colinda con Jardín de Niños de la Comunidad; al oriente 25.00 (veinticinco) metros y colinda calle Miguel Hidalgo; y, al poniente 25.00 (veinticinco metros y colinda con la escuela primaria de la comunidad, con una superficie total de 1,250.00 (mil doscientos cincuenta) metros cuadrados (fojas 1 y 2 del cuaderno de pruebas). Luego, mediante acuerdo de tres de febrero siguiente, se previno al promovente a fin de que precisara la ubicación exacta y calidad de la tierra materia de dicho trámite (foja 13 ídem). Así, toda vez que el promovente cumplió con la prevención en comento, el Director de Fraccionamientos Rurales del Estado de Zacatecas, mediante acuerdo de cinco de marzo de dos mil diez, admitió a trámite dicho procedimiento; y, seguidas sus etapas, el doce de octubre de dos mil quince, se dictó sentencia en la que se declaró la improcedencia de la pretensión del hoy quejoso, en virtud a que dicha parte procesal no reunió los requisitos que contienen los artículos 89 y 91, de la Ley de Fraccionamientos Rurales del Estado de Zacatecas (fojas 15 y 135 a 138 ídem). Inconforme con lo anterior, el ahora amparista, mediante escrito presentado el veinte de noviembre de dos mil quince, promovió recurso de revisión y formuló los agravios respectivos, el cual fue admitido en dicha dirección de fraccionamientos en acuerdo de veinticinco siguiente, por lo que dicha autoridad, con fundamento en los artículos 1, 5, 6, 167 y 168, todos de la Ley de Fraccionamientos Rurales de esta entidad, ordenó dar vista a las partes para que en el término de cinco días manifestaran conforme a sus intereses (foja 149 del anexo). Finalmente, el ocho de febrero de dos mil diecisiete, el Secretario General de Gobierno del Estado de Zacatecas, resolvió el recurso de revisión de que se trata, en cuyos puntos resolutivos, confirmó la resolución dictada por el Director de Fraccionamientos Rurales del Estado. Resolución ésta última que constituye el acto reclamado. QUINTO. Conceptos de violación. Es innecesario transcribir los conceptos de violación, al no ser un requisito exigido por el artículo 74 de la Ley de Amparo, conforme lo dispone la tesis cuyo rubro y texto son: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X De las sentencias, del título primero Reglas generales, del libro primero Del amparo en general, de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". SEXTO. Estudio de fondo. Los conceptos de violación resultan inoperantes. A fin de demostrar lo anterior, se precisa que la parte quejosa, en sus conceptos de violación medularmente alega que la autoridad responsable dejó de aplicar en su perjuicio los artículos 13, 15, 16, 17, 23, 24, 44, 45, 46, 47, 48 y demás relativos de la Ley de Fraccionamientos Rurales del Estado de Zacatecas, en virtud a que no se consideró que el lote materia del procedimiento de adjudicación de origen, se trata de un patrimonio de familia, por lo que debió realizarse un dictamen más completo y así darle a conocer al Director de Fraccionamientos. De los agravios contenidos en el escrito por el cual, el hoy quejoso promovió el recurso de revisión contra la resolución dictada en el procedimiento administrativo de primera instancia, se obtiene que hizo valer lo siguiente: La tesis sustentada por la dirección no coincide al resolver la causa, en virtud a que dicha autoridad no realizó un estudio exhaustivo a las constancias que integraban el juicio de origen, causándole una privación al derecho de posesión y propiedad que goza desde el año 2000. La Dirección de Fraccionamientos no realizó las pesquisas necesarias para que la resolución fuera justa y equitativa, en virtud a que es sabido que la superficie demandada proviene de Guadalupe Mireles Balderas (finado) y, que su hijo Apablo Mireles Balderas promovió juicio sucesorio intestamentario para adquirir dicho lote a su favor y, hecho lo anterior, vendió la parte reclamada. Que la resolución reclamada no contiene los requisitos que señalan los artículos 89 y 91 de la Ley de Fraccionamientos Rurales del Estado de Zacatecas. Además, que dicha resolución se basa en el dictamen emitido por el personal de la dirección, cuando dicha autoridad no le informó a efecto de haber estado en aptitud de hacer presencia del representante de la colonia El Porvenir, en el municipio de Francisco R. Murguía, Zacatecas. Ahora bien, de las constancias que integran el acto reclamado, se obtiene que la autoridad responsable, al resolver el medio de impugnación, lo hizo bajo las siguientes consideraciones: TERCERO.-Precisada la procedencia de la vía y los lineamientos a que se sujeta la presente resolución, deben establecerse los puntos de controversia a que se sujeta el recurso que se dirime, sin que para cumplir con la observancia de los principios de congruencia y exhaustividad haya necesidad de transcribir los agravios expresados por el recurrente, ya que los principios de mérito se ven satisfechos con la fijación de los puntos sujetos a debate, pues al ser el estudio y respuesta de los mismos de conformidad con los planteamientos de legalidad y vinculado a aquellos (agravios) no existe vicio alguno por parte del resolutor. La afirmación anterior encuentra sustento en el contenido de la jurisprudencia sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 830 del Tomo XXXI, Mayo de 2010, de la Novena Época del Semanario, Judicial de la Federación y su Gaceta, misma que por analogía tiene aplicación en el caso a estudio y que es del rubro y texto que se leen a continuación: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS. SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN De los preceptos integrantes .del capítulo X De las sentencias, del título primero Reglas generales, del libro primero Del amparo en general, de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo' a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien losplanteamientos de legalidad o inconstitucionalidad quefectivamente se hayan hecho valer. Para tal efecto, los agravios que dice la parte recurrente le causa la resolución, se desglosan de la siguiente manera: 10. Señala el recurrente que la Tesis sustentada por la Dirección no coincide al resolver la causa, no se realizó un estudio minucioso sobre las constancias procesales que obran en autos, resolviendo de manera vaga, privándose del derecho de posesión y propiedad que goza este desde el año 2000. 2°. Refiere el recurrente que la Dirección de Fraccionamientos no realizó las pesquisas necesarias para que la Resolución dictada fuera justa, equitativa y apegada a estricto derecho, pues es sabido que la superficie que se demanda proviene del Sr. Guadalupe Mireles Balderas, ya fallecido y que su hijo Apablo Mireles Balderas promovió Juicio Sucesorio Intestamentario, para adquirir el lote en su favor, y una vez hecho lo anterior, vendió la superficie que ahora se reclama. Manifiesta el ciudadano JOSÉ VEGA MIRELES, que la resolución que se combate no contiene los requisitos que debe deben cumplir, mismos que se ubican en los artículos 89 y 91 de la Ley de Fraccionamientos Rurales que se invoca; además, refiere que en la misma se basa en el dictamen emitido por el personal de dicha Dirección, cuando el mismo no informo a efecto de estar en aptitud de hacer presencia conjuntamente con el representante de la Colonia el "PORVENIR" municipio de Francisco R. Murguía, Zacatecas. Así las cosas, el escrito del recurso de revisión se estudiará de manera íntegra, entendiéndose que deberá tenerse como conceptos de agravios todos los razonamientos contenidos que aparezcan en líbelo sometido a la consideración de esta autoridad, aunque no estén en el capítulo relativo, ni guarden un apego estricto a la forma lógica del silogismo jurídico, por lo que es suficiente que en alguna parte del escrito de impugnación exprese con claridad la causa de pedir, lo que no exime al recurrente de señalar cuál es la lesión o agravio que estima le causa la resolución combatida y los motivos que originaron dicho menoscabo. La afirmación anterior encuentra sustento en el contenido de la jurisprudencia sostenida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Sexto Circuito, publicada en la página 569 del Tomo XXVI, Noviembre de 2007, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, misma que por analogía tiene aplicación en el caso a estudio y que es del rubro y texto que se leen a continuación: AGRAVIOS EN LA APELACIÓN. PARA SU ESTUDIO BASTA QUE EN EL ESCRITO RESPECTIVO SE EXPRESE CON CLARIDAD LA CAUSA DE PEDIR. APLICACIÓN ANALÓGICA DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 68/2000 (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al emitir la jurisprudencia P./J. 68/2000, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, agosto de 2000, página 38, de rubro: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR., señaló, por un lado, que los artículos 116y 166 de la Ley de Amparo, no establecen como requisito esencial e imprescindible que la expresión de los conceptos de violación se haga como un verdadero silogismo, siendo la premisa mayor el precepto constitucional violado, la premisa menor los actos autoritarios reclamados y la conclusión la contraposición entre aquéllas y, por otro, que la demanda de amparo no debe examinarse por sus partes aisladas, sino considerarse en su conjunto, que es razonable que deban tenerse como conceptos de viblación todos los razonamientos que, con tal contenido, aparezcan en la demanda, aunque no estén en el capítulo relativo y aunque no guarden un apego estricto a la forma lógica del silogismo, sino que será suficiente que en alguna parte del escrito se exprese con claridad la causa de pedir, señalándose cuál es la lesión o agravio que el quejoso estima le causa el acto, resolución o ley impugnada y los motivos que originaron ese agravio, para que el Juez de amparo deba examinarlo; en esas condiciones, la obligación que el artículo 80 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja Callfornia Sur vigente, impone a los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia de esta entidad federativa, para resolver de forma clara, precisa y congruente las pretensiones deducidas oportunamente, decidiendo todos lospuntos litigiosos que hayan sido objeto del debate, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, presenta situación análoga a la analizada por el Pleno del Máximo Tribunal del país en el criterio jurisprudencial de mérito; de ahí que para que el órgano jurisdiccional en la sentencia dictada en segunda instancia, resuelva la pretensión del recurrente, basta con que en los agravios se exprese con claridad la causa de pedir, máxime que la referida codfficación adjetiva, en sus numerales 671 al 697, que prevén los requisitos para la tramitación del recurso de apelación, no señala exigencia técnica-jurídica alguna en la redacción de los agravios, por parte del inconforme; sin embargo, debe precisarse que la existencia de la causa de pedir no implica que los recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que a ellos corresponde (salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja) exponer razonadamente el porqué estiman ilegales las determinaciones que reclaman o recurren, supuesto en el que sí se podrán declarar inoperantes los motivos de disenso. CUARTO.- Habiendo precisado con antelación los puntos medulares de que se duele el recurrente, se procede ahora a analizar los mismos, para que con base en los argumentos por el expuestos, demostrar la aplicación de diversos preceptos legales que estiman se ajustan al supuesto en que se encuentran, en tal tenor, conforme al contenido de los agravios marcados como "1.°." y "2°.", en los cuales refiere que la Tesis en la que se sustentó la Dirección dentro de la resolución que se combate, no coincide al resolver la causa, pues no se realizó un estudio minucioso sobre las constancias procesales que obran en autos, resolviéndose de forma vaga y privándose del derecho de posesión y propiedad que goza este desde el año 2000; además de referir que la inferior en grado no realizó las pesquisas necesarias para que la Resolución dictada fuera justa, equitativa y apegada a derecho, pues es sabido que la superficie que se demanda proviene del Sr. Guadalupe Mireles Balderas ya fallecido, y que su hijo Apablo Mireles Balderas promovió juicio sucesorio para adquirir el lote a su favor, y una vez hecho lo anterior, vendió la superficie que ahora se reclama al hoy recurrente; al respecto debe decirse que los agravios agrupado para su análisis por estar estrechamente vinculados entre sí, resultan INATENDIBLES dentro del presente asunto, para modificar o revocar la resolución definitiva de fecha doce de octubre del dos mil quince, esto de acuerdo a lo siguiente: Esta Secretaría General de Gobierno al realizar el análisis de los agravios marcados como 1°. y 2°., planteados por el ciudadano José Vega Mireles, advierte de forma lógica, que dentro de estos no se contiene razonamiento jurídico alguno tendiente a desvirtuar las consideraciones que tomó en cuenta la Dirección de Fraccionamientos Rurales al dictar la determinación de fecha doce de octubre de dos mil quince, pues en dichos agravios, solo se deducen simples manifestaciones, en las que el recurrente no expresa la inexacta o nula aplicación de algún dispositivo de la Ley de Fraccionamientos Rurales o de las leyes que se aplican de manera supletoria a esta, desprendiéndose pues que en dichas manifestaciones no se impugnan las consideraciones y fundamentos del fallo que se recurre. Manifestaciones hechas con anterioridad, que robustecidas con el hecho que dentro de la presente materia administrativa, y en particular dentro del presente Recurso de Revisión, no opera la suplencia de la queja deficiente, de conformidad a que en la Ley de Fraccionamientos Rurales, o en la Legislación que se aplica de manera supletoria a esta última, no se prevé tal posibilidad (suplencia de la queja deficiente); es que esta Secretaría General de Gobierno llega a la conclusión y determina que los agravios agrupados para su análisis por estar estrechamente vinculados entre sí, marcados como 1°. y 2°., resultan INATENDIBLES dentro del presente asunto para modificar o revocar la Resolución Definitiva de fecha doce de octubre del dos mil quince, esto de acuerdo, como se ha venido diciendo, se desprende que las manifestaciones realizadas dentro de los agravios de mérito no contienen razonamiento jurídico alguno, tendiente a desvirtuar los fundamentos y consideraciones en las que se sustentó la Resolución que se combate. Sirve de sustento a lo anterior, las siguientes jurisprudencias dictadas por los Tribunales Colegiados de Circuito, del texto y rubor que a continuación se precisan: Octava Época Registro: 220368 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo IX, Febrero de 1992 Materia(s): Común Tesis: VI. lo. J/67 Página: 70 Genealogía: Gaceta número 50, Febrero de 1992, pág. 61. Apéndice 1917-1995, Tomo VI, Segunda Parte, tesis 591, pág. 393. AGRAVIOS INATENDIBLES. SON AQUELLOS QUE NO IMPUGNAN LAS CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DEL FALLO RECURRIDO. Cuando no estén dadas las condiciones que la ley establece para suplir la queja deficiente, deben desestimarse por inatendibles los agravios expresados en el recurso de revisión, si no contienen razonamiento jurídico alguno, tendiente a desvirtuar los fundamentos y consideraciones en que se sustenta el fallo recurrido. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo en revisión 10/88. Gonzalo Tepakingo Sánchez. 3 de marzo de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Dueñas Sarabia. Secretaria: Rosa María Roldán Sánchez. Amparo en revisión 177/88. Hugo Porfirio Angulo Cruz. 22 de junio de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Dueñas Sarabia. Secretaria: Irma Salgado López. Amparo en revisión 178/88. Hugo Porfirio Angulo Cruz. 22 de junio de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Dueñas Sarabia. Secretaria: Irma Salgado López. Amparo en revisión 201/88. Adolfo Vélez Gutiérrez. 23 de agosto de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Gerardo Ramos Córdova. Secretario: Hugo Valderrabano Sánchez. Amparo en revisión 207/88. Adolfo Vélez Gutiérrez. 23 de agosto de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Gerardo Ramos Córdova. Secretario: Hugo Valderrabano Sánchez. Octava Época Registro: 394547 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo FI, ParteTCC Materia(s): Común Tesis: 591 Página: 393 Genealogía: APENDICE '95: TESIS 591 PG. 393 AGRAVIOS INATENDIBLES. SON AQUELLOS QUE NO IMPUGNAN LAS CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DEL FALLO RECURRIDO. Cuando no estén dadas las condiciones que la ley establece para suplir la queja desestimarse por inatendibles los agravios expresados en el recurso de revisión, razonamiento jurídico alguno, tendiente a desvirtuar, .los fundamentos y consideraciones el fallo recurrido. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Octava Epoca: Amparo en revisión 10/88. Gonzalo Tepalcingo Sánchez. 3 de marzo de 1988. Unanimidad de votos. Amparo en revisión 177/88. Hugo Porfirio Angulo Cruz. 22 de junio de 1988. Unanimidad de votos. Amparo en revisión 178/88. Hugo Porfirio Angulo Cruz. 22 de junio de 1988. Unanimidad de votos. Amparo en revisión 201/88. Adolfo Vélez Gutiérrez. 23 de agosto de 1988. Unanimidad de votos. Amparo en revisión 207/88. Adolfo Vélez Gutiérrez. 23 de agósto de 1988. Unanimidad de votos. NOTA: Tesis VI.lo.J/67, Gaceta número so, pág. 61; Semanario Judicial de la Federación, tomo IX-Febrero, pág. 70. Por otro lado, en cuanto al agravio marcado por esta Autoridad como "3°.", en el cual, el recurrente señala que la Resolución de mérito no contiene los requisitos que debe de contener esta, mismos que se ubican en los artículos 89 y 91 de la Ley de Fraccionamientos Rurales que se invoca; además, que refiere este que en la misma resolución, la autoridad se basa en el dictamen emitido por el personal de dicha Dirección, cuando el mismo, no informo a efecto de estar en aptitud de hacer presencia conjuntamente con el representante de la Colonia el "Porvenir municipio de Francisco R. Murguía, Zacatecas; al respecto debe de decirse que dicho agravio resulta por un lado FUNDADO pero INOPERANTE, y por otro INFUNDADO para modificar o revocar la Resolución de fecha doce de octubre del dos mil quince, esto de acuerdo con lo siguiente: Por principio de cuentas y respecto de la manifestación realizada por el recurrente, encaminada a señalar que dentro de la resolución de mérito no se observaron los requisitos que se establecen en los artículos 89 y 91 de la Ley de Fraccionamientos Rurales vigente, debe decirse que resulta FUNDADO pero INOPERANTE para revocar la Resolución de doce de octubre del dos mil quince; esto es así, pues del análisis realizado por esta Autoridad respecto de los requisitos establecidos en los numerales de referencia, se desprende que la inferior en grado solo puntualizó al respecto: "...Una vez señalado lo anterior se procede al análisis de la solicitud , debiendo para tal efecto considerar el contenido de los artículos 8.9y 91 de la Ley de la materia y que se encuentran de manera taxativa los requisitos que deben de satisfacer una solicitud de adjudicación, según se desprende de la transcripción de los preceptos legales que se hizo con anterioridad, tenemos que los promoventes no justificaron todos y cada uno de los requisitos señalados por la Ley de fraccionamientos Rurales para que se le pueda adjudicar a su favor, toda vez que del análisis del expediente que hoy se resuelve, por acuerdo de fecha ocho de noviembre del dos mil trece (sic) se fijó fecha para que se llevara a cabo la diligencia correspondiente a fin de saber con mayor precisión el número del lote, la ubicación y la .calidad de tierra del inmueble materia del presente tramite por lo que personal adscrito a la Dirección acudieron a la Zona de Fraccionamientos de "Cieneguilla", del municipio de General Francisco R. Murguía, Zacatecas (sic) al realizar los trabajos pertinentes y de los mismos se desprenden que después de realizar las mediciones .correspondientes resulto una superficie total de 1,332.66 metros cuadrados (sic) así mismo dichos predios se encuentran en la zona comunal. Todo lo anterior nos da cuenta, que lo que solicitan los ciudadanos José Vega Míreles y Antonio Mireles Balderas, no coincide con lo informado por el Ingeniero adscrito a esta Dirección de Fraccionamientos Rurales (sic) situación que se sustenta, con lo estipulado por el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, aplicado supletoriamente a la ley de la materia. . ." Respecto de la anterior transcripción, se desprende que la Dirección de Fraccionamientos al pronunciarse respecto de los requisitos contenidos en los numerales 89 y 91 de la Ley de Fraccionamientos Rurales vigente en el Estado, los cuales debieron 4 de ser satisfechos por los promoventes de la acción que se analiza, no se evidencia de forma adecuada los razonamientos lógico-jurídicos con los cuales se haya determinado la ausencia de uno, varios o de la totalidad de estos, pues la inferior en grado solo puntualiza de forma general que no se configuran los requisitos puntualizados, esto sin definir cuál o cuáles de ellos no lograron acreditar para que resultara procedente el Procedimiento Administrativo de Adjudicación. De lo anterior, esta Autoridad considera como FUNDADO por un lado el agravio marcado como 3°., esgrimido por el ciudadano José Vega Mireles; sin embargo, esta 114 Secretaría considera que dichos agravios resultan INOPERANTES dentro del presente asunto, lo anterior por razón de economía procesal, atendiendo a que ningún fin practico nos conduciría el determinar la modificación o revocación de la resolución de fecha doce de octubre del dos mil quince, pues existe seguridad absoluta por esta revisora que el que se hubiera llevado el análisis exhaustivo de la falta de requisitos establecidos en los artículos 89 y 91 de la Ley de la materia, en nada impactaría o cambiaría el sentido del fondo del asunto, lo anterior es así de acuerdo a lo que a continuación se precisara. Artículo 89.- Toda solicitud de adjudicación deberá dirigirse al Director y el solicitante deberá satisfacer los siguientes requisitos: I. Indicará el número de lote, nombre del fraccionamiento donde se ubica, superficie, medidas y colindancia, clase de tierra, y sobre todo, la declaración expresa de sujetarse a la forma de pago que la Ley respectiva establezca en la resolución que dicte a su solicitud, tomando como base el avalúo catastral. II.' Deberá ser de nacionalidad mexicana y acreditar que tiene como actividad preponderante la agricultura o la ganadería. Para demostrar lo anterior, es admisible cualquier medio ordinario de prueba, a excepción de la nacionalidad, la que deberá acreditarse con el acta del registro civil correspondiente. En caso de que no sea la ganadería o agricultura su actividad habitual, deberá, bajo protesta, indicar que solicita la adjudicación del lote para dedicarse a ello y su aceptación para acudir a los cursos de capacitación relativos a la actividad, que clItina la Dirección; IV. No poseer en propiedad total una superficie igual o mayor a la señalada en el artículo 3 de esta Ley, bajo cualquier régimen, y V. Las demás que señale el Reglamento. Las disposiciones contenidas en las fracciones II y III no son aplicables a los acreedoresfinancieros. Artículo 91.- Toda persona en pleno goce de sus derechos, está facultada para solicitar se adjudiquen en su favor terrenos del régimen de fraccionamientos; pero deberá procurarse, preferentemente, que los nuevos adjudicatarios sean personas que tengan como actividad habitual la agricultura o ganadería, que estén casados o que demuestren ser responsables del sostenimiento de una familia y que sean vecinos del lugar. De los requisitos contenidos en la legislación de la materia anteriormente transcritos, tenemos pues, que los solicitantes de las adjudicaciones solicitadas, no lograron acreditar la totalidad de la fracción I del artículo 89, pues como se evidencia de forma lógica, desde el momento en que instauraron, los ciudadanos Antonio Balderas Mireles y José Vega Mireles cada uno por sus propios derechos, hasta el momento del dictado de la Resolución que se combate, no manifestaron en ningún momento el número, ni la clase de tierra a la que pertenecen los lotes que se pretendían adjudicar; resultando pues que los solicitantes no reunieron la totalidad de los requisitos establecidos por la legislación de la materia, para que pudiera resultar procedente su acción. Señalamientos realizados con anterioridad, con los que se advierte que si bien es cierto, la Dirección de Fraccionamientos no realizo un análisis exhaustivo de los requisitos establecidos en los artículos 89 y 91 de la Ley de la materia, por lo que determinó la improcedencia de la acción de mérito; sin embargo, el que se decrete la modificación o revocación de la resolución que se combate, por la señalada omisión, a ningún fin practico nos conduciría, pues existe seguridad absoluta por esta Secretaría que la misma resulta irrelevante, pues como ya ha quedado estipulado con anterioridad, la inferior en grado determino acertadamente que los promoventes no reunieron la totalidad de los requisitos contenidos en los numerales de referencia, en particular con lo dispuesto por la fracción I del artículo 89, por lo cual, si se hubiera realizado el análisis exhaustivo de lo señalado con anterioridad, como ya se hizo, esto nos conduciría al mismo resultado, esto es, resultaría improcedente el Procedimiento Administrativo de Adjudicación intentado por los ciudadanos José Vega Mireles y Antonio Mireles Balderas, respecto de diversas superficies, ubicadas en la zona de fraccionamientos rurales de "Cieneguilla" del municipio de General Francisco R. Murguía, Zacatecas; lo anterior, que conduce a esta Autoridad a determinar por un lado al agravio marcado como "3°.", FUNDADO pero INOPERANTE para modificar o revocar la Resolución de fecha doce de octubre del dos mil quince. Manifestaciones realizadas con anterioridad, encuentra sustento en las jurisprudencias dicadas por los Tribunales Colegiados de Circuito, del texto y rubro siguientes: Novena Época Registro: 181186 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XX, Julio de 2004 Materia(s): Común Tesis: 1.30. C. J/32 Página: 1396 CONCEPTOS DE VIOLACIÓN FUNDADOS PERO INOPERANTES. DEBEN DECLARARSE ASÍ, CUANDO EXISTA SEGURIDAD ABSOLUTA EN CUANTO A LA IRRELEVANCIA DE LA OMISIÓN EN QUE INCURRIÓ LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y NO SEA NECESARIO SUSTITUIRSE EN SU ARBITRIO PARA DEFINIR CUESTIONES DE FONDO. Conforme a la jurisprudencia de la Tercera Sala de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN FUNDADOS, PERO INOPERANTES., cuando en un juicio de amparo se considere fundado un concepto de violación por razones de incongruencia Por omisión, pero a la vez se advierta que tal cuestión no es apta para resolver el asunto en forma favorable a los intereses del quejoso, el concepto aducido, aun cuando sea fundado, debe declararse inoperante, por razones de economía procesal, atendiendo a que a nada práctico conduciría conceder el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto de que se analizara una cuestión innecesaria, dado que el sentido del fondo del asunto seguiría siendo el mismo, en detrimento del principio de economía procesal y la pronta administración de justicia que establece el artículo 17 constitucional. Sobre esas bases, el tribunal de amparo debe pronunciarse respecto de los puntos que no fueron abordados por la autoridad de la instancia, porque de concederse la protección federal para que se subsanen no cambiaría el sentido del acto reclamado. Por tanto,. es improcedente esa declaración de inoperancia cuando no existe la seguridad absoluta de la irrelevancia de la omisión en que haya incurrido la autoridad común al ser necesario el ejercicio de su arbitrio jurisdiccional para dilucidar aspectos de fondo, ya sea en valoración de pruebas, apreciación de hechos, interpretación y aplicación de normas o de contratos, porque en estos supuestos invariablemente corresponde a la autoridad ocuparse del análisis de las cuestiones omitidas, pues de lo contrario, la potestad de amparo podría dejar inaudita a una de las partes; de ahí que la determinación de que un concepto de violación es fundado pero inoperante, únicamente es adecuada ante una clara y evidente solución del asunto, pero no cuando se requiere de mayores reflexiones en ejercicio del aludido arbitrio jurisdiccional. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 2083/2002. Grupo Industrial Bacardí de México, S.A. de CM 4 de abril de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Armando Cortés Galván. Secretario: Francisco Peñaloza Heras. Amparó directo 11403/2002. Restaurantes y Bares Especializados, S.A. de C. V. 28 de noviembre de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: José Alvaro Vargas Ornelas, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de .Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretaria: Laura Díaz Jiménez. Amparo directo 2843/2003. Elisa Godínez Chávez. 13 de marzo de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Armando Cortés Galván. Secretario: Israel Flores Rodríguez. Amparo directo 2323/2003. Asiatex, S.A. de C.V. 13 de marzo de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad Hernández de Mos queda. Secretario: Hiram Casanova Blanco. Amparo directo 2483/2003. Sergio Alfredo del Valle Torrijos. 13 de marzo de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad Hernández de Mos queda. Secretario: Hiram Casanova Blanco. Notas: La tesis de jurisprudencia citada aparece publicada con el número 108, en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo FI, Materia Común, página 85. Por ejecutoria de fecha 14 de mayo de 2008, la Primera Sala declaró inexistente la contradicción de tesis.  153/2007-PS en que participó el presente criterio. Por ejecutoria de fecha 29 de septiembre de 2010, la Primera Sala declaró inexistente la contradicción de tesis 98/2010 en que participó el presente criterio. Novena Época Registro: 188015 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XV, Enero de 2002 Materia(s): Común Tesis: YI.3o.A. J/9 Página: 1125 CONCEPTOS DE VIOLACIÓN FUNDADOS PERO INOPERANTES. ALCANCE Conforme a la jurisprudencia que sostuvo la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página ciento catorce del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, de rubro: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN FUNDADOS, PERO INOPERANTES., es correcto que el tribunal de amparo se pronuncie sobre puntos que no fueron abordados por la autoridad de instancia, cuando el quejoso tiene razón en los planteamientos vertidos en sus conceptos de violación por omisiones de .la responsable, pero carece de ella en lo que ve al fondo del asunto; sin embargo, eso ocurre ante situaciones evidentes, mas no cuando para decidir el punto en el fondo es necesario hacer uso del arbitrio jurisdiccional, ya sea en valoración de pruebas, apreciación de hechos o interpretación de normas, pues aquí corresponde a la autoridad responsable ocuparse del análisis de tales puntos omitidos, ya que de hacerlo el tribunal de amparo incurriría en una sustitución de la potestad común, que no debe darse hasta ese extremo, por más que el órgano constitucional conozca el sentido en que deba resolverse el punto, pues, se insiste, lo fundado pero inoperante de un concepto -de violación en el supuesto de que se trata, se da ante una clara y evidente solución del asunto, pero no cuando se requiere de mayores reflexiones en ejercicio del aludido arbitrio jurisdiccional. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo directo 68/2000. Aceites y Proteínas El Calvario, S.A. de C. V. 24 de noviembre de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Antonio Pescador Cano. Secretario: José Guerrero Durán. Amparo directo 1412001. Refrigeración Santillana, S.A de C. V. 15 de marzo de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Manuel Rojas Fonseca. Secretaria: Blanca Elia Feria Ruiz. Amparo directo 230/2001. Juan Francisco Menéndez Priante. 9 de agosto de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Manuel Rojas Fonseca. Secretario: Jesús Valencia Guerrero. Amparo directo 129/2001. José Manuel Rodríguez Fabris. 16 de agosto de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Manuel Rojas Fonseca. Secretario: Jesús Valencia Guerrero. Revisión fiscal 190/2001. Administrador Local Jurídico de Puebla Sur. 8 de noviembre de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Antonio Pescador Cano. Secretario: Jorge Arturo Gamboa de la Peña. Así mismo, por otro lado, y en cuanto al mismo agravio en estudio, marcado como en el que refiere el recurrente que le causa agravio el dictamen emitido por el personal de la Dirección, pues el desahogo del que emanó el acto señalado, no se informó para el efecto de hacer presencia conjuntamente con el representante de la Colonia el "Porvenir" del municipio de Francisco R. Murguía, Zacatecas; al respecto debe decirse que dichas manifestaciones resultan INFUNDADAS para revocar o modificar la resolución de doce de octubre del dos mil quince, esto de acuerdo a lo siguiente: Esta Secretaría al realizar un análisis de las constancias justificativas que se acompañan al presente Recurso de Revisión, Procedimiento Administrativo de Adjudicación 696/2010, advierte de una forma lógica, contrario a lo señalado por el recurrente, que la inferior en grado si citó, notificó y corrió traslado al hoy inconforme, haciéndolo sabedor por conducto de su autorizado para oír y recibir notificaciones Erick Heredia Reyes, respecto de la fecha y hora en la que se desahogaría el Levantamiento Topográfico del que dice dolerse, así como de los trabajos que emanaron de dicha diligencia, esto como se evidencia de foja 116 a foja 123 del expediente de referencia; quedando esto corroborado y robustecido, pues se desprende que al acto -de mérito (levantamiento topográfico), acudió el hoy recurrente José Vega Mireles. Razonamiento el anterior, del que se desprende que resulta erróneo lo estipulado por el hoy recurrente dentro de las manifestaciones hechas respecto de los trabajos técnicos rendidos, pues el hoy recurrente tenía pleno conocimiento de la diligencia de mérito, tan es así que acudió a la misma, además de que se le corrió traslado con los resultados emanados de dicha actuación; lo que conduce a esta Autoridad a determinar a dichas manifestaciones cómo INFUNDADAS. Manifestaciones las anteriores, con las que se concluye que el agravio marcado como 3°., resulta por un lado FUNDADO pero INOPERANTE y por otro INFUNDADO para modificar o revocar la Resolución Definitiva de fecha doce de octubre del dos mil quince. Como consecuencia de todo lo expresado, se desprende que el recurrente no justifica con las manifestaciones esgrimidas dentro del Recurso de Revisión, que la Resolución Definitiva que se combate, contiene deficiencias o dentro de la misma existe la inexacta aplicación de los fundamentos de derecho con los cuales cause algún perjuicio a sus intereses, conviene precisar que los agravios resultaron INATENDIBLES, FUNDADOS pero INOPERANTES e INFUNDADOS; consecuentemente, ES DECONFIRMARSE COMO EN EFECTO SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA EMITIDA POR LA INFERIOR EN GRADO EN FECHA DOCE DE OCTUBRE DEL DOS MIL QUINCE. De conformidad con lo hasta ahora expuesto, y ante lo INATENDIBLE, FUNDADO pero INOPERANTE e INFUNDADO de los agravios expresados por la parte inconforme, no resta sino precisar que la Resolución Definitiva de fecha doce de octubre del dos mil quince, emitida en autos del expediente 696/2010, relativo al Procedimiento Administrativo de Adjudicación promovido por los ciudadanos ANTONIO MIRELES BALDERAS y JOSÉ VEGA MIRELES respectivamente, queda firme, luego entonces, una vez cause estado la presente resolución, se ordena la devolución del expediente de referencia a la Dirección de Fraccionamientos Rurales del Estado, para los efectos legales subsecuentes.". Así, de la anterior transcripción, se advierte que la secretaría responsable determinó confirmar la determinación emitida por el Director de Fraccionamientos Rurales del Estado de Zacatecas, toda vez que los agravios formulados por el hoy quejoso, por una parte resultaron inoperantes y, por otra, fundados pero inoperantes, enfatizando que no obstante sus manifestaciones, el promovente efectivamente no cumplió con los requisitos contenidos en los artículos 89 y 91 de la Ley de Fraccionamientos Rurales del Estado de Zacatecas. Respecto de los agravios precisados 1 y 2, la responsable adujo, esencialmente, que lo ahí reclamado no contenía razonamiento alguno que atacara las consideraciones de la autoridad recurrida, por lo que resultaban inatendibles. En relación con el agravio 3, en primer término resolvió que era fundado pero inoperante, porque si bien, la autoridad recurrido no evidenció de forma adecuada en razón a que determinó la ausencia de uno de los elementos de la acción, el sentido del fallo no cambiaría, porque los promoventes no manifestaron el número y clase de tierra a la que pertenecen los lotes que se pretendían adjudicar. Además, la responsable determinó que otra parte del tercer agravio, era infundada, toda vez que contrario a lo allegado en autos, se advertía que sí se notificó y corrió traslado al inconforme sobre la fecha en la que se llevaría a cabo el levantamiento topográfico y que además, a esta diligencia acudió el hoy quejoso. Ahora, en sus conceptos de violación, el quejoso hace valer esencialmente que: En el acto reclamado no se observaron los artículos 13, 15, 16, 17, 23, 24, 44, 45, 46, 47, 48 de la Ley de Fraccionamientos Rurales del Estado de Zacatecas. No se tomó en cuenta que el inmueble controvertido era un patrimonio de familia y se debió encomendar al funcionario conducente que lo corroborara. Que si existiera más terreno del que solicitó su adjudicación, en todo caso se lo hubiera otorgado el que el topógrafo sacó. Sin embargo, tales argumentos resultan novedosos, porque pretenden introducir cuestiones ajenas a la litis de origen que no fueron planteadas como agravios ante la responsable en el recurso de revisión y, en cambio no controvierten las consideraciones y fundamentos legales expuestos por la responsable en la resolución reclamada. Lo anterior se reitera porque en los agravios, el hoy impetrante hizo valer que ostenta un derecho de posesión desde el año dos mil y, que la autoridad recurrida no investigó que ese predio se adquirió por sucesión y su beneficiario lo vendió al promovente del amparo; asimismo, que la resolución reclamada no observa los requisitos previstos en los artículos 89 y 91 de la Ley de Fraccionamientos Rurales del Estado de Zacatecas, y que la resolución se basó en un dictamen en el que no estuvo presente el representante de la colonia "El Porvenir", del municipio de Francisco R. Murguía, Zacatecas, en virtud a que no fue notificado para tal efecto. No obstante lo anterior, en los conceptos de violación se proponen aspectos novedosos a la litis, esto es, que no se observó el contenido de los artículos 13, 15, 16, 17, 23, 24, 44, 45, 46, 47, 48, todos del citado ordenamiento; que el inmueble es patrimonio de familia y, que en todo caso, de existir mas terreno del que solicitó, solamente le hubiera sido entregado el que peticionó. Por tanto, al no encontrar contradicción en lo expuesto por el quejoso, los argumentos expuestos por la responsable siguen rigiendo el sentido del fallo reclamado; de ahí que los argumentos del quejoso resultan inoperantes. Tiene aplicación a lo anterior a jurisprudencia emitida por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 23, volumen 36, cuarta parte del Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, con registro electrónico 242101, de rubro y texto: LITIS CONSTITUCIONAL, MATERIA DE LA.- Si una cuestión no ha sido materia del debate ante las autoridades de instancia, no puede serlo de la litis constitucional, ya que ello sería contrario a la técnica del amparo, conforme a la cual la sentencia que en éste se pronuncie, sólo tomará en consideración las cuestiones planteadas en el debate ante la potestad común. Por tanto, al resultar inoperantes los conceptos de violación, lo procedente es negar el amparo y protección solicitado. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 1, fracción I, 63, fracción IV, 73, 74, 75, 76 y demás aplicables de la Ley de Amparo; se, RESUEVE: ÚNICO. La justicia de la unión no ampara ni protege a José Vega Mireles, contra el acto reclamado al Secretario General de Gobierno del Estado de Zacatecas, por las razones y consideraciones precisadas en el considerando séptimo de la presente sentencia. Notifíquese personalmente a las partes y por oficio a la autoridad responsable. Así lo proveyó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, encargado del despacho por vacaciones de la titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorización concedida por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintitrés de mayo de dos mil diecisiete, según oficio CCJ/ST/2117/2017, ante el licenciado Francisco Javier Soto Moreno, Secretario que autoriza, hoy ocho de agosto de dos mil diecisiete, por así permitirlo las labores de este órgano jurisdiccional. Doy fe. /manuelcc

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, LA SENTENCIA DICTADA EN FECHA OCHO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISIETE, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO c), DE LA LEY DE AMPARO: "VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo 472/2017; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el quince de mayo de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, José Vega Mireles promovió demanda de amparo, contra el acto y autoridad que enseguida se describen: Autoridad responsable: Secretario General de Gobierno del Estado de Zacatecas. Acto reclamado: . La Resolución Administrativa de fecha 8 (Ocho) del mes de Febrero del año en curso, dentro de los autos del expediente administrativo número: 696/2010, que contiene el Recurso De Revisión, emitida por la Autoridad que ahora se señala como responsable, Misma que contiene el PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACIÓN promovido por el ahora quejoso, en contra de la Resolución emitida por la Dirección de Fraccionamientos Rurales de Gobierno del Estado de Zac. Acto que, a su parecer, resulta violatorio de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16 constitucionales. SEGUNDO. Trámite de amparo. La demanda de derechos se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas; y, mediante acuerdo de dieciséis de mayo de dos mil diecisiete, se admitió el libelo constitucional; se registró con el expediente 472/2017; se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable; se ordenó emplazar a la parte tercera interesada; se dio la intervención legal que por derecho corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; y, se citó a las partes a la celebración de la audiencia constitucional; y, se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, en términos del acta que antecede y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia para resolver este juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 1, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; en virtud de que la resolución reclamada se atribuye a una autoridad administrativa que reside en el Estado de Zacatecas, territorio en el que ejerce jurisdicción este juzgado. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la materia de la litis efectivamente planteada en este juicio se concreta en el acto reclamado siguiente: - La resolución de ocho de febrero de dos mil diecisiete, emitida por la Secretaría General de Gobierno del Estado de Zacatecas, con motivo del recurso de revisión promovido por el hoy quejoso contra la diversa de doce de octubre de dos mil quince, dictada en el procedimiento administrativo de adjudicación 696/2010 promovido por el ahora quejoso. TERCERO. Certeza. El Secretario General de Gobierno del Estado de Zacatecas, al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto reclamado (foja 32 a 40). Además, para acreditar su existencia, remitió el original del procedimiento administrativo de adjudicación 696/2010, el cual contiene la resolución reclamada; documental que cuenta con pleno valor probatorio, en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Con lo anterior, se encuentra acreditada la existencia del acto reclamado. CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. Previo a realizar el estudio del asunto, resulta necesario una breve reseña de los antecedentes que originaron el acto reclamado: Mediante escrito presentado el veintiocho de enero de dos mil diez, José Vega Mireles promovió juicio administrativo de adjudicación, respecto de un predio urbano ubicado en el fraccionamiento denominado "Cieneguilla", en el municipio de Nieves General Francisco R. Murguía, Zacatecas, con las siguientes medidas y colindancias: Por el lado norte 50.00 (cincuenta) metros y linda con calle Felipe Ángeles; al sur, 50.00 (cincuenta metros) y colinda con Jardín de Niños de la Comunidad; al oriente 25.00 (veinticinco) metros y colinda calle Miguel Hidalgo; y, al poniente 25.00 (veinticinco metros y colinda con la escuela primaria de la comunidad, con una superficie total de 1,250.00 (mil doscientos cincuenta) metros cuadrados (fojas 1 y 2 del cuaderno de pruebas). Luego, mediante acuerdo de tres de febrero siguiente, se previno al promovente a fin de que precisara la ubicación exacta y calidad de la tierra materia de dicho trámite (foja 13 ídem). Así, toda vez que el promovente cumplió con la prevención en comento, el Director de Fraccionamientos Rurales del Estado de Zacatecas, mediante acuerdo de cinco de marzo de dos mil diez, admitió a trámite dicho procedimiento; y, seguidas sus etapas, el doce de octubre de dos mil quince, se dictó sentencia en la que se declaró la improcedencia de la pretensión del hoy quejoso, en virtud a que dicha parte procesal no reunió los requisitos que contienen los artículos 89 y 91, de la Ley de Fraccionamientos Rurales del Estado de Zacatecas (fojas 15 y 135 a 138 ídem). Inconforme con lo anterior, el ahora amparista, mediante escrito presentado el veinte de noviembre de dos mil quince, promovió recurso de revisión y formuló los agravios respectivos, el cual fue admitido en dicha dirección de fraccionamientos en acuerdo de veinticinco siguiente, por lo que dicha autoridad, con fundamento en los artículos 1, 5, 6, 167 y 168, todos de la Ley de Fraccionamientos Rurales de esta entidad, ordenó dar vista a las partes para que en el término de cinco días manifestaran conforme a sus intereses (foja 149 del anexo). Finalmente, el ocho de febrero de dos mil diecisiete, el Secretario General de Gobierno del Estado de Zacatecas, resolvió el recurso de revisión de que se trata, en cuyos puntos resolutivos, confirmó la resolución dictada por el Director de Fraccionamientos Rurales del Estado. Resolución ésta última que constituye el acto reclamado. QUINTO. Conceptos de violación. Es innecesario transcribir los conceptos de violación, al no ser un requisito exigido por el artículo 74 de la Ley de Amparo, conforme lo dispone la tesis cuyo rubro y texto son: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X De las sentencias, del título primero Reglas generales, del libro primero Del amparo en general, de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". SEXTO. Estudio de fondo. Los conceptos de violación resultan inoperantes. A fin de demostrar lo anterior, se precisa que la parte quejosa, en sus conceptos de violación medularmente alega que la autoridad responsable dejó de aplicar en su perjuicio los artículos 13, 15, 16, 17, 23, 24, 44, 45, 46, 47, 48 y demás relativos de la Ley de Fraccionamientos Rurales del Estado de Zacatecas, en virtud a que no se consideró que el lote materia del procedimiento de adjudicación de origen, se trata de un patrimonio de familia, por lo que debió realizarse un dictamen más completo y así darle a conocer al Director de Fraccionamientos. De los agravios contenidos en el escrito por el cual, el hoy quejoso promovió el recurso de revisión contra la resolución dictada en el procedimiento administrativo de primera instancia, se obtiene que hizo valer lo siguiente: La tesis sustentada por la dirección no coincide al resolver la causa, en virtud a que dicha autoridad no realizó un estudio exhaustivo a las constancias que integraban el juicio de origen, causándole una privación al derecho de posesión y propiedad que goza desde el año 2000. La Dirección de Fraccionamientos no realizó las pesquisas necesarias para que la resolución fuera justa y equitativa, en virtud a que es sabido que la superficie demandada proviene de Guadalupe Mireles Balderas (finado) y, que su hijo Apablo Mireles Balderas promovió juicio sucesorio intestamentario para adquirir dicho lote a su favor y, hecho lo anterior, vendió la parte reclamada. Que la resolución reclamada no contiene los requisitos que señalan los artículos 89 y 91 de la Ley de Fraccionamientos Rurales del Estado de Zacatecas. Además, que dicha resolución se basa en el dictamen emitido por el personal de la dirección, cuando dicha autoridad no le informó a efecto de haber estado en aptitud de hacer presencia del representante de la colonia El Porvenir, en el municipio de Francisco R. Murguía, Zacatecas. Ahora bien, de las constancias que integran el acto reclamado, se obtiene que la autoridad responsable, al resolver el medio de impugnación, lo hizo bajo las siguientes consideraciones: TERCERO.-Precisada la procedencia de la vía y los lineamientos a que se sujeta la presente resolución, deben establecerse los puntos de controversia a que se sujeta el recurso que se dirime, sin que para cumplir con la observancia de los principios de congruencia y exhaustividad haya necesidad de transcribir los agravios expresados por el recurrente, ya que los principios de mérito se ven satisfechos con la fijación de los puntos sujetos a debate, pues al ser el estudio y respuesta de los mismos de conformidad con los planteamientos de legalidad y vinculado a aquellos (agravios) no existe vicio alguno por parte del resolutor. La afirmación anterior encuentra sustento en el contenido de la jurisprudencia sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 830 del Tomo XXXI, Mayo de 2010, de la Novena Época del Semanario, Judicial de la Federación y su Gaceta, misma que por analogía tiene aplicación en el caso a estudio y que es del rubro y texto que se leen a continuación: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS. SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN De los preceptos integrantes .del capítulo X De las sentencias, del título primero Reglas generales, del libro primero Del amparo en general, de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo' a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien losplanteamientos de legalidad o inconstitucionalidad quefectivamente se hayan hecho valer. Para tal efecto, los agravios que dice la parte recurrente le causa la resolución, se desglosan de la siguiente manera: 10. Señala el recurrente que la Tesis sustentada por la Dirección no coincide al resolver la causa, no se realizó un estudio minucioso sobre las constancias procesales que obran en autos, resolviendo de manera vaga, privándose del derecho de posesión y propiedad que goza este desde el año 2000. 2°. Refiere el recurrente que la Dirección de Fraccionamientos no realizó las pesquisas necesarias para que la Resolución dictada fuera justa, equitativa y apegada a estricto derecho, pues es sabido que la superficie que se demanda proviene del Sr. Guadalupe Mireles Balderas, ya fallecido y que su hijo Apablo Mireles Balderas promovió Juicio Sucesorio Intestamentario, para adquirir el lote en su favor, y una vez hecho lo anterior, vendió la superficie que ahora se reclama. Manifiesta el ciudadano JOSÉ VEGA MIRELES, que la resolución que se combate no contiene los requisitos que debe deben cumplir, mismos que se ubican en los artículos 89 y 91 de la Ley de Fraccionamientos Rurales que se invoca; además, refiere que en la misma se basa en el dictamen emitido por el personal de dicha Dirección, cuando el mismo no informo a efecto de estar en aptitud de hacer presencia conjuntamente con el representante de la Colonia el "PORVENIR" municipio de Francisco R. Murguía, Zacatecas. Así las cosas, el escrito del recurso de revisión se estudiará de manera íntegra, entendiéndose que deberá tenerse como conceptos de agravios todos los razonamientos contenidos que aparezcan en líbelo sometido a la consideración de esta autoridad, aunque no estén en el capítulo relativo, ni guarden un apego estricto a la forma lógica del silogismo jurídico, por lo que es suficiente que en alguna parte del escrito de impugnación exprese con claridad la causa de pedir, lo que no exime al recurrente de señalar cuál es la lesión o agravio que estima le causa la resolución combatida y los motivos que originaron dicho menoscabo. La afirmación anterior encuentra sustento en el contenido de la jurisprudencia sostenida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Sexto Circuito, publicada en la página 569 del Tomo XXVI, Noviembre de 2007, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, misma que por analogía tiene aplicación en el caso a estudio y que es del rubro y texto que se leen a continuación: AGRAVIOS EN LA APELACIÓN. PARA SU ESTUDIO BASTA QUE EN EL ESCRITO RESPECTIVO SE EXPRESE CON CLARIDAD LA CAUSA DE PEDIR. APLICACIÓN ANALÓGICA DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 68/2000 (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al emitir la jurisprudencia P./J. 68/2000, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, agosto de 2000, página 38, de rubro: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR., señaló, por un lado, que los artículos 116y 166 de la Ley de Amparo, no establecen como requisito esencial e imprescindible que la expresión de los conceptos de violación se haga como un verdadero silogismo, siendo la premisa mayor el precepto constitucional violado, la premisa menor los actos autoritarios reclamados y la conclusión la contraposición entre aquéllas y, por otro, que la demanda de amparo no debe examinarse por sus partes aisladas, sino considerarse en su conjunto, que es razonable que deban tenerse como conceptos de viblación todos los razonamientos que, con tal contenido, aparezcan en la demanda, aunque no estén en el capítulo relativo y aunque no guarden un apego estricto a la forma lógica del silogismo, sino que será suficiente que en alguna parte del escrito se exprese con claridad la causa de pedir, señalándose cuál es la lesión o agravio que el quejoso estima le causa el acto, resolución o ley impugnada y los motivos que originaron ese agravio, para que el Juez de amparo deba examinarlo; en esas condiciones, la obligación que el artículo 80 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja Callfornia Sur vigente, impone a los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia de esta entidad federativa, para resolver de forma clara, precisa y congruente las pretensiones deducidas oportunamente, decidiendo todos lospuntos litigiosos que hayan sido objeto del debate, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, presenta situación análoga a la analizada por el Pleno del Máximo Tribunal del país en el criterio jurisprudencial de mérito; de ahí que para que el órgano jurisdiccional en la sentencia dictada en segunda instancia, resuelva la pretensión del recurrente, basta con que en los agravios se exprese con claridad la causa de pedir, máxime que la referida codfficación adjetiva, en sus numerales 671 al 697, que prevén los requisitos para la tramitación del recurso de apelación, no señala exigencia técnica-jurídica alguna en la redacción de los agravios, por parte del inconforme; sin embargo, debe precisarse que la existencia de la causa de pedir no implica que los recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que a ellos corresponde (salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja) exponer razonadamente el porqué estiman ilegales las determinaciones que reclaman o recurren, supuesto en el que sí se podrán declarar inoperantes los motivos de disenso. CUARTO.- Habiendo precisado con antelación los puntos medulares de que se duele el recurrente, se procede ahora a analizar los mismos, para que con base en los argumentos por el expuestos, demostrar la aplicación de diversos preceptos legales que estiman se ajustan al supuesto en que se encuentran, en tal tenor, conforme al contenido de los agravios marcados como "1.°." y "2°.", en los cuales refiere que la Tesis en la que se sustentó la Dirección dentro de la resolución que se combate, no coincide al resolver la causa, pues no se realizó un estudio minucioso sobre las constancias procesales que obran en autos, resolviéndose de forma vaga y privándose del derecho de posesión y propiedad que goza este desde el año 2000; además de referir que la inferior en grado no realizó las pesquisas necesarias para que la Resolución dictada fuera justa, equitativa y apegada a derecho, pues es sabido que la superficie que se demanda proviene del Sr. Guadalupe Mireles Balderas ya fallecido, y que su hijo Apablo Mireles Balderas promovió juicio sucesorio para adquirir el lote a su favor, y una vez hecho lo anterior, vendió la superficie que ahora se reclama al hoy recurrente; al respecto debe decirse que los agravios agrupado para su análisis por estar estrechamente vinculados entre sí, resultan INATENDIBLES dentro del presente asunto, para modificar o revocar la resolución definitiva de fecha doce de octubre del dos mil quince, esto de acuerdo a lo siguiente: Esta Secretaría General de Gobierno al realizar el análisis de los agravios marcados como 1°. y 2°., planteados por el ciudadano José Vega Mireles, advierte de forma lógica, que dentro de estos no se contiene razonamiento jurídico alguno tendiente a desvirtuar las consideraciones que tomó en cuenta la Dirección de Fraccionamientos Rurales al dictar la determinación de fecha doce de octubre de dos mil quince, pues en dichos agravios, solo se deducen simples manifestaciones, en las que el recurrente no expresa la inexacta o nula aplicación de algún dispositivo de la Ley de Fraccionamientos Rurales o de las leyes que se aplican de manera supletoria a esta, desprendiéndose pues que en dichas manifestaciones no se impugnan las consideraciones y fundamentos del fallo que se recurre. Manifestaciones hechas con anterioridad, que robustecidas con el hecho que dentro de la presente materia administrativa, y en particular dentro del presente Recurso de Revisión, no opera la suplencia de la queja deficiente, de conformidad a que en la Ley de Fraccionamientos Rurales, o en la Legislación que se aplica de manera supletoria a esta última, no se prevé tal posibilidad (suplencia de la queja deficiente); es que esta Secretaría General de Gobierno llega a la conclusión y determina que los agravios agrupados para su análisis por estar estrechamente vinculados entre sí, marcados como 1°. y 2°., resultan INATENDIBLES dentro del presente asunto para modificar o revocar la Resolución Definitiva de fecha doce de octubre del dos mil quince, esto de acuerdo, como se ha venido diciendo, se desprende que las manifestaciones realizadas dentro de los agravios de mérito no contienen razonamiento jurídico alguno, tendiente a desvirtuar los fundamentos y consideraciones en las que se sustentó la Resolución que se combate. Sirve de sustento a lo anterior, las siguientes jurisprudencias dictadas por los Tribunales Colegiados de Circuito, del texto y rubor que a continuación se precisan: Octava Época Registro: 220368 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo IX, Febrero de 1992 Materia(s): Común Tesis: VI. lo. J/67 Página: 70 Genealogía: Gaceta número 50, Febrero de 1992, pág. 61. Apéndice 1917-1995, Tomo VI, Segunda Parte, tesis 591, pág. 393. AGRAVIOS INATENDIBLES. SON AQUELLOS QUE NO IMPUGNAN LAS CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DEL FALLO RECURRIDO. Cuando no estén dadas las condiciones que la ley establece para suplir la queja deficiente, deben desestimarse por inatendibles los agravios expresados en el recurso de revisión, si no contienen razonamiento jurídico alguno, tendiente a desvirtuar los fundamentos y consideraciones en que se sustenta el fallo recurrido. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo en revisión 10/88. Gonzalo Tepakingo Sánchez. 3 de marzo de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Dueñas Sarabia. Secretaria: Rosa María Roldán Sánchez. Amparo en revisión 177/88. Hugo Porfirio Angulo Cruz. 22 de junio de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Dueñas Sarabia. Secretaria: Irma Salgado López. Amparo en revisión 178/88. Hugo Porfirio Angulo Cruz. 22 de junio de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Dueñas Sarabia. Secretaria: Irma Salgado López. Amparo en revisión 201/88. Adolfo Vélez Gutiérrez. 23 de agosto de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Gerardo Ramos Córdova. Secretario: Hugo Valderrabano Sánchez. Amparo en revisión 207/88. Adolfo Vélez Gutiérrez. 23 de agosto de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Gerardo Ramos Córdova. Secretario: Hugo Valderrabano Sánchez. Octava Época Registro: 394547 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo FI, ParteTCC Materia(s): Común Tesis: 591 Página: 393 Genealogía: APENDICE '95: TESIS 591 PG. 393 AGRAVIOS INATENDIBLES. SON AQUELLOS QUE NO IMPUGNAN LAS CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DEL FALLO RECURRIDO. Cuando no estén dadas las condiciones que la ley establece para suplir la queja desestimarse por inatendibles los agravios expresados en el recurso de revisión, razonamiento jurídico alguno, tendiente a desvirtuar, .los fundamentos y consideraciones el fallo recurrido. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Octava Epoca: Amparo en revisión 10/88. Gonzalo Tepalcingo Sánchez. 3 de marzo de 1988. Unanimidad de votos. Amparo en revisión 177/88. Hugo Porfirio Angulo Cruz. 22 de junio de 1988. Unanimidad de votos. Amparo en revisión 178/88. Hugo Porfirio Angulo Cruz. 22 de junio de 1988. Unanimidad de votos. Amparo en revisión 201/88. Adolfo Vélez Gutiérrez. 23 de agosto de 1988. Unanimidad de votos. Amparo en revisión 207/88. Adolfo Vélez Gutiérrez. 23 de agósto de 1988. Unanimidad de votos. NOTA: Tesis VI.lo.J/67, Gaceta número so, pág. 61; Semanario Judicial de la Federación, tomo IX-Febrero, pág. 70. Por otro lado, en cuanto al agravio marcado por esta Autoridad como "3°.", en el cual, el recurrente señala que la Resolución de mérito no contiene los requisitos que debe de contener esta, mismos que se ubican en los artículos 89 y 91 de la Ley de Fraccionamientos Rurales que se invoca; además, que refiere este que en la misma resolución, la autoridad se basa en el dictamen emitido por el personal de dicha Dirección, cuando el mismo, no informo a efecto de estar en aptitud de hacer presencia conjuntamente con el representante de la Colonia el "Porvenir municipio de Francisco R. Murguía, Zacatecas; al respecto debe de decirse que dicho agravio resulta por un lado FUNDADO pero INOPERANTE, y por otro INFUNDADO para modificar o revocar la Resolución de fecha doce de octubre del dos mil quince, esto de acuerdo con lo siguiente: Por principio de cuentas y respecto de la manifestación realizada por el recurrente, encaminada a señalar que dentro de la resolución de mérito no se observaron los requisitos que se establecen en los artículos 89 y 91 de la Ley de Fraccionamientos Rurales vigente, debe decirse que resulta FUNDADO pero INOPERANTE para revocar la Resolución de doce de octubre del dos mil quince; esto es así, pues del análisis realizado por esta Autoridad respecto de los requisitos establecidos en los numerales de referencia, se desprende que la inferior en grado solo puntualizó al respecto: "...Una vez señalado lo anterior se procede al análisis de la solicitud , debiendo para tal efecto considerar el contenido de los artículos 8.9y 91 de la Ley de la materia y que se encuentran de manera taxativa los requisitos que deben de satisfacer una solicitud de adjudicación, según se desprende de la transcripción de los preceptos legales que se hizo con anterioridad, tenemos que los promoventes no justificaron todos y cada uno de los requisitos señalados por la Ley de fraccionamientos Rurales para que se le pueda adjudicar a su favor, toda vez que del análisis del expediente que hoy se resuelve, por acuerdo de fecha ocho de noviembre del dos mil trece (sic) se fijó fecha para que se llevara a cabo la diligencia correspondiente a fin de saber con mayor precisión el número del lote, la ubicación y la .calidad de tierra del inmueble materia del presente tramite por lo que personal adscrito a la Dirección acudieron a la Zona de Fraccionamientos de "Cieneguilla", del municipio de General Francisco R. Murguía, Zacatecas (sic) al realizar los trabajos pertinentes y de los mismos se desprenden que después de realizar las mediciones .correspondientes resulto una superficie total de 1,332.66 metros cuadrados (sic) así mismo dichos predios se encuentran en la zona comunal. Todo lo anterior nos da cuenta, que lo que solicitan los ciudadanos José Vega Míreles y Antonio Mireles Balderas, no coincide con lo informado por el Ingeniero adscrito a esta Dirección de Fraccionamientos Rurales (sic) situación que se sustenta, con lo estipulado por el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, aplicado supletoriamente a la ley de la materia. . ." Respecto de la anterior transcripción, se desprende que la Dirección de Fraccionamientos al pronunciarse respecto de los requisitos contenidos en los numerales 89 y 91 de la Ley de Fraccionamientos Rurales vigente en el Estado, los cuales debieron 4 de ser satisfechos por los promoventes de la acción que se analiza, no se evidencia de forma adecuada los razonamientos lógico-jurídicos con los cuales se haya determinado la ausencia de uno, varios o de la totalidad de estos, pues la inferior en grado solo puntualiza de forma general que no se configuran los requisitos puntualizados, esto sin definir cuál o cuáles de ellos no lograron acreditar para que resultara procedente el Procedimiento Administrativo de Adjudicación. De lo anterior, esta Autoridad considera como FUNDADO por un lado el agravio marcado como 3°., esgrimido por el ciudadano José Vega Mireles; sin embargo, esta 114 Secretaría considera que dichos agravios resultan INOPERANTES dentro del presente asunto, lo anterior por razón de economía procesal, atendiendo a que ningún fin practico nos conduciría el determinar la modificación o revocación de la resolución de fecha doce de octubre del dos mil quince, pues existe seguridad absoluta por esta revisora que el que se hubiera llevado el análisis exhaustivo de la falta de requisitos establecidos en los artículos 89 y 91 de la Ley de la materia, en nada impactaría o cambiaría el sentido del fondo del asunto, lo anterior es así de acuerdo a lo que a continuación se precisara. Artículo 89.- Toda solicitud de adjudicación deberá dirigirse al Director y el solicitante deberá satisfacer los siguientes requisitos: I. Indicará el número de lote, nombre del fraccionamiento donde se ubica, superficie, medidas y colindancia, clase de tierra, y sobre todo, la declaración expresa de sujetarse a la forma de pago que la Ley respectiva establezca en la resolución que dicte a su solicitud, tomando como base el avalúo catastral. II.' Deberá ser de nacionalidad mexicana y acreditar que tiene como actividad preponderante la agricultura o la ganadería. Para demostrar lo anterior, es admisible cualquier medio ordinario de prueba, a excepción de la nacionalidad, la que deberá acreditarse con el acta del registro civil correspondiente. En caso de que no sea la ganadería o agricultura su actividad habitual, deberá, bajo protesta, indicar que solicita la adjudicación del lote para dedicarse a ello y su aceptación para acudir a los cursos de capacitación relativos a la actividad, que clItina la Dirección; IV. No poseer en propiedad total una superficie igual o mayor a la señalada en el artículo 3 de esta Ley, bajo cualquier régimen, y V. Las demás que señale el Reglamento. Las disposiciones contenidas en las fracciones II y III no son aplicables a los acreedoresfinancieros. Artículo 91.- Toda persona en pleno goce de sus derechos, está facultada para solicitar se adjudiquen en su favor terrenos del régimen de fraccionamientos; pero deberá procurarse, preferentemente, que los nuevos adjudicatarios sean personas que tengan como actividad habitual la agricultura o ganadería, que estén casados o que demuestren ser responsables del sostenimiento de una familia y que sean vecinos del lugar. De los requisitos contenidos en la legislación de la materia anteriormente transcritos, tenemos pues, que los solicitantes de las adjudicaciones solicitadas, no lograron acreditar la totalidad de la fracción I del artículo 89, pues como se evidencia de forma lógica, desde el momento en que instauraron, los ciudadanos Antonio Balderas Mireles y José Vega Mireles cada uno por sus propios derechos, hasta el momento del dictado de la Resolución que se combate, no manifestaron en ningún momento el número, ni la clase de tierra a la que pertenecen los lotes que se pretendían adjudicar; resultando pues que los solicitantes no reunieron la totalidad de los requisitos establecidos por la legislación de la materia, para que pudiera resultar procedente su acción. Señalamientos realizados con anterioridad, con los que se advierte que si bien es cierto, la Dirección de Fraccionamientos no realizo un análisis exhaustivo de los requisitos establecidos en los artículos 89 y 91 de la Ley de la materia, por lo que determinó la improcedencia de la acción de mérito; sin embargo, el que se decrete la modificación o revocación de la resolución que se combate, por la señalada omisión, a ningún fin practico nos conduciría, pues existe seguridad absoluta por esta Secretaría que la misma resulta irrelevante, pues como ya ha quedado estipulado con anterioridad, la inferior en grado determino acertadamente que los promoventes no reunieron la totalidad de los requisitos contenidos en los numerales de referencia, en particular con lo dispuesto por la fracción I del artículo 89, por lo cual, si se hubiera realizado el análisis exhaustivo de lo señalado con anterioridad, como ya se hizo, esto nos conduciría al mismo resultado, esto es, resultaría improcedente el Procedimiento Administrativo de Adjudicación intentado por los ciudadanos José Vega Mireles y Antonio Mireles Balderas, respecto de diversas superficies, ubicadas en la zona de fraccionamientos rurales de "Cieneguilla" del municipio de General Francisco R. Murguía, Zacatecas; lo anterior, que conduce a esta Autoridad a determinar por un lado al agravio marcado como "3°.", FUNDADO pero INOPERANTE para modificar o revocar la Resolución de fecha doce de octubre del dos mil quince. Manifestaciones realizadas con anterioridad, encuentra sustento en las jurisprudencias dicadas por los Tribunales Colegiados de Circuito, del texto y rubro siguientes: Novena Época Registro: 181186 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XX, Julio de 2004 Materia(s): Común Tesis: 1.30. C. J/32 Página: 1396 CONCEPTOS DE VIOLACIÓN FUNDADOS PERO INOPERANTES. DEBEN DECLARARSE ASÍ, CUANDO EXISTA SEGURIDAD ABSOLUTA EN CUANTO A LA IRRELEVANCIA DE LA OMISIÓN EN QUE INCURRIÓ LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y NO SEA NECESARIO SUSTITUIRSE EN SU ARBITRIO PARA DEFINIR CUESTIONES DE FONDO. Conforme a la jurisprudencia de la Tercera Sala de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN FUNDADOS, PERO INOPERANTES., cuando en un juicio de amparo se considere fundado un concepto de violación por razones de incongruencia Por omisión, pero a la vez se advierta que tal cuestión no es apta para resolver el asunto en forma favorable a los intereses del quejoso, el concepto aducido, aun cuando sea fundado, debe declararse inoperante, por razones de economía procesal, atendiendo a que a nada práctico conduciría conceder el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto de que se analizara una cuestión innecesaria, dado que el sentido del fondo del asunto seguiría siendo el mismo, en detrimento del principio de economía procesal y la pronta administración de justicia que establece el artículo 17 constitucional. Sobre esas bases, el tribunal de amparo debe pronunciarse respecto de los puntos que no fueron abordados por la autoridad de la instancia, porque de concederse la protección federal para que se subsanen no cambiaría el sentido del acto reclamado. Por tanto,. es improcedente esa declaración de inoperancia cuando no existe la seguridad absoluta de la irrelevancia de la omisión en que haya incurrido la autoridad común al ser necesario el ejercicio de su arbitrio jurisdiccional para dilucidar aspectos de fondo, ya sea en valoración de pruebas, apreciación de hechos, interpretación y aplicación de normas o de contratos, porque en estos supuestos invariablemente corresponde a la autoridad ocuparse del análisis de las cuestiones omitidas, pues de lo contrario, la potestad de amparo podría dejar inaudita a una de las partes; de ahí que la determinación de que un concepto de violación es fundado pero inoperante, únicamente es adecuada ante una clara y evidente solución del asunto, pero no cuando se requiere de mayores reflexiones en ejercicio del aludido arbitrio jurisdiccional. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 2083/2002. Grupo Industrial Bacardí de México, S.A. de CM 4 de abril de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Armando Cortés Galván. Secretario: Francisco Peñaloza Heras. Amparó directo 11403/2002. Restaurantes y Bares Especializados, S.A. de C. V. 28 de noviembre de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: José Alvaro Vargas Ornelas, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de .Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretaria: Laura Díaz Jiménez. Amparo directo 2843/2003. Elisa Godínez Chávez. 13 de marzo de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Armando Cortés Galván. Secretario: Israel Flores Rodríguez. Amparo directo 2323/2003. Asiatex, S.A. de C.V. 13 de marzo de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad Hernández de Mos queda. Secretario: Hiram Casanova Blanco. Amparo directo 2483/2003. Sergio Alfredo del Valle Torrijos. 13 de marzo de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad Hernández de Mos queda. Secretario: Hiram Casanova Blanco. Notas: La tesis de jurisprudencia citada aparece publicada con el número 108, en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo FI, Materia Común, página 85. Por ejecutoria de fecha 14 de mayo de 2008, la Primera Sala declaró inexistente la contradicción de tesis.  153/2007-PS en que participó el presente criterio. Por ejecutoria de fecha 29 de septiembre de 2010, la Primera Sala declaró inexistente la contradicción de tesis 98/2010 en que participó el presente criterio. Novena Época Registro: 188015 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XV, Enero de 2002 Materia(s): Común Tesis: YI.3o.A. J/9 Página: 1125 CONCEPTOS DE VIOLACIÓN FUNDADOS PERO INOPERANTES. ALCANCE Conforme a la jurisprudencia que sostuvo la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página ciento catorce del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, de rubro: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN FUNDADOS, PERO INOPERANTES., es correcto que el tribunal de amparo se pronuncie sobre puntos que no fueron abordados por la autoridad de instancia, cuando el quejoso tiene razón en los planteamientos vertidos en sus conceptos de violación por omisiones de .la responsable, pero carece de ella en lo que ve al fondo del asunto; sin embargo, eso ocurre ante situaciones evidentes, mas no cuando para decidir el punto en el fondo es necesario hacer uso del arbitrio jurisdiccional, ya sea en valoración de pruebas, apreciación de hechos o interpretación de normas, pues aquí corresponde a la autoridad responsable ocuparse del análisis de tales puntos omitidos, ya que de hacerlo el tribunal de amparo incurriría en una sustitución de la potestad común, que no debe darse hasta ese extremo, por más que el órgano constitucional conozca el sentido en que deba resolverse el punto, pues, se insiste, lo fundado pero inoperante de un concepto -de violación en el supuesto de que se trata, se da ante una clara y evidente solución del asunto, pero no cuando se requiere de mayores reflexiones en ejercicio del aludido arbitrio jurisdiccional. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo directo 68/2000. Aceites y Proteínas El Calvario, S.A. de C. V. 24 de noviembre de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Antonio Pescador Cano. Secretario: José Guerrero Durán. Amparo directo 1412001. Refrigeración Santillana, S.A de C. V. 15 de marzo de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Manuel Rojas Fonseca. Secretaria: Blanca Elia Feria Ruiz. Amparo directo 230/2001. Juan Francisco Menéndez Priante. 9 de agosto de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Manuel Rojas Fonseca. Secretario: Jesús Valencia Guerrero. Amparo directo 129/2001. José Manuel Rodríguez Fabris. 16 de agosto de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Manuel Rojas Fonseca. Secretario: Jesús Valencia Guerrero. Revisión fiscal 190/2001. Administrador Local Jurídico de Puebla Sur. 8 de noviembre de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Antonio Pescador Cano. Secretario: Jorge Arturo Gamboa de la Peña. Así mismo, por otro lado, y en cuanto al mismo agravio en estudio, marcado como en el que refiere el recurrente que le causa agravio el dictamen emitido por el personal de la Dirección, pues el desahogo del que emanó el acto señalado, no se informó para el efecto de hacer presencia conjuntamente con el representante de la Colonia el "Porvenir" del municipio de Francisco R. Murguía, Zacatecas; al respecto debe decirse que dichas manifestaciones resultan INFUNDADAS para revocar o modificar la resolución de doce de octubre del dos mil quince, esto de acuerdo a lo siguiente: Esta Secretaría al realizar un análisis de las constancias justificativas que se acompañan al presente Recurso de Revisión, Procedimiento Administrativo de Adjudicación 696/2010, advierte de una forma lógica, contrario a lo señalado por el recurrente, que la inferior en grado si citó, notificó y corrió traslado al hoy inconforme, haciéndolo sabedor por conducto de su autorizado para oír y recibir notificaciones Erick Heredia Reyes, respecto de la fecha y hora en la que se desahogaría el Levantamiento Topográfico del que dice dolerse, así como de los trabajos que emanaron de dicha diligencia, esto como se evidencia de foja 116 a foja 123 del expediente de referencia; quedando esto corroborado y robustecido, pues se desprende que al acto -de mérito (levantamiento topográfico), acudió el hoy recurrente José Vega Mireles. Razonamiento el anterior, del que se desprende que resulta erróneo lo estipulado por el hoy recurrente dentro de las manifestaciones hechas respecto de los trabajos técnicos rendidos, pues el hoy recurrente tenía pleno conocimiento de la diligencia de mérito, tan es así que acudió a la misma, además de que se le corrió traslado con los resultados emanados de dicha actuación; lo que conduce a esta Autoridad a determinar a dichas manifestaciones cómo INFUNDADAS. Manifestaciones las anteriores, con las que se concluye que el agravio marcado como 3°., resulta por un lado FUNDADO pero INOPERANTE y por otro INFUNDADO para modificar o revocar la Resolución Definitiva de fecha doce de octubre del dos mil quince. Como consecuencia de todo lo expresado, se desprende que el recurrente no justifica con las manifestaciones esgrimidas dentro del Recurso de Revisión, que la Resolución Definitiva que se combate, contiene deficiencias o dentro de la misma existe la inexacta aplicación de los fundamentos de derecho con los cuales cause algún perjuicio a sus intereses, conviene precisar que los agravios resultaron INATENDIBLES, FUNDADOS pero INOPERANTES e INFUNDADOS; consecuentemente, ES DECONFIRMARSE COMO EN EFECTO SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA EMITIDA POR LA INFERIOR EN GRADO EN FECHA DOCE DE OCTUBRE DEL DOS MIL QUINCE. De conformidad con lo hasta ahora expuesto, y ante lo INATENDIBLE, FUNDADO pero INOPERANTE e INFUNDADO de los agravios expresados por la parte inconforme, no resta sino precisar que la Resolución Definitiva de fecha doce de octubre del dos mil quince, emitida en autos del expediente 696/2010, relativo al Procedimiento Administrativo de Adjudicación promovido por los ciudadanos ANTONIO MIRELES BALDERAS y JOSÉ VEGA MIRELES respectivamente, queda firme, luego entonces, una vez cause estado la presente resolución, se ordena la devolución del expediente de referencia a la Dirección de Fraccionamientos Rurales del Estado, para los efectos legales subsecuentes.". Así, de la anterior transcripción, se advierte que la secretaría responsable determinó confirmar la determinación emitida por el Director de Fraccionamientos Rurales del Estado de Zacatecas, toda vez que los agravios formulados por el hoy quejoso, por una parte resultaron inoperantes y, por otra, fundados pero inoperantes, enfatizando que no obstante sus manifestaciones, el promovente efectivamente no cumplió con los requisitos contenidos en los artículos 89 y 91 de la Ley de Fraccionamientos Rurales del Estado de Zacatecas. Respecto de los agravios precisados 1 y 2, la responsable adujo, esencialmente, que lo ahí reclamado no contenía razonamiento alguno que atacara las consideraciones de la autoridad recurrida, por lo que resultaban inatendibles. En relación con el agravio 3, en primer término resolvió que era fundado pero inoperante, porque si bien, la autoridad recurrido no evidenció de forma adecuada en razón a que determinó la ausencia de uno de los elementos de la acción, el sentido del fallo no cambiaría, porque los promoventes no manifestaron el número y clase de tierra a la que pertenecen los lotes que se pretendían adjudicar. Además, la responsable determinó que otra parte del tercer agravio, era infundada, toda vez que contrario a lo allegado en autos, se advertía que sí se notificó y corrió traslado al inconforme sobre la fecha en la que se llevaría a cabo el levantamiento topográfico y que además, a esta diligencia acudió el hoy quejoso. Ahora, en sus conceptos de violación, el quejoso hace valer esencialmente que: En el acto reclamado no se observaron los artículos 13, 15, 16, 17, 23, 24, 44, 45, 46, 47, 48 de la Ley de Fraccionamientos Rurales del Estado de Zacatecas. No se tomó en cuenta que el inmueble controvertido era un patrimonio de familia y se debió encomendar al funcionario conducente que lo corroborara. Que si existiera más terreno del que solicitó su adjudicación, en todo caso se lo hubiera otorgado el que el topógrafo sacó. Sin embargo, tales argumentos resultan novedosos, porque pretenden introducir cuestiones ajenas a la litis de origen que no fueron planteadas como agravios ante la responsable en el recurso de revisión y, en cambio no controvierten las consideraciones y fundamentos legales expuestos por la responsable en la resolución reclamada. Lo anterior se reitera porque en los agravios, el hoy impetrante hizo valer que ostenta un derecho de posesión desde el año dos mil y, que la autoridad recurrida no investigó que ese predio se adquirió por sucesión y su beneficiario lo vendió al promovente del amparo; asimismo, que la resolución reclamada no observa los requisitos previstos en los artículos 89 y 91 de la Ley de Fraccionamientos Rurales del Estado de Zacatecas, y que la resolución se basó en un dictamen en el que no estuvo presente el representante de la colonia "El Porvenir", del municipio de Francisco R. Murguía, Zacatecas, en virtud a que no fue notificado para tal efecto. No obstante lo anterior, en los conceptos de violación se proponen aspectos novedosos a la litis, esto es, que no se observó el contenido de los artículos 13, 15, 16, 17, 23, 24, 44, 45, 46, 47, 48, todos del citado ordenamiento; que el inmueble es patrimonio de familia y, que en todo caso, de existir mas terreno del que solicitó, solamente le hubiera sido entregado el que peticionó. Por tanto, al no encontrar contradicción en lo expuesto por el quejoso, los argumentos expuestos por la responsable siguen rigiendo el sentido del fallo reclamado; de ahí que los argumentos del quejoso resultan inoperantes. Tiene aplicación a lo anterior a jurisprudencia emitida por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 23, volumen 36, cuarta parte del Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, con registro electrónico 242101, de rubro y texto: LITIS CONSTITUCIONAL, MATERIA DE LA.- Si una cuestión no ha sido materia del debate ante las autoridades de instancia, no puede serlo de la litis constitucional, ya que ello sería contrario a la técnica del amparo, conforme a la cual la sentencia que en éste se pronuncie, sólo tomará en consideración las cuestiones planteadas en el debate ante la potestad común. Por tanto, al resultar inoperantes los conceptos de violación, lo procedente es negar el amparo y protección solicitado. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 1, fracción I, 63, fracción IV, 73, 74, 75, 76 y demás aplicables de la Ley de Amparo; se, RESUEVE: ÚNICO. La justicia de la unión no ampara ni protege a José Vega Mireles, contra el acto reclamado al Secretario General de Gobierno del Estado de Zacatecas, por las razones y consideraciones precisadas en el considerando séptimo de la presente sentencia. Notifíquese personalmente a las partes y por oficio a la autoridad responsable. Así lo proveyó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, encargado del despacho por vacaciones de la titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorización concedida por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintitrés de mayo de dos mil diecisiete, según oficio CCJ/ST/2117/2017, ante el licenciado Francisco Javier Soto Moreno, Secretario que autoriza, hoy ocho de agosto de dos mil diecisiete, por así permitirlo las labores de este órgano jurisdiccional. Doy fe. /manuelcc"

  4. Principal

    El once de julio de dos mil diecisiete, el Secretario licenciado Jorge Martín Zamora González, CERTIFICA: que el término de tres días que se concedió a la tercera interesada como se advierte en la constancia de notificación de veintitrés de junio del año en curso, asentada por el Secretario Auxiliar en funciones de Oficial Notificador adscrito al juzgado oficiante (foja 72), para que señalara domicilio para recibir notificaciones de carácter personal en esta ciudad, transcurrió del veintisiete al veintinueve de junio del año en curso, sin que lo haya hecho. Lo que se asienta para los efectos legales conducentes. Doy fe. Lic. Jorge Martín Zamora González. En la misma fecha, el Secretario licenciado Jorge Martín Zamora González da cuenta a la Juez con la certificación que antecede, con el estado que guardan los autos del presente asunto y con el oficio registrado bajo el folio 9500, con anexos que se adjuntan. Conste. Zacatecas, Zacatecas, once de julio de dos mil diecisiete. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda el oficio signado por el Juez Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Río Grande, Zacatecas, mediante el cual devuelve debidamente diligenciado el despacho con número de origen 208/2017 y de orden 484/2017, que fuera enviado para que en auxilio de las labores de este Juzgado llevara a cabo el emplazamiento del tercero interesado Antonio Mireles Balderas al presente juicio de amparo; lo que se llevó a cabo como se advierte en la constancia de emplazamiento de veintitrés de junio del año en curso, asentada por el Secretario Auxiliar en funciones de Oficial Notificador adscrito al juzgado oficiante. Acúsese recibo y háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Por otra parte, vista la certificación que antecede asentada por el Secretario adscrito a este Juzgado, de la que se advierte que transcurrió el término de tres días que se le concedió a la tercero interesada para que señalara domicilio para recibir notificaciones de carácter personal en esta ciudad; por tanto, se hace efectivo en su contra el apercibimiento contenido en el proveido de catorce de junio de dos mil diecisiete; por tanto, se determina que las subsecuentes que tengan el carácter de personales se le practiquen por medio de lista que se fije y publique en los estrados de este órgano jurisdiccional, en términos de los artículos 27, fracción III, inciso b) y artículo 29, de la Ley de Amparo en vigor; ello, mientras no señale domicilio para tal efecto en esta ciudad. Por último, en atención a que ya obra en autos el informe justificado de la autoridad responsable Secretaria General de Gobierno del Estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad, con su contenido y anexos, dese vista a la parte tercero interesada para que hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional manifieste lo que a su interés legal convenga. NOTIFÍQUESE POR LISTA A LAS PARTES. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, que actúa con el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza y da fe. Vicky Lic. Jorge Martín Zamora González. En la misma fecha, el Secretario licenciado Jorge Martín Zamora González da cuenta a la Juez con la certificación que antecede, con el estado que guardan los autos del presente asunto y con el oficio registrado bajo el folio 9500, con anexos que se adjuntan. Conste. Zacatecas, Zacatecas, once de julio de dos mil diecisiete. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda el oficio signado por el Juez Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Río Grande, Zacatecas, mediante el cual devuelve debidamente diligenciado el despacho con número de origen 208/2017 y de orden 484/2017, que fuera enviado para que en auxilio de las labores de este Juzgado llevara a cabo el emplazamiento del tercero interesado Antonio Mireles Balderas al presente juicio de amparo; lo que se llevó a cabo como se advierte en la constancia de emplazamiento de veintitrés de junio del año en curso, asentada por el Secretario Auxiliar en funciones de Oficial Notificador adscrito al juzgado oficiante. Acúsese recibo y háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Por otra parte, vista la certificación que antecede asentada por el Secretario adscrito a este Juzgado, de la que se advierte que transcurrió el término de tres días que se le concedió a la tercero interesada para que señalara domicilio para recibir notificaciones de carácter personal en esta ciudad; por tanto, se hace efectivo en su contra el apercibimiento contenido en el proveido de catorce de junio de dos mil diecisiete; por tanto, se determina que las subsecuentes que tengan el carácter de personales se le practiquen por medio de lista que se fije y publique en los estrados de este órgano jurisdiccional, en términos de los artículos 27, fracción III, inciso b) y artículo 29, de la Ley de Amparo en vigor; ello, mientras no señale domicilio para tal efecto en esta ciudad. Por último, en atención a que ya obra en autos el informe justificado de la autoridad responsable Secretaria General de Gobierno del Estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad, con su contenido y anexos, dese vista a la parte tercero interesada para que hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional manifieste lo que a su interés legal convenga. NOTIFÍQUESE POR LISTA A LAS PARTES. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, que actúa con el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza y da fe. Vicky

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