José Víctor Vuilleumier Valdez
Expediente 600/2019 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 8 actuaciones registradas, la última del 2 de agosto de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 600/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 02/08/2019
Partes del expediente
- José Víctor Vuilleumier Valdez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
CUADERNO DE ANTECEDENTES: Téngase por recibido el oficio de la secretaria de acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, mediante el cual, comunica que dicho órgano colegiado admitió el recurso de revisión interpuesto en autos. Nota de registro de Revisión Principal. Se toma nota que se registró como revisión principal 309/2019; lo anterior hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes. Notifíquese.
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Téngase por recibido el escrito de ****, autorizado en amplios términos de la parte quejosa; visto su contenido, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo vigente, se le tiene interponiendo recurso de revisión en contra de la sentencia engrosada el veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, en la cual, se sobreseyó el amparo (folios 114 a 130).Distribúyanse las copias de los agravios respectivos, y quedan a disposición de las partes, las que les corresponden, en la secretaría de este Juzgado Federal, en tanto que a las autoridades responsables remítaseles mediante oficio.Una vez que obren los acuses de recibo relativos a las autoridades responsables del presente acuerdo, previo proveído que se realice, dentro de los tres días siguientes, remítanse los autos del juicio de amparo 600/2019, el original y copia simple del escrito de agravios, a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Tercer Circuito, para que los remita al de turno, para la substanciación del recurso que se hace valer.Fórmese el cuaderno de antecedentes con copias certificadas de las constancias relativas al juicio de amparo en que se actúa.Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno.
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Vista la certificación de cuenta, se hace del conocimiento de las partes que a partir del uno de junio de dos mil diecinueve, funge como titular de este Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, HELMUTH GERD PUTZ BOTELLO, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. En el entendido de que, atento a la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), la notificación a las autoridades responsables, se realizará por medio de lista de acuerdos, conforme lo disponen los numerales 28, fracción I, en relación con los diversos 29, 30 y 31, todos de la Ley de Amparo.
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VISTOS, para resolver los autos del presente juicio de amparo; y, RESULTANDO: I Presentación y datos de la demanda Mediante escrito exhibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, el trece de marzo de dos mil diecinueve, remitido, por razón de turno, a este Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, José Víctor Vuilleumier Valdez, por derecho propio, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos que a continuación se precisan: "III.- La autoridad o autoridades responsables: A) Congreso del Estado de Jalisco, con domicilio conocido en el Municipio de Guadalajara, Jalisco; B) Gobernador del Estado de Jalisco, con domicilio conocido en el Municipio de Guadalajara, Jalisco; C) Secretario General de Gobierno, con domicilio conocido en el Municipio de Guadalajara, Jalisco; D) Presidente Municipal de Guadalajara, Jalisco, con domicilio conocido en el Municipio de Guadalajara, Jalisco; E) Tesorero Municipal de Guadalajara, Jalisco, con domicilio conocido en el Municipio de Guadalajara, Jalisco; F) Director de Catastro del H. Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco, con domicilio conocido en el Municipio de Guadalajara, Jalisco; G) Director de Ingresos del H. Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco, con domicilio conocido en el Municipio de Guadalajara, Jalisco; H) Consejo Técnico Catastral del H. Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco, con domicilio conocido en el Municipio de Guadalajara, Jalisco; IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame: 1. Del Congreso del Estado de Jalisco, reclamo la discusión, aprobación y expedición del DECRETO NÚMERO 26527/LXI/17 que contiene la aprobación de las tablas de valores, unitarios de suelo y construcción de Guadalajara, Jalisco, para el ejercicio fiscal de 2018 y los anexos que se acompañan los cuales forman parte íntegra, y, por ende, el articulo 27, primer párrafo, y su tabla No. 1 de la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el ejercicio fiscal del año 2018; 2. Del Gobernador del Estado de Jalisco, la promulgación y publicación del DECRETO NÚMERO 26527/LXI/17 que contiene la aprobación de las tablas de valores unitarios de vuelo y construcción de Guadalajara, Jalisco, para el ejercicio fiscal de 2018 y los anexos que se acompañan los cuales forman parte íntegra, y, por ende, el articulo 27, primer párrafo, y su tabla No. 1 de la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el ejercicio fiscal del año 2018; 3. Del Secretario General de Gobierno, haber realizado el refrendo y llevar a cabo la publicación del DECRETO NÚMERO 26527/LXI/17 que contiene la aprobación de las tablas de valores unitarios de suelo y construcción de Guadalajara, Jalisco, para el ejercicio fiscal de 2018 y los anexos que se acompañan,los cuales forman parte íntegra, y, por ende, el artículo 27, primer párrafo, y su tabla No. 1 de la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el ejercicio fiscal del año 2018; 4. Del Presidente Municipal de Guadalajara, Jalisco, reclamo la aplicación de las tablas de valores unitarios de suelo y construcción de Guadalajara, Jalisco, así como del artículo 27 primer párrafo, y su tabla No. 1 de la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, ambos para el ejercicio fiscal 2018, tomadas como base al momento de validar el cálculo de la liquidación del impuesto sobre transmisiones patrimoniales, contenidas en el pago del Recibo Oficial número: 8350075 realizado por el suscrito (anexo iii); así como la formulación y aprobación de las tablas de valores 2018, del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco, particularmente la tabla de valor de construcción habitacional 2018; 5. Del Tesorero Municipal de Guadalajara, Jalisco, reclamo la aplicación de las tablas de valores unitarios de suelo y construcción de Guadalajara, Jalisco, asi como del articulo 27 primer párrafo, y su tabla No. 1 de la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, ambos para el ejercicio fiscal 2018, tomadas como base al momento de validar el cálculo de la liquidación del impuesto sobre transmisiones patrimoniales, contenidas en el pago del Recibo Oficial número: 8350075 realizado por el suscrito (anexo ii); así como la formulación y aprobación de las tablas de valores 2018, del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco, particularmente la tabla de valor de construcción habitacional 2018; 6. Del Director de Catastro del H. Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco, reclamo la elaboración y aplicación de las tablas de valores unitarios de suelo y construcción de Guadalajara, Jalisco, así como del artículo 27 primer párrafo, y su tabla No. 1de la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, ambos para el ejercicio fiscal 2018, tomadas como base al momento de validar el cálculo de la liquidación del impuesto sobre transmisiones patrimoniales, contenidas en el pago del Recibo Oficial número: 8350075 realizado por el suscrito (anexo iii); as! como la formulación y elaboración de las tablas de valores 2018, del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco, particularmente la tabla de valor de construcción habitacional 2018; 7. Del Director de Ingresos del H. Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco, reclamo el cobro realizado mediante el Recibo Oficial número: 8350075 pagado por el suscriló (anexo iii); 8. Del Consejo Técnico Catastral del H. Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco, reclamo la revisión, análisis, estudio, validación y/o aprobación del proyecto de tablas de valores 2018, del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco, particularmente la tabla de valor de construcción Habitacional 2018" (Transcripción literal) La parte quejosa señaló como vulnerados los derechos fundamentales previstos en los artículos 1º, 35 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. II Ampliación de demanda Mediante diverso ocurso de trece de marzo de dos mil diecinueve, José Víctor Vuilleumier Valdez, presentó ampliación de demanda contra las autoridades y por los actos que a continuación se precisan: "IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame: 1. Del Congreso del Estado de Jalisco, reclamo la discusión, aprobación y expedición del DECRETO NÚMERO: a. DECRETO NÚMERO 26527/LXI/17 que contiene la aprobación de las tablas de valores, unitarios de suelo y construcción de Guadalajara, Jalisco, para el ejercicio fiscal de 2018 y los anexos que se acompañan los cuales forman parte íntegra: b. DECRETO NÚMERO 26633/LXI/17, el cual contiene la aprobación del artículo 27, primer párrafo, y su tabla No. 1 de la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el ejercicio fiscal del año 2018 y los anexos que se acompañan los cuales forman parte íntegra; c. DECRETO NÚMERO 26212/LXI/16, el cual contiene la aprobación del artículo 112, primer párrafo, de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal del año 2018 y los anexos que se acompañan los cuales forman parte íntegra. 2. Del Gobernador del Estado de Jalisco, la promulgación y publicación del DECRETO NÚMERO: a. DECRETO NÚMERO 26527/LXI/17 que contiene la aprobación de las tablas de valores, unitarios de suelo y construcción de Guadalajara, Jalisco, para el ejercicio fiscal de 2018 y los anexos que se acompañan los cuales forman parte íntegra: b. DECRETO NÚMERO 26633/LXI/17, el cual contiene la aprobación del artículo 27, primer párrafo, y su tabla No. 1 de la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el ejercicio fiscal del año 2018 y los anexos que se acompañan los cuales forman parte íntegra; c. DECRETO NÚMERO 26212/LXI/16, el cual contiene la aprobación del artículo 112, primer párrafo, de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal del año 2018 y los anexos que se acompañan los cuales forman parte íntegra. 3. Del Secretario General de Gobierno, haber realizado el refrendo y llevar a cabo la publicación del DECRETO NÚMERO: a. DECRETO NÚMERO 26527/LXI/17 que contiene la aprobación de las tablas de valores, unitarios de suelo y construcción de Guadalajara, Jalisco, para el ejercicio fiscal de 2018 y los anexos que se acompañan los cuales forman parte íntegra: b. DECRETO NÚMERO 26633/LXI/17, el cual contiene la aprobación del artículo 27, primer párrafo, y su tabla No. 1 de la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el ejercicio fiscal del año 2018 y los anexos que se acompañan los cuales forman parte íntegra; c. DECRETO NÚMERO 26212/LXI/16, el cual contiene la aprobación del artículo 112, primer párrafo, de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal del año 2018 y los anexos que se acompañan los cuales forman parte íntegra con domicilio conocido en el Municipio de Guadalajara, Jalisco; 4. Del Presidente Municipal de Guadalajara, Jalisco, reclamo la aplicación de las tablas de valores unitarios de suelo y construcción de Guadalajara, Jalisco, el artículo 27 primer párrafo, y su tabla No. 1 de la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, así como el artículo 112, primer párrafo de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, todos para el ejercicio fiscal 2018, impuesto sobre transmisiones patrimoniales, contenidas en el pago del Recibo Oficial número :8350075 realizado por el suscrito (anexo iii); así como la formulación y aprobación de las tablas de valores 2018, del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco, particularmente la tabla de valor de construcción habitacional 2018; 5. Del Tesorero Municipal de Guadalajara, Jalisco, reclamo la aplicación de reclamo la aplicación de las tablas de valores unitarios de suelo y construcción de Guadalajara, Jalisco, el artículo 27 primer párrafo, y su tabla No. 1 de la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, así como el artículo 112, primer párrafo de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, todos para el ejercicio fiscal 2018, tomadas como objeto y base al momento de validar el cálculo de la liquidación del impuesto sobre transimisiones patrimoniales, contenidas en el pago del Recibo Oficial número :8350075 realizado por el suscrito (anexo iii); así como la formulación y aprobación de las tablas de valores 2018, del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco, particularmente la tabla de valor de construcción habitacional 2018; 6. Del Director de Catastro del H. Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco, reclamo la elaboración y aplicación de las tablas de valores unitarios de suelo y construcción de Guadalajara, Jalisco, el artículo 27 primer párrafo, y su tabla No. 1 de la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, así como el artículo 112, primer párrafo de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, todos para el ejercicio fiscal 2018, tomadas como objeto y base al momento de validar el cálculo de la liquidación del impuesto sobre transmisiones patrimoniales, contenidas en el pago del Recibo Oficial número: 8350075 realizado por el suscrito (anexo iii); así como la formulación y elaboración de las tablas de valores 2018, del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco, particularmente la tabla de valor de construcción habitacional 2018; 7. Del Director de Ingresos del H. Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco, reclamo el cobro realizado mediante el Recibo Oficial número: 8350075 pagado por el suscrito (anexo iii); 8. Del Consejo Técnico Catastral del H. Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco, reclamo la revisión, análisis, estudio, validación y/o aprobación del proyecto de tablas de valores 2018, del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco, particularmente la tabla de valores de construcción habitacional 2018" (Transcripción literal) III Admisión y trámite Por auto de catorce de marzo de dos mil diecinueve, se admitió la demanda de amparo en forma parcial habida cuenta que se desechó respecto de los actos reclamados al Secretario General de Gobierno del Estado de Jalisco; se registró el presente juicio con el número 600/2019; se ordenó requerir a las autoridades responsable su informe de ley y, finalmente, tuvo verificativo la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: I Aclaración en cuanto a las tesis y jurisprudencias que se invocarán Las tesis y jurisprudencias que se apliquen en este fallo y, que fueron las primeras emitidas y las segundas integradas en fecha anterior a la relativa a la entrada en vigor de la mencionada nueva Ley de Amparo (es decir, antes del tres de abril de dos mil trece), el suscrito juzgador estima viable su aplicación por no resultar su texto contrario a la legislación de que se trata (salvo que se haga acotación distinta en algún caso particular), según lo autoriza el Artículo Sexto Transitorio del propio cuerpo legal en comento. II Competencia Este juzgado federal resulta competente para resolver el presente juicio, con fundamento en los artículos: 94, 103 y 107 de la Ley Fundamental; 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 52, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y estos preceptos vinculados, a su vez, con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y el diverso Acuerdo General 41/2018 del mismo cuerpo colegiado . Debido a que se reclama la inconstitucionalidad del artículo 27, primer párrafo, de la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el ejercicio fiscal de dos mil dieciocho y el Decreto 26527/LXI/17, con motivo de su aplicación que tuvo lugar dentro de la circunscripción territorial donde este juzgado ejerce competencia. III Fijación de la litis En términos del artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, a efecto de establecer qué es lo reclamado, debe precisarse que de la integral lectura de la demanda de garantías , se advierte que lo controvertido en lo substancial resulta ser: > Del Congreso y Gobernador, ambas del Estado de Jalisco: a) La aprobación, promulgación y publicación del decreto 26527/LXI/17 que contiene las tablas de valores unitarios de Suelo y Construcción del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2018. b) La aprobación, promulgación y publicación del decreto 26633/LXI/17, que contiene el artículo 27, fracción I, y su tablas número 1, de la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco. c) La aprobación, promulgación y publicación del decreto 26212/LXI/16, que contiene la aprobación del artículo 112, primer párrafo de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal 2018. > Al Presidente, Tesorero y Director de Catastro, todas del Municipio de Guadalajara, Jalisco: la elaboración, aplicación de las tablas de valores unitarios de suelo y construcción de Guadalajara, Jalisco, el artículo 27 primer párrafo, y su tabla No. 1 de la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, así como el artículo 112, primer párrafo de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, todos para el ejercicio fiscal 2018. > Del Consejo Técnico del ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco: la revisión, análisis, validación del proyecto de tablas de valores para el ejercicio fiscal 2018. > Del Director de Ingresos del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco: el cobro realizado mediante recibo oficial 8350075. IV Determinación acerca de la existencia de lo reclamado Por razón de método en principio debe analizarse si el acto reclamado en verdad existe, habida cuenta que de no resultar cierto, devendría innecesario proseguir con el estudio tanto de la procedencia del amparo, como del fondo del asunto, puesto que no habría materia para efectuarlo . No es el acto reclamado del Tesorero Municipal de Guadalajara, Jalisco, consistente en la recepción del pago del impuesto predial a través del recibo oficial 8350075, habida cuenta que este juzgador considera que no ha tenido intervención en el acto reclamado. En el caso, se está en presencia de una autoaplicación de las normas que corresponde al contribuyente, en virtud de la obligación que deriva de autodeterminarse; por lo que en esa tesitura no se está ante un acto de autoridad que en aplicación de las disposiciones tildadas de inconstitucional, determinen el cobro respectivo. Además, de la probanza aportada al sumario por la parte quejosa, consistente en el recibo 8350075 (folio 33), con valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se prueba solamente que se efectuó el entero de la contribución respectiva, en la cantidad que así se desprende, en acatamiento a su obligación de autoliquidarse. Es aplicable la jurisprudencia: "AMPARO CONTRA LEYES. LA AUTOLIQUIDACIÓN DE UNA CONTRIBUCIÓN NO ES UN ACTO IMPUTABLE A LAS AUTORIDADES EJECUTORAS, AUNQUE SÍ CONSTITUYE UN ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY A PARTIR DEL CUAL EMPIEZA A CORRER EL PLAZO PARA PROMOVER EL AMPARO. La existencia de un acto de autoridad no puede hacerse derivar de la actitud del particular frente al mandato legal, sino de la conducta observada por la propia autoridad; por tanto, la circunstancia de que el quejoso haya presentado la declaración de pago de un impuesto, con la cual acredita la autoaplicación de la ley, no conduce a tener por ciertos los actos de determinación y cobro atribuidos a las autoridades ejecutoras. Lo anterior, aun cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la autoliquidación de una contribución constituye un acto de aplicación de la ley, pues ello no significa que tal cumplimiento de la norma por el particular deba ser atribuido a la autoridad, sino solamente que, para efecto de computar el plazo de impugnación constitucional, puede servir de base el hecho de que el particular se coloque por sí mismo en el supuesto previsto por la ley, sin necesidad de un acto específico de la autoridad aplicadora" En las relatadas circunstancias, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio, por lo que respecta al acto atribuido del Tesorero Municipal de Guadalajara, Jalisco, ya que como se vio, se trata de una autodeterminación de la disposición legal combatida. En otro aspecto, son ciertos los actos reclamados al Gobernador, Congreso, Presidente Municipal, Tesorero, Director de Catastro y Consejo Técnico Catastral del Municipio de Guadalajara, todas del Estrado de Jalisco, en virtud de que queda acreditada plenamente la existencia de los dispositivos legales cuya inconstitucionalidad se reclama, ya que, por su naturaleza, es de conocimiento general, al haber sido publicados en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco" y, por consiguiente, no es objeto de prueba, en términos de los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. V Análisis relativo a la procedencia del juicio de amparo Definido que resultó parcialmente cierto lo reprochado por la parte quejosa, técnicamente ahora es menester examinar si respecto a ello resulta procedente la acción de garantías, en acatamiento a lo que ordena el numeral 62 de la Ley de Amparo . Sobre el particular, este resolutor considera que en el la especie se concreta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con lo dispuesto en el diverso 108, fracción VIII, de la Ley de Amparo, éste último en sentido contrario, respecto de los actos reclamados al Presidente Municipal, Tesorero, Director de Catastro y Consejo Técnico Catastral, todos de Guadalajara, Jalisco, toda vez que la parte quejosa no formuló conceptos de violación. Las disposiciones que contemplan la causa de improcedencia citada, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) VIII. Los conceptos de violación" Así, por concepto de violación debe entenderse la exposición del razonamiento contra los fundamentos del acto reclamado o contra la ausencia de ellos, para poner de manifiesto que dicho acto es contrario a la ley o a su interpretación jurídica, ya sea porque siendo aplicable determinada disposición legal fue omitida, porque no se hizo una correcta interpretación jurídica de la ley o porque las normas reclamadas contravienen diversas garantías o principios tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De la lectura integral a la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa omitió expresar argumentos tendentes a controvertir el refrendo publicación y aprobación, por vicios propios, de la norma general reclamada en sede constitucional, puesto que solamente los formuló respecto de la participación atribuida a dicha autoridades. Por tanto, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el juicio, respecto de los actos reclamados que se atribuyeron al Presidente Municipal, Tesorero, Director de Catastro y Consejo Técnico Catastral, todos de Guadalajara, Jalisco. Es aplicable la tesis: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, FALTA DE. DEBE SOBRESEERSE EL AMPARO Y NO NEGARSE. Si se omite en la demanda de amparo expresar los conceptos de violación o sólo se combate el acto reclamado diciendo que es incorrecto, infundado, inmotivado, que no se cumplieron las formalidades del procedimiento u otras expresiones semejantes, pero sin razonar porque se considera así, tales afirmaciones, tan generales e imprecisas, no constituyen la expresión de conceptos de violación requerida por la fracción VII del artículo 166 de la Ley de Amparo, y la Suprema Corte no puede analizar el acto de autoridad combatido, lo cual determina la improcedencia del juicio, de conformidad con la fracción XVIII del artículo 73, en relación con el 166, fracción VII, de la Ley de Amparo, y con apoyo en el artículo 74, fracción III, de dicha ley, debe sobreseerse el juicio y no negarse el amparo." Asimismo, se considera que opera la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, respecto del acto consistente en la pretendida inconstitucionalidad de las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y de Construcción del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el ejercicio fiscal de este año y la pretendida aplicación de éstas en contra del quejoso como elemento esencial en la determinación del Impuesto Predial, previsto por la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco. El artículo invocado dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;." Por su parte, el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Artículo. 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;." Al efecto, el interés jurídico o legítimo al que alude el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de sus derechos humanos y de las garantías otorgadas para su protección, en su perjuicio; se refiere al derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio, una ofensa o daño en los derechos o intereses del particular, en su caso, que exista un acto de aplicación en contra de una norma de carácter general posterior a su vigencia. Estos conceptos se vinculan con uno de los principios fundamentales del juicio de amparo, del agravio personal y directo, que explica que la acción constitucional solo podrá ser promovida por aquella persona física o moral, que se vea afectada en su esfera jurídica por un acto de autoridad. Es necesario establecer que para promover un juicio de amparo, al atender a la naturaleza del acto que se reclama, es necesario demostrar la existencia de ese derecho en su haber patrimonial o jurídico y, por otra parte, el perjuicio que al mismo ocasione el acto autoritario, lo que legitima al gobernado para acudir ante el órgano de control constitucional demandando el respeto a sus derechos. Debe indicarse que el análisis de la procedencia del juicio de amparo contra normas generales, debe partir, necesariamente, del examen de su naturaleza para determinar la oportunidad y condiciones en que pueden reclamarse, por lo que es preciso considerar que en ese ámbito se clasifican de la siguiente manera: Leyes autoaplicativas: se caracterizan por tener disposiciones que vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia y, por ende, admiten la procedencia de la vía constitucional desde que entran en vigor, pues desde ese momento crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho, dado que las obligaciones derivadas de éstas surgen con independencia de la actualización de condición alguna y pueden reclamarse en dos distintos momentos: el primero, dentro del plazo de treinta días computado a partir del día en que entró en vigor, según lo previsto en el artículo 17, fracción I, de la Ley de Amparo; y, el segundo, dentro de los quince días siguientes a la actualización de alguna hipótesis prevista en el aludido precepto. Leyes heteroaplicativas: se distinguen porque obligan al gobernado al cumplimiento de obligaciones de hacer o no hacer, mediante la actualización de un perjuicio que surge con un acto de su aplicación, y pueden reclamarse sólo en una oportunidad a través del juicio de amparo indirecto, dentro del plazo de quince días siguientes al de su acto de aplicación. Esto es, que solo puede cuestionarse su constitucionalidad ante la actualización de su primera aplicación concreta, explícita o implícita en perjuicio del gobernado y no con motivo de ulteriores aplicaciones. Así es, de lo anterior se desprende la clasificación de las leyes autoaplicativas y heteroaplicativas, sobre el concepto de individualización incondicionada de las leyes. Las primeras admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento de su entrada en vigor, porque se trata de ordenamientos que por el imperativo que las mismas contienen, generan perjuicio al gobernado, por su sola creación, transformación o extensión de situaciones concretas de derecho. Este concepto de individualización da una base firme para determinar la procedencia del juicio constitucional, ya que basta examinar en cada caso particular cuando la concretización de los efectos de una disposición legal puede tener lugar incondicionada o condicionadamente; esto es, que la condición puede consistir en la expedición de un acto necesario para que la ley adquiera individualización de actos administrativos o jurisdiccionales de aplicación de la norma, o incluso de un hecho jurídico como suceso independiente de la voluntad humana o bien de un acto jurídico realizado por el propio particular, toda vez que tal acontecimiento o acto voluntario determina la colocación de una persona dentro de la hipótesis legal. Por tanto, atendiendo al concepto de individualización incondicionada de las leyes, cuando las obligaciones que impone la ley de un hacer o no hacer al particular no nacen a partir de la entrada en vigor de la misma, porque no son de acción automática, pues con su sola expedición no se crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho, eficacia inherente exclusivamente a las leyes de individualización incondicionada, sino por el contrario, necesita para causar un perjuicio de un acto que condicione la aplicación de la norma a las situaciones jurídicas concretas ya sea por actuación del particular o del Estado, no se trata de leyes autoaplicativas, sino de leyes heteroaplicativas, toda vez que la afectación que éstas irroguen al gobernado, está condicionada a la existencia necesaria de la aplicación de la norma o del acreditamiento del particular de realizar el acto condición para estar dentro del supuesto de la misma, pues de no adoptar tal conducta, los efectos de la ley no le son aplicados jurídica y materialmente Para corroborar la improcedencia de que se habla, es necesario considerar que para determinar la base del impuesto predial, es necesario tener presente el contenido de diversos numerales de la Ley de Catastro Municipal del Estado de Jalisco, a saber: "Artículo 1. Catastro es el inventario y la valuación, precisos y detallados, de los bienes inmuebles públicos y privados ubicados en la municipalidad. Artículo 2. El Catastro tiene por objeto la determinación de las características cualitativas y cuantitativas de los predios y construcciones ubicados dentro del municipio, mediante la formación y conservación de los registros y bases de datos que permitan su uso múltiple, como medio para obtener los elementos técnicos, estadísticos y fiscales que lo constituyen. El registro y la valuación catastral se declaran de utilidad pública, para fines fiscales, socioeconómicos y urbanísticos Artículo 3. Están obligados a observar las disposiciones de esta Ley: I. Los titulares de los predios: propietarios, copropietarios o poseedores a título de dueño de terrenos o construcciones con localización en el territorio del Estado; II. Los notarios y quienes tengan fe pública, cuando intervengan en la autorización de escrituras relativas a actos traslativos de dominio de bienes inmuebles; III. Las autoridades fiscales que administren contribuciones que se determinen sobre la propiedad inmobiliaria, su división, consolidación, traslación, urbanización, edificación y mejora, así como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles; IV. Las autoridades judiciales que autoricen actos traslativos de dominio de algún bien inmueble dentro del Estado o tengan conocimiento del inicio o terminación de cualquier litis, en la que existan terceros afectados o interesados respecto de algún bien inmueble que se encuentre dentro del Estado; V. Los urbanizadores; VI. Los peritos valuadores autorizados para practicar avalúos y los valuadores dependientes de la autoridad catastral; VII. Quienes adquieran algún bien inmueble por contrato privado; VIII. Los fideicomitentes, fideicomisarios o fiduciarios, cuando en el fideicomiso se limite o impongan condiciones de uso, administración o posesión de algún predio; y IX. Los corredores de bienes inmuebles, cuando intervengan en actos traslativos de dominio o de administración. Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entiende por: [.] XXI. Valor fiscal: el que se asigne o apruebe para cada predio, de conformidad con los procedimientos previstos en esta ley y la de Hacienda Municipal; XXII. Valor catastral: será el valor que se determine mediante procedimientos técnicos, siendo en todo momento lo más apegado al valor real; XXIII. Tablas de Valores: es el conjunto de elementos y valores unitarios aprobados según el procedimiento de esta Ley y contenidos en los planos de las zonas respecto al valor del terreno, así como la relación con las clasificaciones de construcción y demás elementos que deberán de tomarse en consideración para la valuación de los predios; XXIV. Valor Unitario: el valor que por metro cuadrado o por hectárea apruebe el Congreso del Estado en tablas de valores, para cuantificar el valor catastral de cada uno de los predios; [.] XXVI. Valuación catastral: la determinación del valor catastral de los predios, conforme al procedimiento técnico establecido en la presente Ley; [.] XXVIII. Perito valuador: es el profesionista que cuenta con los conocimientos técnicos, especializados en bienes inmuebles y valuación, necesarios para formular avalúos y documentos técnicos donde consten las condiciones específicas de los bienes inmuebles. Los peritos deberán registrarse ante la Dirección de Catastro del Gobierno del Estado y deberá acreditarse ante la autoridad catastral municipal cuando elabore avalúos; XXIX. Valuador: es el servidor público dependiente de catastro municipal que elabora los dictámenes y tendrá cuando menos la siguiente escolaridad: a) En los municipios en los que el Ayuntamiento esté integrado hasta por once regidores, se requiere por lo menos, enseñanza media superior; y b) En los municipios en los que el Ayuntamiento esté integrado por catorce regidores o más, se requiere tener la educación técnica o profesional en la materia; [...] XXX. Registros catastrales: los documentos gráficos, escritos e información contenidos en las bases de datos, así como todos los demás elementos que integran el catastro; [...] XXXII. Información catastral: las características cualitativas y cuantitativas de los predios; [...] XLV. Reglamentos y normas técnicas: el conjunto de disposiciones administrativas y especificaciones técnicas necesarias para integrar la información y registros del catastro; y (...)." "CAPÍTULO VI De las tablas de valores unitarios y de la valuación catastral Artículo 54.- Los valores unitarios de los terrenos y de construcciones; los coeficientes de incremento y demérito de valores y demás elementos de valuación, se elaborarán y aplicarán mediante las tablas de valores unitarios conforme las siguientes disposiciones: I. Cada Catastro Municipal debe elaborar los estudios de valores correspondientes conforme a lo establecido por el artículo 13, fracción IX y los artículos 55, 56 y 57 de la presente ley. Una vez elaborado el proyecto de tablas de valores unitarios del municipio, debe remitirlo al Consejo Técnico Catastral Municipal respectivo para su revisión; II. El Consejo Técnico de Catastro Municipal deberá analizar y estudiar el proyecto de tabla de valores unitarios y, en su caso, hacer las modificaciones a los valores que estimen pertinentes, sustentando en todo momento los aspectos y opiniones de carácter técnico. Una vez analizado y en su caso modificado, deberán remitir el proyecto en original y dos tantos en copias al Consejo Técnico Catastral del Estado; III. El Consejo Técnico Catastral del Estado, con la participación de la Comisión de Hacienda y Presupuestos del Congreso del Estado o quien ésta designe en su representación, revisarán los proyectos enviados para emitir opiniones, con la finalidad de que los valores unitarios sean equiparables a los de mercado; IV. En los casos en que el Consejo Técnico Catastral del Estado, con la participación de la Comisión de Hacienda y Presupuestos del Congreso del Estado o quien esta designe en su representación, consideren que los proyectos de los Consejos Técnicos de Catastro Municipales no son equiparables a los de mercado, emitirán las recomendaciones pertinentes; y V. Una vez que los proyectos de tablas de valores sean revisados por el Consejo Técnico Catastral del Estado en conjunción con la Comisión de Hacienda y Presupuestos del Congreso del Estado o su representante, se remitirán con las opiniones o recomendaciones que hubiere, en su caso, a los ayuntamientos para que estos las conozcan antes de aprobar la formal iniciativa. La iniciativa deberá ser presentada a más tardar el 31 de agosto del año previo a su aplicación. Artículo 55.- Dentro del proceso legislativo, en tratándose de aprobación de las tablas de valores unitarios, el Congreso del Estado sólo tendrá facultades de aprobar o rechazar los proyectos contenidos en la iniciativa respectiva, pero en ningún caso y bajo ninguna circunstancia tendrá facultades de realizar modificaciones a los valores contenidos en el proyecto presentado mediante la iniciativa respectiva. Si por cualquier circunstancia el Congreso del Estado no se pronuncia legalmente respecto de la aprobación o rechazo de la tabla de valores unitarios de algún municipio antes del día 16 de noviembre del año previo a su aplicación, procederá la positiva ficta, dándose por entendido que el proyecto remitido se aprueba, para lo cual se solicitará ante el Tribunal de lo Administrativo la declaratoria jurisdiccional correspondiente. Artículo 56.- Los valores unitarios urbanos de calle o de zona, se especificarán por metro cuadrado. Para su determinación se tomarán en cuenta la importancia e influencia de los siguientes elementos: servicios municipales existentes; vías de comunicación; vecindad con zonas comerciales o centros de abasto; el uso, destino y reserva determinados para el suelo conforme a su zonificación, y cualquier otra característica que pueda influir en los valores de mercado o reales de los mismos. Artículo 57.- Los valores unitarios para predios rústicos se especificarán por hectárea, conforme a las siguientes disposiciones: I. Para su determinación se considerarán los siguientes elementos: el tipo o clase de tierra, calidad, ubicación, cercanía a vías de comunicación y centros de población; así como las condiciones hidrológicas, humedad relativa y cualquier otra característica que pueda influir en los valores de mercado o reales de los mismos; y II. En el caso de zonas rústicas o ejidos donde se realicen actividades de aprovechamiento de recursos del suelo, se aplicarán las normas técnicas de catastración y valuación; y donde se realicen actividades de aprovechamiento de recursos del subsuelo, se tomarán en consideración las leyes correspondientes. En ninguno de los supuestos previstos en las dos fracciones anteriores se tomará en cuenta para efectos de la valuación, el valor de los recursos que sean objeto de aprovechamiento en los predios. Artículo 58.- Para la determinación de los valores unitarios de los diferentes tipos de construcción, se clasificarán los mismos tomando en cuenta su edad, vida útil, su estructura y estado de conservación; materiales empleados en la edificación, calidad en la mano de obra y acabados. Con base en lo anterior, se procederá a fijar un valor unitario para cada tipo de clasificación de construcción. Artículo 59.- Los coeficientes de incremento y demérito se aplicarán conforme a los criterios técnicos que determine el reglamento respectivo. En el caso de que se quiera modificar los coeficientes de incremento y demérito, se aplicará el procedimiento que se establece para las tablas de valores unitarios, observando las disposiciones que se señalan en el artículo 54 de la presente Ley. Artículo 60.- Los valores unitarios de terrenos y de construcciones aprobados, tendrán vigencia a partir de su publicación en los términos que establezca el decreto correspondiente o, en su defecto, su vigencia será por el ejercicio fiscal respectivo. Artículo 61.- Concluido el término de vigencia de los valores unitarios a que se refiere el artículo anterior, se prorrogará la aplicación de los mismos hasta en tanto no se publiquen nuevos valores unitarios. Artículo 62.- La valuación tiene por objeto asignar a los predios un valor determinado, mediante los procedimientos establecidos en esta ley. Artículo 63.- La valuación de los predios se fundará en los siguientes elementos: I. En el valor del terreno; y II. En el valor de las construcciones. Artículo 64.- Para la valuación del terreno se tomará como base el valor unitario vigente multiplicado por la superficie del mismo. En su caso, estos valores se modificarán aplicando los coeficientes de incremento y demérito. Para la valuación de las construcciones se tomarán como base los valores unitarios vigentes, según la clasificación a que correspondan, multiplicados por su superficie. En los dos supuestos deberá observarse el procedimiento de valuación que se establezca en el reglamento de esta Ley. Artículo 65.- Los avalúos practicados en los términos de este capítulo, o el valor declarado por el contribuyente de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Hacienda Municipal, tendrán la misma vigencia que se determine en la publicación de los valores unitarios. Artículo 66.- Los predios, con construcciones o sin ellas, a los que ya se hubiera fijado un valor catastral, podrán ser revaluados cuando: I. Lo solicite el propietario o poseedor del predio; II. Se determine o modifique su clasificación catastral; III. Se determinen o modifiquen las provisiones, usos, destinos y reservas aplicables al predio; IV. Los valores con que se encuentren registrados, no correspondan a los que resulten de aplicarles los valores unitarios vigentes o declarados conforme a lo previsto en la Ley de Hacienda Municipal; V. Se realicen en el predio obras de urbanización o construcciones, reconstrucciones, ampliaciones o demoliciones de las construcciones ya existentes; VI. Con motivo de obras públicas o privadas incremente o demerite notablemente su valor; VII. Se fusionen o se subdividan; VIII. El predio o su entorno sufran un cambio que afecte notoriamente su valor; IX. El avalúo existente se haya practicado con valores provisionales y ya se tengan los elementos técnicos de catastración necesarios, aun cuando no haya transcurrido el término de vigencia establecida; X. Una construcción sea ocupada sin terminar, o estando terminada no es usada; XI. Se opere un movimiento catastral que afecte los registros de clasificación del predio; y XII. Al aplicar los valores unitarios vigentes, el valor resultante sea mayor al valor real. Artículo 67.- Los valuadores deberán presentarse en el predio objeto de la valuación y mostrarán a los ocupantes, si los hubiere, tanto la orden para la valuación, como la credencial que los identifique. Artículo 68.- Si los ocupantes de un predio o finca se opusieran en cualquier forma a la valuación, el valuador dejará un citatorio indicando el día y la hora en que se practicará nueva visita, que deberá efectuarse en un plazo que no deberá ser menor de tres ni mayor de diez días, e informará a la autoridad catastral a efecto de que se requiera, por escrito, a los ocupantes, para que permitan la práctica de la valuación. Artículo 69.- Si no obstante el requerimiento a que se refiere el artículo anterior, los ocupantes del predio no permitiesen la valuación, ésta se hará con base en los elementos de que se disponga, sin perjuicio de imponer al infractor las sanciones correspondientes. Artículo 70.- Los valuadores y los peritos valuadores formularán los avalúos en las formas oficiales aprobadas. Cuando a la autoridad catastral se le presenten avalúos para su revisión, y advierta que los valores consignados en los mismos sean inferiores a los valores unitarios vigentes, podrá proceder a practicar nuevo avalúo, en los términos que disponga la Ley de Hacienda Municipal. Artículo 71.- En aquellos casos en que aún no se hayan obtenido los elementos técnicos para determinar el valor catastral aplicable al predio, la autoridad catastral, con apoyo en los datos de que disponga, valuará provisionalmente los predios, cuidando que los valores que se determinen se asemejen a los valores catastrales de predios con características similares. El valor así determinado surtirá efectos de valor catastral. Artículo 72.- Las construcciones que no estén contenidas dentro de la clasificación comprendida en los valores unitarios, deberán valuarse con los valores unitarios que correspondan a edificaciones análogas en valores. Artículo 73.- En los casos de edificaciones construidas bajo el régimen de propiedad en condominio, deberá fijarse valor a las unidades privativas, comprendiéndose en la valuación la parte proporcional indivisa de los bienes comunes, de conformidad con lo que establece esta Ley y otros ordenamientos aplicables. Artículo 74.- En los casos de predios no registrados en el catastro municipal, por no haber sido manifestados oportunamente por su propietario o poseedor, deberán practicarse las operaciones catastrales correspondientes de acuerdo con el estado que guardan dichos predios en la fecha de su empadronamiento. Artículo 75.- Para que los peritos valuadores puedan practicar avalúos a efecto de determinar los impuestos predial y de transmisiones patrimoniales, deberán: I. Estar registrados y acreditados conforme a las disposiciones de esta Ley; II. Visitar el inmueble, identificarlos (sic) plenamente, anexando fotografías del mismo; III. En los predios urbanos revisar la superficie y medidas de los linderos; y IV. Determinar el valor de los predios, teniendo como base los valores reales, en los términos de la Ley de Hacienda Municipal. Los valuadores dependientes de la autoridad catastral, deberán satisfacer únicamente los requisitos previstos en las fracciones II y III de este artículo, y además deberán aplicar los valores unitarios aprobados por el ayuntamiento. (.)" De lo anterior se advierte que para determinar los valores unitarios de los diferentes tipos de construcción, se clasificarán tomando en cuenta su edad, vida útil, su estructura y estado de conservación; materiales empleados en la edificación, calidad en la mano de obra y acabados, y con base en ello, se procederá a fijar un valor unitario para cada tipo de clasificación de construcción. Que los valores unitarios de terrenos y de construcciones aprobados, tendrán vigencia a partir de su publicación en los términos que establezca el decreto correspondiente o, en su defecto, su vigencia será por el ejercicio fiscal respectivo, y que concluido el término de vigencia de los valores unitarios a que se refiere el artículo anterior, se prorrogará la aplicación de los mismos hasta en tanto no se publiquen nuevos valores unitarios. Asimismo, la valuación tiene por objeto asignar a los predios un valor determinado, mediante los procedimientos legales, así como los elementos y bases para efectuar dicha valuación; los valuadores, tendrán la obligación de fundar sus dictámenes tomando en consideración el valor del terreno y de las construcciones, para lo cual deberán tomar en consideración lo declarado por el contribuyente, o bien, el que se determine en los valores unitarios. Cabe destacar que los predios, con independencia de que se encuentren construidos o no, podrán ser valorados en diferentes hipótesis. Además, continuando con el examen de las obligaciones de los valuadores, éstos deberán presentarse en el predio objeto de la valuación y los requisitos que se deberán observar; asimismo, se prevé lo correspondiente a las manifestaciones, avisos y notificaciones, al precisar cuáles son las obligaciones de los que deben de presentar los avisos o modificaciones correspondientes, también las obligaciones de los peritos valuadores. Es decir, que deberán formular sus opiniones técnicas en formas oficiales aprobadas y que, además, la autoridad catastral considere que el avalúo sujeto a su revisión contenga valores inferiores a los valores unitarios vigentes, podrá proceder a un nuevo avalúo en los términos que disponga la Ley de Hacienda Municipal. Por otra parte, es conveniente destacar que también se desprende de los numerales anteriormente reproducidos, que es una obligación para que los peritos valuadores puedan practicar los avalúos para determinar los impuestos predial y de transmisiones patrimoniales, diversos elementos, entre ellos, el determinar el valor de los predios teniendo como base los valores reales, en tanto que los valuadores dependientes de la autoridad catastral, únicamente se encuentran obligados a aplicar los valores unitarios aprobados por el ayuntamiento. De lo antes expuesto es fácil deducir que existen dos posibilidades para que los peritos puedan emitir un avalúo, a saber: a) Avalúos en base al valor real o comercial. b) Avalúos tomando como base las tablas unitarias de valores. Conclusión a la que se llega, partiendo de que la propia ley establece los procedimientos que podrán seguir cuando el valor catastral y el real no coincidan. Dicho lo anterior, es necesario establecer, cómo es que el promovente del juicio de amparo, no logra acreditar el acto de aplicación de las tablas de valores unitarios. En la especie, la parte quejosa allegó, como prueba, el comprobante de pago de predial con folio 8350075, del cual se advierte que se tomó en cuenta el valor fiscal para el cálculo de los impuestos relativos, el cual es declarado por los propios contribuyentes, en términos del artículo 94 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco. Porque no se advierte que se haya calculado la cantidad a pagar por el impuesto en mención, tomando como punto de partida el tipo de construcción o su calidad, siendo que lo combatido por el quejoso es precisamente eso, esto es, que la base gravable del artículo 27 de la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2018, sea la calidad de la construcción, acorde a la definición de ellas que realiza las Tablas de Valores Unitarios de Construcción del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para ese ejercicio fiscal. Lo que evidencia no se encuentra acreditada la pretendida aplicación de las tablas de valores en comento. Resulta aplicable, a contrario sensu, la diversa jurisprudencia: "LEYES TRIBUTARIAS. EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN DE SUS HIPÓTESIS NORMATIVAS Y LA CONSECUENTE AFECTACIÓN AL INTERÉS JURÍDICO, SE PUEDE ACREDITAR CON LA RESPECTIVA DECLARACIÓN DE PAGO, SI LOS RESULTADOS PLASMADOS EN ELLA SE SUSTENTAN INDEFECTIBLEMENTE EN LO PREVISTO EN AQUÉLLAS. Conforme a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, para acreditar una afectación al interés jurídico del gobernado, que lo legitime para impugnar en el juicio de amparo una disposición de observancia general con motivo de su primer acto de aplicación, resulta necesario que se compruebe, fehacientemente, que a través de dicho acto la respectiva hipótesis normativa se concretó expresa o implícitamente en su perjuicio, lo que no puede derivar de presunciones o de las afirmaciones contenidas en la demanda de garantías o en los diversos escritos presentados durante la tramitación del juicio sino, en todo caso, del contenido del supuesto acto de aplicación. En tal virtud, a través del formato de declaración de pago de uno o varios impuestos, es factible acreditar la aplicación de las disposiciones jurídicas que sirven de base a los diversos cálculos cuyo resultado se plasma en él, siempre y cuando sea indudable que las correspondientes hipótesis normativas sustentan los resultados contenidos en el mismo, lo que no acontece si los datos reportados no generan convicción al órgano de control constitucional sobre la norma que sirvió de base al cálculo de un determinado concepto, situación que puede suceder cuando la ley correspondiente establece diversos sistemas y, por ende, diferentes hipótesis o porciones normativas, que regulan disímiles procedimientos para obtener el mismo concepto, por lo que, en tales casos, para acreditar el respectivo acto de aplicación no bastará, por sí solo, el formato de declaración de pago, ya que será necesario el desahogo de la prueba idónea para acreditar el sistema utilizado y, por ende, la norma jurídica efectivamente aplicada" Lo anterior se traduce en que no se demostró que las Tablas de Valores Unitarios de Construcción del Municipio de Guadalajara, Jalisco, aplicables para el ejercicio fiscal de 2018, se hayan tomado como base para calcular el impuesto predial del que se duele. Dicho de otra manera, el pretendido interés jurídico de la parte quejosa para reclamar en el juicio de amparo la norma que considera trastoca su esfera jurídica de derechos fundamentales, con motivo de un acto de aplicación, en el caso, debió acreditarse con documento idóneo que revelara que la autoridad catastral tomó en consideración para determinar la base de impuesto predial, el valor catastral del inmueble, en aplicación de las tablas de valores unitarios reclamadas. Como consecuencia de lo expuesto con antelación, se colige que, para efecto de la procedencia del juicio de amparo, resulta necesario que se encuentre acreditada la aplicación concreta en su perjuicio de los preceptos reclamados, pues de lo contrario se vulneraría el principio de "instancia de parte agraviada". Máxime, que debe tenerse presente que sobre la causación y entero del impuesto predial, el artículo 94 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, estatuye que la determinación de la base de dicho tributo se sujetará a lo siguiente: "Artículo 94. La determinación de la base del impuesto predial se sujetará a las siguientes disposiciones: I. La base de este impuesto será el valor fiscal de los predios y de las construcciones o edificaciones; II. El valor fiscal deberá ser determinado y declarado por los contribuyentes, a más tardar el último día del mes de febrero de cada año; III. Asimismo, el valor fiscal deberá ser determinado y declarado por los contribuyentes, dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que ocurra alguna modificación de los predios o, en su caso, de las construcciones; IV. Los contribuyentes determinarán y declararán el valor fiscal en los formatos autorizados; V. La determinación y declaración del valor fiscal deberá comprender las superficies, tanto del terreno como de las construcciones permanentes realizadas en el mismo, aún cuando un tercero tenga derecho sobre ellas; VI. Para determinar el valor fiscal se estará al valor de los predios y en su caso de las construcciones, mismo que deberá apegarse al valor real, considerando a éste como el que rija en el mercado, por metro cuadrado, durante el último bimestre del año inmediato anterior; VII. La autoridad catastral deberá proporcionar a los contribuyentes que así lo soliciten, los valores y demás datos de los predios de su propiedad existentes en dicha dependencia, para la elaboración de la citada determinación y declaración; VIII. Si el causante acepta tanto los valores como los datos proporcionados por la autoridad catastral, así como la determinación del valor fiscal y la liquidación correspondiente para el impuesto predial, podrá optar por efectuar el pago, con lo cual se tendrá por cumplida la obligación de la declaración, sin necesidad de ningún otro aviso o manifestación; y sin perjuicio de poder intentar las acciones a que se refiere el artículo 55 de esta Ley; IX. Cuando el causante no acepte los valores o alguno de los datos proporcionados por la autoridad catastral, podrá solicitar la rectificación de los mismos; X. Si la resolución emitida por la autoridad catastral con motivo de la rectificación solicitada por el causante tampoco fuere aceptada, el contribuyente podrá presentar ante la Tesorería Municipal, un avalúo por su cuenta y costo, que comprenda las características particulares del inmueble a valor real, y que sea realizado por perito valuador acreditado en los términos de la Ley de Catastro Municipal; XI. Si el contribuyente incumple con lo establecido en las fracciones I, II, III y IV de este artículo, o bien los valores declarados y determinados sean inferiores a los valores de mercado, la Tesorería Municipal procederá a determinar el valor fiscal del predio y construcciones, con base en los datos del inmueble que proporcione la autoridad catastral, aplicando las tablas de valores unitarios aprobados por el Congreso del Estado, y publicados en los términos de la Ley de Catastro Municipal; y XII. La aprobación y publicación de las tablas de valores unitarios a que se refiere la fracción anterior, deberán ser anteriores a la fecha de publicación de la Ley de Ingresos Municipal para el ejercicio fiscal en que las mismas vayan a tener vigencia. En caso de que no se publiquen tablas de valores para ese ejercicio fiscal, regirán los valores que hubieran sido aplicados en el ejercicio fiscal inmediato anterior" De lo transcrito se desprende que la base del impuesto predial lo será el valor fiscal de los predios y sus construcciones; que dicho valor debe ser determinado y declarado por el contribuyente; que esa determinación debe hacerse conforme al valor real de los predios y construcciones que rija en el mercado, por metro cuadrado; que la autoridad municipal deberá proporcionar a los contribuyentes, cuando así lo soliciten, los valores y demás datos de los predios de su propiedad. Que si el contribuyente acepta esos valores, así como la determinación del valor fiscal, podrá realizar el pago, sin tener que presentar aviso o manifestación; en caso de que no acepte esos valores, se puede solicitar la rectificación de los mismos; y si el contribuyente no determina el valor fiscal de su propiedad, o los declarados resultan inferiores a los de mercado, la tesorería municipal procederá a determinar el valor fiscal, con base en los datos proporcionados por la autoridad catastral, aplicando las tablas de valores unitarios aprobadas por el Congreso del Estado. Luego, es claro que la aplicación de las tablas de valores, no es la única manera que existe para determinar la base del impuesto predial, pues en principio, debe obtenerse conforme al valor real de los predios y construcciones que rija en el mercado, e incluso puede determinarse a través de avalúo por perito autorizado, cuando el contribuyente no acepte los valores que proporciona la autoridad. Consecuentemente, no basta el recibo de pago de impuesto predial, para tener por acreditada la aplicación de las tablas de valores reclamadas en el presente asunto, si en él no se refleja que el contribuyente para determinar la base del impuesto predial, acudió a dichas tablas. Ahora, del mencionado documento no se advierte ni queda acreditada la aplicación de las tablas de valores unitarios, para determinar el valor fiscal del inmueble materia de impuesto predial, ya que no se especifica el procedimiento seguido a efecto de determinar dicho valore. Entonces, dado que la prueba aportada por la parte quejosa, únicamente evidencia el valor fiscal de los inmuebles materia del tributo reclamado, pero en ella no se especifica cuál de los métodos contemplados en el indicado precepto 94 de la Ley de Hacienda Municipal fue empleado al efecto, esto es, si dicho valor fiscal fue determinado y declarado por el propio contribuyente, si éste lo hizo con base en valores reales que rigen en el mercado o previa solicitud de los valores a la autoridad, o si a falta de determinación hecha por el contribuyente, la tesorería municipal lo hizo con apoyo en las combatidas tablas de valores unitarios; debe estimarse entonces, que la aplicación de las combatidas tablas de valores unitarios, no quedó acreditada fehacientemente como se requería. De lo antes expuesto, como se dijo, el peticionario de amparo no acreditó plenamente, como es necesario, el derecho legítimamente tutelado que se atribuye en esta instancia constitucional y que sostiene le fue vulnerado con los actos reclamados, es decir, el interés y la afectación al mismo, lo que es necesario para combatirlos; lo anterior, pues no demostró, en el caso, de manera fehaciente, que las Tablas de Valores Unitarios que tilda de inconstitucionales, le hubiesen sido aplicadas, por lo que los actos reclamados, materia del presente estudio, no afectan su interés jurídico; por ende, se configura el supuesto de improcedencia que prevé el numeral 61, fracción XII, de la Ley de Amparo en vigor. A similar conclusión se llegó en los amparos en revisión 553/2018 del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, 321/2018 del índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito y 642/2017 del índice del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito. Sobreseimiento que se hace extensivo al acto reclamado consistente en el artículo 27, parrafo I, de la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2018, en virtud de que su inconstitucionalidad se reclamó con motivo de las tablas de valores unitarios, respecto de las cuales ya se decretó el sobreseimiento en el juicio. En consecuencia, ante la actualización de las causas de improcedencia descritas en párrafos que anteceden, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio. En tales condiciones, el sobreseimiento decretado impide el estudio de las cuestiones de fondo de la litis constitucional, por lo que resulta innecesario el análisis de los conceptos de violación respectivos. Por lo expuesto y fundado, SE RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por José Víctor Vuilleumier Valdez. Notifíquese personalmente.
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