José Vicente Rentería Ibarra
Expediente 2585/2022 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 6 actuaciones registradas, la última del 6 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 2585/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 06/03/2023
Partes del expediente
- Presidente Municipal de Zapopan, Jalisco
- José Vicente Rentería Ibarra
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Causa ejecutoria. De la certificación que antecede se advierte que transcurrió el plazo que se establece en el artículo 86 en relación con los diversos 81, fracción I, inciso e) y 84, todos de Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran con la sentencia dictada en este asunto, en la que, por una parte sobreseyó en el juicio y, por otra, se negó el amparo y protección de la justicia federal, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Archivo. Por otro lado, toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el arábigo 214 de la Ley de Amparo, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como totalmente concluido. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente. Destino expediente principal. Con fundamento en el artículo 21 inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; se determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior con motivo de que se por una parte se negó el amparo y protección de la justicia federal; por ende, una vez que transcurran más de tres años, contados a partir del presente proveído, es susceptible de depuración. Vista con documentos. De conformidad con el artículo 21, segundo párrafo del acuerdo citado en párrafos anteriores, dese vista a la parte quejosa, para que dentro del término de noventa días, siguientes a la notificación del presente proveído, acuda a este órgano jurisdiccional con el objeto de recoger los documentos originales que exhibió junto a su demanda de amparo; bajo apercibimiento que de hacer caso omiso dentro del plazo indicado, los documentos mencionados se glosarán a los presentes autos y podrán ser depurables junto con el expediente, una vez que transcurra un término de tres años contados a partir de la notificación del auto que ordenó el archivo definitivo del presente expediente, previo cotejo y toma de razón que de su entrega se deje en autos la parte quejosa o sus autorizados para tal efecto. Sin que haya lugar a realizar pronunciamiento respecto del incidente de suspensión, dado que no se tramitó. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa.
- Principal
VISTOS, para resolver los autos del presente juicio de amparo 2585/2022; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito presentado el dos de diciembre de dos mil veintidós en el buzón judicial y, posteriormente registrado por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco y turnado a este Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, José Vicente Rentería Ibarra, por propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por los actos que en él precisó, y señaló como vulnerados los derechos fundamentales previstos en los artículos 1°, 5, 14, 16, 17 y 133 de la Constitución Federal y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. Admisión y trámite. Mediante auto de trece de diciembre de dos mil veintidós, se admitió la demanda de amparo, se requirió el informe justificado a las autoridades responsables, se dio vista al Ministerio Público Federal adscrito, se fijó día y hora para la audiencia constitucional, misma que, previo diferimiento, inició al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia, y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este juzgado federal resulta competente para resolver el presente juicio, con fundamento en los artículos: 94, 103 y 107 de la Ley Fundamental; 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 57, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y estos preceptos vinculados, a su vez, con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y el diverso Acuerdo General 41/2018 del mismo cuerpo colegiado;debido a que se reclama un acto emitido dentro de un procedimiento administrativo, el cual tiene ejecución dentro del ámbito territorial en el cual este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de la litis. En términos del artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, a efecto de establecer qué es lo reclamado, debe precisarse que de la integral lectura de la demanda de amparo, se advierte que lo controvertido, en lo sustancial, resulta ser: Del Presidente Municipal de Zapopan, Jalisco: - El pago de la cantidad de $2,188.08 (dos mil ciento ochenta y ocho pesos 08/100 moneda nacional), por concepto de "estímulo económico a la perseverancia" correspondiente al año dos mil veintidós, así como el pago retroactivo de éste. De la Directora de Recursos Humanos del Ayuntamiento Constitucional de Zapopan, Jalisco: - La resolución verbal de otorgarle la cantidad de $2,188.08 (dos mil ciento ochenta y ocho pesos 08/100 moneda nacional), por concepto de "estímulo económico a la perseverancia" correspondiente al año dos mil veintidós. - El pago de la cantidad de $2,188.08 (dos mil ciento ochenta y ocho pesos 08/100 moneda nacional), por concepto de "estímulo económico a la perseverancia" correspondiente al año dos mil veintidós, así como el pago retroactivo de éste. TERCERO. Determinación acerca de la existencia de lo reclamado. Por razón de método, en principio debe analizarse si los actos reclamados en verdad existen, habida cuenta que de no resultar ciertos, devendría innecesario proseguir con el estudio tanto de la procedencia del amparo, como del fondo del asunto, puesto que no habría materia para efectuarlo. CUARTO. Inexistencia del acto reclamado. No resulta cierto el acto reclamado a la Directora de Recursos Humanos del Ayuntamiento Constitucional de Zapopan, Jalisco, relativo a la resolución verbal de otorgarle la cantidad de $2,188.08 (dos mil ciento ochenta y ocho pesos 08/100 moneda nacional) por concepto de "estímulo económico a la perseverancia", correspondiente al año dos mil veintidós, toda vez que lo negó al rendir su informe con justificación. A lo anterior, resulta aplicable la jurisprudencia 284, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Luego, ante la negativa externada por la autoridad responsable en el informe justificado respectivo, a la parte quejosa le corresponde desvirtuarla y, con ello, le incumbe demostrar la certeza de aquella resolución verbal reclamada en la presente instancia, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, porque así existe una imposibilidad jurídica para la autoridad de acreditar la negación de un hecho, en concreto, la negativa del acto de que se trata, pues al no haber nacido a la vida jurídica la actividad autoritaria que se reclama, es evidente que no puede haber rastros de su existencia ni documentos que la apoyen. Luego, si resulta inexistente el acto reclamado de que se trata, lo conducente es decretar el sobreseimiento en este juicio sobre el particular, porque en esas condiciones no hay materia para la vía que nos ocupa, conforme con el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. QUINTO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a las autoridades responsables Presidente Municipal y Directora de Recursos Humanos, ambos del Ayuntamiento Constitucional de Zapopan, Jalisco, relativo al pago de la cantidad de $2,188.08 (dos mil ciento ochenta y ocho pesos 08/100 moneda nacional), por concepto de "estímulo económico a la perseverancia" correspondiente al año dos mil veintidós, aun cuando negaron su existencia, porque esa negativa está desvirtuada tanto con el contenido del propio informe, como con las constancias de este juicio. En efecto, en el informe con justificación se advierte que después de negar el acto de que se trata, las ahora responsables manifestaron que el pago por concepto de "estímulo económico a la perseverancia" que percibió la parte quejosa, debía ser calculado en base al salario mensual que percibe el elemento operativo, lo que constituye una confesión con valor probatorio pleno para demostrar ese hecho, en términos de los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, por disposición expresa del numeral 2° de la ley de la materia. Esta confesión, lejos de estar desvirtuada, se refuerza con las constancias existentes en este juicio, en particular, con el original del recibo de pago en el que consta que las propias responsables pagaron en favor del quejoso el monto de $2,188.08 (dos mil ciento ochenta y ocho pesos 08/100 moneda nacional), por concepto de "estímulo económico a la perseverancia" correspondiente al año dos mil veintidós. Por lo anterior, es evidente que en el caso se demostró la existencia del acto reclamado que nos ocupa, aun cuando se negó su certeza en el informe justificado, pues tal negativa quedó desvirtuada en los términos de que se trata. SEXTO. Análisis relativo a la procedencia del juicio de amparo. Definido que resultó cierto lo reprochado por la parte quejosa, técnicamente ahora es menester examinar si respecto a ello resulta procedente la acción de amparo. Procede su estudio de manera preferente, al referirse a un aspecto de orden público, de conformidad con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Al respecto, las autoridades responsables refieren que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, en virtud de que la parte quejosa consintió tácitamente los actos reclamados, al no reclamar el pago de "estímulo económico a la perseverancia" correspondiente a los años dos mil veinte y dos mil veintiuno, dentro de los plazos previstos. Dicha causa de improcedencia es infundada. Ello en virtud de que, contrario a lo que refieren las responsables, la parte quejosa reclama en la presente vía el pago de "estímulo económico a la perseverancia" correspondiente al año dos mil veintidós, lo cual reclamó dentro de los plazos que para tal efecto prevén los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo. Tal como se ilustra a continuación: NOVIEMBRE 2022 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 1 Inhábil 2 Inhábil 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Fecha del conocimiento 16 -1- Inicio del plazo 17 -2- 18 -3- 19 20 21 Inhábil 22 -4- 23 -5- 24 -6- 25 -7- 26 27 28 -8- 29 -9- 30 -10- DICIEMBRE 2022 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 1 -11- 2 -12- Interposición de demanda 3 4 5 -13- 6 -14- 7 -15- Conclusión del plazo 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 En consecuencia, al haberse promovido la demanda de amparo en estudio, dentro del término a que se contraen los preceptos 17 y 18 de la Ley de Amparo, debe entenderse que el quejoso no consintió tácitamente los actos reclamados de que se trata, y por tanto, no se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la ley de la materia. Al no existir diversas causas de improcedencia que las partes hayan invocado o se adviertan de oficio, menos aún que sean de obvia y de objetiva constatación, se procede el estudio de la constitucionalidad o no del acto reclamado, a la luz de los conceptos de violación respectivos. SÉPTIMO. Estudio de fondo. No se transcriben los motivos de inconformidad formulados por la parte quejosa, en aras de salvaguardar el principio de economía procesal, debido a que tal circunstancia no deja a ella ni a las demás contendientes en este proceso constitucional en estado de indefensión, toda vez que no se les veda de la posibilidad de recurrir esta sentencia y alegar lo que estimen pertinente. En el caso es menester recordar que se reclama del Presidente Municipal y Directora de Recursos Humanos, ambos del Ayuntamiento Constitucional de Zapopan, Jalisco, el pago de la cantidad de $2,188.08 (dos mil ciento ochenta y ocho pesos 08/100 moneda nacional), por concepto de "estímulo económico a la perseverancia" correspondiente al año dos mil veintidós, que contempla el artículo 81, fracción I, del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial del Municipio de Zapopan, Jalisco, a favor de los elementos de seguridad pública como lo es el ahora quejoso, quien aduce que dicho bono se cubrió en forma incompleta. En particular, la pretensión del quejoso se centra en que ese estímulo le fue pagado en un monto menor al que le corresponde, según él, porque la cantidad correcta a la que tiene derecho al efecto es de $18,033.42 (dieciocho mil treinta y tres pesos 42/100 moneda nacional), lo cual hace derivar de la aplicación de un diez por cierto de su sueldo anual y no mensual, como de forma inexacta así se lo pagó la responsable. Al respecto, el peticionario del amparo alega que se vulnera en su perjuicio el derecho de legalidad consagrado en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que el acto reclamado carece de la debida fundamentación y motivación, al aplicarse una disminución en el pago del estímulo económico al que tiene derecho en igualdad de condiciones de diversos compañeros, a quienes sí les fue cubierta dicha prestación en forma completa, por lo cual, refiere el quejoso, dicho acto combatido resulta arbitrario e inequitativo. Con el objeto de estar en condiciones de abordar tales planteamientos de queja hechos valer, deviene oportuno traer a colación el contenido del precepto constitucional cuya transgresión se alega, el cual prevé lo siguiente: "ARTÍCULO 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.". En el precepto antes descrito, se denota implícito el derecho fundamental de legalidad que constituye un imperativo para todo acto de autoridad, es decir, que todo acto de autoridad que cause molestia al gobernado, deberá, por mandato constitucional, revestir los elementos enmarcados por el ordinal en comento, a saber: 1. Que el acto se efectúe por escrito, formalidad primaria en tratándose de actos de autoridad. 2. Que su emisión provenga de una autoridad competente, un ente y persona jurídicamente facultados para ordenar el acto de molestia, facultades que pueden ser legales o constitucionales. 3. Que dicha determinación de la autoridad, se encuentre debidamente fundamentada y motivada. Esta última formalidad es la que nos atañe en el presente juicio, en virtud de que la parte quejosa aduce que el acto reclamado no se encuentra fundamentado ni motivado. Con relación a lo previo, debe decirse que la fundamentación consiste en la precisión del precepto legal o disposición normativa aplicable al caso a que se contrae el acto, es decir, es el fundamento con que cuenta la autoridad para emitir cierta determinación y aquél que prevé la situación de hecho o supuesto en que se encuentra el gobernado para ser objeto de la aplicación de determinada norma jurídica. En tanto que, la motivación es relativa al establecimiento de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto. Siendo preciso destacar, que resulta necesario que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas. Por otra parte, dichos motivos invocados deben ser reales y ciertos y, conforme a los preceptos citados, resultar bastantes para justificar la expedición o emisión del acto. Al respecto, cobra aplicación la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación 97-102, Tercera Parte, visible en la página 143, que a continuación se inserta: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." En esa tesitura, todo acto de autoridad debe contener, además de la formalidad por escrito y competencia aludida, las razones especiales del caso concreto que lo llevaron a tomar la determinación de irrogar la molestia referida, señalando además, el fundamento jurídico aplicable al particular que sustente su proceder, debiendo existir adecuación entre aquéllos motivos aducidos para la emisión del acto y el soporte normativo invocado en la especie. Ahora, tomando en cuenta que, en la especie, se combate un acto administrativo, resulta indispensable traer a colación las directrices que deben aplicarse en este tipo de asuntos, pues acorde a lo previsto en el último párrafo del artículo 124 de la Ley de Amparo, en la sentencia se debe analizar el acto reclamado considerando la fundamentación y motivación que para complementarlo haya expresado la autoridad responsable en el informe justificado. Ello, pues esta última porción normativa complementa la regulación que sobre el tema relativo a la falta o insuficiencia de fundamentación y motivación de los actos materialmente administrativos, se introduce en el artículo 117, último párrafo, de la legislación en consulta, ya que prevé la forma en que debe analizarse en el fallo si se satisfacen los referidos requisitos constitucionales de fundamentación y motivación, disponiendo que debe atenderse a la complementación que, en su caso, introduzca la responsable en el informe justificado, y fija los alcances de la protección constitucional para el caso de estimarse omisa o insuficientemente fundado y motivado el acto. En ese tenor, debe decirse que de la interpretación sistemática y conforme de las normas jurídicas en comento, se advierte que, tratándose de actos en materia administrativa, en los que se aduzca la falta o insuficiencia de fundamentación y motivación, pueden presentarse, al menos, los siguientes supuestos: 1. Que la autoridad responsable se limite, al rendir su informe justificado, a exponer las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, pero sin complementarlo en esos aspectos; es decir, que dicho informe se rinda en los términos generales que se prevén en los párrafos primero y quinto del propio artículo 117, lo que podría atender a diversas circunstancias, como el estar simplemente ante una omisión por parte de la autoridad responsable, o bien, que ésta considere que el acto que de ella se reclama resulta constitucional y no precisa ser complementado en cuanto a su fundamentación y motivación, y estime que al momento de efectuarse el análisis de tales aspectos en la sentencia respectiva, se concluirá que es ajustado a derecho; 2. Que la autoridad responsable complemente el acto reclamado en cuanto a su fundamentación y motivación, en cuyo caso se actualizan las siguientes obligaciones derivadas del texto legal: a) Debe correrse traslado con el respectivo informe al quejoso, para que en el plazo legalmente previsto realice la ampliación de la demanda, la que se limitará a las cuestiones derivadas de la referida complementación. En caso de ampliarse la demanda, se dará vista a las responsables, así como al tercero interesado y, en su caso, se emplazará a las diversas autoridades que en ampliación se señalen; y, b) En la sentencia deberá analizarse el tema jurídico relativo a la fundamentación y motivación del acto reclamado, considerando no sólo el contenido de éste, sino también la complementación sobre tales aspectos contenida en el informe justificado y, en su caso, los planteamientos hechos valer en la ampliación de demanda. Sirve de ilustración, el criterio contenido en la tesis VI.1o.A.74 A (10a.) del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, visible en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 10, Septiembre de 2014, Tomo III, página 2560, con número de registro 2007493, que dispone: "REGLA ESPECIAL PREVISTA DE MANERA COMPLEMENTARIA EN LOS PÁRRAFOS FINALES DE LOS ARTÍCULOS 117 Y 124 DE LA LEY DE AMPARO, RELATIVA A LA FALTA O INSUFICIENCIA DE LA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS EN ASUNTOS VINCULADOS CON LA MATERIA ADMINISTRATIVA. DA LUGAR A DIVERSAS HIPÓTESIS QUE PUEDEN PRESENTARSE, DERIVADAS DE LA ACTUACIÓN QUE DESPLIEGUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Del último párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, vigente desde el tres de abril de dos mil trece, se advierte una regla especial tratándose de actos materialmente administrativos, consistente en que cuando en la demanda de amparo se aduzca la falta o insuficiencia de la fundamentación y motivación de aquéllos, la autoridad responsable deberá, en su informe justificado, complementar en esos aspectos el acto reclamado. En relación con ello, se dispone que en caso de que dicha autoridad efectúe tal complementación, deberá correrse traslado con el respectivo informe al quejoso, para que esté en aptitud de realizar la ampliación de la demanda en el plazo legalmente previsto, la que se limitará a cuestiones derivadas de la referida complementación, y que, en su caso, con dicha ampliación se dará vista a las responsables, así como al tercero interesado, y se emplazará a las diversas autoridades que en aquélla se señalen. Por su parte, el último párrafo del diverso 124 de la propia ley de la materia, prevé igualmente una regla especial relativa a la forma en que debe analizarse en la sentencia el tema jurídico relativo a la fundamentación y motivación en los asuntos del orden administrativo. Al respecto, la regla jurídica en comento establece que en la sentencia se analizará el acto reclamado considerando la fundamentación y motivación que, en su caso, haya expresado la autoridad responsable en el informe justificado para complementarlo, y si a pesar de esa complementación se concluye la falta o insuficiencia de dichos requisitos de fundamentación y motivación, dispone que en la sentencia concesoria se estimará que el referido acto presenta un vicio de fondo que impide a la autoridad su reiteración. Por tanto, debe concluirse que esta última porción normativa complementa la regulación que sobre el tema relativo a la falta o insuficiencia de fundamentación y motivación de los actos materialmente administrativos, se introduce en el artículo 117, último párrafo, inicialmente referido, ya que prevé la forma en que debe analizarse en el fallo si se satisfacen los referidos requisitos constitucionales de fundamentación y motivación, disponiendo que debe atenderse a la complementación que, en su caso, introduzca la responsable en el informe justificado, y fija los alcances de la protección constitucional para el caso de estimarse omisa o insuficientemente fundado y motivado el acto, pues al efecto prevé que deberá estimarse que se está ante un vicio de fondo que impide a la autoridad su reiteración. Ahora bien, precisado lo anterior, debe decirse que de la interpretación sistemática y conforme de las normas jurídicas en comento, se advierte que tratándose de actos en materia administrativa, en los que se aduzca la falta o insuficiencia de fundamentación y motivación, pueden presentarse, al menos, los siguientes supuestos: 1. Que la autoridad responsable se limite, al rendir su informe justificado, a exponer las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, pero sin complementarlo en esos aspectos; es decir, que dicho informe se rinda en los términos generales que se prevén en los párrafos primero y cuarto del propio artículo 117, lo que podría atender a diversas circunstancias, como el estar simplemente ante una omisión por parte de la autoridad responsable, o bien, que ésta considere que el acto que de ella se reclama resulta constitucional y no precisa ser complementado en cuanto a su fundamentación y motivación, y estime que al momento de efectuarse el análisis de tales aspectos en la sentencia respectiva, se concluirá que es ajustado a derecho. 2. Que la autoridad responsable complemente el acto reclamado en cuanto a su fundamentación y motivación. En este último caso, se actualizan las siguientes obligaciones derivadas del texto legal: 2.1. Debe correrse traslado con el respectivo informe al quejoso, para que en el plazo legalmente previsto realice la ampliación de la demanda, la que se limitará a las cuestiones derivadas de la referida complementación. En caso de ampliarse la demanda, se dará vista a las responsables, así como al tercero interesado y, en su caso, se emplazará a las diversas autoridades que en ampliación se señalen; y 2.2. En la sentencia deberá analizarse el tema jurídico relativo a la fundamentación y motivación del acto reclamado, considerando no sólo el contenido de éste, sino también la complementación sobre tales aspectos contenida en el informe justificado y, en su caso, los planteamientos hechos valer en la ampliación de demanda. Es importante precisar que del propio análisis de las normas legales en cuestión, no se sigue que en el supuesto de que la autoridad responsable no complemente la fundamentación y motivación del acto reclamado en la hipótesis del último párrafo del artículo 117 de la nueva Ley de Amparo, invariablemente deba concluirse que se está en presencia de un vicio de fondo y que deba concederse el amparo en los términos que prevé el último párrafo del diverso 124, pues expresamente esta última norma ordena efectuar en la sentencia el análisis de dichos requisitos constitucionales, y prevé que al efecto se considere, en su caso, la complementación efectuada en esos aspectos en el informe, pero no condiciona el sentido del fallo a la conducta que despliegue la autoridad responsable. Sostener lo contrario implicaría que la concesión de la protección federal quedara al arbitrio de las partes y no derivara del análisis que el juzgador de amparo efectúe respecto de la constitucionalidad del acto de autoridad. Ahora bien, el alcance de la consecuencia normativa derivada de estimar que el acto acusa falta o insuficiencia de fundamentación y motivación, consistente en que la autoridad está impedida para su reiteración, debe entenderse en el sentido de que, con motivo de la concesión de la protección constitucional, la responsable no está en aptitud jurídica de emitir un acto en que, nuevamente, vulnere tales prerrogativas fundamentales, pues expresamente está aparejada a la ficción legal de mérito, una proscripción en ese sentido. Asimismo, dado que esta prohibición de reiterar la vulneración de derechos en perjuicio del particular quejoso, debe armonizarse con el respeto a la prerrogativa específica de seguridad jurídica, debe tenerse presente la hipótesis consistente en que el acto reclamado haya sido emitido en respuesta a una petición formulada por el particular, o bien, se haya dictado para resolver una instancia o recurso; pues en ese supuesto, la autoridad, a fin de no dejar de resolver dichas peticiones, instancias o recursos, debe dictar un nuevo acto, pero ciñéndose a la restricción legal de referencia, únicamente a fin de no conculcar dicho principio de seguridad jurídica contenido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Bajo esas directrices, cabe destacar que de la lectura del informe justificado rendido por las autoridades responsables en el presente sumario constitucional, se advierte que sí existió una verdadera complementación de la fundamentación y motivación alegada por la parte quejosa; por lo cual, la constitucionalidad del acto reclamado se analizará de manera conjunta con los motivos y fundamentos que se plantearon en el informe justificado. En esencia, expone la autoridad responsable que el cálculo para el pago del "estímulo a la perseverancia" debe realizarse sobre el importe del diez por ciento del sueldo mensual y no anual como lo alega el peticionario del amparo, ya que si bien el artículo 81 del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial del Municipio de Zapopan, Jalisco, no establece la periodicidad de su pago ni sobre qué periodo habrá de cuantificarse, lo cierto es que tal precepto debe interpretarse de manera conjunta con el diverso 44 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el estado de Jalisco. Luego, la litis a dilucidar en el caso a estudio, conforme a lo expuesto en la demanda de amparo, en relación con los motivos y fundamentos dados en el informe justificado, consiste en determinar si respecto del "estímulo a la perseverancia", se entregó o no al quejoso la cantidad correcta que le corresponde, conforme a la normatividad aplicable. Para tal efecto, resulta oportuno acudir al contenido del artículo 44, fracciones II y IV, de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el estado de Jalisco, en relación con el diverso 81 del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial del Municipio de Zapopan, Jalisco, que en lo conducente señalan (énfasis añadido): "Artículo 44.- Los elementos operativos que integran los entes públicos a que se refiere el artículo 26 de esta ley, a excepción de sus titulares, mandos superiores y directores, pueden recibir estímulos o compensaciones, mismos que deben estar sujetos a lo estrictamente establecido en el Presupuesto de Egresos respectivo. El otorgamiento de los estímulos o compensaciones debe sujetarse estrictamente a lo siguiente: [.] II. Los estímulos o compensaciones que se entreguen a los elementos operativos, en ningún caso pueden ser superiores a la remuneración mensual que perciban; [.] IV. La entrega de los estímulos o compensaciones se realiza exclusivamente una vez por año; [.]". "Artículo 81. Los estímulos económicos relativos a la perseverancia se otorgarán a los elementos operativos que de manera ininterrumpida presten sus servicios como Policías de Carrera y serán beneficiarios a partir de que ingresen a la clase respectiva de conformidad a lo siguiente: I. Clase Sexta: El importe del diez por ciento del sueldo, por cinco años de servicio; II. Clase Quinta: El importe del quince por ciento del sueldo, por diez años de servicio; [.] El porcentaje que se otorgará de conformidad a los años de servicio prestados en la Carrera Policial será calculado de acuerdo al salario que perciba el elemento operativo al momento en el que se encuentre en alguno de los supuestos de este artículo". Como es de observarse, el precitado artículo 81 reglamentario, señala que los estímulos económicos relativos a la perseverancia se otorgarán a los elementos operativos que de manera ininterrumpida presten sus servicios como Policías de Carrera y serán beneficiarios a partir de que ingresen a la clase respectiva, esto es, respecto de un porcentaje del sueldo de acuerdo a los años de servicio, que se calculará de acuerdo al salario que perciba el elemento operativo al momento en el que se encuentre en alguno de los supuestos ahí establecidos. Por su parte, el primer párrafo del artículo 44 transcrito, prevé que los elementos operativos que integran los entes públicos a que se refiere el artículo 26 de esa ley, pueden recibir estímulos o compensaciones, mismos que deben estar sujetos a lo estrictamente establecido en el Presupuesto de Egresos respectivo. Luego, el segundo párrafo del arábigo invocado señala que el otorgamiento de los estímulos debe sujetarse estrictamente a una serie de regulaciones, como es el caso de lo previsto en la fracción II, conforme a la cual, los estímulos o compensaciones que se entreguen a los elementos operativos, en ningún caso pueden ser superiores a la remuneración mensual que perciban; esta fracción es patente al establecer un límite superior a la cantidad del estímulo en cuestión, a saber, el monto de su sueldo mensual, sin que de su lectura pueda advertirse claramente que indique que el estímulo debe ser sobre el sueldo anual. Además, la fracción IV establece que la entrega de los estímulos o compensaciones se realiza exclusivamente una vez por año; enunciado que tampoco revela que deba entenderse que su monto se calculará sobre el sueldo anual. En ese sentido, es dable estimar que la circunstancia de que el estímulo de mérito se entregue una vez al año, únicamente puede entenderse que se refiere a la cantidad de veces que se entregará en el lapso de un año, y no a que el monto del estímulo sea sobre el sueldo anual. Se afirma lo anterior, ya que el primer párrafo del artículo 44 en mención y la fracción II del mismo, se refieren de manera destacada al monto del referido estímulo; a saber: 1) deben estar ajustados a lo estrictamente establecido en el Presupuesto de Egresos respectivo y 2) en ningún caso pueden ser superiores a la remuneración mensual que perciba el elemento operativo. Por tanto, si como lo reconoce en su demanda, el quejoso cuenta con ocho años de antigüedad en la corporación policiaca donde presta sus servicios (ingresó en octubre de dos mil catorce), es claro que pertenece a la clase sexta del último artículo citado, por lo que, en concepto de "estímulo a la perseverancia" le corresponde el importe del diez por ciento de su sueldo mensual, que asciende a la cantidad de $2,188.08 (dos mil ciento ochenta y ocho pesos 08/100 moneda nacional), y que fue lo que correctamente recibió, dado que percibe un ingreso quincenal de $10,940.42 (diez mil novecientos cuarenta pesos 42/100 moneda nacional), lo que se desprende del recibo de nómina que adjunto a su demanda de amparo. Lo anterior, máxime cuando el monto que le fue cubierto, según el dicho de la autoridad responsable, es el aprobado por el Presupuesto de Egresos correspondiente; además que de considerar que el monto del estímulo se calculará sobre el sueldo anual, se rebasaría el tope máximo establecido por la fracción II del artículo 44 multicitado, lo cual es inadmisible, esto es, superaría su salario mensual de $21,880.84 (veintiún mil ochocientos ochenta pesos 84/100 moneda nacional). Así pues, se colige que los motivos de disenso hechos valer son infundados, toda vez que el acto reclamado, al tomar en cuenta la complementación hecha en el informe justificado, sí se encuentra debidamente fundamentado y motivado, ya que los preceptos invocados resultan aplicables al caso concreto, mientras que las razones particulares expuestas se adecuan a los supuestos normativos ahí previstos, por lo cual, adverso a lo alegado por la parte quejosa, el acto combatido no resulta violatorio del principio de legalidad consagrado en el artículo 16 de la Carta Magna. Ello aunado a que si la normatividad citada no sufrió modificación para reducir el estímulo de que se trata con relación a ejercicios pasados, no existe vulneración al principio básico relativo a la no disminución de las prestaciones económicas, y pudo la responsable, en correcta aplicación de la ley, hacer el pago como lo hizo, aun cuando por error no haya entregado una cantidad correcta en años anteriores. Como corolario el que se haya cubierto tal estímulo de forma incorrecta al quejoso o alguno de sus compañeros policías, o sea, con base en el sueldo anual y no con el sueldo mensual, como resulta realmente procedente, la verdad es que esto no le dio al quejoso el derecho a que siempre y en todo caso se le pague ese emolumento en esas condiciones, ni hay razón para considerar que adquirió algún derecho sobre ese particular, a final de cuentas porque carece de un derecho oponible en los términos de que se trata, de ahí que, en el mejor de los casos sólo cabe hablarse de un yerro o una gratuidad que, por su naturaleza, contenido y alcance, no está en aptitud de exigir como lo pretende en la especie. Por lo anterior, no tiene razón jurídica la parte quejosa cuando alega que aquel estímulo le fue cubierto con un monto menor al que realmente le corresponde, pues, adverso a esto, ello no es así, porque pierde de vista que ese emolumento debe calcularse no con el sueldo anual, como incorrectamente así lo alega en la especie, sino más bien con el mensual, a la luz del porcentaje otorgado de conformidad con los años de servicio prestados en la carrera policial, tal como así ocurrió en el caso que nos ocupa. Cobra aplicación la jurisprudencia PC.III.A. J/21 A (11a.), sustentada por el Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, que dice: "ESTÍMULO ECONÓMICOALA PERSEVERANCIA PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 81 DEL REGLAMENTO DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA POLICIAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO Y 44 DE LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA EL ESTADO DE JALISCO. EL PORCENTAJE OTORGADO DE CONFORMIDAD CON LOS AÑOS DE SERVICIO PRESTADOS EN LA CARRERA POLICIAL DEBE SER CALCULADO DE ACUERDO CON EL SALARIO MENSUAL QUE PERCIBA EL ELEMENTO OPERATIVO AL MOMENTO DE SU OTORGAMIENTO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes llegaron a conclusiones discrepantes al analizar cuál es la base salarial -cuantificada en forma anual o mensual- sobre la que se aplica el porcentaje relativo al estímulo económico a la perseverancia previsto en los artículos 81 del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial del Municipio de Zapopan, Jalisco y 44 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco, ya que tres de los órganos contendientes consideraron que ésta debe calcularse aplicando el porcentaje respectivo al sueldo cuantificado en forma mensual, mientras que el otro concluyó que la fórmula para el cálculo del referido estímulo económico debe hacerse aplicando el porcentaje respectivo al sueldo cuantificado en forma anual. Criterio jurídico: El Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito determina que el estímulo económico a la perseverancia previsto en los artículos 81 del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial del Municipio de Zapopan, Jalisco y 44 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco debe ser calculado de acuerdo al salario mensual que perciba el elemento operativo al momento de su otorgamiento, al cual se le aplicará el porcentaje otorgado de conformidad con los años de servicio. Justificación: La interpretación sistemática y conjunta de los preceptos antes mencionados, lleva a concluir que el estímulo económico a la perseverancia debe calcularse aplicando el porcentaje respectivo al sueldo promediado en forma mensual, porque con ello se cumple con la finalidad del estímulo, consistente en reconocer el servicio y promover el desempeño ejemplar y sobresaliente del personal policial de carrera e incentivarlo a permanecer en la institución, lo que sólo se logra si existe una diferencia en el pago de ese estímulo conforme a los años de servicio; además de que se cumple con la prohibición de que en ningún caso los estímulos o compensaciones que se entreguen a los elementos operativos pueden ser superiores a la remuneración mensual." Finalmente, cabe señalar que no se inadvierten las diversas tesis invocadas por la parte quejosa en su demanda, como apoyo a sus conceptos de violación, ni las resoluciones judiciales que hace valer como hechos notorios con la misma finalidad; sin embargo, debe decirse que resultan ineficaces para evidenciar la ilegalidad del acto que por esta vía se combate. Lo anterior es así, porque todos esos criterios judiciales y precedentes de que se trata, quedaron superados con la jurisprudencia establecida sobre el tema jurídico que aquí nos ocupa, en particular, por el órgano competente para ello, como es el Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito, por lo cual esa jurisprudencia debe prevalecer al efecto, por ser de carácter obligatorio y vinculante para este juzgado de Distrito, en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo. Así, ante lo infundado de los conceptos de violación, sin que se advierta en perjuicio del quejoso alguna violación manifiesta de la ley que le dejara sin defensa, de modo que hubiera lugar a suplir su deficiencia, procede negar el amparo y protección de la Justicia Federal José Vicente Rentería Ibarra. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en este juicio promovido por el quejoso José Vicente Rentería Ibarra, contra la resolución verbal reclamada de la Directora de Recursos Humanos del Ayuntamiento Constitucional de Zapopan, Jalisco, en términos del considerando cuarto de esta resolución. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a José Vicente Rentería Ibarra, contra el diverso acto reclamado del Presidente Municipal y Directora de Recursos Humanos, ambos del Ayuntamiento Constitucional de Zapopan, Jalisco, por las razones y fundamentos indicados en el último de los considerandos de este fallo. Notifíquese.
- Principal
Zapopan, Jalisco, veinticuatro de enero de dos mil veintitrés. Resolución con motivo de la consulta de returno. Glósese a los autos el oficio SECNO/CT/24/2023 de la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, que contiene transcripción de la resolución a la consulta formulada por este órgano jurisdiccional, respecto de los argumentos por los cuales el Juzgado Decimoctavo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, rechazó el returno planteado en el presente asunto, en proveído de trece de diciembre de dos mil veintidós. Acúsese el recibo y háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno electrónico, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora bien, visto el contenido del oficio se advierte que declaró competente a este juzgado federal de continuar con la substanciación del presente juicio; sin embargo, agréguese como corresponda toda vez que en proveído de trece de diciembre de dos mil veintidós, se proveyó al respecto de la admisión de la demanda de amparo y se fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese.
- Principal
Zapopan, Jalisco, doce de enero de dos mil veintitrés. Autoridad responsable rinde informe justificado. Tengase por recibido el oficio signado por la responsable, mediante el cual, con fundamento en los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, rinde informe justificado. Se da vista a las partes. Con lo anterior, dese vista a las partes para que se impongan de su contenido; en la inteligencia de que los autos quedan a su disposición en la secretaría de este órgano jurisdiccional y hágase la relación correspondiente en la audiencia constitucional, para los efectos legales conducentes. Causales de improcedencia. Así también, téngasele haciendo valer causales de improcedencia, las cuales, conforme lo prevé el artículo 64 de la ley de la materia, serán tomadas en consideración al momento de resolver. Señalan delegados. Por otra parte, se les tiene como delegados a las personas de su intención, en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo, por así solicitarlo expresamente. Consulta de expediente electrónico. Con fundamento en lo establecido en el artículo 3 de la Ley de Amparo y el numeral 35 del Acuerdo General Conjunto 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, bajo su más estricta responsabilidad, se autoriza úncamente la consulta vía electrónica de este juicio de amparo, a través del usuario********************y ********************Se autoriza uso de medios electrónicos En otro contexto, de conformidad con la circular 12/2009 del Pleno de la Judicatura Federal, como lo solicita se autoriza la reproducción de las actuaciones que obren en el expediente en que se actúa, dejando constancia en el expediente de la reproducción obtenida a través de medios electrónicos, tales como cámaras fotográficas, scanner portátiles, celulares con dispositivos fotográficos o similares. En el entendido, que deberá contar con los medios para su reproducción (cámaras, escáner, grabadoras o lectores ópticos), así como si se trata de documentos cuya difusión este reservada por disposición legal. Asimismo, dígasele a la solicitante que el uso que le dé a las copias obtenidas como cámaras, escáner, grabadoras o lectores ópticos, será bajo su más estricta responsabilidad. Apoya a lo anterior por las razones que la informan, la tesis I.3Oc.725 C, sustentas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, tomo XXIX, Marzo de dos mil diecinueve, página dos mil ochocientos cuarenta y siete, cuyo rubro dice: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". Diferimiento. En consecuencia, para dar margen a que las partes se impongan de la presente determinación, se ordena diferir la audiencia constitucional señalada para el día hoy y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL QUINCE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su verificativo. Notifíquese.
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