José Vicente Villegas Hidalgo
Expediente 301/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 20 actuaciones registradas, la última del 12 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 301/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 12/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- José Vicente Villegas Hidalgo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo para recurrir en revisión la sentencia que negó la protección constitucional; sin que se impugnara; en consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que causó ejecutoria. Archívese el expediente como totalmente concluido, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno electrónico. Tomando en consideración que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el numeral 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se concluye que no es de relevancia documental. En términos del artículo 17, fracción III, inciso a) de dicho ordenamiento, se hace la observación de que el expediente es conservable, en razón de que se negó el amparo. El incidente de suspensión, con fundamento en el artículo 17, fracción III, inciso b) del Acuerdo General mencionado, es conservable, pues se concedió la medida cautelar. No obra en autos documento original, en los términos que establece el ordinal 3, fracción XX, del Acuerdo General de referencia. Por otro lado, tomando en consideración que las autoridades responsables remitieron diversas constancias en justificación de sus actos; se ordena su devolución a su lugar de procedencia, en el entendido de que el actuario de la adscripción deberá verificar que en el sello de recepción se asiente el número de tomos entregados, por lo que resulta innecesario el acuse de recibo correspondiente. En cumplimiento al artículo 42 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, en relación con la publicación de la totalidad de las sentencias, así como la implementación del buscador de resoluciones especializado en el sistema de justicia penal adversarial, y la circular interna 03/2022 de veintisiete de abril de dos mil veintidós, el secretario encargado de la tramitación del expediente certificó que la versión pública del fallo dictado en el presente asunto está disponible en la liga institucional: https://www.cjf.gob.mx/micrositios/dggj/paginas/serviciosTramites.htm?pageName=servicios%2Fexpedie ntes.htm y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, lo que se tiene por realizado para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
día y hora señalados para la CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL en el juicio de amparo 301/2023; el Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, ..., asistido de ..., Secretario que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declara abierta sin la asistencia de las partes. A continuación el Secretario hace relación de las constancias que obran agregadas en autos, y da cuenta con: A) Demanda de amparo; B) Oficios por los cuales las autoridades responsables rindieron su informe justificado; C) Emplazamiento de la parte tercera interesada. Al efecto se acuerda: Téngase por hecha la relación que antecede para los efectos legales conducentes. A continuación se procede a la apertura del período probatorio, en el que se hace constar que ninguna de las partes las ofreció. Al no haber elementos de convicción por desahogar, se cierra el presente periodo y se abre la etapa de alegatos, donde se hace constar que las partes los formularon y la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no rindió intervención; por lo que se cierra esta etapa. Con lo anterior, se da por terminada la audiencia que firma el Juez con el Secretario que da fe para constancia legal, procediendo a dictar la resolución correspondiente. Doy fe.
- Principal
VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 301/2023, promovido por ****, contra actos de la Séptima Sala, Juez y Actuarios adscritos al Juzgado Décimo Primero, todos de lo Civil de la Ciudad de México; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda. La quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de las autoridades citadas por considerarlos violatorios de los derechos humanos reconocidos en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión. Este Juzgado Federal admitió la demanda, previa queja fundada, dio intervención a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; señaló parte tercera interesada; y requirió informe justificado. La representante social de la Federación adscrita no formuló intervención; se tuvieron por rendidos los informes justificados; se emplazó a la parte tercera interesada; finalmente, la audiencia constitucional se celebró en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, es competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República; 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 37 y 107, de la Ley de Amparo, en atención a que se trata de un juicio constitucional indirecto promovido contra actos derivados de un proceso de naturaleza civil, tramitado ante un Juzgado dentro del ámbito de competencia de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Se fijan los actos reclamados, en términos de la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, de la siguiente forma: Resolución de dos de marzo de dos mil veintitrés, emitida en el toca ... por la Séptima Sala Civil de la Ciudad de México, que declaró infundada la queja interpuesta contra el auto que inadmitió la apelación incoada en contra del auto dictado en el juicio especial hipotecario ... del índice del Juzgado Décimo Primero Civil de la Ciudad de México, que ordena dar cumplimiento al proveído que estableció el lanzamiento del inmueble identificado como "...", procedente del Fraccionamiento de ..., en esta Ciudad." TERCERO. Existencia. La Sala responsable aceptó la existencia de los actos que se le atribuyen. Por su parte, el a quo no aceptó ni negó la existencia de los actos reclamados, empero, en su carácter de ejecutora, está en posibilidades de materializar lo requerido por la Sala responsable; por esto, se tiene por rendido en sentido afirmativo. Sirve de apoyo, por analogía, la tesis del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, de rubro: "ACTO RECLAMADO NEGADO POR AUTORIDADES EJECUTORAS Y ADMITIDO POR LA AUTORIDAD ORDENADORA. DEBE TENERSE POR CIERTO.". Certeza que se hace extensiva al actuario, en razón de que indicó que se adhería al informe rendido por el juez responsable. Lo que se corrobora con las copias certificadas del juicio de origen; las cuales, por tener el carácter de actuaciones judiciales, tienen valor probatorio pleno, de acuerdo con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Antecedentes. A fin de contar con información suficiente sobre el problema jurídico planteado, se enlistan las actuaciones que precedieron a los actos reclamados: I. El diez de julio de dos mil trece, se dictó sentencia definitiva en el juicio especial hipotecario promovido por ... contra ..., ... y ..., en su calidad de fiduciaria en el contrato del fideicomiso; misma que fue revocada en segunda instancia el diez de marzo de dos mil catorce, donde se condenó a los demandados al pago de suerte principal más intereses moratorios. II. Previa solicitud de la vencedora del proceso, en auto de diez de septiembre de dos mil catorce, se aprobó la adjudicación directa del inmueble materia del juicio a favor de la parte actora y la previno para que señalara notario para que elaborara la escritura correspondiente. III. El diecinueve de mayo de dos mil dieciséis, se ordenó requerir a la demandada para que entregara y desocupara el bien litigioso, bajo apercibimiento que de no hacerlo sería lanzada. IV. El seis de abril de dos mil dieciocho, ante la oposición para cumplir con lo solicitado ordenó turnar los autos al actuario para que practicara la diligencia ordenada con rompimiento de cerraduras y el auxilio de fuerza pública. V. El doce de diciembre de dos mil veintidós, se ordenó nuevamente turnar los autos para dar cumplimiento a lo ordenado en el auto de seis de abril aludido, debido a que se negó el amparo y protección en el juicio de amparo directo ... del índice del Decimosexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, promovido por ***** donde reclamó la sentencia de veinticinco de agosto de dos mil veintiuno, emitida por la Séptima Sala Civil de la Ciudad de México en el toca ..., derivada de la tercería excluyente de dominio tramitada con motivo del juicio natural. VI. Inconforme ***** (tercero excluyente de dominio), interpuso recurso de apelación, el cual se desechó el veinte de enero de dos mil veintitrés. VII. Inconforme el promovente interpuso recurso de queja, el cual tocó conocer a la Sala responsable y el dos de marzo de dos mil veintitrés, lo declaró infundado. Esta actuación constituye el acto reclamado. QUINTO. Estudio de los conceptos de violación. La parte quejosa aduce que se violaron los derechos consagrados en los artículos 1, 14, 16 y 17 Constitucionales, en razón de que: a. No es legal lo indicado por la responsable en el sentido de que era intrascendente la falta de análisis del juez de lo dispuesto en el artículo 107 de la Ley de Amparo, con relación a lo que debe considerarse como la última resolución en la etapa de ejecución. a.1. La determinación recurrida mediante el recurso de apelación no constituye la última resolución, porque la orden de desocupación y entrega se dictó en la etapa de ejecución de la sentencia, pues el ejecutante ya había iniciado el procedimiento de remate con la exhibición de los certificados de libertad de gravámenes y avalúos, aun cuando se haya empleado la adjudicación directa de los bienes hipotecados, lo cual revela en todo caso la determinación que ordenó se elaborara la escritura y ordenó la entrega del inmueble fue la última determinación dictada en esa etapa. a.2. Los actos posteriores a esa determinación ya no se emiten en el procedimiento de remate, sino en la etapa de ejecución de sentencia posterior a ésta, como ocurrió con el auto de doce de diciembre de dos mil veintidós, que se impugnó a través de la apelación, al ser éste el recurso idóneo para la revocación o modificación del acuerdo recurrido. a.3. Validó la actuación de la jueza sin considerar que el proveído fue dictado en la etapa de ejecución de sentencia del juicio especial hipotecario de origen, pero sin configurar la última resolución en esa etapa, porque con ésta no se reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado ni declara la imposibilidad jurídica o material para darle cumplimiento, ni ordena el archivo definitivo del expediente. a.4. No es procedente que se indique que el acto reclamado fue dictado directamente para la ejecución de la sentencia definitiva, en específico del resolutivo quinto, por tratarse de una actuación dictada en el procedimiento de remate, pues como lo dispone el precepto 107 de la Ley de Amparo la última resolución es la que ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega del bien, sin embargo basta que se emita una sola de esas resoluciones o determinaciones para considerar actualizada esa actuación, lo que hace procedente el recurso contra la determinación recurrida. a.5. No examinó el acto a la luz de los agravios que se hicieron valer oportunamente, pues de haberlo hecho, hubiera advertido que el auto que se pretendió recurrir no fue dictado en la etapa de remate, sino en la etapa posterior al remate, por lo que no es la última resolución en la etapa de ejecución. a.6. Se omitió pronunciarse respecto de los agravios se hicieron valer en el recurso de queja, al no establecer el estudio pormenorizado de la interpretación armonizada del precepto 527 del Código adjetivo con el 107 de la Ley de la materia, con lo que se violenta el principio de exhaustividad pues no resuelve todo lo que se puso a su consideración. a.7. Es violatorio del principio de convencionalidad, pues impide el derecho de segunda instancia respecto del acuerdo de doce de diciembre de dos mil veintidós, bajo el riguroso tamiz de que se encuentra en la última determinación a que se refiere el artículo 527 del Código de Procedimientos Civiles, lo que no garantiza el acceso a la tutela judicial efectiva. b. No dio respuesta al agravio que se formuló en el sentido de que el juez invocó el artículo 527 supletorio a la legislación mercantil cuando se encuentran en un procedimiento de carácter civil porque la vía intentada es precisamente la especial hipotecaria, cuyas disipaciones que lo rigen son precisamente las de legislaciones civiles y mercantiles. c. La responsable se limitó a reproducir las jurisprudencias y tesis aisladas que se citaron en los agravios, sin establecer por qué razón no eran aplicables al caso o bien, como es que desarrolló un tema distinto a los criterios citados o que están encaminados a un supuesto ajeno al que se expuso en la queja planteada, pues no basta con que indicara que fue "correcta" la determinación del juez, sino que tenía que exponer las razones que la llevaron a esa convicción. d. Carece de motivación, pues la autoridad realizó la cita de diversos preceptos, pero sin explicar porque resultaban aplicables esas disposiciones encuadrándolas con su razonamiento, porque se limitó a indicar que era correcta la determinación del juez de ubicar la resolución impugnada como la última en la etapa de ejecución, lo cual es contrario a lo que se pidió en los agravios. Los conceptos de violación precisados del a. al a.7. son infundados, los cuales serán analizados como fueron agrupados por integrar temas afines, aunque no corresponda a la forma planteada por la quejosa, como lo permite el artículo 76 de la Ley de Amparo. La tutela jurisdiccional efectiva reconocida en el artículo 17 Constitucional debe entenderse en sentido amplio como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión. En el entendido de que el poder público no puede supeditar el acceso a los tribunales a obstáculos o requisitos impeditivos, si tales trabas resultan innecesarias, excesivas y carentes de razonabilidad o proporcionalidad respecto de los fines que lícitamente puede perseguir el legislador. Así, se ha señalado que el derecho de acceso a la tutela jurisdiccional comprende tres etapas, a las que corresponden tres derechos que lo integran: (i) una etapa previa al juicio, que corresponde el derecho de acceso a la justicia, el cual parte del derecho de acción como una especie del derecho de petición que se dirige a las autoridades jurisdiccionales y que motiva un pronunciamiento por parte de éstas; (ii) una etapa judicial que va desde el inicio del procedimiento y hasta la última actuación dentro del mismo, al que corresponden las garantías del debido proceso y el derecho a obtener una sentencia; y, (iii) una etapa posterior al juicio, que se identifica con la eficacia o ejecución de las resoluciones emitidas con motivo de aquél. A nivel internacional, esa prerrogativa se encuentra consagrada en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, cuyo contenido prevé que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los Jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la propia Convención; por lo que los Estados se comprometen a garantizar que la autoridad competente decida sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso, a desarrollar las posibilidades de recurso judicial y a garantizar el cumplimiento de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso. Por su parte, el artículo 527 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, dispone que la última resolución dictada para la ejecución de una sentencia no admite recurso alguno. En el caso, en la sentencia reclamada la Sala responsable determinó procedente confirmar el auto donde se inadmitió el recurso de apelación contra el acuerdo que ordenaba cumplir con la orden de poner en posesión de la ejecutante el inmueble materia de la litis, bajo los argumentos siguientes: El auto recurrido sí debe ser considerado como la última resolución en el procedimiento, pues de su contenido se advierte que ordena turnar los autos al actuario adscrito al Juzgado responsable para que se lleve a cabo la diligencia de entrega del inmueble materia del juicio a la parte actora, con la autorización de rompimiento de cerraduras y uso de fuerza pública, en virtud de que ya se adjudicó el mismo a la parte actora e incluso se tiró la escritura de adjudicación, por lo que es inconcuso que sí constituye esa actuación, colocándola en el supuesto normativo del artículo 527 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México. El que el juez no haya efectuado un análisis de lo dispuesto por el artículo 107 de la Ley de Amparo con relación a lo que debe considerarse como "última resolución", no implica que deba desconocerse la naturaleza del auto que el quejoso pretenda apelar, pues incluso, con el contenido de ese numeral, se puede concluir que efectivamente se trata de la orden final que debe dictarse en el juicio, tal como lo establece el párrafo tercero de la fracción cuarta del numeral en cita. No puede perderse de vista que la orden de entrega del inmueble contenida en el auto que el quejoso pretendía recurrir, a través del recurso de apelación, deriva de la sentencia definitiva revocada por la alzada en segunda instancia, donde en el resolutivo quinto se ordenó el trance y remate de los bienes hipotecados, para el caso de que la demandada incumpliera con el pago de la condena, por lo que el acuerdo recurrido se trata de la última resolución en la etapa de remate, por lo que es correcta la determinación del juez de no admitir a trámite el recurso de apelación. No pasa desapercibido que el quejoso sustentara sus agravios en algunos criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin embargo ellos no cobran aplicabilidad en el sentido que el impetrante quiere darle, pues contrario a lo que indica, con ellos se acredita es que la orden de lanzamiento contenida en el auto impugnado fue dictada directa e inmediatamente "para" la ejecución de la sentencia definitiva, específicamente en el resolutivo quinto y se trata de una determinación emitida en el proceso de remate, que ordenó la entrega de los bienes a la parte actora. Lo anterior se considera apegado a la Constitución, en razón de que, contrario a lo que indica la parte quejosa, la determinación de doce de diciembre de dos mil veintidós, que ordenó nuevamente turnar los autos para que practicara la diligencia de lanzamiento con rompimiento de cerraduras y el auxilio de fuerza pública, sí constituye la última determinación dictada en el procedimiento de remate, por lo que no es procedente el recurso de apelación en su contra. Ello, atendiendo a que el juicio de origen es un especial hipotecario que se lleva en esta Ciudad, por lo que su trámite se rige con lo dispuesto en el artículo 527 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, el cual dispone que la última resolución dictada para la ejecución de una sentencia no admite recurso alguno. Lo cual implica, a contrario sensu, que contra las resoluciones emitidas en la fase de ejecución de sentencia -dentro de la cual se ubica el procedimiento de remate-, que no constituyan la última resolución en esa etapa procesal, son recurribles a través de los recursos que regula el citado ordenamiento adjetivo civil. No obstante, la referida legislación ni precisa ni define qué debe entenderse por última resolución para la ejecución de sentencia ni específicamente cuál es la última resolución en el procedimiento de remate. Por tanto, a fin de garantizar el respeto a la tutela judicial efectiva y dar certeza jurídica sobre las resoluciones que en el procedimiento de remate son impugnables a través de algún recurso ordinario y cuáles no, con fundamento en lo previsto en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25 de la Convención Americana sobre los derechos humanos, este Juzgado estima que ante el silencio del legislador ordinario en cuanto a lo que debe entenderse por "última resolución dictada para la ejecución de una sentencia" y específicamente cuál es la última resolución dictada en el procedimiento de remate, se acude por analogía y por mayoría de razón a la definición que establece el artículo 107 fracción IV párrafo tercero de la Ley de Amparo, ante la inexistencia de otra norma general, prevista en el ordenamiento procesal aplicable al juicio de origen, que proporcione una interpretación o definición diferente. Orienta lo anterior, la tesis I.11o.C.1 C (11a.) del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que dice: "REMATE. PARA DETERMINAR CUÁL ES LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN EN DICHO PROCEDIMIENTO Y SI EN SU CONTRA PROCEDE ALGÚN RECURSO PREVIAMENTE AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, DEBE INTERPRETARSE EL ARTÍCULO 527 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL, APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, ACORDE CON LA DEFINICIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN IV, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE LA MATERIA. Hechos: La demandada en el juicio hipotecario de origen reclamó en amparo indirecto las resoluciones emitidas en fechas distintas, mediante las cuales se ordenó tirar la escritura de adjudicación por remate y la entrega del bien rematado. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que la expresión "última resolución dictada para la ejecución de la sentencia" contenida en el artículo 527 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, debe interpretarse acorde con la definición prevista en el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo; ello, a fin de establecer cuál es la última resolución dictada en el procedimiento de remate y, a partir de esa premisa, determinar si contra los actos reclamados emitidos en esa fase procesal procede o no algún recurso regulado en el citado ordenamiento, previamente a promover el juicio de amparo indirecto. Justificación: Lo anterior, porque el artículo 527 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, dispone que la última resolución dictada para la ejecución de una sentencia no admite recurso alguno. Lo cual implica, a contrario sensu, que contra las resoluciones emitidas en la fase de ejecución de sentencia -dentro de la cual se ubica el procedimiento de remate-, que no constituyan la última resolución en esa etapa procesal, son recurribles a través de los recursos que regula el citado código. No obstante, dicho código no precisa ni define qué debe entenderse por última resolución en la fase de ejecución de sentencia, ni especifica cuál es la última resolución en el procedimiento de remate. Por tanto, a fin de garantizar el respeto a la tutela judicial efectiva y dar certeza jurídica sobre las resoluciones que en el procedimiento de remate son impugnables a través de algún recurso ordinario y cuáles no, con fundamento en lo previsto en los artículos 1o., párrafo segundo, 14, párrafo segundo y 17, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se estima que, ante el silencio del legislador ordinario en establecer qué debe entenderse por "última resolución dictada para la ejecución de una sentencia", y específicamente, cuál es la última resolución dictada en el procedimiento de remate; debe acudirse, por analogía y mayoría de razón, a la definición que a ese respecto establece el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, ante la inexistencia de otra norma general, prevista en el ordenamiento procesal aplicable al juicio de origen, que proporcione una interpretación o definición diferente. De esta forma la última resolución dictada en el procedimiento de remate es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Además, no debe perderse de vista que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 13/2016 (10a.), de título y subtítulo: "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).", sustentó que la última resolución en el procedimiento de remate es aquella que, de forma indistinta, ordena la entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Esto es, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos derivados de un procedimiento de remate, la última resolución en dicha fase procesal es, indistintamente, cualquiera de las siguientes que se dicte primero en tiempo: 1) La que ordena la entrega del bien rematado; 2) La que ordena se tire la escritura de adjudicación; y, 3) Aquella que, en forma conjunta, ordene la realización de los anteriores actos. Ahora bien, con base en las premisas señaladas, acorde con lo previsto en el artículo 527 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México: I. Todas las resoluciones emitidas para la ejecución de una sentencia son recurribles a través de los recursos previstos en el referido ordenamiento procesal. II. La última resolución dictada en ese periodo no es recurrible. III. En el procedimiento de remate sólo son irrecurribles cualquiera de las siguientes resoluciones que se emita primero en tiempo: a) La que ordena la entrega del bien rematado; b) Aquella que ordena se tire la escritura de adjudicación; y, c) La que de manera conjunta ordene la realización de los anteriores actos." Esto es, para efectos de la procedencia de la acción constitucional en vía indirecta contra actos derivados de un procedimiento de remate, la última resolución en dicha fase procesal es, indistintamente, cualquiera de las siguientes: La que ordene se tire la escritura de adjudicación; La que ordena la entrega del bien rematado; y, Aquella que, en forma conjunta, ordene la realización de los anteriores actos. Con base en las premisas señaladas acorde a lo previsto en el artículo 527 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México: Todas las resoluciones emitidas para la ejecución de una sentencia son recurribles a través de los recursos previstos en el referido ordenamiento procesal, salvo que se trate de la última resolución dictada para la ejecución de una sentencia. Entonces, el procedimiento de remate tiene esa naturaleza o condición, cualquiera de las siguientes resoluciones: Aquella que ordena se tire la escritura de adjudicación. La que ordena la entrega de la posesión del bien rematado. La que de manera conjunta ordene la realización de los anteriores actos. De esta forma, es dable concluir que el auto de doce de diciembre de dos mil veintidós, que se dictó dentro de la etapa de remate, pues ya se había aprobado la adjudicación y realizado la escrituración del bien, encuadra en los supuestos aludidos en las porciones normativas citadas, como la última resolución dictada en el procedimiento de remate, como correctamente lo indicó la autoridad, pues en ella se ordena en forma definitiva la entrega de la posesión del bien rematado, es decir, el hecho de que se turnaran los autos para que el actuario adscrito al Juzgado de origen practicara el lanzamiento del bien con fuerza pública y rompimiento de cerraduras, actualiza el supuesto previsto en los preceptos citados identificados como 2 y II. Inciso b), lo que hace dable afirmar que esa determinación no es recurrible. Sin que sea obstáculo el hecho de que la quejosa indique que ya se había ordenado la adjudicación y la escritura del bien, por lo que el auto recurrido no fue dictado en el remate sino en la de ejecución, por lo que ahora la última determinación en esa etapa debe ser la que determine que se cumplió o no con lo sentenciado y ordene el archivo del asunto, en razón de que esa consideración únicamente podría hacerse cuando alguna de las partes ya hubiera promovido el juicio de amparo previsto en el artículo 107 fracción IV de la ley de la materia donde hicieran valer todas las violaciones procesales, lo cual no ha acontecido, de modo que se advierte el auto recurrido sigue emitiéndose en la etapa de remate pues está directamente vinculada con la adjudicación del bien, aunado a que el Máximo Tribunal ya ha definido que basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, lo que acontece con el acuerdo aludido ya que en éste se ordena la entrega del bien a la ejecutante. Lo cual se robustece con la jurisprudencia 1a./J. 13/2016 (10a.) de la Primer Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De conformidad con el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, contra la última resolución dictada, entendida ésta como aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Disposición de la cual se advierte una problemática al incluir la conjunción copulativa "y" de la que se puede interpretar que es necesario dictar ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, de lo cual se advierte que, de ser así, dicha situación puede provocar un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial, pues si bien quizá se ordene la escrituración del inmueble en el procedimiento de remate, la autoridad responsable omita dictar la orden de entrega del bien adjudicado, lo que postergaría la fase de ejecución del juicio, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva al obstaculizar la ejecución de una sentencia judicial y a su vez obstaculizando el acceso a la justicia constitucional. Es por ello que esta Primera Sala sostiene que el juzgador federal debe interpretar la norma en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Esto es, la disposición debe leerse no con una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, pues así se satisface la razonabilidad subyacente de la norma que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto el requisito establecido en el párrafo tercero, de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, tiene como objeto evitar que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, en la lógica de que culminar la etapa de ejecución es imprescindible para lograr el goce íntegro del derecho a la tutela judicial." Es decir, no es correcto el hecho de que indique que la determinación fue citada en la etapa de ejecución y no en el proceso de remate, pues, como ya se vio, una vez iniciado el proceso de remate su conclusión únicamente se da cuando se ordena se tire la escritura de adjudicación; la entrega de la posesión del bien rematado; o bien, se determina de manera conjunta la realización de los anteriores actos; lo cual, como ya se vio, se actualiza en el auto recurrido, lo que torna constitucional lo realizado por la autoridad en el acto reclamado e infundado lo alegado por la accionante de amparo. Lo anterior hace ineficaz lo aludido por la quejosa en el inciso b. en el sentido de que la Sala no resolvió sobre el tema de que el juez indicó incorrectamente que el artículo 527 citado se invocaba de forma supletoria a la legislación mercantil (cuando el asunto es civil), en razón de que la autoridad utilizó para resolver el Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, legislación que es la aplicable en el asunto especial hipotecario natural, como ya se indicó, por lo que al ser correcto lo resuelto por la autoridad responsable y apegado a la Constitución Federal, aun cuando se pronunciara al respecto no cambiaría la resolución recurrida. En diverso aspecto, también es infundado el concepto de violación descrito en el inciso c., en razón de que, contrario a lo que indica la parte quejosa, la Sala responsable en el acto reclamado no se limitó a transcribir los criterios que indicó en sus agravios, pues sobre ellos sí realizó el pronunciamiento del porqué consideró no eran aplicables al caso, como fue "No pasa desapercibido que el quejoso sustentara sus agravios en algunos criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin embargo ellos no cobran aplicabilidad en el sentido que el impetrante quiere darle, pues contrario a lo que indica, con ellos se acredita es que la orden de lanzamiento contenida en el auto impugnado fue dictada directa e inmediatamente "para" la ejecución de la sentencia definitiva, específicamente en el resolutivo quinto y se trata de una determinación emitida en el proceso de remate, que ordenó la entrega de los bienes a la parte actora.", por lo que en su caso debió de combatir esas consideraciones y no alegar que la autoridad no se pronunció al respecto cuando se advierte sí lo realizó. En diverso aspecto, también es infundado el concepto de violación descrito en el inciso d., porque, contrario a lo que indica la impetrante de amparo, la autoridad sí explicó porque resultaban aplicables los preceptos legales que consideró para resolver, como se advierte de las consideraciones realizadas en el acto reclamado sintetizadas al analizar los motivos de inconformidad descritos en los incisos a. al a.7. Lo que demuestra que la resolución reclamada fue fundada y motivada, de ahí lo infundado de su concepto de violación. No pasa desapercibido para el suscrito, el hecho de que la parte quejosa citara los criterios: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDENCIA CONFORME LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE AMPARO. LA ORDEN DE ESCRITURACIÓN EN REBELDÍA O DESALOJO ANTE EL DESACATO DEL EJECUTADO CONSTITUYE UN ACTO DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN." "REMATE. ÚNICAMENTE PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN, CONTRA LA QUE DISPONE LA ENTREGA DE LA POSESIÓN DEL INMUEBLE REMATADO, LO QUE OCURRA PRIMERO, POR LO QUE NO ES DABLE PROMOVERLO CONTRA OTRA QUE SE CONSIDERE DE LA MISMA CLASE (ÚLTIMA), ATENTO A LOS PRINCIPIOS DE PRECLUSIÓN Y DE CONCENTRACIÓN DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO." "ACTOS DICTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO (ETAPA DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA). REGLAS PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA." "SEGURIDAD JURÍDICA. ALCANCE DE LAS GARANTÍAS INSTRUMENTALES DE MANDAMIENTO ESCRITO, AUTORIDAD COMPETENTE Y FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 16, PRIMER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, PARA ASEGURAR EL RESPETO A DICHO DERECHO HUMANO." "MOTIVACIÓN. SÓLO SU OMISIÓN TOTAL O LA QUE SEA TAN IMPRECISA QUE NO DÉ ELEMENTOS PARA DEFENDERSE DEL ACTO, DA LUGAR A LA CONCESIÓN DEL AMPARO." "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE." "EXHAUSTIVIDAD. SU EXIGENCIA IMPLICA LA MAYOR CALIDAD POSIBLE DE LAS SENTENCIAS, PARA CUMPLIR CON LA PLENITUD EXIGIDA POR EL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL." Pues con el contenido de esta sentencia no se controvierten, en razón de que, respecto la primera, segunda y tercera, se explicó el motivo de porqué la actuación que fue recurrida sí debe ser contemplada como la última en la etapa de remate, por lo que no es recurrible conforme la legislación aplicable al asunto; con relación a la cuarta, quinta y sexta, se advirtió que la autoridad cumplió con el principio de motivación conforme lo alegado por la parte accionante de amparo; con relación a la séptima, también se analizó lo relativo a las omisiones que atribuyó a la Sala en el acto reclamado, sin embargo, como ya se explicó, no se consideran suficientes para otorgar la protección constitucional por los motivos expuestos; de modo que los criterios aludidos no abonan evidenciar alguna violación de derechos a la parte quejosa que haga procedente conceder el amparo y protección de la justicia federal, aunado a que algunos de ellos consisten en tesis aisladas que no son de observancia obligatoria para el suscrito conforme lo previsto en el artículo 217 de la Ley de Amparo. En las narradas condiciones, al no demostrarse la inconstitucionalidad del acto reclamado resulta procedente negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. Dicha negativa, se hace extensiva al juez y actuario responsables, toda vez que no se reclaman sus actos por vicios propios, de conformidad con la jurisprudencia, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, cuyo rubro es: "AUTORIDADES EJECUTORAS. NEGACIÓN DE AMPARO CONTRA ORDENADORAS.". Sin que pasen inadvertidos los alegatos vertidos por las partes; sin embargo, no se aborda el estudio de sus aseveraciones, ya que no forman parte de la litis en el amparo. Orienta lo expuesto la tesis P./J. 27/94, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO.". Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en lo establecido en los artículos 73, 74, 75, 76, 217 y 218 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: Único. La justicia de la unión no ampara ni protege a ******, contra actos de la Séptima Sala, Juez y Actuarios adscritos al Juzgado Décimo Primero, todos de lo Civil de la Ciudad de México, precisados en el segundo considerando, por las razones indicadas en el diverso último de esta sentencia. NOTIFÍQUESE COMO LEGALMENTE CORRESPONDA. Lo sentencia y firma ..., Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, asistido de ..., Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, en términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, hasta hoy once de agosto de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.
- Principal
(AVISO) EN VIRTUD DE QUE EL QUEJOSO NO ACUDIÓ PERSONALMENTE O POR CONDUCTO DE QUIEN LEGALMENTE LO REPRESENTE EN EL TÉRMINO DE DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL LOCAL DE ESTE JUZGADO, AL CITATORIO QUE SE DEJÓ EL 16 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA SENTENCIA CON FECHA DE ENGROSE 11 DE AGOSTO DE ESTE AÑO, QUE EN SÍNTESIS DICE: "VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 301/2023, promovido por ****, contra actos de la Séptima Sala, Juez y Actuarios adscritos al Juzgado Décimo Primero, todos de lo Civil de la Ciudad de México; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda. La quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de las autoridades citadas por considerarlos violatorios de los derechos humanos reconocidos en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión. Este Juzgado Federal admitió la demanda, previa queja fundada, dio intervención a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; señaló parte tercera interesada; y requirió informe justificado. La representante social de la Federación adscrita no formuló intervención; se tuvieron por rendidos los informes justificados; se emplazó a la parte tercera interesada; finalmente, la audiencia constitucional se celebró en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, es competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República; 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 37 y 107, de la Ley de Amparo, en atención a que se trata de un juicio constitucional indirecto promovido contra actos derivados de un proceso de naturaleza civil, tramitado ante un Juzgado dentro del ámbito de competencia de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Se fijan los actos reclamados, en términos de la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, de la siguiente forma: Resolución de dos de marzo de dos mil veintitrés, emitida en el toca ... por la Séptima Sala Civil de la Ciudad de México, que declaró infundada la queja interpuesta contra el auto que inadmitió la apelación incoada en contra del auto dictado en el juicio especial hipotecario ... del índice del Juzgado Décimo Primero Civil de la Ciudad de México, que ordena dar cumplimiento al proveído que estableció el lanzamiento del inmueble identificado como "...", procedente del Fraccionamiento de ..., en esta Ciudad." TERCERO. Existencia. La Sala responsable aceptó la existencia de los actos que se le atribuyen. Por su parte, el a quo no aceptó ni negó la existencia de los actos reclamados, empero, en su carácter de ejecutora, está en posibilidades de materializar lo requerido por la Sala responsable; por esto, se tiene por rendido en sentido afirmativo. Sirve de apoyo, por analogía, la tesis del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, de rubro: "ACTO RECLAMADO NEGADO POR AUTORIDADES EJECUTORAS Y ADMITIDO POR LA AUTORIDAD ORDENADORA. DEBE TENERSE POR CIERTO.". Certeza que se hace extensiva al actuario, en razón de que indicó que se adhería al informe rendido por el juez responsable. Lo que se corrobora con las copias certificadas del juicio de origen; las cuales, por tener el carácter de actuaciones judiciales, tienen valor probatorio pleno, de acuerdo con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Antecedentes. A fin de contar con información suficiente sobre el problema jurídico planteado, se enlistan las actuaciones que precedieron a los actos reclamados: I. El diez de julio de dos mil trece, se dictó sentencia definitiva en el juicio especial hipotecario promovido por ... contra ..., ... y ..., en su calidad de fiduciaria en el contrato del fideicomiso; misma que fue revocada en segunda instancia el diez de marzo de dos mil catorce, donde se condenó a los demandados al pago de suerte principal más intereses moratorios. II. Previa solicitud de la vencedora del proceso, en auto de diez de septiembre de dos mil catorce, se aprobó la adjudicación directa del inmueble materia del juicio a favor de la parte actora y la previno para que señalara notario para que elaborara la escritura correspondiente. III. El diecinueve de mayo de dos mil dieciséis, se ordenó requerir a la demandada para que entregara y desocupara el bien litigioso, bajo apercibimiento que de no hacerlo sería lanzada. IV. El seis de abril de dos mil dieciocho, ante la oposición para cumplir con lo solicitado ordenó turnar los autos al actuario para que practicara la diligencia ordenada con rompimiento de cerraduras y el auxilio de fuerza pública. V. El doce de diciembre de dos mil veintidós, se ordenó nuevamente turnar los autos para dar cumplimiento a lo ordenado en el auto de seis de abril aludido, debido a que se negó el amparo y protección en el juicio de amparo directo ... del índice del Decimosexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, promovido por ***** donde reclamó la sentencia de veinticinco de agosto de dos mil veintiuno, emitida por la Séptima Sala Civil de la Ciudad de México en el toca ..., derivada de la tercería excluyente de dominio tramitada con motivo del juicio natural. VI. Inconforme ***** (tercero excluyente de dominio), interpuso recurso de apelación, el cual se desechó el veinte de enero de dos mil veintitrés. VII. Inconforme el promovente interpuso recurso de queja, el cual tocó conocer a la Sala responsable y el dos de marzo de dos mil veintitrés, lo declaró infundado. Esta actuación constituye el acto reclamado. QUINTO. Estudio de los conceptos de violación. La parte quejosa aduce que se violaron los derechos consagrados en los artículos 1, 14, 16 y 17 Constitucionales, en razón de que: a. No es legal lo indicado por la responsable en el sentido de que era intrascendente la falta de análisis del juez de lo dispuesto en el artículo 107 de la Ley de Amparo, con relación a lo que debe considerarse como la última resolución en la etapa de ejecución. a.1. La determinación recurrida mediante el recurso de apelación no constituye la última resolución, porque la orden de desocupación y entrega se dictó en la etapa de ejecución de la sentencia, pues el ejecutante ya había iniciado el procedimiento de remate con la exhibición de los certificados de libertad de gravámenes y avalúos, aun cuando se haya empleado la adjudicación directa de los bienes hipotecados, lo cual revela en todo caso la determinación que ordenó se elaborara la escritura y ordenó la entrega del inmueble fue la última determinación dictada en esa etapa. a.2. Los actos posteriores a esa determinación ya no se emiten en el procedimiento de remate, sino en la etapa de ejecución de sentencia posterior a ésta, como ocurrió con el auto de doce de diciembre de dos mil veintidós, que se impugnó a través de la apelación, al ser éste el recurso idóneo para la revocación o modificación del acuerdo recurrido. a.3. Validó la actuación de la jueza sin considerar que el proveído fue dictado en la etapa de ejecución de sentencia del juicio especial hipotecario de origen, pero sin configurar la última resolución en esa etapa, porque con ésta no se reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado ni declara la imposibilidad jurídica o material para darle cumplimiento, ni ordena el archivo definitivo del expediente. a.4. No es procedente que se indique que el acto reclamado fue dictado directamente para la ejecución de la sentencia definitiva, en específico del resolutivo quinto, por tratarse de una actuación dictada en el procedimiento de remate, pues como lo dispone el precepto 107 de la Ley de Amparo la última resolución es la que ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega del bien, sin embargo basta que se emita una sola de esas resoluciones o determinaciones para considerar actualizada esa actuación, lo que hace procedente el recurso contra la determinación recurrida. a.5. No examinó el acto a la luz de los agravios que se hicieron valer oportunamente, pues de haberlo hecho, hubiera advertido que el auto que se pretendió recurrir no fue dictado en la etapa de remate, sino en la etapa posterior al remate, por lo que no es la última resolución en la etapa de ejecución. a.6. Se omitió pronunciarse respecto de los agravios se hicieron valer en el recurso de queja, al no establecer el estudio pormenorizado de la interpretación armonizada del precepto 527 del Código adjetivo con el 107 de la Ley de la materia, con lo que se violenta el principio de exhaustividad pues no resuelve todo lo que se puso a su consideración. a.7. Es violatorio del principio de convencionalidad, pues impide el derecho de segunda instancia respecto del acuerdo de doce de diciembre de dos mil veintidós, bajo el riguroso tamiz de que se encuentra en la última determinación a que se refiere el artículo 527 del Código de Procedimientos Civiles, lo que no garantiza el acceso a la tutela judicial efectiva. b. No dio respuesta al agravio que se formuló en el sentido de que el juez invocó el artículo 527 supletorio a la legislación mercantil cuando se encuentran en un procedimiento de carácter civil porque la vía intentada es precisamente la especial hipotecaria, cuyas disipaciones que lo rigen son precisamente las de legislaciones civiles y mercantiles. c. La responsable se limitó a reproducir las jurisprudencias y tesis aisladas que se citaron en los agravios, sin establecer por qué razón no eran aplicables al caso o bien, como es que desarrolló un tema distinto a los criterios citados o que están encaminados a un supuesto ajeno al que se expuso en la queja planteada, pues no basta con que indicara que fue "correcta" la determinación del juez, sino que tenía que exponer las razones que la llevaron a esa convicción. d. Carece de motivación, pues la autoridad realizó la cita de diversos preceptos, pero sin explicar porque resultaban aplicables esas disposiciones encuadrándolas con su razonamiento, porque se limitó a indicar que era correcta la determinación del juez de ubicar la resolución impugnada como la última en la etapa de ejecución, lo cual es contrario a lo que se pidió en los agravios. Los conceptos de violación precisados del a. al a.7. son infundados, los cuales serán analizados como fueron agrupados por integrar temas afines, aunque no corresponda a la forma planteada por la quejosa, como lo permite el artículo 76 de la Ley de Amparo. La tutela jurisdiccional efectiva reconocida en el artículo 17 Constitucional debe entenderse en sentido amplio como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión. En el entendido de que el poder público no puede supeditar el acceso a los tribunales a obstáculos o requisitos impeditivos, si tales trabas resultan innecesarias, excesivas y carentes de razonabilidad o proporcionalidad respecto de los fines que lícitamente puede perseguir el legislador. Así, se ha señalado que el derecho de acceso a la tutela jurisdiccional comprende tres etapas, a las que corresponden tres derechos que lo integran: (i) una etapa previa al juicio, que corresponde el derecho de acceso a la justicia, el cual parte del derecho de acción como una especie del derecho de petición que se dirige a las autoridades jurisdiccionales y que motiva un pronunciamiento por parte de éstas; (ii) una etapa judicial que va desde el inicio del procedimiento y hasta la última actuación dentro del mismo, al que corresponden las garantías del debido proceso y el derecho a obtener una sentencia; y, (iii) una etapa posterior al juicio, que se identifica con la eficacia o ejecución de las resoluciones emitidas con motivo de aquél. A nivel internacional, esa prerrogativa se encuentra consagrada en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, cuyo contenido prevé que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los Jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la propia Convención; por lo que los Estados se comprometen a garantizar que la autoridad competente decida sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso, a desarrollar las posibilidades de recurso judicial y a garantizar el cumplimiento de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso. Por su parte, el artículo 527 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, dispone que la última resolución dictada para la ejecución de una sentencia no admite recurso alguno. En el caso, en la sentencia reclamada la Sala responsable determinó procedente confirmar el auto donde se inadmitió el recurso de apelación contra el acuerdo que ordenaba cumplir con la orden de poner en posesión de la ejecutante el inmueble materia de la litis, bajo los argumentos siguientes: El auto recurrido sí debe ser considerado como la última resolución en el procedimiento, pues de su contenido se advierte que ordena turnar los autos al actuario adscrito al Juzgado responsable para que se lleve a cabo la diligencia de entrega del inmueble materia del juicio a la parte actora, con la autorización de rompimiento de cerraduras y uso de fuerza pública, en virtud de que ya se adjudicó el mismo a la parte actora e incluso se tiró la escritura de adjudicación, por lo que es inconcuso que sí constituye esa actuación, colocándola en el supuesto normativo del artículo 527 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México. El que el juez no haya efectuado un análisis de lo dispuesto por el artículo 107 de la Ley de Amparo con relación a lo que debe considerarse como "última resolución", no implica que deba desconocerse la naturaleza del auto que el quejoso pretenda apelar, pues incluso, con el contenido de ese numeral, se puede concluir que efectivamente se trata de la orden final que debe dictarse en el juicio, tal como lo establece el párrafo tercero de la fracción cuarta del numeral en cita. No puede perderse de vista que la orden de entrega del inmueble contenida en el auto que el quejoso pretendía recurrir, a través del recurso de apelación, deriva de la sentencia definitiva revocada por la alzada en segunda instancia, donde en el resolutivo quinto se ordenó el trance y remate de los bienes hipotecados, para el caso de que la demandada incumpliera con el pago de la condena, por lo que el acuerdo recurrido se trata de la última resolución en la etapa de remate, por lo que es correcta la determinación del juez de no admitir a trámite el recurso de apelación. No pasa desapercibido que el quejoso sustentara sus agravios en algunos criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin embargo ellos no cobran aplicabilidad en el sentido que el impetrante quiere darle, pues contrario a lo que indica, con ellos se acredita es que la orden de lanzamiento contenida en el auto impugnado fue dictada directa e inmediatamente "para" la ejecución de la sentencia definitiva, específicamente en el resolutivo quinto y se trata de una determinación emitida en el proceso de remate, que ordenó la entrega de los bienes a la parte actora. Lo anterior se considera apegado a la Constitución, en razón de que, contrario a lo que indica la parte quejosa, la determinación de doce de diciembre de dos mil veintidós, que ordenó nuevamente turnar los autos para que practicara la diligencia de lanzamiento con rompimiento de cerraduras y el auxilio de fuerza pública, sí constituye la última determinación dictada en el procedimiento de remate, por lo que no es procedente el recurso de apelación en su contra. Ello, atendiendo a que el juicio de origen es un especial hipotecario que se lleva en esta Ciudad, por lo que su trámite se rige con lo dispuesto en el artículo 527 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, el cual dispone que la última resolución dictada para la ejecución de una sentencia no admite recurso alguno. Lo cual implica, a contrario sensu, que contra las resoluciones emitidas en la fase de ejecución de sentencia -dentro de la cual se ubica el procedimiento de remate-, que no constituyan la última resolución en esa etapa procesal, son recurribles a través de los recursos que regula el citado ordenamiento adjetivo civil. No obstante, la referida legislación ni precisa ni define qué debe entenderse por última resolución para la ejecución de sentencia ni específicamente cuál es la última resolución en el procedimiento de remate. Por tanto, a fin de garantizar el respeto a la tutela judicial efectiva y dar certeza jurídica sobre las resoluciones que en el procedimiento de remate son impugnables a través de algún recurso ordinario y cuáles no, con fundamento en lo previsto en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25 de la Convención Americana sobre los derechos humanos, este Juzgado estima que ante el silencio del legislador ordinario en cuanto a lo que debe entenderse por "última resolución dictada para la ejecución de una sentencia" y específicamente cuál es la última resolución dictada en el procedimiento de remate, se acude por analogía y por mayoría de razón a la definición que establece el artículo 107 fracción IV párrafo tercero de la Ley de Amparo, ante la inexistencia de otra norma general, prevista en el ordenamiento procesal aplicable al juicio de origen, que proporcione una interpretación o definición diferente. Orienta lo anterior, la tesis I.11o.C.1 C (11a.) del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que dice: "REMATE. PARA DETERMINAR CUÁL ES LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN EN DICHO PROCEDIMIENTO Y SI EN SU CONTRA PROCEDE ALGÚN RECURSO PREVIAMENTE AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, DEBE INTERPRETARSE EL ARTÍCULO 527 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL, APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, ACORDE CON LA DEFINICIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN IV, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE LA MATERIA. Hechos: La demandada en el juicio hipotecario de origen reclamó en amparo indirecto las resoluciones emitidas en fechas distintas, mediante las cuales se ordenó tirar la escritura de adjudicación por remate y la entrega del bien rematado. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que la expresión "última resolución dictada para la ejecución de la sentencia" contenida en el artículo 527 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, debe interpretarse acorde con la definición prevista en el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo; ello, a fin de establecer cuál es la última resolución dictada en el procedimiento de remate y, a partir de esa premisa, determinar si contra los actos reclamados emitidos en esa fase procesal procede o no algún recurso regulado en el citado ordenamiento, previamente a promover el juicio de amparo indirecto. Justificación: Lo anterior, porque el artículo 527 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, dispone que la última resolución dictada para la ejecución de una sentencia no admite recurso alguno. Lo cual implica, a contrario sensu, que contra las resoluciones emitidas en la fase de ejecución de sentencia -dentro de la cual se ubica el procedimiento de remate-, que no constituyan la última resolución en esa etapa procesal, son recurribles a través de los recursos que regula el citado código. No obstante, dicho código no precisa ni define qué debe entenderse por última resolución en la fase de ejecución de sentencia, ni especifica cuál es la última resolución en el procedimiento de remate. Por tanto, a fin de garantizar el respeto a la tutela judicial efectiva y dar certeza jurídica sobre las resoluciones que en el procedimiento de remate son impugnables a través de algún recurso ordinario y cuáles no, con fundamento en lo previsto en los artículos 1o., párrafo segundo, 14, párrafo segundo y 17, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se estima que, ante el silencio del legislador ordinario en establecer qué debe entenderse por "última resolución dictada para la ejecución de una sentencia", y específicamente, cuál es la última resolución dictada en el procedimiento de remate; debe acudirse, por analogía y mayoría de razón, a la definición que a ese respecto establece el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, ante la inexistencia de otra norma general, prevista en el ordenamiento procesal aplicable al juicio de origen, que proporcione una interpretación o definición diferente. De esta forma la última resolución dictada en el procedimiento de remate es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Además, no debe perderse de vista que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 13/2016 (10a.), de título y subtítulo: "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).", sustentó que la última resolución en el procedimiento de remate es aquella que, de forma indistinta, ordena la entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Esto es, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos derivados de un procedimiento de remate, la última resolución en dicha fase procesal es, indistintamente, cualquiera de las siguientes que se dicte primero en tiempo: 1) La que ordena la entrega del bien rematado; 2) La que ordena se tire la escritura de adjudicación; y, 3) Aquella que, en forma conjunta, ordene la realización de los anteriores actos. Ahora bien, con base en las premisas señaladas, acorde con lo previsto en el artículo 527 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México: I. Todas las resoluciones emitidas para la ejecución de una sentencia son recurribles a través de los recursos previstos en el referido ordenamiento procesal. II. La última resolución dictada en ese periodo no es recurrible. III. En el procedimiento de remate sólo son irrecurribles cualquiera de las siguientes resoluciones que se emita primero en tiempo: a) La que ordena la entrega del bien rematado; b) Aquella que ordena se tire la escritura de adjudicación; y, c) La que de manera conjunta ordene la realización de los anteriores actos." Esto es, para efectos de la procedencia de la acción constitucional en vía indirecta contra actos derivados de un procedimiento de remate, la última resolución en dicha fase procesal es, indistintamente, cualquiera de las siguientes: La que ordene se tire la escritura de adjudicación; La que ordena la entrega del bien rematado; y, Aquella que, en forma conjunta, ordene la realización de los anteriores actos. Con base en las premisas señaladas acorde a lo previsto en el artículo 527 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México: Todas las resoluciones emitidas para la ejecución de una sentencia son recurribles a través de los recursos previstos en el referido ordenamiento procesal, salvo que se trate de la última resolución dictada para la ejecución de una sentencia. Entonces, el procedimiento de remate tiene esa naturaleza o condición, cualquiera de las siguientes resoluciones: Aquella que ordena se tire la escritura de adjudicación. La que ordena la entrega de la posesión del bien rematado. La que de manera conjunta ordene la realización de los anteriores actos. De esta forma, es dable concluir que el auto de doce de diciembre de dos mil veintidós, que se dictó dentro de la etapa de remate, pues ya se había aprobado la adjudicación y realizado la escrituración del bien, encuadra en los supuestos aludidos en las porciones normativas citadas, como la última resolución dictada en el procedimiento de remate, como correctamente lo indicó la autoridad, pues en ella se ordena en forma definitiva la entrega de la posesión del bien rematado, es decir, el hecho de que se turnaran los autos para que el actuario adscrito al Juzgado de origen practicara el lanzamiento del bien con fuerza pública y rompimiento de cerraduras, actualiza el supuesto previsto en los preceptos citados identificados como 2 y II. Inciso b), lo que hace dable afirmar que esa determinación no es recurrible. Sin que sea obstáculo el hecho de que la quejosa indique que ya se había ordenado la adjudicación y la escritura del bien, por lo que el auto recurrido no fue dictado en el remate sino en la de ejecución, por lo que ahora la última determinación en esa etapa debe ser la que determine que se cumplió o no con lo sentenciado y ordene el archivo del asunto, en razón de que esa consideración únicamente podría hacerse cuando alguna de las partes ya hubiera promovido el juicio de amparo previsto en el artículo 107 fracción IV de la ley de la materia donde hicieran valer todas las violaciones procesales, lo cual no ha acontecido, de modo que se advierte el auto recurrido sigue emitiéndose en la etapa de remate pues está directamente vinculada con la adjudicación del bien, aunado a que el Máximo Tribunal ya ha definido que basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, lo que acontece con el acuerdo aludido ya que en éste se ordena la entrega del bien a la ejecutante. Lo cual se robustece con la jurisprudencia 1a./J. 13/2016 (10a.) de la Primer Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De conformidad con el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, contra la última resolución dictada, entendida ésta como aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Disposición de la cual se advierte una problemática al incluir la conjunción copulativa "y" de la que se puede interpretar que es necesario dictar ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, de lo cual se advierte que, de ser así, dicha situación puede provocar un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial, pues si bien quizá se ordene la escrituración del inmueble en el procedimiento de remate, la autoridad responsable omita dictar la orden de entrega del bien adjudicado, lo que postergaría la fase de ejecución del juicio, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva al obstaculizar la ejecución de una sentencia judicial y a su vez obstaculizando el acceso a la justicia constitucional. Es por ello que esta Primera Sala sostiene que el juzgador federal debe interpretar la norma en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Esto es, la disposición debe leerse no con una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, pues así se satisface la razonabilidad subyacente de la norma que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto el requisito establecido en el párrafo tercero, de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, tiene como objeto evitar que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, en la lógica de que culminar la etapa de ejecución es imprescindible para lograr el goce íntegro del derecho a la tutela judicial." Es decir, no es correcto el hecho de que indique que la determinación fue citada en la etapa de ejecución y no en el proceso de remate, pues, como ya se vio, una vez iniciado el proceso de remate su conclusión únicamente se da cuando se ordena se tire la escritura de adjudicación; la entrega de la posesión del bien rematado; o bien, se determina de manera conjunta la realización de los anteriores actos; lo cual, como ya se vio, se actualiza en el auto recurrido, lo que torna constitucional lo realizado por la autoridad en el acto reclamado e infundado lo alegado por la accionante de amparo. Lo anterior hace ineficaz lo aludido por la quejosa en el inciso b. en el sentido de que la Sala no resolvió sobre el tema de que el juez indicó incorrectamente que el artículo 527 citado se invocaba de forma supletoria a la legislación mercantil (cuando el asunto es civil), en razón de que la autoridad utilizó para resolver el Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, legislación que es la aplicable en el asunto especial hipotecario natural, como ya se indicó, por lo que al ser correcto lo resuelto por la autoridad responsable y apegado a la Constitución Federal, aun cuando se pronunciara al respecto no cambiaría la resolución recurrida. En diverso aspecto, también es infundado el concepto de violación descrito en el inciso c., en razón de que, contrario a lo que indica la parte quejosa, la Sala responsable en el acto reclamado no se limitó a transcribir los criterios que indicó en sus agravios, pues sobre ellos sí realizó el pronunciamiento del porqué consideró no eran aplicables al caso, como fue "No pasa desapercibido que el quejoso sustentara sus agravios en algunos criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin embargo ellos no cobran aplicabilidad en el sentido que el impetrante quiere darle, pues contrario a lo que indica, con ellos se acredita es que la orden de lanzamiento contenida en el auto impugnado fue dictada directa e inmediatamente "para" la ejecución de la sentencia definitiva, específicamente en el resolutivo quinto y se trata de una determinación emitida en el proceso de remate, que ordenó la entrega de los bienes a la parte actora.", por lo que en su caso debió de combatir esas consideraciones y no alegar que la autoridad no se pronunció al respecto cuando se advierte sí lo realizó. En diverso aspecto, también es infundado el concepto de violación descrito en el inciso d., porque, contrario a lo que indica la impetrante de amparo, la autoridad sí explicó porque resultaban aplicables los preceptos legales que consideró para resolver, como se advierte de las consideraciones realizadas en el acto reclamado sintetizadas al analizar los motivos de inconformidad descritos en los incisos a. al a.7. Lo que demuestra que la resolución reclamada fue fundada y motivada, de ahí lo infundado de su concepto de violación. No pasa desapercibido para el suscrito, el hecho de que la parte quejosa citara los criterios: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDENCIA CONFORME LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE AMPARO. LA ORDEN DE ESCRITURACIÓN EN REBELDÍA O DESALOJO ANTE EL DESACATO DEL EJECUTADO CONSTITUYE UN ACTO DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN." "REMATE. ÚNICAMENTE PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN, CONTRA LA QUE DISPONE LA ENTREGA DE LA POSESIÓN DEL INMUEBLE REMATADO, LO QUE OCURRA PRIMERO, POR LO QUE NO ES DABLE PROMOVERLO CONTRA OTRA QUE SE CONSIDERE DE LA MISMA CLASE (ÚLTIMA), ATENTO A LOS PRINCIPIOS DE PRECLUSIÓN Y DE CONCENTRACIÓN DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO." "ACTOS DICTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO (ETAPA DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA). REGLAS PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA." "SEGURIDAD JURÍDICA. ALCANCE DE LAS GARANTÍAS INSTRUMENTALES DE MANDAMIENTO ESCRITO, AUTORIDAD COMPETENTE Y FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 16, PRIMER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, PARA ASEGURAR EL RESPETO A DICHO DERECHO HUMANO." "MOTIVACIÓN. SÓLO SU OMISIÓN TOTAL O LA QUE SEA TAN IMPRECISA QUE NO DÉ ELEMENTOS PARA DEFENDERSE DEL ACTO, DA LUGAR A LA CONCESIÓN DEL AMPARO." "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE." "EXHAUSTIVIDAD. SU EXIGENCIA IMPLICA LA MAYOR CALIDAD POSIBLE DE LAS SENTENCIAS, PARA CUMPLIR CON LA PLENITUD EXIGIDA POR EL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL." Pues con el contenido de esta sentencia no se controvierten, en razón de que, respecto la primera, segunda y tercera, se explicó el motivo de porqué la actuación que fue recurrida sí debe ser contemplada como la última en la etapa de remate, por lo que no es recurrible conforme la legislación aplicable al asunto; con relación a la cuarta, quinta y sexta, se advirtió que la autoridad cumplió con el principio de motivación conforme lo alegado por la parte accionante de amparo; con relación a la séptima, también se analizó lo relativo a las omisiones que atribuyó a la Sala en el acto reclamado, sin embargo, como ya se explicó, no se consideran suficientes para otorgar la protección constitucional por los motivos expuestos; de modo que los criterios aludidos no abonan evidenciar alguna violación de derechos a la parte quejosa que haga procedente conceder el amparo y protección de la justicia federal, aunado a que algunos de ellos consisten en tesis aisladas que no son de observancia obligatoria para el suscrito conforme lo previsto en el artículo 217 de la Ley de Amparo. En las narradas condiciones, al no demostrarse la inconstitucionalidad del acto reclamado resulta procedente negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. Dicha negativa, se hace extensiva al juez y actuario responsables, toda vez que no se reclaman sus actos por vicios propios, de conformidad con la jurisprudencia, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, cuyo rubro es: "AUTORIDADES EJECUTORAS. NEGACIÓN DE AMPARO CONTRA ORDENADORAS.". Sin que pasen inadvertidos los alegatos vertidos por las partes; sin embargo, no se aborda el estudio de sus aseveraciones, ya que no forman parte de la litis en el amparo. Orienta lo expuesto la tesis P./J. 27/94, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO.". Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en lo establecido en los artículos 73, 74, 75, 76, 217 y 218 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: Único. La justicia de la unión no ampara ni protege a ******, contra actos de la Séptima Sala, Juez y Actuarios adscritos al Juzgado Décimo Primero, todos de lo Civil de la Ciudad de México, precisados en el segundo considerando, por las razones indicadas en el diverso último de esta sentencia. NOTIFÍQUESE COMO LEGALMENTE CORRESPONDA. Lo sentencia y firma ..., Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, asistido de ..., Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, en términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, hasta hoy once de agosto de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.".
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