José Vicente Villegas Hidalgo

Expediente 677/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 11 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
677/2020
Año
2020
Actuaciones
11
Última actuación
17/11/2021

Partes del expediente

  • José Vicente Villegas Hidalgo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Agréguese el oficio del Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, por medio del cual devuelve los autos del juicio citado al rubro, quince tomos, y remite testimonio de la resolución de veintisiete de octubre pasado, emitida por ese Tribunal en el R. C. 217/2021 que confirmó la sentencia dictada en autos, en la que se negó el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. Glósese el cuaderno de antecedentes formado en ausencia del principal; acúsese el recibo conducente. Archívese este expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Por otro lado, debido a que las autoridades responsables remitieron diversas constancias en apoyo a su informe justificado, devuélvanse a su lugar de procedencia, en el entendido de que el actuario de la adscripción deberá verificar que en el sello de recepción se asiente el número de tomos entregados, POR LO QUE RESULTA INNECESARIO EL ACUSE DE RECIBO CORRESPONDIENTE. Ahora bien, atendiendo a las particularidades del presente juicio, ...; se concluye que no es de relevancia documental. ...; se hace la observación de que el expediente es susceptible de depuración, en razón de que se negó el amparo y protección de la justicia federal. En ese mismo sentido, por lo que hace al cuaderno original del incidente de suspensión, ..., se estima que es susceptible de destrucción, toda vez que se negó la suspensión provisional y definitiva. Respecto al duplicado del incidente de suspensión, es susceptible de destrucción, una vez que transcurra más de seis meses a que se refiere el numeral 20 del Acuerdo en cita. No obra en autos documento original, en los términos que establece el ordinal 3, fracción XVIII, del Acuerdo General de referencia. Finalmente, vista la certificación que antecede, en cumplimiento al Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus covid-19, y la circular interna 03/2021 de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, la secretaria encargada de la tramitación del expediente revisó e hizo constar que la versión impresa de ese último coincide con la electrónica, lo que se tiene por realizado para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Agréguese el escrito de ...por conducto de su apoderado ..., atento a su contenido, con fundamento en los artículos 81 fracción I inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo se tiene por interpuesto el recurso de revisión contra la sentencia dictada en este asunto; remítase el presente expediente al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito que por turno corresponda, así como el original del escrito de expresión de agravios para la substanciación del referido recurso, previa formación del cuaderno de antecedentes. Distribúyase entre las partes copia simple del escrito de agravios, dejando en esta Secretaría la de la parte contraria. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    Agréguese la razón de cuenta, a través de la cual la actuaria adscrita manifiesta la imposibilidad que tuvo para notificar en forma personal al quejoso, la sentencia engrosada el veintiuno de mayo del año en curso; en consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, notifíquese por medio de lista la resolución aludida, este auto y los subsecuentes. NOTIFÍQUESE. LA SENTENCIA ENGROSADA EL VEINTIUNO DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, SEÑALA: "VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 677/2020, promovido por ..., -por conducto de apoderado- contra actos de la Séptima Sala, Juez y Actuarios adscritos al Juzgado Décimo Primero, todos de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. El veintitrés de noviembre de dos mil veinte, el quejoso, por conducto de su apoderado, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, aduciendo violación a los artículos 1, 14, 16 y 17 constitucionales. SEGUNDO. La demanda se admitió por auto del veintisiete de noviembre siguiente, donde el suscrito dio intervención a la representante social de la Federación adscrita; requirió informe justificado a las autoridades responsables; ordenó llamar a la parte tercera interesada; y señaló día y hora para la celebración de la audiencia. De autos se desprende que las responsables rindieron su informe justificado, la representación social no formuló intervención, la parte tercera interesada fue emplazada, y la audiencia constitucional tuvo lugar en los términos del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, es competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República; 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 37 y 107 fracción V de la Ley de Amparo, en atención a que se trata de un amparo indirecto promovido contra actos derivados de un asunto del orden civil, seguido ante un tribunal del orden común dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Conforme lo dispone el artículo 74, párrafo primero, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa el acto reclamado en los siguientes términos: La sentencia de veintitrés de octubre de dos mil veinte, emitida por la Séptima Sala Civil de la Ciudad de México, en la queja 2049/2019, que modificó el proveído de veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, dictado por el Juez Décimo Primero Civil de esta Ciudad, en la tercería excluyente de dominio, deducida del juicio especial hipotecario 476/2012, de su índice. Dicho fallo se emitió en cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada por este Juzgado Federal en el juicio constitucional 152/2020; y al efecto, la Sala redujo la garantía impuesta para que la apelación contra la sentencia definitiva en la tercería excluyente de dominio se tramitara en ambos efectos, fijándola en $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 M.N.) en lugar de $1'022,055.92 (un millón veintidós mil cincuenta y cinco pesos 92/100 moneda nacional). TERCERO. Al rendir su informe justificado las responsables aceptaron la existencia del acto que se les reclama, lo que se corrobora con las constancias certificadas que remitieron, documentales a las que se otorga valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º. CUARTO. Los antecedentes procesales del acto reclamado son los siguientes: I. El veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, el Juzgado Décimo Primero de lo Civil dictó sentencia definitiva en la tercería excluyente de dominio promovida por el quejoso (...), deducida del juicio especial hipotecario 476/2012. El juez de origen declaró improcedente la tercería respecto de la casa marcada con el número ...; y ordenó continuar el proceso principal en la etapa respectiva. Asimismo, condenó en costas al promovente a favor del banco actor en lo principal -aquí tercero interesado-. II. El tercerista interpuso apelación en ambos efectos; por lo que el juez de origen dictó el auto de veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, en el que fijó como garantía la cantidad de $1'386,600.00 (un millón trescientos ochenta y seis mil seiscientos pesos 00/100 moneda nacional), equivalente al quince por ciento sobre el valor de la adjudicación del inmueble objeto de la tercería. III. Inconforme, el tercerista promovió queja contra ese auto, resuelto el veintisiete de enero de dos mil vente por la Séptima Sala Civil de esta ciudad en el toca 2049/2019; quien declaró parcialmente fundado el recurso; y en consecuencia, redujo el monto de la garantía, para quedar en $1'022,055.92 (un millón veintidós mil cincuenta y cinco pesos 92/100 moneda nacional). Lo anterior, aplicando la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) y el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), sobre el monto de $9,244,000.00 (nueve millones doscientos cuarenta y cuatro mil pesos 00/100 M.N.) -como suma en que fue adjudicado el inmueble materia de la tercería-, por un periodo de tres meses calendario, como tiempo probable para resolver la apelación. Esta sentencia constituyó el acto reclamado en el juicio de amparo 152/2020 del índice de este órgano federal, donde el treinta y uno de agosto de dos mil veinte, se otorgó la protección constitucional a la parte quejosa para el siguiente efecto: "a) Deje insubsistente la sentencia reclamada de veintisiete de enero de dos mil veinte, dictada en el toca de apelación 2049/2019; y b) Dicte otra en la que resuelva con plenitud de jurisdicción el recurso que se le planteó, conforme a consideraciones emitidas en el presente fallo, y partiendo de que los daños y perjuicios deben estar directamente relacionados a la obligación que les da origen." IV. En cumplimiento a esta determinación, la Sala dictó la resolución de veintitrés de octubre de dos mil veinte, en la que declaró fundado el recurso y redujo la garantía hasta la cantidad de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 M.N.). Esta decisión constituye el acto reclamado en el presente juicio. QUINTO. En esencia, la parte quejosa indica que el acto reclamado violenta sus derechos fundamentales de igualdad, debido proceso, legalidad y acceso a la justicia por lo siguiente: a) La interpretación de normas hecha por la Sala responsable no representa la protección más amplia de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Federal y los tratados internacionales de los que México es parte; esto es, se aparta de la observancia del principio pro persona, en lo tocante al acceso efectivo a la justicia mediante un recurso efectivo y sencillo. b) Se impone una doble garantía al impetrante para acceder al recurso en doble efecto, y es así, porque conforme al artículo 696 del Código de Procedimientos Civiles para esta ciudad1 , ya se enteró el monto legal mínimo, que asciende a $7,500.00 (siete mil quinientos pesos 00/100 m.n.), sin que dicho numeral avale dos cauciones. Además, la autoridad omitió abordar los alcances de la garantía mínima exhibida, sin definir lo relativo a su vigencia o efectividad, o en general, las consecuencias de la presentación de ese numerario; pues sigue vigente y no hay causa justificada para no atenderla. c) Es incorrecto e incongruente que la autoridad imponga como requisito expresar los daños de imposible reparación, cuando ello ni siquiera es parte de los agravios. d) La interpretación que la autoridad hizo de los artículos 696 del Código de Procedimientos Civiles y 2108 y 2109 del Código Civil, ambos para esta ciudad, y al efecto explica la diferencia entre las tercerías excluyente de dominio y preferencia, señalando que a los terceros no los vinculan las decisiones adoptadas para las partes. Incluso, la sentencia de amparo reconoce que las tercerías son autónomas y conforme a ésta, debió desentrañarse la obligación insatisfecha para determinar en su caso el daño patrimonial, no inventarla, como lo hizo la autoridad con factores arbitrarios excesivos e ilegales; y a que la importancia del negocio es precisamente de aquel donde haya intervenido el recurrente y no del que es ajeno, de lo que se sigue que el fallo es incongruente al apartarse de los motivos de disenso y de la causa de pedir. En esta tesitura, si no hay parámetros para fijar una garantía en asuntos de cuantía indeterminada, debió optarse por el mínimo a que se refiere el artículo 696 de la ley adjetiva civil para esta ciudad; máxime porque no se demanda pago de cantidades líquidas o determinadas, es decir la acción de tercería excluyente de dominio no es pecuniaria. SEXTO. Decisión: Los conceptos de violación son infundados e inoperantes, por lo que la acción constitucional debe desestimarse. No asiste razón al quejoso cuando sostiene que el acto reclamado es ilegal al imponérsele la presentación de dos garantías; y es así, porque como se aprecia del artículo 696 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, la caución, aunque es por el mismo monto, se contempla para escenarios distintos para los diferentes recursos que contempla dicha disposición. El artículo en cuestión establece: "ARTICULO 696. De los autos y de las sentencias interlocutorias de los que se derive una ejecución que pueda causar un daño irreparable o de difícil reparación y la apelación proceda en el efecto devolutivo de tramitación inmediata, se admitirán en ambos efectos si el apelante lo solicita al interponer el recurso, y señala los motivos por los que considera el daño irreparable o de difícil reparación. Lo anterior no es aplicable en las apelaciones que se interpongan en contra de resoluciones que resuelvan excepciones procesales. En caso de apelaciones en contra de medidas de apremio o de multas sólo se suspenderá el procedimiento por lo que hace a su aplicación. Con vista a lo pedido el juez deberá resolver y si la admite en ambos efectos señalar el monto de la garantía que exhibirá el apelante dentro del término de seis días para que surta efectos la suspensión. La garantía debe atender a la importancia del negocio y no podrá ser inferior al equivalente a siete mil quinientos pesos, dicho monto se actualizará en los términos que establece el artículo 62. Si no se exhibe la garantía en el plazo señalado, la apelación solo se admitirá en efecto devolutivo de tramitación inmediata. En caso de que el juez señale una garantía que se estime por el apelante excesiva, o que se niegue la admisión del recurso, en ambos efectos, se puede ocurrir en queja que se presentará ante el mismo juez dentro del término de tres días, acompañando a su recurso de queja el equivalente a siete mil quinientos pesos, monto que se actualizará en la forma indicada en el párrafo anterior, con lo que suspenderá la ejecución. De no exhibirse esta garantía, aunque la queja se deba admitir, no se suspenderá la ejecución. El juez en cualquier caso remitirá a la sala la queja planteada junto con su informe justificado en el término de cinco días para que se resuelva dentro de igual término. Declarada fundada la queja que interponga el apelante, la sala ordenará que la apelación se admita en ambos efectos y señalará la garantía que exhibirá el recurrente ante el juez dentro del término de seis días. Al declararse infundada la queja se hará efectiva la garantía exhibida a favor de la contraparte. Las resoluciones dictadas en las quejas previstas en este artículo no admiten recurso. (.)" Como se aprecia de este numeral, al pedirse la apelación en ambos efectos, el recurrente debe exhibir una garantía que atienda a la importancia del negocio, misma que como mínimo, asciende $7,500.00 (siete mil quinientos pesos 00/100 m.n.); sin embargo, este monto es dinámico, dado que se actualiza cada año, en términos de lo que dispone el diverso artículo 62 de la propia ley adjetiva. Así, al pedir la apelación, la caución será al menos por el referido monto, lo que permite concluir que si el juez la califica como insuficiente para asegurar los posibles daños y perjuicios, podrá aumentarla para que se ajuste a la realidad del proceso; sin embargo, si lo que fije el a quo, es considerado como excesivo (o si el recurso se admite solo en un efecto), el inconforme puede plantear un recurso de queja. Esta impugnación se presenta ante el mismo juez acompañando al medio de defensa el equivalente a $7,500.00 (siete mil quinientos pesos 00/100 m.n.) mismo que también se actualiza anualmente, con lo que suspenderá la ejecución; es decir, esta cantidad obedece un requisito de efectividad con miras a asegurar los daños y perjuicios que pudieran causarse por la suspensión de la ejecución de lo que pretende apelarse, en lo que se resuelve la queja. A lo anterior se arriba, porque la propia norma establece que de no exhibirse esta garantía, aunque la impugnación se deba admitir, no se suspenderá la ejecución. Posteriormente, si es fundada la queja que interponga el apelante, la Sala ordenará que la apelación se admita en ambos efectos y señalará la garantía que exhibirá el recurrente ante el juez dentro del término de seis días; aspecto que abona a la interpretación de que es una caución distinta por recurso, pues mientras una se presenta con la queja, la otra puede ser fijada por la alzada para que se exhiba en seis días y que rige, en lo que se resuelve la apelación. Y en caso contrario, de declararse infundado dicho medio de defensa, se hará efectiva la garantía exhibida a favor de la contraparte, esto es, la primera que se presenta por el mínimo de $7,500.00 (siete mil quinientos pesos 00/100 m.n.) actualizables por año; monto que como ya dijo, sirve para satisfacer los daños y perjuicios que se hubieran ocasionado por la paralización de la ejecución mientras se resolvía esa queja; supuesto que en el caso, debe aclararse que no se actualiza, dado que el recurso ha sido acogido. Ésta es la interpretación funcional de dicho artículo que permite sostener que ese mismo numeral sí trata y regula dos garantías que operan para sendos supuestos de distintos medios de impugnación. Sin embargo, esta situación por sí misma no irroga un perjuicio inconstitucional al quejoso por medio de lo razonado en el acto reclamado, pues como ya se explicó las garantías atienden a situaciones jurídicas distintas y a lo que se obtiene en cada medio de defensa, ya que una aplica como mínimo para asegurar los posibles daños y perjuicios que se puedan causar por la obtención del efecto suspensivo en la apelación; y la segunda, opera para reparar la afectación con motivo de la presentación de la queja, por ejemplo, mediante obtención de la paralización transitoria de la ejecución en el tiempo en que se resuelve lo relativo a la desestimación de la admisión de la apelación en ambos efectos. Al respecto se invoca la tesis I.4o.C.5 K (10a.) de la Décima Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 33, Agosto de 2016, Tomo IV, en Materia(s): Constitucional, Página: 2532, que dispone: "CRITERIO O DIRECTIVA DE INTERPRETACIÓN JURÍDICA FUNCIONAL. En seguimiento cabal del iusfilósofo polaco Jerzy Wróblewski, este criterio interpretativo se sustenta en una ideología dinámica, que entiende que el sentido de la norma jurídica se modifica en relación con los cambios que se producen en el contexto complejo en el que se le interpreta, logrando mayor elasticidad en los sentidos para las normas que requieren interpretación; así, esa directiva se refiere al contexto de las relaciones y valoraciones sociales, en el que la norma fue dictada, es interpretada o será aplicada, que no pertenecen al contexto lingüístico o al sistémico. El contexto funcional es complicado y dinámico, se constituye, en términos aproximativos -porque son distintos factores los que confluyen-, por la situación social imperante en el momento en que se emite la norma jurídica, y/o en el que ésta se aplica, lo cual remite al conjunto de las relaciones sociales relevantes, las valoraciones sociales, las normas que forman el contexto ideológico, las funciones de esa norma y de las que se relacionan con ella, además de las finalidades de ésta, según las concepciones del legislador y/o del intérprete. La concepción del contexto funcional implica una idea general sobre el derecho y la sociedad y una teoría global de la dependencia social del derecho; el derecho se crea, aplica y funciona en el contexto de diferentes hechos sociopsíquicos, en donde se incluyen las normas y valoraciones extra-legales, relaciones sociales, otros factores condicionantes del derecho, como la economía, política, cultura; diversas opiniones concernientes a los hechos relevantes para el derecho; también, la "voluntad" del legislador histórico, como hecho del pasado o como construcción teórica de la ciencia jurídica y/o de la práctica jurídica; así como los problemas acerca de los propósitos e intereses que influyan en el derecho. Sin embargo, ese contexto sólo es relevante, en tanto influye en la voluntad del legislador histórico o confluye en los factores que realmente determinan el significado de la regla en el momento en que se hace uso, aplicación o análisis de ella. Sobre este criterio funcional de interpretación, y en atención a su complejidad, ... ejemplifica que es el que permite atribuir el significado a una disposición, conforme a la naturaleza, finalidad o efectividad de una regulación, la intención del legislador, las consecuencias de la interpretación, la admisibilidad de ésta; el que tiene en cuenta la naturaleza y objetivo de la institución, los fines perseguidos por la ley o los valores que ésta protege." De esta forma, la garantía que sentenció la Sala en la queja de origen por quantum excesivo, es la que regirá para apelación en ambos efectos, y que se contempla en el quinto párrafo del citado artículo 696 de la ley adjetiva civil, para exhibirse en seis días ante el juez; y que ahora, el quejoso está en libertad de exhibirla o no, solo bajo la consecuencia del tercer párrafo de dicho numeral, que es, que si no la exhibe la admisión del recurso solo es en efecto devolutivo de tramitación inmediata. De ahí que la regulación de dos garantías, según lo que establece el artículo 696 del Código de Procedimientos Civiles para esta ciudad, no representa en el acto reclamado una determinación contraria al principio de legalidad, pues la que sentenció la Sala en la resolución que aquí se examina, obedece al efecto buscado en la apelación, mientras que la ya exhibida es un requisito de efectividad para la queja. Y por lo que hace a la omisión de considerar expresamente en la sentencia dicha exhibición, estas manifestaciones son en todo caso, fundadas pero inoperantes, ya que si bien es cierto la autoridad no se ocupó expresamente de definir el impacto procesal de la presentación del billete referido, tal situación obedece a que como ya se dijo, tal caución es un requisito de efectividad de la queja y autónomo a lo que rige para la paralización obtenida durante el trámite y resolución de la apelación. Se invoca por analogía, la tesis de jurisprudencia 170, emitida por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Época: Séptima Época, Registro: 394126, visible en el Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, en Materia(s): Común, Página: 114, cuyo contenido es el siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACION FUNDADOS, PERO INOPERANTES. Si del estudio que en el juicio de amparo se hace de un concepto de violación se llega a la conclusión de que es fundado, de acuerdo con las razones de incongruencia por omisión esgrimidas al respecto por el quejoso; pero de ese mismo estudio claramente se desprende que por diversas razones que ven al fondo de la cuestión omitida, ese mismo concepto resulta inepto para resolver el asunto favorablemente a los intereses del quejoso, dicho concepto, aunque fundado, debe declararse inoperante y, por tanto, en aras de la economía procesal, debe desde luego negarse el amparo en vez de concederse para efectos, o sea, para que la responsable, reparando la violación, entre al estudio omitido, toda vez que este proceder a nada práctico conduciría, puesto que reparada aquélla, la propia responsable, y en su caso la Corte por la vía de un nuevo amparo que en su caso y oportunidad se promoviera, tendría que resolver el negocio desfavorablemente a tales intereses del quejoso; y de ahí que no hay para qué esperar dicha nueva ocasión para negar un amparo que desde luego puede y debe ser negado." Máxime, que a criterio de este órgano la litis recursal en la especie, se rige conforme a lo que establece el referido artículo 696 de la ley adjetiva civil3 , es decir, a examinar la atinencia del quantum y calificar si es adecuado o excesivo, en congruencia con el contenido del auto impugnado y el pliego de agravios; recurso donde si bien se hizo referencia al billete, lo cierto es que legalmente no opera a guisa de un motivo de disenso, esto es, para evidenciar la ilegalidad de la caución establecida por el juez de origen, sino como un requisito de efectividad para la queja. Lo anterior encuentra sustento, por analogía en la tesis de jurisprudencia I.6o.C. J/17, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de la Novena Época, con registro: 193586. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Agosto de 1999, en Materia(s): Civil, Página: 615, que dispone: "APELACIÓN, LA LITIS SE INTEGRA EN EL RECURSO DE, CON LA SENTENCIA IMPUGNADA Y LOS AGRAVIOS EXPRESADOS POR EL RECURRENTE. En el recurso de apelación, la litis se integra únicamente con la sentencia impugnada y los agravios expresados por el recurrente, de tal manera que el tribunal de alzada, no está obligado a tomar en cuenta el escrito de contestación a dichos agravios, exhibido por la contraparte del inconforme, toda vez que no existe precepto legal alguno en el Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal que así lo determine." De ahí que no pronunciarse en la sentencia combatida sobre el destino o alcance de dicha garantía, aunque sea cierto, no irroga un perjuicio a la parte quejosa, pues esa caución es diversa a la que impera para la apelación y que constituyó la materia del recurso que originó el acto reclamado; de modo que lo conducente a su recuperación, podrá gestionarse ante la autoridad de considerarlo conveniente la parte impetrante. Además, en el supuesto no concedido de que se considerara la aplicación del monto exhibido para la queja, para efecto de la garantía propia de la apelación, tampoco podría asistir razón al quejoso, pues debe considerarse que el monto que ya presentó fue únicamente por los $7,500.00 (siete mil quinientos pesos 00/100 m.n.) cantidad que como ya se indicó, está sujeta a una actualización anual según el propio artículo 696 del Código de Procedimientos Civiles para esta ciudad, en relación con su diverso 62, la cual, para el año dos mil diecinueve -fecha en que presentó la apelación que se pidió admitir en ambos efectos- ya ascendía a $10,575.34 (diez mil quinientos setenta y cinco pesos 34/100 m.n.)4 , cantidad mínima que supera por más de tres mil pesos lo que había presentado el recurrente y aquí inconforme. En otro aspecto, tampoco asiste razón al impetrante por lo que hace al concepto de violación c) donde se sostiene que es ilegal e incongruente que la autoridad imponga como requisito expresar los daños de imposible reparación, cuando ello ni siquiera es parte de los agravios. Y es así, porque para acceder a la apelación el ya citado artículo 696 de la ley adjetiva civil para esta ciudad, en su primer párrafo, sí contempla como carga para la apelación solicitada en ambos efectos, que el recurrente señale los motivos por los que considera el daño irreparable o de difícil reparación; de modo que no es una carga incongruente o ilegal. Máxime que se trata de un asunto del orden civil, entre particulares en donde se disputan lato sensu, intereses patrimoniales; por lo que no opera suplencia de la queja como para eximir de la carga que la ley le impone. Sin perjuicio de ello, debe decirse que, estrictamente, ese deber opera para al momento de interponer el recurso y solicitar la apelación en ambos efectos, y no en el presente, en donde se decide el quantum de la caución para hacer prevalecer el efecto suspensivo. Por lo que hace a los conceptos de violación sintetizados en el inciso c), se califican como inoperantes dado que omiten combatir la base de la decisión de la autoridad, que en esencia radica en reconocer que la acción intentada por el tercerista no persigue la satisfacción de un crédito, sino que el bien hipotecado sea excluido; por lo que la obligación que quedaría temporalmente insatisfecha sería la continuación del procedimiento principal, en lo tocante a la ejecución de la entrega y escrituración del inmueble, de modo que la indisposición del bien y obtener posibles ganancias licitas es lo que informa objetivamente la fijación de una garantía. En términos generales, los conceptos de violación son inoperantes cuando se presenta algún impedimento técnico o jurídico que imposibilita el análisis del planteamiento; lo anterior se ilustra analógicamente con el criterio de jurisprudencia 2a./J. 188/2009, sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es: "AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS EN LOS QUE SE PRODUCE UN IMPEDIMENTO TÉCNICO QUE IMPOSIBILITA EL EXAMEN DEL PLANTEAMIENTO QUE CONTIENEN.5" En la especie, los conceptos de violación se califican como inoperantes porque los argumentos que en éstos se desarrollan no confrontan directamente lo resuelto por la responsable, sino que se limitan, medularmente, a sostener que su intelección normativa es irregular, destacar la diferencia y autonomía entre las tercerías y las acciones principales; que fue arbitraria la manera en que la Sala fijó la garantía y debió privilegiarse el mínimo legal para efectos de la caución. Esto es, las razones que informan la decisión de la autoridad quedan incólumes frente a las manifestaciones que se hacen como concepto de violación, siendo esto una carga que le corresponde para estar en condiciones de determinar la regularidad constitucional del pronunciamiento combatido. Lo anterior encuentra apoyo, por analogía, la tesis de jurisprudencia 1a./J. 19/2012 (9a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, registro: 159947. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 2, Materia(s): Común, Página: 731, que dispone: "AGRAVIOS INOPERANTES. SON AQUELLOS QUE NO COMBATEN TODAS LAS CONSIDERACIONES CONTENIDAS EN LA SENTENCIA RECURRIDA. Ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, que los agravios son inoperantes cuando no se combaten todas y cada una de las consideraciones contenidas en la sentencia recurrida. Ahora bien, desde la anterior Tercera Sala, en su tesis jurisprudencial número 13/90, se sustentó el criterio de que cuando el tribunal de amparo no ciñe su estudio a los conceptos de violación esgrimidos en la demanda, sino que lo amplía en relación a los problemas debatidos, tal actuación no causa ningún agravio al quejoso, ni el juzgador de amparo incurre en irregularidad alguna, sino por el contrario, actúa debidamente al buscar una mejor y más profunda comprensión del problema a dilucidar y la solución más fundada y acertada a las pretensiones aducidas. Por tanto, resulta claro que el recurrente está obligado a impugnar todas y cada una de las consideraciones sustentadas por el tribunal de amparo aun cuando éstas no se ajusten estrictamente a los argumentos esgrimidos como conceptos de violación en el escrito de demanda de amparo." En los mismos términos se invoca la tesis 2a. LXV/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Registro: 164181. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Agosto de 2010, Materia(s): Común, Página: 447, que dispone: "AGRAVIOS INOPERANTES EN APELACIÓN. DEBEN ESTIMARSE ASÍ CUANDO LA SENTENCIA RECURRIDA SE SUSTENTA EN DIVERSAS CONSIDERACIONES Y NO SE CONTROVIERTEN TODAS. Si en la sentencia recurrida el tribunal de primera instancia expone diversas consideraciones para sustentarla y en el recurso de apelación no se combaten todas, los agravios deben declararse inoperantes, toda vez que aun los que controviertan se estimaran fundados, ello no bastaría para revocar la resolución impugnada debido a la deficiencia en el ataque de todos sus fundamentos, los que quedarían firmes rigiendo el sentido de la resolución cuestionada." Así, los argumentos debían encaminarse a cuestionar o combatir frontalmente aquello que la Sala dio como razones para emitir su fallo, siendo en lo sustantivo, los siguientes:  En su demanda, el tercerista aduce haber adquirido el inmueble litigioso, y ahora pretende excluirlo de la adjudicación directa a favor de la actora en el juicio principal.  La acción de tercería no persigue un crédito sino el derecho real de propiedad de un inmueble controvertido en un proceso donde el hoy quejoso recurrente no es parte, por tanto, no puede servir para fijar la caución que corresponde, el precio de la adjudicación.  Ello obedece a que la garantía en estos casos, debe atender a la importancia del negocio, sin poder ser menor a $7,500.00 (siete mil quinientos pesos 00/100 m.n.); luego, desentrañando la obligación que queda temporalmente insatisfecha por la suspensión en ambos efectos como un reflejo congruente del derecho afectado, se colige que sería la paralización del procedimiento, que conforme al artículo 590 de la ley procesal civil para esta ciudad, implicaría continuar con la puesta a disposición de la actora respecto del inmueble que se le adjudicó.  Así, de admitirse la apelación también con efecto suspensivo, la afectación importa la falta de posesión del inmueble por lo que la garantía debe estar referida a la cantidad que pudo recibir el actor por concepto de renta (ganancia lícita), por el tiempo que dure la suspensión.  Usando una herramienta tecnológica como el internet, la Sala acudió a una página privada (inmuebles 24) y basada en la ubicación del inmueble calculó que la renta oscila entre los $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 m.n.) y $24,000.00 (veinticuatro mil pesos 00/100 m.n); y bajo ese parámetro la fijó por el primer monto indicado (el más bajo), para que la exhiba en seis días de acuerdo a lo que establece el artículo 696 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, bajo apercibimiento que de no hacerlo, la apelación contra la sentencia de tercería se admitiría solo en efecto devolutivo. Por lo tanto, la viabilidad de esos argumentos es lo que debió atacar el quejoso frontalmente; y al no haberse hecho, lo procedente es declararlos inoperantes. Finalmente, debe decirse que no escapan de la decisión del suscrito los motivos de inconformidad que se resumidos en el inciso a) en lo tocante al acceso a la justicia, principio pro persona y favorecimiento de la acción; sin embargo, estas manifestaciones no son impedimento para resolver en el sentido en que se hace, pues los derechos humanos en sí mismos, ni los deberes que emanan del sistema proteccionista propio del artículo 1º Constitucional, implica que necesariamente las pretensiones deban calificarse favorablemente, cuando existen razones jurídicas válidas y suficientes para desestimarlas, como son las expuestas en este fallo. Al respecto se invoca por analogía la tesis jurisprudencial 1a./J. 104/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Décima Época con registro: 2004748; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 2, en Materia(s): Constitucional, página: 906, cuyo rubro y texto son: "PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 107/2012 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIII, Tomo 2, octubre de 2012, página 799, con el rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE.", reconoció de que por virtud del texto vigente del artículo 1o. constitucional, modificado por el decreto de reforma constitucional en materia de derechos fundamentales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, el ordenamiento jurídico mexicano, en su plano superior, debe entenderse integrado por dos fuentes medulares: a) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, b) todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. También deriva de la aludida tesis, que los valores, principios y derechos que materializan las normas provenientes de esas dos fuentes, al ser supremas del ordenamiento jurídico mexicano, deben permear en todo el orden jurídico, y obligar a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación. Sin embargo, del principio pro homine o pro persona no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de "derechos" alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes. Por lo expuesto, se concluye que los conceptos de violación son infundados e inoperantes, por lo que procede negar al quejoso el amparo y protección de la justicia federal. La negativa se hace extensiva a los actos de ejecución atribuídos a las autoridades ejecutoras, conformidad con la jurisprudencia de registro 210140 de la Octava Época, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, tomo 82, Octubre de 1994, con el número de tesis II.1o.J/12, consultable en la página 41, cuyo rubro es: "AUTORIDADES EJECUTORAS. NEGACIÓN DE AMPARO CONTRA ORDENADORAS." Por lo expuesto, fundado; y con apoyo, además, en los artículos 73 a 77, 216 y 217, de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ..., contra actos de la Séptima Sala, Juez y Actuarios adscritos al Juzgado Décimo Primero, todos de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por los motivos expuestos en el último considerando. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE"

  4. Principal

    SENTENCIA DEFINITIVA NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. (Sentencia engrosada hasta hoy, veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.)

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