José Valentín Gómez Yancovich

Expediente 817/2022 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
817/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
26/01/2023

Partes del expediente

  • Subdirector de Control y Verificación Migratoria adscrito a la Oficina Local de Representación del Instituto Nacional de Migración, Ciudad
  • José Valentín Gómez Yancovich

Actuaciones

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, veintiséis de enero de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio proveniente de la Administración Desconcentrada de Recaudación de Baja California "2", con residencia en esta ciudad, dígasele que se esté a lo acordado el seis de diciembre del año próximo pasado. Finalmente, cabe precisar que por Acuerdo General 107/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el trece de enero de dos mil veintitrés, entre otras cosas, se determinó que a partir del dieciséis de enero del presente año, el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, conserva su jurisdicción territorial y solo amplía su competencia original a mixta; asimismo, cambia de denominación a Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, para los efectos legales conducentes. Notifíquese.Así, lo acordó y firma electrónicamente el licenciado Francisco Caballero Green, Juez Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, asistido del licenciado Gilberto Javier Camacho Muñoz, secretario de juzgado que autoriza y da fe. Doy fe. FCG/GJCM/lmh

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, seis de enero de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, y advirtiéndose del contenido de la certificación secretarial de cuenta que no se interpuso recurso de queja, en contra del proveído de dos de diciembre de dos mil veintidós; por tanto, se declara que dicho acuerdo ha causado estado. Por tanto, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sentido, envíese al archivo. De conformidad con el capítulo quinto del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente expediente no es de relevancia documental, virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15 del acuerdo en cita; en consecuencia, hágase la anotación correspondiente en la carátula del cuaderno en que se actúa. Ahora, en cumplimento al artículo 21, inciso b), del aludido acuerdo, se establece que este cuaderno es susceptible de destrucción, al haberse tenido por no presentada la demanda de amparo, estableciéndose como fecha probable para tal efecto el once de enero de dos mil veintiséis. En su oportunidad, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que sea el caso requerir a quien promovió para que comparezca ante este tribunal a realizar las gestiones necesarias para la devolución de documentos originales y/o fotocopias certificadas, virtud que no obran constancias de esa naturaleza. Notifíquese.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, seis de diciembre de dos mil veintidós. Agréguese el oficio proveniente de la Administración Desconcentrada de Recaudación de Baja California "2", con residencia en esta ciudad, mediante el cual manifiesta que para continuar con las gestiones correspondientes al cobro de la multa impuesta a ********************, es necesario que este órgano jurisdiccional le proporcione diversos datos del sancionado. En atención a lo anterior, dígase a la autoridad oficiante que este juzgado no cuenta con información de identificación de dicha persona. Asimismo, hace hincapié en que es indispensable contar con identificación, ubicación, nombre, denominación o razón social, clave del Registro Federal de Contribuyentes con homoclave y domicilio completo del deudor; por lo tanto, al no tener los datos suficientes para que esa autoridad proceda a efectuar las acciones correspondientes al registro, control y cobro del adeudo, en base a los requisitos estipulados en la regla 2.1.1. de la Resolución Miscelánea Fiscal para el ejercicio 2022, la consecuencia sería la imposibilidad de realizar lo propio respecto de la multa impuesta, toda vez que no cuenta con los datos suficientes para proceder al registro del adeudo. Ahora, del análisis del contenido de las disposiciones normativas invocadas por la autoridad hacendaria, así como de una interpretación sistemática de la legislación aplicable que rige este proceso constitucional, las multas que impone el Poder Judicial de la Federación pertenecen al rubro de aprovechamientos federales, según lo dispuesto en el artículo 3° del Código Fiscal de la Federación, ya que constituyen ingresos que percibe el Estado por funciones de derecho público, distintos de los que obtiene por contribuciones o ingresos derivados de financiamientos y de los que obtienen los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, lo que se corrobora con el hecho de que dentro de la clasificación que el artículo 2° del propio código hace de las contribuciones en impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos, no están comprendidas aquellas multas, ni tampoco como accesorios de las contribuciones, ya que su imposición no tiene origen en el ejercicio de la potestad tributaria, sino en facultades admonitorias y sancionatorias, establecidas legalmente por la inobservancia, violación o abuso de deberes relacionados con el acceso, procuración y administración de justicia, a cargo de las personas y de las autoridades. En ese sentido, estrictamente deben conceptuarse como multas no fiscales, pero que dan lugar a un crédito fiscal, pues los créditos fiscales que el Estado o sus organismos descentralizados tienen derecho a percibir, pueden provenir, entre otros rubros, de los aprovechamientos, según lo señala el numeral cuarto de dicho código, lo cual deja de manifiesto que el precepto en el cual la autoridad oficiante se basa (regla 2.1.1. de la Resolución Miscelánea Fiscal), no aplica a las multas ordenadas por el Poder Judicial de la Federación, que como sanción también impone a las partes de un juicio, en específico en su punto marcado como: I., incisos a), b) y c) de la citada determinación fiscal; aunado a lo anterior, al destacarse que las multas impuestas por el Poder Judicial de la Federación tienen carácter de aprovechamientos, es incuestionable que, determinadas en cantidad líquida, constituyen un crédito fiscal y el Estado está facultado para proceder a su cobro, inclusive a través del procedimiento administrativo de ejecución previsto en el capítulo tercero del título quinto del referido ordenamiento legal. Como sustento a lo expuesto se cita, la jurisprudencia 2a./J. 50/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 252, junio 2003, tomo XVII, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "MULTAS IMPUESTAS POR EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. SON APROVECHAMIENTOS QUE CONSTITUYEN UN CRÉDITO FISCAL. Las multas que impone el Poder Judicial de la Federación pertenecen al rubro de aprovechamientos federales, según lo dispuesto en el artículo 3o. del Código Fiscal de la Federación, ya que constituyen ingresos que percibe el Estado por funciones de derecho público, distintos de los que obtiene por contribuciones o ingresos derivados de financiamientos y de los que obtienen los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, lo que se corrobora por el hecho de que dentro de la clasificación que el artículo 2o. del propio Código hace de las contribuciones en impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos, no están comprendidas aquellas multas, ni tampoco como accesorios de las contribuciones, ya que su imposición no tiene origen en el ejercicio de la potestad tributaria, sino en facultades admonitorias y sancionatorias, establecidas legalmente por la inobservancia, violación o abuso de deberes relacionados con el acceso, procuración y administración de justicia, a cargo de los gobernados y de las autoridades. En ese sentido, estrictamente deben conceptuarse como multas no fiscales, pero que dan lugar a un crédito fiscal, pues los créditos fiscales que el Estado o sus organismos descentralizados tienen derecho a percibir, pueden provenir, entre otros rubros, de los aprovechamientos, según lo señala el numeral 4o. de dicho Código; por tanto, si las multas impuestas por el Poder Judicial de la Federación tienen carácter de aprovechamientos, es incuestionable que, determinadas en cantidad líquida, constituyen un crédito fiscal y el Estado está facultado para proceder a su cobro, inclusive a través del procedimiento administrativo de ejecución previsto en el capítulo tercero del título quinto del referido Código." Lo anterior es así, porque la imposición de ese tipo de multas no tiene su origen en el ejercicio de la potestad tributaria, como se estableció anteriormente, ya que su finalidad consiste no sólo en sancionar al infractor y realizar la consecuente recaudación tributaria, sino precisamente en hacer que se cumplan aquellas determinaciones, con el objeto de agilizar los procesos del orden judicial y cumplir con el deber que a todo órgano jurisdiccional le impone el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en administrar justicia de manera pronta, completa e imparcial; por lo que, la citada autoridad hacendaria deberá hacer efectiva la mencionada multa en términos de lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, e informar al órgano jurisdiccional sancionador sobre su ejecución. Tiene aplicación, la jurisprudencia P. VIII/2003, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 50, agosto de 2003, tomo XVIII, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: "MULTAS IMPUESTAS POR EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN COMO MEDIDA DE APREMIO. NO DEBEN CANCELARSE O CONDONARSE POR LA AUTORIDAD HACENDARIA." Por lo antes expuesto, se considera que está en aptitud de realizar los trámites correspondientes a fin de ejecutar la multa impuesta a ********************; por tanto, se instruye a la autoridad hacendaria para que proceda a hacer efectiva la sanción impuesta en beneficio del erario federal. Notifíquese y cúmplase.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, dieciocho de octubre de dos mil veintidós. Agréguese el escrito firmado por el promovente de amparo, del que se advierte que el directamente agraviado puede encontrarse privado de su libertad o alojado en la estación migratoria de Villa Hermosa, Tabasco. Por tanto, con fundamento en el artículo 110 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, así como en los numerales 138 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y 298, primer párrafo, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, gírese atento exhorto al Juez de Distrito en turno en el Estado de Tabasco, con residencia en Villahermosa, para que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, comisione a quien corresponda a efecto de que se constituya en las instalaciones migratorias que se encuentren dentro de su jurisdicción, o en cualquier otro lugar en el que se considere pueda ser localizado el quejoso José Valentín Gómez Yancovich, y una vez en el lugar, el personal actuante vocee o llame al directamente agraviado, y en caso de obtener resultados positivos, le notifique el auto dictado el trece de octubre de dos mil veintidós, del cual se adjunta fotocopia, para los efectos conducentes; asimismo, dé fe del estado físico en el que se encuentre. Hagan saber a la autoridad ante quien esté retenido el agraviado, la suspensión de plano decretada por este órgano de control constitucional y la prevenga para que de inmediato se abstenga de ejecutar cualquiera de los actos ahí mencionados. En caso de que las condiciones del quejoso lo permitan, lo cuestionen para que manifieste si es de su interés ratificar la demanda que se promovió en su favor (misma que se remite en fotocopia simple), así como a los autorizados y el domicilio para recibir notificaciones, con la finalidad de dar trámite al presente juicio; en el entendido que de no hacerlo, se tendrá por no presentada la demanda, quedando sin efectos las providencias que se hubiesen dictado, de conformidad con el párrafo tercero del artículo 15 de la Ley de Amparo. Del mismo modo, de ser necesario, con apoyo en el precepto 21 de la Ley de Amparo, se le faculta para que, en caso de ser necesario, habiliten horas y días inhábiles para el desahogo de la diligencia encomendada. Hecho lo anterior, solicítese a la autoridad exhortada que devuelva la comunicación oficial que se le remite con las constancias conducentes, a fin de acordar lo que legalmente proceda. Notifíquese y cúmplase.

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