José Ulices Baraja Gómez
Expediente 739/2020 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 32 actuaciones registradas, la última del 1 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 739/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 32
- Última actuación
- 01/04/2022
Partes del expediente
- José Ulices Baraja Gómez
- Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Penal del distrito Judicial de Tijuana, Baja California
Actuaciones
Las 4 más recientes de 32.
- Principal
Juicio de amparo 739/2020-F El uno de abril de dos mil veintidós, se da cuenta al juez, con la certificación que antecede y el estado de autos. Conste.Tijuana, Baja California, uno de abril de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, y advirtiéndose del contenido de la certificación secretarial de cuenta que no se interpuso por parte legitimada recurso de revisión, dentro del plazo legal, en contra de la sentencia dictada el veintiocho de febrero de dos mil veintidós; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354, 355 y 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la aludida sentencia ha causado ejecutoria; dese aviso a las autoridades responsables y háganse las anotaciones en el libro de gobierno. Por tanto, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sentido, envíese al archivo. De conformidad con el capítulo quinto del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente expediente no es de relevancia documental, virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15 del citado acuerdo; en consecuencia, hágase la anotación correspondiente en la carátula del cuaderno en que se actúa. Ahora, en cumplimento al artículo 18, inciso b), del citado acuerdo, se establece que el cuaderno principal, es susceptible de depuración, por haberse negado el amparo y la protección de la Justicia Federal, estableciéndose como fecha probable para tal efecto el seis de abril de dos mil veinticinco. Asimismo, se precisa que el original del incidente de suspensión es depurable, al encuadrar en la hipótesis del artículo 18, fracción I, inciso a), del mismo acuerdo; por lo que se señala como fecha probable para tal efecto el seis de abril de dos mil veinticinco, debiéndose conservar únicamente las determinaciones por las cuales se concedió la suspensión provisional y definitiva. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, es susceptible de destrucción al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 20, fracción II, inciso a), del acuerdo en comento, en la inteligencia de que ya transcurrió el término de seis meses al que hace referencia el precepto en mención. En su oportunidad, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que sea el caso requerir a la parte quejosa para que comparezca ante este tribunal a realizar las gestiones necesarias para la devolución de documentos originales y/o fotocopias certificadas, virtud que no obran constancias de esa naturaleza. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, dieciocho de marzo de dos mil veintidós. Visto el contenido de la constancia actuarial de cuenta, mediante la cual el actuario judicial informa la imposibilidad que tuvo para notificar al tercero interesado la sentencia dictada en autos; en consecuencia, con fundamento en los artículos 27, fracción III, y 29 de la Ley de Amparo, notifíquesele dicha determinación, así como las subsecuentes actuaciones personales, por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado. Cúmplase. hago constar que se notifica a la parte tercero interesada, la determinación de veintiocho de febrero de dos mil veintidós, emitida en autos del expediente al rubro citado, por medio de lista de acuerdos que se publica en el local de este juzgado de distrito, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación. Lo anterior, en términos de los artículos 27 y 29 de la Ley de Amparo. Doy fe.
- Principal
CONSIDERANDO Primero. Este Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y, 1°, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de circuito y de los juzgados de distrito, en específico en su punto de acuerdo cuarto, fracción XV, segundo párrafo; en razón que del estudio integral de la demanda se advierte que los actos reclamados podrían tener ejecución material dentro de los límites territoriales de la circunscripción en la que este juzgado ejerce su jurisdicción. Segundo. En términos de lo dispuesto en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, de la íntegra lectura de la demanda, se precisa que los actos reclamados destacados son una orden de aprehensión, presentación o detención emitida en contra del quejoso, así como su ejecución. Tercero. No son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables, con excepción de las que se precisarán en el considerando siguiente, pues así lo manifestaron al rendir su informe justificado, sin que el quejoso ofreciera prueba alguna para desvirtuar dichas negativas; por lo que se impone sobreseer en el presente juicio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 284 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 236, tomo VI, apéndice 2000, Sexta Época, Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Cuarto. Son ciertos los actos reclamados al Jefe de Grupo de Aprehensiones Tijuana y Comandante de la Agencia Estatal de Investigación adscrito al Municipio de Tijuana, pues así se desprende de las afirmaciones formuladas al rendir su informe justificado. Por su parte, el Juez de Control del Poder Judicial del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado, manifestó que no es cierto el acto reclamado, sin embargo, agregó que en la causa penal 1223/2017, el veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, declaró sustraído de la acción de la justicia al quejoso José Ulises Barajas Gómez, virtud de que no asistió a la audiencia de suspensión condicional del proceso, y a solicitud del fiscal, en audiencia privada de esa misma data, libró orden de aprehensión en su contra; de ahí que se tenga por cierto el acto reclamado. Tal aseveración se encuentra corroborada con el disco versátil digital allegado al presente juicio, continente del archivo digital relativo a la audiencia en la que se emitió la orden de aprehensión que ahora se reclama, pues posee el carácter de documental pública, como al efecto estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), visible en la página 703, libro XXIII, agosto de 2013, tomo 1, Décima Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." Quinto. Las causas de improcedencia son de orden público y de estudio preferente, aun cuando las partes lo aleguen o no, en términos del numeral 62 de la ley de la materia. Así, ya que las partes no hicieron valer causa de improcedencia alguna, ni este juzgado de distrito advierte de oficio que en el caso se actualice, lo procedente es examinar el motivo de disenso propuesto. Sexto. El motivo de inconformidad esgrimido por el peticionario de amparo resulta infundado y por ende insuficiente para concederle el amparo y la protección constitucional instada, aún en suplencia de la queja, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Como se anticipó, el acto reclamado consiste en la orden de aprehensión emitida en audiencia privada de veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, por el Juez de Control del Poder Judicial del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, en la causa penal 1223/2017, instruida al aquí quejoso por la probable comisión del hecho que la ley señala como delito de robo equiparado de vehículo de motor en su modalidad de usar vehículo de motor robado Medida restrictiva de libertad que se advierte fue ordenada, en virtud de que el impetrante de amparo no compareció en las fechas y horas señaladas para el desahogo de la audiencia de suspensión condicional del proceso, a pesar de encontrarse debidamente notificado. Además, es pertinente ponderar que por ser el acto reclamado en el presente juicio, uno de molestia y cuyo principal efecto jurídico es la afectación de la libertad deambulatoria, dicha facultad del Estado se encuentra acotada en el artículo 16 constitucional, el cual contiene los requisitos mínimos que debe satisfacer todo mandamiento de autoridad restrictivo de ese derecho, por lo que el estudio de la legalidad del acto que se reclama, se hará a la luz del citado precepto, así como de la ley secundaria a ese tipo de mandato judicial. De ahí que el correspondiente estudio en cuanto a los requisitos para la emisión de la orden de aprehensión, se realizará conforme a las cuestiones debatidas en la audiencia de solicitud de orden de aprehensión, y que fueron ponderadas por el juez responsable. Ciertamente, al tratarse el acto reclamado de una orden de aprehensión, es necesario tomar en consideración lo que establece el actual numeral 16 de la Constitución Política de los Estados Unidad Mexicanos, que se lee: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que le indiciado lo cometió o participó en su comisión. [.]." Ahora, cabe preciar que los artículos 141, 142, 143 y 310 del Código Nacional de Procedimientos Penales, al respecto establecen lo siguiente: "Artículo 141. Citatorio, orden de comparecencia y aprehensión Cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar: I. Citatorio al imputado para la audiencia inicial; II. Orden de comparecencia, a través de la fuerza pública, en contra del imputado que habiendo sido citado previamente a una audiencia no haya comparecido, sin justificación alguna, y III. Orden de aprehensión en contra de una persona cuando el Ministerio Público advierta que existe la necesidad de cautela. En la clasificación jurídica que realice el Ministerio Público se especificará el tipo penal que se atribuye, el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, sin perjuicio de que con posterioridad proceda la reclasificación correspondiente. También podrá ordenarse la aprehensión de una persona cuando resista o evada la orden de comparecencia judicial y el delito que se le impute merezca pena privativa de la libertad. La autoridad judicial declarará sustraído a la acción de la justicia al imputado que, sin causa justificada, no comparezca a una citación judicial, se fugue del establecimiento o lugar donde esté detenido o se ausente de su domicilio sin aviso, teniendo la obligación de darlo. En cualquier caso, la declaración dará lugar a la emisión de una orden de aprehensión en contra del imputado que se haya sustraído de la acción de la justicia. El juez podrá dictar orden de reaprehensión en caso de que el Ministerio Público lo solicite para detener a un imputado cuya extradición a otro país hubiere dado lugar a la suspensión de un procedimiento penal, cuando en el Estado requirente el procedimiento para el cual fue extraditado haya concluido. El Ministerio Público podrá solicitar una orden de aprehensión en el caso de que se incumpla una medida cautelar, en los términos del artículo 174, y el Juez de control la podrá dictar en el caso de que lo estime estrictamente necesario." [Énfasis añadido] "Artículo 142. Solicitud de las órdenes de comparecencia o de aprehensión En la solicitud de orden de comparecencia o de aprehensión se hará una relación de los hechos atribuidos al imputado, sustentada en forma precisa en los registros correspondientes y se expondrán las razones por las que considera que se actualizaron las exigencias señaladas en el artículo anterior. Las solicitudes se formularán por cualquier medio que garantice su autenticidad, o en audiencia privada con el Juez de control." "Artículo 143. Resolución sobre solicitud de orden de aprehensión o comparecencia El Juez de control resolverá la solicitud de orden de aprehensión o comparecencia en audiencia, o a través del sistema informático; en ambos casos con la debida secrecía, y se pronunciará sobre cada uno de los elementos planteados en la solicitud. En el primer supuesto, la solicitud deberá ser resuelta en la misma audiencia, que se fijará dentro de las veinticuatro horas a partir de la solicitud, exclusivamente con la presencia del Ministerio Público. En el segundo supuesto, dentro de un plazo máximo de veinticuatro horas, siguientes al momento en que se haya recibido la solicitud. En caso de que la solicitud de orden de aprehensión o comparecencia no reúna alguno de los requisitos exigibles, el Juez de control prevendrá en la misma audiencia o por el sistema informático al Ministerio Público para que haga las precisiones o aclaraciones correspondientes, ante lo cual el Juez de control podrá dar una clasificación jurídica distinta a los hechos que se planteen o a la participación que tuvo el imputado en los mismos. No se concederá la orden de aprehensión cuando el Juez de control considere que los hechos que señale el Ministerio Público en su solicitud resulten no constitutivos de delito. Si la resolución se registra por medios diversos al escrito, los puntos resolutivos de la orden de aprehensión deberán transcribirse y entregarse al Ministerio Público". "Artículo 310. Oportunidad para formular la imputación a personas en libertad El agente del Ministerio Público podrá formular la imputación cuando considere oportuna la intervención judicial con el propósito de resolver la situación jurídica del imputado. Si el Ministerio Público manifestare interés en formular imputación a una persona que no se encontrare detenida, solicitará al Juez de control que lo cite en libertad y señale fecha y hora para que tenga verificativo la audiencia inicial, la que se llevará a cabo dentro de los quince días siguientes a la presentación de la solicitud. Cuando lo considere necesario, para lograr la presencia del imputado en la audiencia inicial, el agente del Ministerio Público podrá solicitar orden de aprehensión o de comparecencia, según sea el caso y el Juez de control resolverá lo que corresponda. Las solicitudes y resoluciones deberán realizarse en los términos del presente Código." De la interpretación armónica y sistemática de los preceptos legales transcritos, se advierte esencialmente cuatro supuestos en los que se puede librar orden de aprehensión contra una persona como formas de conducirla al proceso: i) Cuando en una investigación se advierta la existencia de la necesidad de cautela; ii) Cuando el investigado evada o resista la orden de comparecencia judicial y el delito merezca pena privativa de la libertad; iii) Cuando el imputado se sustraiga de la acción de la justicia; y, iv) Cuando el imputado incumpla una medida cautelar, acorde con el normativo 174 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En ese contexto, cabe destacar que los supuestos para la emisión de una orden de aprehensión, contemplados en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, si bien tienen la finalidad genérica de conducir al imputado ante el juez, lo cierto es que difieren en cuanto a la razón especifica de esa conducción. En el caso concreto, la orden de aprehensión solicitada porque se declaró al imputado sustraído de la acción de la justicia, tiene como finalidad someterlo de nuevo a la jurisdicción del juez, hacerlo comparecer a alguna audiencia -diversa a la inicial- o volver a internarlo en el lugar en el que se encontraba, según proceda. Precisado lo anterior, y sumado con lo que se observa del asunto en estudio, la autoridad responsable al momento de emitir la orden de aprehensión que aquí se analiza, se apoyó en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y expuso los motivos que la llevaron a tomar esa determinación. Es así, pues en primer lugar, la responsable en la audiencia de suspensión condicionada del procedimiento de veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, una vez abierta, hizo constar la incomparecencia del imputado, así como de la víctima; el juez de control hizo constar que obraba en autos la constancia de notificación vía telefónica al aquí quejoso con la que corrió traslado a las partes procesales ahí presentes. Seguidamente, a petición de la fiscalía y previo ejercicio de contradicción entre las partes, el juez responsable ante la incomparecencia del quejoso, sin causa justificada, a la audiencia referida, declaró al imputado José Ulises Barajas Gómez sustraído de la acción de la justicia de conformidad con el artículo 141, fracción III, párrafo tercero, del Código Nacional de Procedimientos Penales. En tercer lugar, derivado de dicha declaratoria de sustracción de la justicia, atribuida al aquí quejoso, en audiencia privada de la misma fecha, previa solicitud del agente del Ministerio Público, el juez responsable conforme al ordinal 141, fracción III, párrafo tercero, del Código Nacional de Procedimientos Penales, tomando en consideración que el delito que la ley señala como delito de robo equiparado de vehículo de motor en la modalidad de uso de vehículo de motor robado, previsto y sancionado en el artículo 208 TER, fracción VII, del Código Penal para el Estado de Baja California, por el que se le vinculó a proceso el veinticuatro de julio de dos mil diecisiete, merece pena privativa de libertad, además, que ya fueron previamente aportados y valorados los medios de prueba ofrecidos por la representación social, quedó especificado el tipo penal que se le atribuye, grado de ejecución y forma de intervención, así como que la necesidad de cautela quedó justificada, emitió la orden de aprehensión solicitada y posteriormente, con fundamento en el numeral 331 del citado código procesal penal, decretó la suspensión del procedimiento hasta en tanto se cumplimentara dicha orden. De lo anterior, se advierte que la autoridad responsable realizó una adecuación entre los argumentos en que se apoyó, y los preceptos legales en que se fundamentó para el libramiento de la orden de aprehensión contra el quejoso, a quien previamente la fiscalía había solicitado audiencia de suspensión condicional del procedimiento a fin de llegar a un medio alterno de solución de controversia y así dar por terminada anticipadamente la secuela procesal en la causa penal que se le instruye al hoy agraviado; empero, al haberse sustraído de la acción de la justicia, esto es, al no comparecer sin causa justificada a un llamamiento de una autoridad judicial, se actualizó la hipótesis prevista en el párrafo tercero, fracción III del artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, al ser legalmente citado el quejoso y no comparecer sin causa justificada a la audiencia judicial (con lo cual se cumplieron los requisitos de forma para el libramiento de la orden de aprehensión). Así, se considera que el libramiento de la orden de aprehensión es legal, pues como se observa de la audiencia respectiva, el juez responsable sostuvo que, no obstante que fue legalmente citado José Ulises Barajas Gómez a efecto de que compareciera al desahogo de la audiencia de suspensión condicionada del procedimiento, injustificadamente no compareció, razón por la cual fue declarado formalmente sustraído a la acción de la justicia, derivado del incumplimiento a la citación respectiva, lo que desde luego actualiza el riesgo de fuga y la demora en la prosecución judicial de la causa, tornándose por consecuencia necesaria la emisión de la correspondiente orden de captura, para que de esa manera pueda continuarse el proceso respectivo. Cabe precisar que en el caso, prevalece el estudio y análisis de los fundamentos y motivos expuestos en la audiencia remitida por la responsable a petición de este juzgado, pues dicha revisión debe realizarse bajo la dinámica del proceso penal acusatorio, es decir, en observancia de la característica de oralidad y bajo los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, que lo distinguen. Ello es así, porque ya no se trata de una decisión unilateral del juzgador, como sucedía en la libertad provisional bajo caución, en donde solamente se limitaba a verificar si se colmaban o no los requisitos legales para su procedencia, sino que ahora el pronunciamiento del órgano jurisdiccional debe estar precedido de un debate entre las partes, respecto de un tema sometido a un contradictorio en el que debe escuchárseles mediante la celebración de una audiencia y determinar qué medida cautelar es la idónea para el caso concreto. Lo anterior, con base en los principios de publicidad, oralidad y contradicción que rigen el sistema acusatorio previstos en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que el juez de control, al evaluar la legalidad de la solicitud realizada por la fiscalía, no se encuentra obligado a consultar la carpeta de investigación, sino a resolver con base en las argumentaciones que formulen las partes en dicha audiencia, aunque excepcionalmente pueda consultar registros de la carpeta si su contenido o existencia es materia de controversia entre las partes, pues de otra manera no contará con elementos para corroborar si efectivamente el registro de la investigación existe y contiene la información que las partes aseveran, en la inteligencia de que la consulta debe limitarse al registro controvertido y no a la totalidad de la carpeta. De ahí, que en la audiencia llevada a cabo el veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, de la cual emana la orden privativa de la libertad que aquí se combate, se desprende que no existió tal controversia o irregularidad que obligara al juzgador a consultar tales constancias. Ilustra en lo conducente la jurisprudencia 1a./J. 23/2019 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 1112, libro 66, mayo de 2019, tomo II, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son: "NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL. CUANDO SE IMPUGNA ESA DETERMINACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, LA VÍCTIMA U OFENDIDO O SU ASESOR JURÍDICO DEBE EXPONER ORALMENTE SUS AGRAVIOS EN LA AUDIENCIA Y EL JUEZ DE CONTROL, POR REGLA GENERAL, DEBE RESOLVER SIN CONSULTAR LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN. Con base en los principios de publicidad, oralidad y contradicción que rigen el sistema acusatorio previstos en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juez de control, al evaluar la legalidad de la determinación del Ministerio Público sobre el no ejercicio de la acción penal en la audiencia a que se refiere el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no debe consultar la carpeta de investigación, sino resolver con base en las argumentaciones que formulen las partes en dicha audiencia, aunque excepcionalmente pueda consultar registros de la carpeta si su contenido o existencia es materia de controversia entre las partes, pues de otra manera no contará con elementos para corroborar si efectivamente el registro de la investigación existe y contiene la información que las partes aseveran, en la inteligencia de que la consulta debe limitarse al registro controvertido y no a la totalidad de la carpeta. Asimismo, la víctima u ofendido o su asesor jurídico debe exponer oralmente sus agravios en la audiencia, sin que sea factible que lo hagan por escrito. Lo anterior, porque en el sistema penal acusatorio corresponde al juez decidir a partir de los elementos argumentativos y probatorios que aporten las partes situadas en un plano de igualdad para hacer valer sus pretensiones. Porque este sistema es predominantemente oral y sólo por excepción se aceptan actuaciones escritas. Y porque conforme al artículo 20, fracción X, de la Constitución Federal, los principios de publicidad, oralidad y contradicción, entre otros, son aplicables a las audiencias previas a la etapa de juicio, y la audiencia a que se refiere el artículo 258 citado precede al juicio. Lo que se robustece con la regla prevista en dicho precepto que establece que la impugnación debe quedar sin materia si la víctima u ofendido, sin justificación, no asisten a la audiencia, lo que evidencia la plena aplicación de esos principios, pues sin la asistencia de la parte a quien corresponde justificar oralmente los méritos de la impugnación al exponer sus agravios, el juzgador carecería de materia sobre la cual pronunciarse." En consonancia con lo anterior, robustece la tesis I.1o.P.146 P (10a.) del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible a página 2486, libro 59, octubre de 2018, tomo III, Décima Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que versa: "REVISIÓN DE LA MEDIDA CAUTELAR DE PRISIÓN PREVENTIVA, PREVISTA EN EL ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES, ENTRE OTRAS, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 17 DE JUNIO DE 2016. DEBE REALIZARSE EN OBSERVANCIA DE LA CARACTERÍSTICA DE ORALIDAD Y BAJO LOS PRINCIPIOS DE PUBLICIDAD, CONTRADICCIÓN, CONCENTRACIÓN, CONTINUIDAD E INMEDIACIÓN, QUE DISTINGUEN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO. Del artículo quinto transitorio mencionado, se advierte que, al haber permitido el legislador que se sometan a revisión las medidas privativas de la libertad personal o de prisión preventiva, decretadas por autoridad judicial en procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal acusatorio, con base en su marco normativo -artículos 153 a 171 del Código Nacional de Procedimientos Penales-, en donde el Juez de la causa con competencia excepcional para ello, una vez que lo haya solicitado el imputado, dará vista a las partes para que el Ministerio Público investigue y acredite lo conducente, para luego de efectuada la audiencia correspondiente y tomando en consideración la evaluación del riesgo, resuelva sobre la imposición, revisión, sustitución, modificación o cese de dicha medida, en términos del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como del propio código, se hace evidente que dicha revisión debe realizarse bajo la dinámica del proceso penal acusatorio, es decir, en observancia de la característica de oralidad y bajo los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, que lo distinguen. Ello es así, porque ya no se trata de una decisión unilateral del juzgador, como sucedía en la libertad provisional bajo caución, en donde solamente se limitaba a verificar si se colmaban o no los requisitos legales para su procedencia, sino que ahora el pronunciamiento del órgano jurisdiccional debe estar precedido de un debate entre las partes, respecto de un tema sometido a un contradictorio en el que debe escuchárseles mediante la celebración de una audiencia y determinar qué medida cautelar es la idónea para el caso concreto." Tomando en consideración lo expuesto en párrafos que anteceden, resulta infundado lo alegado por el quejoso, en cuanto a que en la especie, se trasgredió el contenido del artículo 14 constitucional, pues al margen de que el acto reclamado es de molestia y no privativo, en la emisión del acto reclamado no se advierte que la autoridad responsable haya violentado disposición alguna de las que rigen el procedimiento, menos aún que violentara los derechos humanos de legalidad y de seguridad jurídica, pues el acusado fue debidamente notificado de las citaciones correspondientes y era su obligación ineludible, comparecer a todos los actos del proceso que se instruye en su contra, sabedor de la responsabilidad que podría derivarle su incumplimiento. Por otra parte, contrario a lo que afirma, se considera que la resolución reclamada está apegada al principio de legalidad, previsto en el artículo 16 del Pacto Federal, pues el juez responsable fundamentó y motivó su determinación, en los términos ya indicados, por lo que el concepto de violación que al efecto esgrime es infundado. Consecuentemente, al haber resultado infundado el concepto de violación hecho valer por el impetrante y sin que este órgano jurisdiccional advierta que existió alguna violación manifiesta de la ley en su contra, incluso en suplencia de la deficiencia de la queja, en términos de lo dispuesto por el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, lo procedente es negar el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados. La negativa de que se trata, se hace extensiva a las autoridades ejecutoras, ya que sus actos se reclamaron en vía de consecuencia y no por vicios propios. Apoya a lo expuesto, el criterio jurisprudencial VI.2o. J/317 emitido por el otrora Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en página 83, número 80, agosto de 1994, Octava Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "AUTORIDADES EJECUTORAS. NEGACIÓN DE AMPARO CONTRA ORDENADORAS.- Si el amparo se niega contra las autoridades que ordenen la ejecución del acto que se estima violatorio de garantías, debe también negarse respecto de las autoridades que sólo ejecutaron tal acto por razón de su jerarquía." Séptimo. Considerando que las partes en el juicio constitucional no se opusieron de manera expresa a que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación de la sentencia respectiva sin supresión de datos, es que, en cumplimento a lo dispuesto por el artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la presente sentencia estará a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información, con supresión de datos. Así, con fundamento en los artículos 107, fracción II, párrafo inicial, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción IV, 74, 75, 76, 79, fracción III, inciso a), y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se RESUELVE Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo 739/2020, promovido por José Ulises Barajas Gómez, contra los actos que reclamó del Juez Primero Penal, de esta ciudad, y de otras autoridades, en los términos precisados en el considerando tercero de esta resolución. Segundo. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a José Ulises Barajas Gómez, contra el acto que reclamó del Juez de Control del Poder Judicial del Estado Baja California, con sede en esta ciudad, y de otras autoridades, puntualizados en el considerando segundo de esta resolución Tercero. Publíquese esta sentencia con supresión de datos, en términos de su último considerando.
- Principal
Tijuana, Baja California, diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos, se advierte que aún no ha sido emplazado a juicio el tercero interesado Luis Miguel Fonseca Cid; en consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta data, y en su lugar se fijan las diez horas con veinte minutos del veinte de diciembre de dos mil veintiuno, para su celebración Notifíquese.
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