JOSE VALENCIA MENDOZA y Otros.

Expediente 894/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 6 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
894/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
28/11/2023

Partes del expediente

  • JOSE VALENCIA MENDOZA y Otros.
  • Jose Valencia Mendoza
  • Rugiero Mendoza Villalobos
  • Magistrado de la Novena Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. SE AGREGA OFICIO. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, suscrito por el Magistrado de la Novena Sala Penal Unitaria del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Morelia, mediante el cual pretende rendir su informe justificado requerido en autos; lo anterior, toda vez que la autoridad oficiante en su misiva de cuenta manifiesta textualmente lo siguiente: / Sin embargo, la autoridad oficiante omitió señalar, en concreto, si los actos reclamados que manifiesta en su ocurso de cuenta son ciertos o no. REQUIERE ACLARACIÓN DE INFORME JUSTIFICADO Y CONSTANCIAS. Por tanto, con apoyo en el artículo 117 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 297 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia, requiérase a dicha autoridad para que dentro del término de tres días hábiles, contados a partir de la recepción del oficio respectivo, aclare su informe justificado; esto es, manifieste si son o no ciertos la totalidad de los actos reclamados por la parte quejosa. Asimismo, en atención a que la citada autoridad oficiante omitió anexar las constancias con las cuales se acrediten el carácter con que se ostentan los defensores de los aquí quejosos, requiéranse las mismas a efecto de proveer lo que en derecho corresponda. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 210-A, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se faculta a la autoridad responsable rendir su informe aclaratorio vía correo electrónico 5jdo11cto@correo.cjf.gob.mx. En esa medida, indíquesele que basta con que dé cumplimiento al presente requerimiento por la citada vía; dicho de otro modo, por ejemplo si informa lo peticionado por vía correo electrónico, resultará innecesario que lo haga también de manera física. APERCIBIMIENTO. Se apercibe a la referida responsable que de no rendir el informe aclaratorio que se le solicita así como de no remitir las constancias señaladas con antelación, se hará acreedora a una multa equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de conformidad con los artículos 4 y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 260, fracción I y 238 de la Ley de Amparo. CORREO ELECTRÓNICO. Por otro lado, téngase a la multicitada autoridad oficiante señalando el correo electrónico morelia.9sp@poderjudicialmich.gob.mx; lo anterior, para los efectos legales conducentes. PARTE TERCERA INTERESADA. Ahora bien, de la misiva de cuenta que se provee, se desprende que de conformidad con el artículo 5°, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, le reviste el carácter de tercero interesado a la víctima indirecta Emma Sandoval Ramos, misma que le reviste el carácter de representante de la víctima directa menor de edad, quienes son asistidos por el asesor jurídico Jose Manuel Guerrero Rascón y como asesor jurídico de la víctima directa menor de edad al licenciado Leonardo Bonaparte Isidro, los cuales señalaron como medios de notificación el número telefónico 44 33 90 23 23 así como los correos electrónicos judopepo@hotmail.com y leonardomoncada69@gmail.com, respectivamente; los cuales se toman únicamente como medios alternos de comunicación, ya que la Ley de Amparo no los prevé como medios legales de notificación. SE ORDENA EMPLAZAMIENTO. Por tanto, requiérase al referido Magistrado de la Novena Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con sede en Morelia, para que por su conducto emplace a la tercera interesada señalada con antelación (de quien no se advierte domicilio procesal), con copia de la demanda y auto admisorio que para el efecto se remiten, debiendo enviar a este Juzgado Federal, las constancias respectivas; lo anterior, debiendo seguir los siguientes lineamientos: Se le haga entrega de copia simple de la demanda y auto admisorio y del presente proveído, en términos de lo establecido en los artículos 26 y 27, fracción I, de la Ley de Amparo. Lo requiera para que en el acto de la notificación o dentro del término de TRES DÍAS contado a partir de que sea notificada de este proveído, señale domicilio en esta ciudad de Uruapan, Michoacán de Ocampo, para oír y recibir notificaciones, con el apercibimiento que de no hacerlo, las subsecuentes de carácter personal, se le harán por medio de lista de acuerdos que se publica en este Juzgado de Distrito, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción III, en relación con el 29 de la Ley de Amparo. Le haga de su conocimiento la fecha y hora señalada en este asunto para la celebración de la audiencia constitucional. (diez horas con veinticuatro minutos del ocho de febrero de dos mil veinticuatro). Le informe que a partir de que quede debidamente emplazada y notificada podrá ofrecer pruebas en términos del artículo 119 de la Ley de amparo, formular alegatos, de conformidad con el diverso 124 de la legislación invocada y todos aquellos derechos procesales inherentes a la adecuada defensa de los intereses de los menores que representa. Finalmente, le haga de su conocimiento que el informe justificado y demás acuerdos pueden ser consultables en la página de internet www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.asp, que contiene una síntesis del proveído dictado en cada caso, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, para que en el caso de estimarlo conveniente manifieste lo que a su interés legal convenga; esto con la finalidad de evitar una violación a las leyes del procedimiento que amerite su reposición. Habilitación. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles para llevar a cabo la diligencia encomendada. Se hace del conocimiento del Juez responsable que las constancias requeridas podrán ser remitidas al correo electrónico oficial 5jdo11cto@correo.cjf.gob.mx, correspondiente a este Juzgado. Lo anterior, bajo el mismo apercibimiento decretado en el auto admisorio, en caso de ser omiso al presente requerimiento. Notifíquese; y mediante oficio a la autoridad responsable indicada.

  2. Incidental

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. SE AGREGA OFICIO. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, suscrito por el Magistrado de la Novena Sala Penal Unitaria del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Morelia, mediante el cual pretende rendir su informe previo requerido en autos; lo anterior, toda vez que la autoridad oficiante en su misiva de cuenta manifiesta textualmente lo siguiente: Sin embargo, la autoridad oficiante omitió señalar, en concreto, si los actos reclamados que manifiesta en su ocurso de cuenta son ciertos o no. REQUIERE ACLARACIÓN DE INFORME PREVIO. Por tanto, con apoyo en el artículo 140 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 297 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia, requiérase a dicha autoridad para que dentro del término de tres días hábiles, contados a partir de la recepción del oficio respectivo, aclare su informe previo; esto es, manifieste si son o no ciertos la totalidad de los actos reclamados por la parte quejosa. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 210-A, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se faculta a la autoridad responsable rendir su informe aclaratorio vía correo electrónico 5jdo11cto@correo.cjf.gob.mx. En esa medida, indíquesele que basta con que dé cumplimiento al presente requerimiento por la citada vía; dicho de otro modo, por ejemplo si informa lo peticionado por vía correo electrónico, resultará innecesario que lo haga también de manera física. APERCIBIMIENTO. Se apercibe a la referida responsable que de no rendir el informe aclaratorio que se le solicita, se hará acreedora a una multa equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de conformidad con los artículos 4 y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 260, fracción I y 238 de la Ley de Amparo. Por otro lado, la autoridad responsable en cita, a través de su oficio de cuenta (registro 19016), informa que la diversa autoridad responsable denominada Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema Penal Acusatorio y Oral, Región Uruapan, Michoacán de Ocampo, quedo enterada de la radicación y admisión de la presente instancia constitucional, así como de los efectos de la suspensión provisional otorgada al quejoso en autos; circunstancia de la que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. INFORME PREVIO [REGISTRO 19008]. Finalmente, con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el informe previo que, vía correo electrónico, remite el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema Penal Acusatorio y Oral, Región Uruapan, Michoacán de Ocampo, con vista a las partes. INTERPONE QUEJA [Registro 19071]. Por otro lado, téngase a ********************y ********************quienes se ostentan, el primero de ellos como defensor particular de ********************y en su conjunto como defensores públicos de los quejosos ********************y ********************, en términos de los artículos 97, fracción I, inciso b), 98, 99 y 100, de la Ley de Amparo, interponiendo recurso de queja y formulando agravios, en contra del proveído de veintidós de noviembre de dos mil veintitrés, en el que, por una parte se negó, y por la otra se concedió, la suspensón provisional de los actos reclamados a los directos quejosos; háganse las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno. REMISIÓN DE CONSTANCIAS. Por tanto, mediante oficio correspondiente, con copia certificada de los autos, ríndase el informe justificado sobre la materia de la queja al Tribunal Colegiado que corresponda, para la substanciación de dicho medio de oposición, así como el oficio de expresión de agravios con número de registro 19071; ello, sin esperar a que se cuente con las constancias de notificación a las partes; es decir, sin que sean necesarios los respectivos acuses de recibo, en razón a la inmediatez con la que se debe sustanciar el recurso de queja de carácter urgente, por ser interpuesto, en el caso, contra la suspensión provisional. Sirve como apoyo la tesis jurisprudencial 1ª./J 126/2022 (11ª.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Undécima Época, en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro digital 2025397, de rubro y texto: "RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 97, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO. LA OBLIGACIÓN QUE TIENE EL JUEZ DE DISTRITO DE REMITIR EL RECURSO CON LAS CONSTANCIAS DE NOTIFICACIÓN DEL AUTO QUE LO TUVO POR INTERPUESTO, NO PUEDE SER UN IMPEDIMENTO PARA SEGUIR SU TRÁMITE [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 26/2017 (10a.)]. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sostuvieron criterios discrepantes sobre la aplicabilidad de la jurisprudencia 1a./J. 26/2017 (10a.), con relación a la procedencia del recurso de queja de carácter urgente. Así, uno de ellos consideró que la sustanciación del recurso se encuentra supeditada a que el Juez de Distrito remita al Tribunal Colegiado de Circuito las constancias de notificación a las partes del auto en el cual se tuvo por interpuesto el recurso, estimando la aplicabilidad del criterio jurisprudencial de manera implícita. En contraposición, el otro Tribunal Colegiado no aplicó la jurisprudencia porque consideró que era violatoria del derecho a la justicia pronta, centrando su argumentación en torno a la reforma al artículo 17, párrafo tercero, de la Constitución General. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que si bien es cierto que para la sustanciación del recurso de queja previsto en el artículo 97, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, interpuesto en contra de la concesión o negativa de la suspensión de plano o provisional, existe la obligación establecida en el artículo 101, párrafo quinto, de la propia ley, en el sentido de que el Juez de Distrito debe remitir las constancias de notificación al Tribunal Colegiado de Circuito, también lo es que, en atención a los artículos 17, párrafo tercero, de la Constitución General y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, no puede paralizarse el proceso so pretexto de que no se cuenta con las constancias de notificación, porque a la vez, existe un deber de dictar la resolución en un plazo de 48 horas. Justificación: Aun cuando esta Primera Sala en la jurisprudencia 1a./J. 26/2017 (10a.) había determinado que el trámite del recurso de queja de carácter urgente estaba supeditado a que el Juez de Distrito remitiera las constancias de notificación al Tribunal Colegiado de Circuito, lo cierto es que el criterio fue emitido antes de la reforma al artículo 17, párrafo tercero, de la Constitución General, por lo que, de una reinterpretación del proceso, se considera que esta Sala interrumpe dicha jurisprudencia y, por tanto, es necesario hacer una reinterpretación del criterio contenido en ella para evitar una metodología que privilegie la forma sobre el fondo. Entonces, atendiendo a la inmediatez con la cual debe sustanciarse el recurso de queja de carácter urgente por ser interpuesto en contra de una determinación con relación a la suspensión de plano o provisional (medida cautelar que busca la protección de derechos humanos), la obstaculización de su trámite por un formalismo sería contrario al derecho a un recurso sencillo, rápido y efectivo, porque se privilegiaría un requisito que podría dejar sin efectividad al juicio de amparo.". PRUEBAS. PRUEBAS [REGISTRO 19072]. Finalmente, con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, las pruebas documentales que exhibe dicha parte, sin perjuicio de relacionarlas al momento de la celebración de la audiencia incidental. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE A LAS PARTES Y MEDIANTE OFICIO A LA SUPERIORIDAD, ASÍ COMO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES.

  3. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN INFORMA COMPENSACIÓN DE CARGAS DE TRABAJO. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Jefe de la Oficina de Correspondencia Común B, de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en esta ciudad, por medio del cual y en atención a su contenido, téngasele informando que se actualizaron las cargas de trabajo y por lo que ve a la compensación ésta se efectuará de manera automática por el sistema de cómputo, dándose de alta en la carga de trabajo de este juzgado y anexa la boleta de turno correspondiente; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  4. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. RECEPCIÓN DE OFICIO. Téngase por recibido el oficio de cuenta enviado por la Secretaria del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en esta misma ciudad, al que acompaña el expediente relativo al juicio de amparo indirecto 784/2023, formado con motivo de la demanda interpuesta por José Refugio Rodríguez, Gilberto Ordaz Morfín y Bernardo Jiménez Bernabé quienes se ostentan, el primero de ellos como defensor particular de José Valencia Mendoza y en su conjunto como defensores públicos de los quejosos Rugiero Mendoza Villalobos y Salvador Salgado García, contra actos del Magistrado de la Novena Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en Morelia y otra autoridad, cuaderno de amparo que contiene: 1. Demanda de amparo. 2. Auto de nueve de noviembre de dos mil veintitrés, mediante el cual se previno a la parte quejosa a fin de que aclarara su escrito inicial de demanda. 3. Escrito aclaratorio. 4. Proveído de catorce de noviembre de la anualidad que transcurre, en el que, por un lado se tuvo a los promoventes, cumpliendo en tiempo y forma con la prevención propuesta y, por otra parte, dicho Órgano Jurisdiccional se declaró incompetente para seguir conociendo de dicho juicio y ordeno su remisión a este Juzgado por razón de conocimiento previo. SE ACEPTA CONOCIMIENTO. Atento lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 46, fracción II y 46 Quater, fracciones I y II, que contienen el criterio general de cómo se deberá relacionar un asunto de amparo indirecto de nuevo ingreso a un órgano jurisdiccional determinado por existir un antecedente que hace procedente la vinculación, excluyendo el turno aleatorio, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones en relación con las atribuciones de las Direcciones Generales de Gestión Judicial y de Estadística Judicial, el sistema de recepción, registro y turno de asuntos y las consultas de turno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de marzo de dos mil veintidós, este Juzgado de Distrito acepta el conocimiento del asunto en el estado procesal en que se encuentra. Comuníquese esta determinación al Juzgado de Distrito remitente, para los efectos legales conducentes. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y REGISTRO. Ahora, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2015 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 894/2023-II, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. De igual manera con apoyo en el referido precepto 3, Quinto y Séptimo párrafo de la ley de la materia, así como 90 y 92 del citado Acuerdo General, se comisiona a la Secretaria, a los oficiales administrativos de la mesa de trámite y demás encargados de la digitalización de constancias y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a revisar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como a la digitalización de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en éste. En el entendido que no formarán parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 92 del Acuerdo mencionado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. ADMISIÓN. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1°, 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal, 1°, fracción I, 5, 35, 37, 107, 108, 112, 116 y relativos de la Ley de Amparo; se ADMITE a trámite la demanda de amparo promovida por José Refugio Rodríguez, Gilberto Ordaz Morfín y Bernardo Jiménez Bernabé quienes se ostentan, el primero de ellos como defensor particular de José Valencia Mendoza y en su conjunto como defensores públicos de los quejosos Rugiero Mendoza Villalobos y Salvador Salgado García, contra actos del Magistrado de la Novena Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en Morelia y otra autoridad. ACTO RECLAMADO (PRECISIÓN). Ahora bien, una vez analizado íntegramente el escrito inicial de demanda, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado lo siguiente: La resolución de veinte de octubre de dos mil veintitrés, dictada por el Magistrado de la Novena Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, en el toca penal IX-108/2023, en la que se resolvió el recurso de apelación interpuesto por la fiscalía, la victima indirecta y representante del menor de edad de iniciales J.A.G.S. en contra de la resolución emitida por el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, región Uruapan, en la audiencia intermedia de veinte de julio del año en curso, de la causa penal 29/2022, instruida en contra de los quejosos por el delito de secuestro agravado, en contra del citado menor de edad, en la que se había decretado el "sobreseimiento parcial", para ahora modificarla y decretar la nulidad parcial de la citada audiencia, conducir a proceso a los procesados y continuarla a hasta la emisión del auto de apertura a juicio. SE CONVALIDAN ACTUACIONES. En ese sentido, con apoyo en lo que establece el artículo 17, último párrafo del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme al numeral 2°, párrafo segundo, se convalidan todas las actuaciones y determinaciones ordenadas y llevadas a cabo por la autoridad que conoció del presente asunto previo a la declinatoria de competencia; lo anterior, para todos los efectos legales a que haya lugar. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Como lo solicita la parte quejosa, de conformidad con el artículo 3° en relación con el diverso 128 de la Ley de Amparo, por cuerda separada, tramítese el incidente de suspensión relativo a este juicio de amparo, sin que sea necesario su formación por duplicado de manera física, de conformidad con el artículo 264 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, de veintiocho de octubre de dos mil veintidós. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se señalan las DIEZ HORAS CON VEINTICUATRO MINUTOS DEL OCHO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTICUATRO, para llevar a cabo la audiencia constitucional de este juicio. Sin que lo anterior implique demérito alguno al principio de justicia pronta y expedita, el señalamiento de la audiencia constitucional, pues se estima que es el estrictamente indispensable para dar oportunidad a que las autoridades responsables foráneas alleguen el informe justificado respectivo, considerando el lugar de su residencia, cuestión que desde luego no se encuentra normada en el ordinal 117 de la Ley Amparo, dejando por tanto, la apreciación al criterio del Juzgador. Aunado a que del uno al quince de enero de dos mil veinticuatro, este Juzgado de Distrito gozará de su segundo periodo vacacional; lo anterior, conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona diversas disposiciones relativas a las vacaciones de los Juzgados de Distrito. Al efecto, se invoca por identidad de razones la tesis de la anterior conformación de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo LXIX, página 2638, del rubro siguiente: "AUDIENCIA, SEÑALAMIENTO TARDIO DE LA" REQUERIMIENTO. Ahora bien, los promoventes, en su escrito inicial de demanda, aducen ser por lo que ve a José Refugio Rodríguez, como defensor particular de José Valencia Mendoza y por lo que respecta al citado José Refugio Rodríguez, así como a Gilberto Ordaz Morfín y Bernardo Jiménez Bernabé, éstos se ostentan como defensores públicos de los diversos quejosos Rugiero Mendoza Villalobos y Salvador Salgado García; con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, requiérase a la autoridad responsable Magistrado de la Novena Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, para que dentro del término de tres días hábiles, siguientes al en que reciba el oficio de notificación del presente proveído, informe si los citados promoventes tienen reconocido el carácter con que se ostentan en la presente instancia constitucional dentro del toca penal IX-108/2023 de su índice y, en su caso remita copia certificada de las constancias que así lo acrediten. APERCIBIMIENTO. Con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo anterior se le impondrá una multa equivalente a treinta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de conformidad con los artículos 4 y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 260, fracción II y 238 de la Ley de Amparo. En la inteligencia de que la información y constancias requeridas podrá remitirlas a este Juzgado a través del correo electrónico oficial 5jdo11cto@correo.cjf.gob.mx, sin perjuicio de que lo haga por la vía ordinaria. INFORME JUSTIFICADO. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase el informe justificado a las autoridades señaladas como responsables, quienes deberán rendirlo por escrito dentro del término de quince días hábiles. El cual se computará a partir del día siguiente a aquéllas en que surta efectos la notificación de este proveído, en el entendido que en dicho informe deberán exponer las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, en la inteligencia que de no hacerlo o no acompañar copia debidamente autorizada de las constancias que avalen la existencia del acto reclamado y que soporten su emisión, completas, legibles, foliadas y ordenadas en forma secuencial, se harán acreedoras cada una de ellas a una multa equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de conformidad con los artículos 4 y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 260, fracción II y 238 de la Ley de Amparo. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 210-A, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se faculta a las autoridades responsables rendir sus informes al correo electrónico oficial 5jdo11cto@correo.cjf.gob.mx. En esa medida, indíqueseles que basta con que den cumplimiento al presente requerimiento por ese medio electrónico, por lo que resultará innecesario que lo hagan también por la vía ordinaria, excepto cuando se deban enviar constancias para sustentar su dicho. CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN QUE SE REMITA COMO APOYO AL INFORME JUSTIFICADO. Se hace del conocimiento de las autoridades responsables que en caso de que dentro de la información que remitan como apoyo al informe justificado o sean requeridas posteriormente, se envíe información que se encuentre clasificada como reservada, deberán remitir copia certificada del acta de clasificación a que se refiere el artículo 137 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a efecto de este órgano jurisdiccional pueda constatar que el órgano competente emitió la declaratoria de clasificación correspondiente. Se apercibe a las responsables que de no remitir el acta de clasificación precisada en el párrafo anterior, la información remitida será considerada como de acceso público y con ese carácter se anexará al presente expediente. INTEGRACIÓN DEL JUICIO. De igual manera, en aras de agilizar el trámite del asunto aquí planteado, en atención al principio de expedites de justicia y celeridad procesal, se solicita atentamente a las autoridades responsables, para que al momento de que rindan su informe justificado proporcionen a éste órgano federal algún correo electrónico oficial, para garantizar a las partes el derecho fundamental a que se refiere el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese sentido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 210-A, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se faculta a las autoridades responsables para que cualquier información relacionada con el presente asunto, la remitan al correo electrónico 5jdo11cto@correo.cjf.gob.mx; o bien, mediante oficio ordinario. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS. De ser el caso de que así lo soliciten las partes, se les anticipa que no se devolverán los documentos exhibidos y que con posterioridad alleguen las partes en original o copia certificada, en virtud de que los artículos 122 de la Ley de Amparo y 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, establecen que los documentos pueden ser objetados por las partes, y que estos no podrán devolverse hasta en tanto no precluya el derecho de objetarlos, mientras no se haya resuelto definitivamente el punto relativo a las objeciones que se hayan formulado, o bien, mientras el juicio de amparo no haya sido resulto definitivamente. Sin embargo, se hace de su conocimiento que tienen expedito el derecho para solicitar copias certificadas de las documentales exhibidas o, en su caso, una vez que haya causado ejecutoria este asunto soliciten la devolución de los documentos mediante diversa promoción. Es aplicable la jurisprudencia de rubro: "DOCUMENTOS. SU OBJECIÓN PUEDE FORMULARSE ANTES O EN EL MOMENTO DE LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL". TERCEROS INTERESADOS. A fin de tener certeza de integrar debidamente la relación jurídico-procesal, este juzgado se reserva acordar lo procedente respecto al emplazamiento de la parte tercera interesada en el presente juicio, hasta en tanto obren las constancias relativas al juicio de origen, con las que la autoridad responsable apoye su informe justificado, para así tener la plena certeza de a quién le resulta ese carácter. En ese sentido, se requiere a las autoridades responsables para que al rendir su informe justificado, informen a este Juzgado de Distrito el nombre y domicilio de la parte tercero interesada, con el apercibimiento que de no hacerlo así, se hará acreedora a una multa equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de conformidad con los artículos 4 y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 260, fracción II y 238 de la Ley de Amparo. EMPLAZAMIENTO AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO QUE TENGA INTERVENCIÓN EN EL PROCESO DE ORIGEN. Ahora, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5°, fracción III, inciso e), de la Ley de Amparo, se requieren a las autoridades responsables Magistrado de la Novena Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en Morelia así como al Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Uruapan, Michoacán de Ocampo, para que emplacen con el carácter de tercero interesado al Agente del Ministerio Público y/o Agente de Litigación que tenga intervención en el toca de apelación IX-108/2023 y la causa penal de origen 29/2022, mencionados con antelación, con copia de la demanda de amparo que nos ocupa, a fin de que se encuentre en condiciones de actuar en términos de lo establecido por el artículo 124 de la invocada legislación, debiendo enviar a éste Juzgado federal la constancia respectiva. SE REQUIERE A LAS PARTES COMUNIQUEN LA POSIBLE ACTUALIZACIÓN DE CAUSAL DE IMPROCEDENCIA O SOBRESEIMIENTO. En otra línea, con fundamento en el artículo 64, de la ley de la materia, se requiere tanto a la autoridad señalada como responsable como a la parte quejosa y, en su caso, a quienes les revista el carácter de tercera interesada, para que comuniquen de inmediato a este juzgado si durante la secuela de este juicio se actualiza alguna causa de improcedencia o sobreseimiento, o bien, cuando por alguna cuestión tengan conocimiento de ello y; de ser posible acompañen las constancias que acrediten tal extremo. MULTA. En el entendido que de hacer caso omiso al presente requerimiento, si en el trámite o resolución del juicio se advierte una posible causal que las partes hayan sido omisas en comunicarlo a éste órgano, se les impondrá multa equivalente a treinta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de conformidad con los artículos 4 y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 251 de la Ley de Amparo. FORMA DE REALIZAR LAS NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 26, 27 y 28 de la Ley de amparo, se ordena notificar a las autoridades responsables a través de oficio con inserción completa del texto de los autos o resoluciones, únicamente aquellos actos procesales que por su trascendencia debe asegurarse que sean plenamente conocidos por las partes a fin de otorgar seguridad jurídica y oportunidad de defensa. Por tanto, todos aquellos acuerdos de mero trámite deberán notificarse por medio de lista; máxime que ésta se publica tanto en los estrados del juzgado, por disposición de la propia Ley de Amparo, como en la página de internet www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.asp, con una síntesis del proveído dictado en cada caso, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Lo anterior, con sustento en lo establecido en la jurisprudencia 2ª./J. 176/2012, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1253 del Libro XVI, Tomo 2, Enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, cuyo número de registro es el 2002576, de rubro siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." INTERVENCIÓN AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. Con base en lo que establece el artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese al Agente del Ministerio Público Federal adscrito, la intervención que le confiere la ley, corriéndole traslado con copia de la demanda de amparo. CAPTURA DE AUTORIDADES RESPONSABLES. Se instruye al analista jurídico encargado del SISE, para que realice la captura exacta de las autoridades responsables, tal y como se señala en los informes justificados que obran en autos. Para lo cual, el secretario encargado de la mesa deberá verificar que la anterior instrucción se efectúe en sus términos. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Por otra parte, con apoyo en la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, permítanse a las partes y a sus autorizados imponerse de los acuerdos o resoluciones pronunciadas en el presente juicio de amparo mediante el uso de aparatos como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos, así como aquellos aparatos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar y reproducir algún acuerdo o resoluciones dictadas por este Juzgado; empero atendiendo al clima de inseguridad que prevalece en la zona, lo cual es un hecho notorio para sus habitantes, debe decirse que, además por seguridad personal de quienes laboran en los órganos jurisdiccionales federales y de quienes acuden a ellos para realizar los diversos trámites que les incumben, la autorización de que se trata, debe acotarse de la siguiente forma. Así, la circunstancia de que se permita a las partes y a sus autorizados el uso de los citados dispositivos aportados por la tecnología, para la consulta de actuaciones en aras de una justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 Constitucional, no debe entenderse en un sentido amplio, sino limitativo, es decir, debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad y que no se produzcan elementos o textos cuya difusión esté reservada por disposición expresa de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para aplicación de la citada ley, o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. También por seguridad jurídica, debe dejarse constancia en autos del acto en el que las partes o sus autorizados utilizan medios tecnológicos para reproducir actuaciones, sin que esto implique la fe pública del secretario quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados, sino es con la finalidad de fijar la responsabilidad del interesado ante un mal uso que dé a la actuación obtenida, al no estarse en los supuestos previstos por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente. La anterior determinación, tiene apoyo en la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXIX, Marzo de 2009, página 2847, registro 167640, cuyo contenido es el siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". Bajo ese contexto, la anterior autorización tendrá efectos en el presente juicio de amparo. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2°, en relación con el 3° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para la impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles, las cuales no causarán contribución alguna; y sin que se considere necesario sean solicitadas por escrito. SE COMISIONA. Concatenado con lo anterior, comisiónese al Actuario de la adscripción, para que, en caso de que sean solicitadas dichas copias, acuerde con la parte promovente el modo o términos para la obtención de las mismas, es decir, la manera en que las mismas le han de ser facilitadas por conducto del fedatario público. PRECISIÓN. En el entendido de que, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, cuando se trate de solicitar más de un juego de copias certificadas de las constancias que integran el presente asunto, se deberá precisar las razones por las cuales quien las solicita requiere de su expedición, de acuerdo a sus intereses procesales, de no ser así, se autorizará la expedición de un sólo juego de las mismas; lo que es acorde con la tesis 1a./J.20/2017 (10a), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitida por contradicción, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 42, Mayo de 2017, Tomo I, página 308, con registro digital 2014287, de rubro y texto siguientes: "COPIA CERTIFICADA DE CONSTANCIAS O DOCUMENTOS QUE OBREN EN AUTOS. EL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES NO RESTRINGE SU EXPEDICIÓN A UN SOLO JUEGO. La expresión "copia certificada de cualquier constancia o documento que obre en los autos" del artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles no restringe a un solo juego el número de copias certificadas que las partes pueden solicitar. En efecto, la ratio legis del artículo es proteger el acceso a toda la información contenida en los autos de un proceso judicial en el cual sean parte los solicitantes, por tanto, la expedición de copias certificadas atiende a los intereses procesales que tengan los individuos sujetos a proceso y no existe ninguna razón para sostener que dichos intereses siempre se satisfacen expidiendo sólo un tanto de copias. Esta interpretación se refuerza si se toma en consideración el principio pro persona cuya finalidad es la interpretación y aplicación de criterios jurídicos atendiendo a la protección más amplia de los derechos humanos. No obstante, la expedición de más de un juego de copias certificadas se encuentra condicionada a la justificación de uso que aporte la parte solicitante. Es decir, la solicitud de más de un juego de copias certificadas deberá acompañarse de las razones por las cuales quien las solicita requiere de su expedición. En consecuencia, las autoridades jurisdiccionales podrán negar expedir todos los tantos de copias solicitados cuando se abuse de dicho derecho. Así, si la autoridad jurisdiccional advierte que la parte solicitante solicitó un número de copias excesivo, sin que se exponga alguna razón para justificar ese número de copias, se podrán expedir menos tantos de copias que los solicitados." DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Toda vez que en párrafos que anteceden se convalidaron todas las actuaciones y determinaciones ordenadas y llevadas a cabo por la autoridad declinante, resulta innecesario acordar de nueva cuenta respecto del señalamiento de domicilio para oír y recibir notificaciones, por lo que se tiene como tal el ordenado en auto de nueve de noviembre de dos mil veintitrés. HORARIO DE LABORES. En otro aspecto, se precisa que en este órgano jurisdiccional el horario en el cual pueden acudir las partes para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos, que es el horario de atención al público, de conformidad con el artículo 6 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, de veintiocho de octubre de dos mil veintidós. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no sólo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de Amparo, y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado y, ello dar pauta a que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente sumario, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos. CONSULTA DE EXPEDIENTE. Se hace hincapié que, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, pueden consultar el expediente electrónico relativo a este asunto, mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, para lo cual deberá realizarse la solicitud de autorización correspondiente, proporcionando un usuario de dicho Portal. EXHORTACIÓN A LAS PARTES. En ese sentido, de conformidad con el artículo 263, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, de veintiocho de octubre de dos mil veintidós, se exhorta a las partes para que, de así considerarlo conveniente, continúen con la tramitación de este juicio de amparo en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su firma electrónica avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL). ACTUALIZACIÓN DE CARGAS DE TRABAJO. En otro aspecto, tomando en consideración que el juicio de amparo 784/2023, del índice del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en esta ciudad, fue remitido directamente a este órgano jurisdiccional; tal circunstancia hágase del conocimiento del Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, a efecto de que proceda a realizar la compensación correspondiente en las cargas de trabajo de este Tribunal. TRANSPARENCIA. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, éste último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. FIRMA ELECTRÓNICA. Finalmente, de conformidad con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en relación con el punto tercero del diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se ordena que la firma de este asunto se realice a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), al tener ésta el mismo valor que la autógrafa. Notifíquese; personalmente a las partes y mediante oficio a las autoridades responsables.

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