José Ubaldo Reyna Madrigal

Expediente 497/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
497/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
18/10/2022

Partes del expediente

  • José Ubaldo Reyna Madrigal

Actuaciones

  1. Principal

    I. Uruapan, Michoacán de Ocampo, dieciocho de octubre de dos mil veintidós. AUTORIDAD ACUSA RECIBO. Con fundamento en los artículos 61 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibido y agréguese el oficio firmado por el Magistrado de la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con sede en Morelia, a través del cual, solicita se le informe el estado procesal del juicio de amparo en que se actúa. En ese sentido, mediante oficio que derive del presente auto, hágase del conocimiento que el veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, se aceptó la competencia declinada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en Morelia, Michoacán, y se avoco al conocimiento de dicho asunto asimismo, se desechó la demanda por la razones ahí expuestas y por auto de diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, se dejó firme dicha determinación; lo que se informa, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    I. Uruapan, Michoacán de Ocampo, diecinueve de septiembre de dos mil veintidós. CAUSA ESTADO. Visto el estado procesal de autos del que se desprende que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el proveído en el que se desechó la demanda de amparo origen de este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho acuerdo HA CAUSADO ESTADO, para los efectos legales procedentes. ARCHIVO. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, archívese el asunto como definitivamente concluido. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que se desechó la demanda que diera origen al presente asunto, de conformidad con lo supuesto por el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este expediente es susceptible de ser destruido. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase el presente expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General del Archivo y Documentación, para que en el ejercicio de sus funciones proceda como corresponda. En la inteligencia de que el expediente en que se actúa, NO SE CONSIDERA DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, al no ubicarse en ninguno de los supuestos que señala el artículo 15 del propio Acuerdo General. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    I. Uruapan, Michoacán de Ocampo, cinco de septiembre de dos mil veintidós. ESTADO DE AUTOS. Revisado el estado procesal de autos se advierte que mediante proveído de veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, este órgano jurisdiccional desechó la demanda de amparo interpuesta por José Ubaldo Reyna Madrigal, por lo que, ordenó notificar al citado quejoso, mediante exhorto librado al Juez de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, en turno, con residencia en la ciudad de Morelia, sin que a la fecha se cuente con la recepción de las constancias completas y legibles que acredite su respectiva diligenciacion. En ese contexto, a fin de evitar mayores dilaciones procesales, mediante oficio que derive del presente proveído, requiérase a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, en el Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en la ciudad de Morelia, para que dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir de que surta efectos su legal notificación, informe vía correo electrónico institucional 5jdo11cto@correo.cjf.gob.mx a este Juzgado Federal, el estado procesal que guarda la citada comunicación oficial o bien remita las constancias completas y legibles, que acrediten la debida diligenciación del mismo, lo anterior a fin estar en condiciones de acordar lo que en derecho corresponda. APERCIBIMIENTO. Se apercibe a las autoridades requeridas que de no cumplir con lo solicitado en el plazo concedido para tal efecto, se impondrá una multa equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de conformidad con los artículos 4 y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 237 fracción I y 259, ambos de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, veinticuatro de agosto de dos mil veintidós. RECEPCIÓN DE OFICIO Y SE ACEPTA CONOCIMIENTO. Téngase por recibido el oficio 4034/2022, enviado por la Actuaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en Morelia, Michoacán de Ocampo, al que acompaña el expediente relativo al juicio de amparo directo civil 569/2022, formado con motivo de la demanda interpuesta por José Ubaldo Reyna Madrigal, contra actos del Magistrado de la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en Morelia, que remite en cumplimiento al acuerdo de diecinueve de agosto del año en curso, en que el Tribunal de su adscripción, determinó carecer de competencia legal para conocer y resolver de la demanda de amparo y ordenó remitirla al Juzgado de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo en turno, con sede en esta ciudad, de la que correspondió conocer a este órgano jurisdiccional; oficio al que acompaña: La demanda de amparo promovida por José Ubaldo Reyna Madrigal, por propio derecho. El oficio firmado por la Secretaria de Acuerdos, encargada del despacho por ministerio de Ley de la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en Morelia, mediante el cual, rinde su informe justificado. Los autos que integran el toca de apelación I-151/2022. Lo anterior, en razón de que el Tribunal Colegiado de su adscripción, determinó que el acto reclamado no constituye una sentencia definitiva o resolución que sin resolver el fondo del asunto ponga fin al juicio, como lo prevén los artículos 107, fracción V, inciso c), de la Constitución General de la República, y 170, fracción I, de la Ley de Amparo. Lo que así determinó, pues el promovente reclama: La resolución de veintidós de junio del año en curso, dictada por el Magistrado de la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en el toca I-151/2021. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 45, de la Ley de Amparo, este Juzgado asume el conocimiento del asunto planteado. Acúsese recibo. Asimismo, con los autos del referido toca de apelación I-151/2021, fórmense cuaderno de prueba por separado, identificado como tomo I. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y REGISTRO. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2015 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 497/2022-IV, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. De igual manera con apoyo en el referido precepto 3, Quinto y Séptimo párrafo de la ley de la materia, así como 90 y 92 del citado Acuerdo General, se comisiona al Secretario, a los oficiales administrativos de la mesa de trámite y demás encargados de la digitalización de constancias y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a revisar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como a la digitalización de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en este. En el entendido que, no forman parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 92 del Acuerdo mencionado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA. Ahora, al ser preferente su estudio, este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley que rige el juicio constitucional las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda; tal como se estipula el precepto 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucional que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De la anterior disposición legal se desprende que quien resuelve, debe desechar una demanda constitucional cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, conviene precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquél que está plenamente demostrado, toda vez que, se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independiente de los elementos que pudieran aportar las partes. Sirve de apoyo la tesis número I.13º.A.4 K, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 1318 del Tomo XIV, correspondiente al mes de agosto de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de epígrafe: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." DESECHAMIENTO. Bajo esa óptica, este órgano jurisdiccional determina que se actualiza en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción, XXIII, en relación con los preceptos 107, fracción V, esta última aplicada en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, toda vez que, el acto reclamado no le causa un perjuicio de imposible reparación. Por su parte, el artículo 61, fracción XXIII, y el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". Por su parte, el artículo 107, fracciones IV y V, de dicha legislación, establece: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]" Luego, en primer lugar, únicamente como orientación, debe destacarse que las resoluciones dictadas en procedimientos judiciales donde no exista contienda, deben considerarse como dictadas fuera de juicio, conforme a lo dispuesto por el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo y, por consiguiente, no pueden encuadrarse en la hipótesis de procedencia que establece la fracción V del mismo precepto, que regula la procedencia de los actos dictados dentro de juicio. Sin embargo, el procedimiento sucesorio sí se considera juicio, puesto que por juicio se entiende la controversia y decisión legítima de una causa ante y por el juez competente; esto es, la legítima discusión de un negocio entre el actor y demandado ante el juez competente que la dirige y la termina con su decisión; de ahí que para que exista un juicio, constituye un requisito la existencia de dos o más partes, con intereses opuestos sobre sus respectivos derechos u obligaciones. En ese orden de ideas, la sucesión sí constituye un juicio aunque de carácter universal y de naturaleza peculiar, puesto que quienes intervienen en él, pueden hacer valer su calidad de herederos contra los demás participantes; pueden oponer excepciones y ofrecer pruebas para acreditar sus excepciones; así como impugnar los inventarios y avalúos; y promover la remoción del albacea, entre otros. Puntualizado lo anterior, resulta importante señalar que el fin último del juicio sucesorio, es la adjudicación de los bienes de la herencia entre quienes hayan justificado su carácter y derecho hereditario; se compone de cuatro secciones independientes, siendo las tres primeras la de sucesión (comprendida por la declaración de validez del testamento, reconocimiento de derechos hereditarios y nombramiento y remoción de albacea e interventores, así como de tutores); la de inventarios y avalúos; y la de administración; concluyendo el procedimiento con una sentencia definitiva que se pronuncia en la cuarta y última sección, denominada de partición y adjudicación, la que no comprende la totalidad de actuaciones, sino que cada una de las secciones se decide por separado mediante la resolución especial correspondiente. Por lo que, las violaciones procesales cometidas en las tres primeras secciones sólo pueden alegarse al impugnar mediante juicio de amparo indirecto la resolución que ponga fin a cada una de dichas secciones, previo agotamiento del principio de definitividad que rige al juicio de amparo, pues de alegarse de forma inmediata sin esperar la resolución final de la etapa correspondiente, el amparo indirecto resulta improcedente, con apoyo en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia VI:3º.J/20, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, página 789, Tomo IX, Enero de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: "SUCESIONES, VIOLACIONES PROCESALES. Como en los juicios sucesorios no existe una sentencia definitiva que comprenda todo el procedimiento ya que cada una de las secciones que lo componen se decide por separado, mediante la resolución especial correspondiente, las infracciones de tipo procesal cometidas durante el trámite de la sección de reconocimiento o de declaración de herederos, que no impidan la continuación del procedimiento respectivo, son impugnables por la vía constitucional cuando se reclame la resolución que ponga fin a dicha sección, toda vez que de atacarse de manera inmediata, sin esperar al dictado de aquélla, el amparo indirecto resultaría improcedente, atento a lo dispuesto por el artículo 114, fracción IV, de la ley de la materia, a contrario sensu." Asimismo, tiene aplicación la jurisprudencia VI.2o.C. J/316, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 1311, Tomo XXX, Diciembre de 2009, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto: "JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO. LAS VIOLACIONES PROCESALES OCURRIDAS DURANTE LA SUSTANCIACIÓN DE LAS TRES PRIMERAS SECCIONES PREVISTAS EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE PUEBLA ABROGADO SON RECLAMABLES EN EL AMPARO INDIRECTO QUE SE PROMUEVA CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LES PONGA FIN. Si se parte de la base de que los juicios sucesorios intestamentarios sustanciados al tenor de las disposiciones contenidas en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro, constan de cuatro secciones; que cada una de ellas concluye con una resolución o sentencia; y que la pronunciada en las tres primeras, correspondientes a la declaración de herederos, inventarios y avalúos, y de administración son reclamables en amparo indirecto que se promueva contra el fallo definitivo que se pronuncie, resulta evidente que las violaciones procesales que pudieren haber ocurrido durante la sustanciación de esas secciones, serán reclamables en esta vía, cuando se promueva el juicio biinstancial contra la resolución definitiva que las concluya y decida en cuanto al fondo". Aunado a lo anterior, como lo dispone la propia Ley de Amparo, el juicio de amparo contra actos dentro del juicio, únicamente proceden si tienen como característica una ejecución de imposible reparación; de modo que cuando se trata de un acto procesal dentro del juicio sucesorio, puede impugnarse cuando el quejoso combata la resolución con que concluya la sección correspondiente, siempre que ese acto guarde vinculación con el resultado de esa sección y que lo haya dejado sin defensa y trascendido en el resultado del fallo, conforme a las mismas reglas que establece el artículo 171 de la Ley de Amparo, que regula el juicio de amparo directo, pero que resulta aplicable supletoriamente al amparo indirecto, atendiendo al principio consistente en que donde existe la misma razón, debe regir la misma disposición. Así, los actos en juicio de imposible reparación son aquellos que afectan directamente derechos sustantivos de las partes tutelados por la Constitución a través de los derechos fundamentales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica. Sustenta lo expuesto la jurisprudencia 244, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 164, Tomo VI, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tenga sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivo o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Una vez anotado lo anterior, se advierte de las constancias allegadas junto con su informe justificado del Magistrado responsable, que ante el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil, de esta ciudad, con fecha veintidós de abril de dos mil veintidós, dentro del juicio sucesorio testamentario número 30/2022, emitió el siguiente auto: "Uruapan, Michoacán, a 22 veintidós de abril de 2022 dos mil veintidós. Visto el escrito de cuenta que suscribe Ivette Madai Reyes Padilla, apoderada jurídica de la albacea testamentaria, téngasele rindiendo cuenta mensual de administración en la forma y términos que precisa en su ocurso de cuenta, ordenándose poner a la vista de los interesados para que dentro del término de 3 tres días que se le conceden a efecto de que manifiesten lo que a sus intereses convenga. Asimismo como lo pide, se orden girar oficio a la Junta Local de Sanidad Vegetal del Municipio de Tancítaro, Michoacán, para los fines que indica, quedando el citado medio de comunicación a su disposición en la secretaría relativa, para que previo acuse que se deje en autos para constancia legal, lo reciba y por su conducto se lo haga llegar a su destinatario, a fin de evitar contratiempos y comunicaciones infructuosas, y con ello darle prontitud a su gestión". Por lo que, el aquí quejoso, inconforme con el auto que antecede, interpuso recurso de apelación, y por resolución de veintidós de junio del año en curso, la responsable Magistrado de la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en el toca I-151/2021, confirmó el auto de veintidós de abril del presente año impugnado. Determinación la cual constituye la materia del acto reclamado. Por tanto, como se anotó en párrafos precedentes, por regla general el juicio de amparo indirecto procede contra las resoluciones con las que culminan las tres primeras secciones de los juicios sucesorios y, por excepción, procede el juicio de amparo en la vía indirecta contra resoluciones intermedias dictadas dentro de las tres primeras secciones del juicio sucesorio, a condición de que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, o bien, que a pesar de tratarse de violaciones procesales, afecten a las partes en grado predominante o superior. En tal virtud, para determinar si resulta o no procedente el juicio de amparo que se promueva contra resoluciones intermedias emitidas dentro de las tres primeras secciones del juicio sucesorio, como se precisó, se debe atender a lo dispuesto por el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el cual prevé que el juicio de amparo se pedirá ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Interpretada en sentido contrario dicha disposición, el juicio de amparo resultará improcedente cuando se advierta que no se trata de un acto de imposible reparación, que es aquél que tiene como consecuencia afectar directa e inmediatamente un derecho sustantivo protegido por la Constitución. Asimismo, la vía indirecta resultará procedente contra violaciones procesales, a condición de que la violación afecte a las partes en grado predominante o superior, lo cual debe determinarse objetivamente atento lo siguiente: a) La institución procesal que está en juego; b) Su trascendencia específica que implique una situación relevante para el procedimiento de cuya decisión depende la suerte de todo el juicio natural; c) Los alcances vinculatorios de la sentencia que llegara a conceder el amparo; y d) La concurrencia de todas esas circunstancias que le impriman un grado extraordinario de afectación que obliga a considerar el inmediato análisis constitucional del acto de autoridad. El artículo 872, fracción IV, del Código Civil del Estado de Michoacán, establece como una de las obligaciones del albacea, la de administrar los bienes y rendir cuentas mensuales y una general del albaceazgo; por otro lado, el precepto 1082, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán de Ocampo, instituye que el albacea provisional, judicial o definitivo y el cónyuge en el caso del artículo 1064 del citado código, están obligados a rendir mensualmente la cuenta de su administración, debiendo el juez, de oficio, exigir el cumplimiento de esta obligación y ordenar en todo caso, que la cantidad líquida se deposite en los términos del artículo 1061 de ese Código. Asimismo, el artículo 1087 del referido código, prevé que presentada la cuenta mensual o general de administración, se mandará poner en la secretaría a disposición de los interesados por un término de tres días, para que se impongan de ella. Por último, el numeral 1088 de dicha codificación, señala que pasado el término precisado en el artículo anterior, se citará a las partes a una audiencia que se celebrará dentro de los tres días siguientes, en la que se aprobará o reprobará la cuenta; por lo que el auto correspondiente será apelable en el efecto devolutivo. De una exegesis de dichos preceptos, se infiere que es obligación del albacea de rendir cuentas mensuales o la cuenta general del albaceazgo; que una vez presentada se pone a disposición de los interesados por un término de tres días, para que se impongan de ello y pasado ese término, se citará a una audiencia en la que se aprobará o reprobará dicha cuenta; y, contra dicha diligencia se podrá interponer el recurso de apelación. En tal virtud, se advierte que en la resolución aquí reclamada, en que se confirma el auto de veintidós de abril del año en curso, y en el que únicamente se concedió el término de tres días, para que las partes manifiesten lo que a sus intereses convenga, respecto de la cuenta mensual que presentó la albacea testamentaria, y hacer un requerimiento a la Junta de Sanidad Vegetal de Tancítaro, Michoacán de Ocampo, en relación a los bienes del de cujus, para así proseguir con el trámite que establecen los numerales antes citados; y estar en condiciones de concluir con la audiencia prevista por el artículo 1088 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán de Ocampo; la cual en su caso, será apelable en el efecto devolutivo. Lo anterior permite sostener que la resolución reclamada es intermedia en la tercera sección del juicio sucesorio, pues no es aquélla con la que concluye dicha sección y las violaciones procesales cometidas durante cada sección, por regla general no son impugnables en el juicio de amparo indirecto, porque éste solamente procede contra la resolución con la que culminan la primera, segunda y tercera sección, y excepcionalmente procederá la acción de amparo contra resoluciones que guarden autonomía o independencia de la resolución que ponga fin a la sección correspondiente o conlleven una ejecución de imposible reparación. Sirve de apoyo a lo anteriormente expuesto la tesis I.3o.C.439 C, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la página 1546, del tomo XIX, enero de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto: "JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO. ES DE CARÁCTER UNIVERSAL Y PROCEDE AMPARO INDIRECTO CONTRA LAS RESOLUCIONES QUE DECIDEN EL FONDO DE LAS TRES PRIMERAS ETAPAS DE DECLARACIÓN DE HEREDEROS, INVENTARIOS Y AVALÚOS Y DE ADMINISTRACIÓN, O QUE SEAN UN OBSTÁCULO PARA SU CONCLUSIÓN. La sucesión constituye un juicio de carácter universal y de naturaleza peculiar, puesto que en el proyecto de partición, el objeto principal es liquidar un patrimonio y adjudicarlo a una persona determinada, componiéndose de cuatro etapas: la de sucesión (que en su caso comprende declaración de validez del testamento, reconocimiento de derechos hereditarios o declaratoria de herederos y, nombramiento y remoción de albacea e interventores, así como de tutores); la de inventarios y avalúos; la de administración; y el juicio finaliza con una sentencia que se pronuncia en la cuarta y última sección, denominada de partición y adjudicación, que guarda relación con las tres anteriores, en tanto que la adjudicación se realiza a favor del declarado heredero y se transmite formalmente la propiedad de los bienes inventariados y valuados, atendiendo, en su caso, a las cuentas de la administración aprobadas durante la sección respectiva; sin embargo, conforme al principio de preclusión inherente a todo proceso judicial, al aprobarse la partición y declararse la adjudicación ya no es posible volver a analizar la totalidad de las actuaciones efectuadas dentro del juicio, sino que cada una de las secciones que lo componen se decide por separado mediante la resolución especial correspondiente, que adquiere firmeza para quienes son llamados al juicio sucesorio y tuvieron intervención como herederos; por tanto, las violaciones procesales habidas durante cada sección no son impugnables en el juicio de amparo indirecto, porque éste solamente procede contra la que decide el fondo de esa sección o representa un obstáculo para su conclusión, y excepcionalmente procederá la acción de amparo contra resoluciones que guarden autonomía o independencia de la resolución que ponga fin a la sección correspondiente". Aunado a lo anterior, el acto aquí reclamado no es de aquéllos considerados de imposible reparación, ya que la violación reclamada no afecta derechos sustantivos, como la vida, la propiedad, la libertad, etcétera. De igual forma, es claro que la resolución reclamada no afecta de manera predominante o superior al quejoso, pues no implica una situación relevante para el procedimiento, por el contrario, una vez que se cumpla con la misma, el quejoso tendrá expeditos sus derechos para hacerlos valer como legalmente corresponda. Además, la resolución en reclamo no deja en estado de indefensión al aquí quejoso respecto a las violaciones que afirma se cometieron en la misma, pues aún podrá combatir esas violaciones en el recurso de apelación que se promueva en contra de la aprobación de dicha cuenta de administración. Por tanto, la resolución dictada en la alzada sólo tiene que ver con cuestiones relativas a la rendición de cuentas, de donde se sigue que se trata de una violación intraprocesal cuya naturaleza no significa una violación trascendente para el procedimiento; máxime que aún se encuentra pendiente de que el juez natural emita resolución respecto a la cuenta de administración, la cual podrá ser impugnada en su momento por el hoy quejoso. Por las consideraciones antes expuestas y de conformidad con lo establecido en el artículo61, fracción, XXIII, en relación con los preceptos 107, fracción V, esta última aplicada en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, en relación con el 113, ambos de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por José Ubaldo Reyna Madrigal. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno; y en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Por otra parte, con apoyo en la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal, permítase a las partes y a sus autorizados imponerse de los acuerdos o resoluciones pronunciadas en el presente juicio de amparo mediante el uso de aparatos como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos, así como aquellos aparatos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar y reproducir algún acuerdo o resoluciones dictadas por este Juzgado; empero atendiendo al clima de inseguridad que prevalece en la zona, lo cual es un hecho notorio para los habitantes de la misma, debe decirse que, además por seguridad personal de quienes laboran en los órganos jurisdiccionales federales y de quienes acuden a ellos para realizar los diversos trámites que les incumben, la autorización de que se trata, debe acotarse de la siguiente forma. Así, la circunstancia de que se permita a las partes y a sus autorizados el uso de los ya citados dispositivos aportados por la tecnología, para la consulta de actuaciones en aras de una justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 Constitucional, no debe entenderse en un sentido amplio, sino limitativo, es decir, debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad y que no se produzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición expresa e la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para aplicación de la citada ley, o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. También por seguridad jurídica, debe dejarse constancia en autos del acto en el que las partes o sus autorizados utilicen medios tecnológicos para reproducir actuaciones, sin que esto implique la fe pública del secretario quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados, sino es con la finalidad de fijar la responsabilidad del interesado ante un mal uso que dé a la actuación obtenida, al no estarse en los supuestos previstos por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente. La anterior determinación, tiene apoyo en la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, página 2847, cuyo contenido es el siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULARIZACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". Bajo ese contexto, la anterior autorización tendrá efectos en el presente juicio de amparo. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2°, en relación con el 3° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para la impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles, las cuales no causarán contribución alguna; y sin que se considere necesario sean solicitadas por escrito. SE COMISIONA. Concatenado con lo anterior, comisiónese al Actuario de la adscripción, para que, en caso de que sean solicitadas dichas copias, acuerde con la parte promovente el modo o términos para la obtención de las mismas, es decir, la manera en que las mismas le han de ser facilitadas por conducto del fedatario público, a quien se autoriza para obtener las imágenes de las respectivas constancias por medios electrónicos para que si el solicitante desea le sean proporcionadas por los mismos medios, tomando en cuenta las limitantes que existen para que personas externas accesen al juzgado. Lo anterior, de conformidad con el acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Ahora, se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no sólo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; sin previo acuerdo, se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de amparo, y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. PRECISIÓN. En el entendido de que, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, cuando se trate de solicitar más de un juego de copias certificadas de las constancias que integran el presente asunto, se deberán precisar las razones por las cuales quien las solicita requiere de su expedición, de acuerdo a sus intereses procesales, de no ser así, se autorizará la expedición de un sólo juego de las mismas; lo que es acorde con la tesis 1a./J.20/2017 (10a), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitida por contradicción, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 42, Mayo de 2017, Tomo I, página 308, con registro digital 2014287, de rubro y texto siguientes: "COPIA CERTIFICADA DE CONSTANCIAS O DOCUMENTOS QUE OBREN EN AUTOS. EL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES NO RESTRINGE SU EXPEDICIÓN A UN SOLO JUEGO. La expresión "copia certificada de cualquier constancia o documento que obre en los autos" del artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles no restringe a un solo juego el número de copias certificadas que las partes pueden solicitar. En efecto, la ratio legis del artículo es proteger el acceso a toda la información contenida en los autos de un proceso judicial en el cual sean parte los solicitantes, por tanto, la expedición de copias certificadas atiende a los intereses procesales que tengan los individuos sujetos a proceso y no existe ninguna razón para sostener que dichos intereses siempre se satisfacen expidiendo sólo un tanto de copias. Esta interpretación se refuerza si se toma en consideración el principio pro persona cuya finalidad es la interpretación y aplicación de criterios jurídicos atendiendo a la protección más amplia de los derechos humanos. No obstante, la expedición de más de un juego de copias certificadas se encuentra condicionada a la justificación de uso que aporte la parte solicitante. Es decir, la solicitud de más de un juego de copias certificadas deberá acompañarse de las razones por las cuales quien las solicita requiere de su expedición. En consecuencia, las autoridades jurisdiccionales podrán negar expedir todos los tantos de copias solicitados cuando se abuse de dicho derecho. Así, si la autoridad jurisdiccional advierte que la parte solicitante solicitó un número de copias excesivo, sin que se exponga alguna razón para justificar ese número de copias, se podrán expedir menos tantos de copias que los solicitados." AUTORIZADOS. Por otra parte, como lo solicita el promovente, téngase como autorizados con la amplitud de facultades a que se refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, a Liborio Espinoza Hernández y Carlos Fernández Fabián, toda vez que después de haber realizado una búsqueda en el Registro Electrónico del Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se encontró registrada su cédula profesional que los acredita como licenciados en derecho. NOTIFICACIÓN AL PROMOVENTE. Ahora, toda vez que el promovente José Ubaldo Reyna Madrigal, señala como domicilio para oír y recibir notificaciones, el ubicado en el número 539-1, de la Calzada de Arnulfo Ávila (Calzada del Panteón), colonia Morelos, en Morelia, Michoacán de Ocampo, con apoyo en el artículo 27, fracción II de la Ley de Amparo, 298 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria líbrese atento exhorto vía interconexión, al Juez de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, en turno, con residencia en Morelia, para que en auxilio de las labores de este Juzgado instruya a quien corresponda, a efecto de que: Notifique la presente resolución al promovente José Ubaldo Reyna Madrigal. Asimismo, lo prevenga para que dentro del término de tres días, computados legalmente, designe domicilio en esta ciudad de Uruapan, Michoacán de Ocampo, para oír y recibir notificaciones personales, bajo apercibimiento que de no hacerlo, las subsecuentes le serán realizadas por medio de lista que se publica en los estrados de este órgano de control constitucional, de conformidad con el artículo 26, fracción III, en relación con el diverso 29, ambos de la Ley de Amparo. Por otra parte, hágase del conocimiento del Juez exhortado que en términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para el desahogo de la diligencia. De igual forma, se solicita instruya al fedatario de su adscripción para que si al momento de constituirse en el domicilio antes referido es informado por alguna persona u obtiene cualquier indicio donde pueda ser notificada la parte procesal interesada, se constituya en ese otro domicilio, sin previo acuerdo. Hágase saber al Juez exhortado que de conformidad con el artículo 300 del mencionado Código Procesal, se solicita de la manera más atenta y cordial sirva ordenar la diligencia en los términos indicados y una vez desahogada, devuelva a la brevedad las constancias que así lo acrediten por la misma vía. Comunicación que se enviara a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito, por lo que hágase uso de la firma electrónica vigente y reconocida por el Poder Judicial de la Federación, con apoyo en los artículos 107 a 111 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. DEVOLUCIÓN MEDIANTE SISE. En el entendido de que la diligencia dispuesta deberá practicarse siguiendo los lineamientos que para el trámite de este tipo de comunicados oficiales dicta la ley; además, respetuosamente se solicita la devolución de lo actuado VÍA ELECTRÓNICA, como lo dispone el numeral 110 del propio Acuerdo General, en el entendido que no se acusará de recibo, porque se genera automáticamente. HORARIO DE LABORES. En otro aspecto, se precisa que una vez que se normalicen las labores en este órgano jurisdiccional, el horario en el cual pueden acudir las partes para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve a las quince horas, que es el horario de atención al público. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no sólo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de Amparo; y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio, acatando en todo momento los protocolos y recomendaciones emitidas por la Secretaria General de Salud a efecto de evitar el contagio y propagación del virus denominado COVID-19 entre los justiciables y el personal que lleva a cabo las diligencias correspondientes; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado y, ello dar pauta a que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente sumario, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos. De igual manera, en términos del artículo 21 del citado Acuerdo General 21/2020 se hace del conocimiento de las partes que los acuerdos que ordenen notificarse por lista se realizarán únicamente mediante la publicación de internet prevista en el artículo 29 de la Ley de Amparo. CONSULTA DE EXPEDIENTE Y COMPARECENCIAS. En otro aspecto, se precisa que en términos del artículo 3° del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, en caso de que alguna de las partes tenga interés en consultar el expediente físico relativo al presente juicio de amparo o comparecer a alguna diligencia, deberá generar su cita a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio sobre "Servicios Jurisdiccionales", en donde se encontrará el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en éste órgano jurisdiccional, debiendo seguir los lineamientos ahí establecidos. No obstante lo anterior, se hace hincapié que, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, pueden consultar el expediente electrónico relativo a este asunto, mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, para lo cual deberá realizarse la solicitud de autorización correspondiente, proporcionando un usuario de dicho Portal. En ese sentido, en atención al riesgo de contagio que genera el asistir físicamente a lugares público como lo es este Juzgado de Distrito, se exhorta a las partes para que, de así considerarlo conveniente, continúen con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su firma electrónica avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL). TRANSPARENCIA. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, éste último en relación con los diversos 110 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. FIRMA ELECTRÓNICA. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 18/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus SARS-CoV-2 causante de la enfermedad COVID-19, en su artículo 1°, fracción I, en relación con la circular SECNO/7/2020, de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, en los numerales 3, párrafo primero y 7, se ordena que la firma de este asunto se realice a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), al tener ésta el mismo valor que la autógrafa. Notifíquese; por medio de exhorto al promovente; y, por oficio a la autoridad declinante.

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