José Uriostegui Salgado, Presidente Municipal de Cuernavaca, Morelos

Expediente 1430/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 16 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1430/2022
Año
2022
Actuaciones
16
Última actuación
24/11/2023

Partes del expediente

  • José Uriostegui Salgado, Presidente Municipal de Cuernavaca, Morelos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la razón secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos el oficio signado por ********************, presidente y Tercer Arbitro del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, mediante el cual remite el proveído de veintiuno de noviembre del año en curso, así como de la resolución de veintidós de noviembre del año que transcurre, actuaciones por las cuales refiere que dejó insubsistente la resolución de doce de agosto de dos mil veintidós, dictada en el expediente ******************** a través del cual en cumplimiento a lo acordado en auto de tres de mayo de dos mil veintidós, se impuso una multa equivalente a quince unidades de medida y actualización a ********************en su carácter de Presidente Municipal del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, por lo que se le tiene comunicando las gestiones que realiza para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Al respecto, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere a ********************, presidente y Tercer Arbitro del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, para que en el término de cinco días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, dé cumplimiento a lo siguiente: Remita copia certificada del acuse de recibo del oficio que giró a la Coordinación de Política de Ingresos del Gobierno del Estado de Morelos, por el que solicita deje sin efectos la multa impuesta al citado quejoso. Se apercibe a la autoridad responsable que en el caso de ser omisa y de actualizarse dicho supuesto, se le impondrá una multa por la cantidad equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en los artículos 237 fracción I y 258 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación del veintisiete de enero de dos mil dieciséis, toda vez que de no cumplir con lo solicitado, se traducirá en una falta grave, esto es, en un desacato a un mandamiento judicial y que además, retrasa la impartición de justicia de manera trascendente para las partes en el presente juicio de amparo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de María del Rosario García Jiménez, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, nueve de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó sobreseer y conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En tal virtud, con fundamento en los numerales 192 y 193 de la Ley de la Materia, requiérase a la autoridad responsable, para que en el término de tres días, contados a partir del momento al en que quede notificada del presente auto, cumpla con la ejecutoria en los términos precisados, informando en ese lapso sobre su cumplimiento, apercibida que de no hacerlo así en el término que se le concede, el siguiente requerimiento se le hará por conducto de su superior jerárquico, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 194, de la Ley de Amparo, y en su caso remitir el expediente al Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito en Turno o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según sea el caso; por tal motivo, se les hace del conocimiento que dichos órganos al momento de resolver el incidente de inejecución de sentencia que en su caso se formule, están en aptitud de determinar si las autoridades actuaron o no de manera evasiva o a través del uso de procedimientos ilegales que hubieren generado el retardo en el cumplimiento de la sentencia de amparo, es decir, no solo verifican el cabal cumplimiento de la ejecutoria dictada, sino, también si hubo retardo en el cumplimiento de la misma, aplicando a las autoridades responsables las sanciones previstas en el artículo 107, Constitucional, ya que el cumplimiento extemporáneo no exime a las autoridades responsables de su responsabilidad, ni se decretará sin materia el incidente, puesto que en esa etapa se determina si hubo responsabilidad o no en el cumplimiento. En apoyo a lo anterior se cita la jurisprudencia cuyos datos de identificación y rubro, son los siguientes: Décima época Registro: 2007912 Instancia: Pleno Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 12, noviembre de 2014, tomo I Materia: Común Tesis: P./J. 60/2014 Página: 7 "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LOS CASOS EN QUE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y/O VINCULADAS AL CUMPLIMIENTO LO REALICEN DE MANERA EXTEMPORÁNEA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). En caso de que el órgano de amparo que conozca del procedimiento para el cumplimiento de una sentencia concesoria estime que las autoridades responsables y/o vinculadas a su cumplimiento han incurrido en una actitud evasiva o el uso de procedimientos ilegales que propicien el retardo en su acatamiento y, en consecuencia, remita los autos al órgano correspondiente, Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según sea el caso, debe estimarse que estos órganos están en aptitud de determinar si las autoridades actuaron o no de manera evasiva o a través del uso de procedimientos ilegales que hubieren generado el retardo en el cumplimiento de la sentencia de amparo, o que el cumplimiento se llevó a cabo fuera de los plazos establecidos para tal efecto en la Ley de Amparo, incluso, podrán verificar la legalidad de las multas que se hubieren impuesto, tomando en cuenta si la autoridad responsable y/o vinculada han cumplido con los plazos previstos en la Ley de Amparo o bien adviertan la existencia de una causa justificada para no cumplir en esos términos. Ahora bien, si una vez concluido el plazo otorgado para el cumplimiento de la sentencia de amparo y antes de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva sobre la aplicación de las sanciones previstas en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se presenta el cumplimiento de la sentencia de amparo, dando lugar a que el órgano que concedió el amparo determine que éste se ha acatado, ello no dará lugar a que por ese hecho el asunto quede sin materia, pues de lo contrario se haría nugatorio lo dispuesto en el artículo 195 de la Ley de Amparo, en cuanto a que el incumplimiento extemporáneo no exime de responsabilidad cuando sea injustificado. De este modo, deberá ser valorado por el órgano que corresponda Juez de Distrito, Tribunal Colegiado de Circuito o incluso por la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando los autos estén radicados en ésta, si en el caso existe justificación para el cumplimiento extemporáneo, pues de considerar lo contrario, deben aplicarse las sanciones previstas en el artículo 107, fracción XVI constitucional. Cabe agregar que en el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la determinación sobre la justificación del cumplimiento extemporáneo corresponde, en principio, al Ministro Ponente, el cual con base en la resolución que hubiere causado estado en el sentido de que el fallo constitucional ha quedado cumplido, sin excesos ni defectos, podrá valorar en el dictamen en el que se proponga declarar sin materia el incidente respectivo las causas de justificación de la extemporaneidad. Lo anterior, sin menoscabo de que cuando se estime necesario revocar las multas impuestas en el respectivo procedimiento de ejecución o se considere dudosa la justificación del cumplimiento extemporáneo, la competencia para resolver lo conducente corresponda a las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación." Con independencia de lo anterior, se hará efectiva una medida de apremio equivalente a cien días el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los artículos 192 y 258, ambos de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, toda vez que de no cumplir con lo solicitado, se traducirá en una falta grave, esto es, en su desacato a un mandamiento judicial y que además, retrasa la impartición de justicia de manera trascendente para las partes en el presente juicio de amparo; sin perjuicio de que, una vez que este órgano jurisdiccional agote las etapas del procedimiento de ejecución, se remita al Tribunal Colegiado de este circuito, para la continuación del procedimiento de ejecución respectivo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, Óscar Alejandro López Cruz, quien actúa con el Secretario Erik Calderón Ocampo, que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veinte de junio de dos mil veintitrés. De conformidad con los ordinales 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, téngase por recibida la razón de imposibilidad realizada por la Actuaria de la adscripción de dieciséis de junio de dos mil veintitrés, mediante la cual hace constar la imposibilidad que tiene de notificar al tercero interesado la sentencia definitiva de quince de junio del año en curso, por el motivo que ahí expone. En consecuencia, con fundamento en el numeral 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, se ordena hacer del conocimiento de dicha parte, la sentencia de referencia y subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, por medio de lista; sin perjuicio de que con posterioridad señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Erik Calderón Ocampo, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe. EN ACATAMIENTO A LO ORDENADO EN LÍNEAS QUE ANTECEDEN, SE PROCEDE A NOTIFICAR AL TERCERO INTERESADO LEONARDO GARCÍA GARCÍA POR MEDIO DE LISTA LA RESOLUCIÓN DE FECHA QUINCE DE JUNIO DEL DOS MIL VEINTITRÉS EN LA QUE SE DETERMINÓ LO SIGUIENTE: VISTO, para resolver el juicio de amparo 1430/2022, promovido por ******************** contra actos del Presidente y Tercer Arbitro del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, y; R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado el veintisiete de octubre de dos mil veintidós, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido al día hábil siguiente, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, ******************** solicitó el amparo y protección de la justicia federal, Presidente y Tercer Arbitro del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, y por el acto siguiente: ".La imposición de la sanción decretada mediante auto de fecha doce de agosto de dos mil veintidós, consistente en la multa por la cantidad de 15 Unidades de Medidas y Actualización, misma que fue decretada procedente en contra del suscrito, en mi carácter de Presidente Constitucional del ayuntamiento Municipal de Cuernavaca, Morelos, por incumplimiento al LAUDO de fecha dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, derivado del expediente laboral al rubro citado.". SEGUNDO. El tres de noviembre de dos mil veintidós, este juzgado radicó el asunto con el número de expediente 1430/2022, realizando una prevención a su demanda y una vez subsanada el catorce de noviembre de dos mil veintidós, admitió la demanda de amparo, requirió a la responsable su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Oportunidad de la demanda de amparo. Cabe destacar que de las constancias enviadas por la potestad responsable se desprende que el auto reclamado de doce de agosto de dos mil veintidós, dictado dentro de los autos del expediente laboral ********************, índice del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, fue notificado al hoy quejoso el seis de octubre de dos mil veintidós. De modo que si el artículo 142, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, supletorio a la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, según su artículo 11, de este último ordenamiento, establece que los términos correrán a partir del día hábil siguiente a aquél que se haga la notificación, el plazo de quince días, establecido en el numeral 17 de la Ley de Amparo, para la presentación de la demanda, transcurrió del siete al veintiocho de octubre de dos mil veintidós, sin contar los días ocho, nueve, doce, quince, dieciséis, veintidós y veintitrés de octubre de dos mil veintidós, ya que fueron inhábiles, acorde al numeral 19 de la Ley de Amparo. Entonces, si en el caso la demanda que dio origen al presente juicio se presentó, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, el veintisiete de octubre de dos mil veintidós, es claro que ello sucedió dentro del ya mencionado plazo de quince días, previsto en el dispositivo 17 de la legislación aplicable a la materia, dado que como antes se dijo, el mismo feneció el veintiocho de octubre de dos mil veintidós. TERCERO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar dichos actos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Conforme a dicho precepto, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que la parte quejosa reclama el auto dictado el doce de agosto de dos mil veintidós, dentro del expediente laboral número ********************, mediante el cual la autoridad responsable declara procedente la aplicación de una multa de quince Unidades de Medida y Actualización. CUARTO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Presidente y Tercer Arbitro del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, ya que al rendir su informe con justificación aceptó su existencia, lo que se corrobora con las documentales que remitió la autoridad responsable como complemento de su informe justificado, a las que se les concede valor probatorio de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley der Amparo en su ordinal 2º. QUINTO. Causales de improcedencia fundadas. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación expuestos en la demanda de amparo, es pertinente examinar la procedencia del juicio constitucional, por ser una cuestión de orden público y de estudio oficioso, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo. Esta autoridad de oficio advierte se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 en relación con el diverso 7º, de la Ley de Amparo, en cuanto al acto que el quejoso reclama en su carácter de Presidente Municipal del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, dichos preceptos legales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 7o. La Federación, los Estados, el Distrito Federal, los municipios o cualquier persona moral pública podrán solicitar amparo por conducto de los servidores públicos o representantes que señalen las disposiciones aplicables, cuando la norma general, un acto u omisión los afecten en su patrimonio respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares." Conforme a lo dispuesto por la primera hipótesis normativa transcrita, el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Ley de Amparo o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dicha norma no es limitativa sino enunciativa, esto es, da oportunidad a considerar distintas causas de improcedencia que no sólo pueden derivar de la Ley de Amparo, sino también de la Constitución o de los criterios jurisprudenciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal es el caso de la que se deriva de la interpretación del diverso numeral 7º, primer párrafo, de la Ley de Amparo. Por otra parte, debe decirse que la salvaguarda de los derechos fundamentales del individuo puede considerarse restricción al poder público, de aquí se sigue que el Estado, que actúa a través de las autoridades correspondientes, no goza de derechos humanos y, por lo mismo, por regla general no puede promover juicio constitucional; la única excepción a esta regla general es la establecida en el artículo 7º, párrafo primero, de la Ley de Amparo, conforme a la cual las personas morales oficiales pueden solicitar el amparo cuando la norma general, acto u omisión afecten su patrimonio respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares. La excepción de que se trata encuentra justificación en el hecho de que el Estado, por conducto de las personas morales oficiales, puede obrar con un doble carácter, a saber, como entidad pública y como persona moral de derecho privado. En el primer caso su acción deriva del ejercicio de las facultades de que está investido como poder público, es decir, de las atribuciones que le permiten actuar desde una perspectiva de supra a subordinación con los particulares. En el segundo caso, obra en las mismas condiciones que éstos, es decir, actúa desprovisto de imperio y, en consecuencia, contrae obligaciones y adquiere derechos de la misma manera en que lo hacen los individuos. Es precisamente esta equiparación lo que motivó al legislador a dotar al Estado de los mismos derechos tutelares que al individuo. Luego, el amparo solicitado por las personas morales públicas sólo es procedente cuando se reúnan los siguientes requisitos: Que el acto reclamado afecte su patrimonio, esto es, que menoscabe su presupuesto directo o que afecte los derechos susceptibles de valoración pecuniaria de los que son titulares, como son los bienes muebles o inmuebles que les sirven directamente para llevar a cabo sus funciones; y Que esa afectación patrimonial derive de una relación jurídica en la que se encuentre en un plano de igualdad con los particulares (relación de coordinación). De modo que la interpretación en sentido contrario del numeral 7º, párrafo primero, de la Ley de Amparo, permite válidamente concluir que la ausencia de cualquiera de estos requisitos hace improcedente el juicio de amparo. Lo anterior es así, dado que del análisis comparativo de los artículos 9º de la Ley de Amparo abrogada y 7º de la vigente, se advierte la procedencia acotada del juicio de amparo para personas morales oficiales, cuando desprovistas de imperio, el acto reclamado afecte sus intereses patrimoniales de manera actual y directa; así conserva la misma limitante, sólo que ahora incorpora la enumeración de Federación, Estados, Distrito Federal (ahora Ciudad de México) y Municipios, pero termina aludiendo a cualquier persona moral pública. Asimismo, el legislador añade que podrán acudir por conducto de los servidores públicos o representantes que señalen las disposiciones aplicables, pero conserva el requisito de afectar su patrimonio y, en todo caso, incorporó para mayor claridad que tendría que ser respecto de relaciones jurídicas en un plano de igualdad con los particulares, lo que excluye que acudan en defensa de una función o potestad pública, o bien, respecto de los que hubieren actuado como autoridad. Así, el legislador dotó excepcionalmente al Estado de acceso al juicio de amparo, bajo ciertas condiciones: a) cuando aquél obra como persona moral de derecho privado -equiparándose-; y, b) se trate de actos que afecten su patrimonio. Ese es el tipo de perjuicio y plano bajo el cual pueden ser protegidas en amparo, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha distinguido una regla general y la excepción, siendo la primera, que el Estado -poder público- no goza de derechos fundamentales y, por lo mismo, no puede promover juicio de amparo, en cuanto a la excepción, será cuando actúe como si fuera particular desde una proyección de derecho privado, en defensa de intereses patrimoniales, único caso en que puede acudir a esta instancia constitucional, restringido exclusivamente a combatir actos que menoscaben su presupuesto directo o que afecten los derechos susceptibles de valoración pecuniaria de los que sean titulares dichos entes -bienes muebles o inmuebles que les sirven directamente para llevar a cabo sus funciones-, quedando excluidos aquellos actos en que actúen como autoridad o que tengan su origen en el ejercicio de potestades públicas. Apoya lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia 128/2017, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 1022, del libro 47, octubre de 2017, de la décima época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2015321, que dispone: "PERSONAS MORALES OFICIALES. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO EN SU CARÁCTER DE AUTORIDAD, CON INDEPENDENCIA DE LAS VIOLACIONES QUE ADUZCAN. La excepción contenida en el artículo 7o. de la Ley de Amparo es de aplicación estricta y constituye el único fundamento para que las personas morales oficiales promuevan el juicio de amparo. En esa tesitura, si el objeto del juicio constitucional es resolver toda controversia suscitada por actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos, no puede hacerse extensivo a las personas de derecho público, sino cuando opere la excepción a esta regla, es decir, cuando actúan como cualquier particular y en defensa de su patrimonio; de ahí que cuando lo hacen en su carácter de autoridad carecen de legitimación para promover el amparo, con independencia de la naturaleza sustantiva o adjetiva de las violaciones que pretendan hacer valer ante el Juez o tribunal federal, pues el indicado medio de control constitucional no debe operar para resolver controversias entre organismos públicos, ni como un simple recurso de casación, sino para la eficaz protección de los derechos humanos reconocidos por el Estado mexicano; habida cuenta que, siendo en esencia los derechos humanos restricciones al poder público, queda al margen de toda discusión que la autoridad no goza de éstos." En el caso, el quejoso ******************** acude a la instancia constitucional impugnando el acuerdo de doce de agosto de dos mil veintidós, dentro del expediente laboral número ********************, mediante el cual el Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, hizo efectivo el apercibimiento de tres de mayo de dos mil veintidós, y, ante el incumplimiento de pago en que incurrió el ente demandado por conducto de su Presidente Municipal, impuso la sanción prevista en el artículo 124, fracción I, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos -multa de quince unidades de medida y actualización-. No obstante, es claro que el juicio de amparo fue promovido por una persona moral oficial, en contra de la multa impuesta por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. Es importante destacar que la sanción de que se trata, debe entenderse impuesta a la persona física que tiene dicho cargo, es decir, al titular del cargo público y no a la persona moral oficial u órgano de gobierno que representa, lo que incluso, así se especifica en el acuerdo impugnado. Sostener lo contrario implicaría despojar de toda efectividad al apercibimiento de multa, pues éste jamás causaría un perjuicio al sujeto al que está dirigido y, en consecuencia, no tendría motivo alguno para modificar la conducta que dio lugar a la imposición de tal sanción. Resulta aplicable, por analogía jurídica, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 254, del tomo XVII, correspondiente al mes de junio de dos mil tres, de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "PERSONAS MORALES OFICIALES. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CUANDO ACTÚAN COMO AUTORIDADES DEMANDADAS EN UN PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, POR ACTOS RELACIONADOS CON SERVIDORES PÚBLICOS MIEMBROS DE CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA. Las personas morales oficiales pueden actuar con un doble carácter: como entes dotados de poder público y, esencialmente como personas morales de derecho privado. En el primer caso, su acción proviene del ejercicio de facultades de que se hallan investidos; en la segunda situación, obran en condiciones similares que los particulares, esto es, contraen obligaciones y adquieren derechos de la misma naturaleza y en la misma forma que los individuos. En consecuencia, si bien de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9o. de la Ley de Amparo, las personas morales oficiales pueden ocurrir en demanda de amparo a través de los funcionarios o representantes que designen las leyes respectivas cuando el acto o la ley que se reclame afecten sus intereses patrimoniales, ello no ocurre cuando actúan como autoridades demandadas en el procedimiento contencioso administrativo con motivo de actos o resoluciones que conciernen a servidores públicos miembros de cuerpos de seguridad pública, dado que lo único que les otorga legitimación para acudir a la vía de amparo es que defiendan sus derechos patrimoniales, supuesto en el que no actúan en funciones de autoridad, sino como personas morales de derecho privado." Entonces, si el quejoso, en cuanto Presidente Municipal de Cuernavaca, Morelos, no se duele de alguna afectación directa a los intereses patrimoniales de la institución que representa, en su calidad de persona moral oficial no está legitimado para promover el amparo. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 en relación con el numeral 7º, ambos de la Ley de Amparo, con fundamento en el precepto 63, fracción V, de la ley de la materia, lo procedente es sobreseer en el juicio constitucional promovido por ******************** respecto de la resolución de doce de agosto de dos mil veintidós, dictada dentro del expediente laboral ********************. SEXTO. Causa de improcedencia infundada. La autoridad responsable manifestó que en el juicio de amparo se actualiza la causa de improcedencia contemplada en el numeral 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. Es infundada la causa de improcedencia que se analiza, por los motivos siguientes: El acto reclamado lo constituye la determinación de doce de agosto de dos mil veintidós, dictada en el expediente ********************, a través del cual en cumplimiento a lo acordado en auto de tres de mayo de dos mil veintidós, se impuso una multa equivalente a quince unidades de medida y actualización conforme al artículo tercero transitorio del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación, al Presidente Municipal del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. En ese sentido, el acto reclamado sí afecta la esfera jurídica del quejoso ya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido jurisprudencialmente tanto el concepto de interés jurídico entendido como la existencia de un derecho legítimamente tutelado que, al ser transgredido por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente, demandando que esa transgresión cese; como el perjuicio, entendido como la afectación por la actuación de una autoridad o por la ley de un derecho legítimamente tutelado. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis 2a./J. 51/2019 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 64, Marzo de 2019, Tomo II, página 1598, registro digital 2019456, Materia Común, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente. Por lo que, si en el expediente laboral ********************, existe la determinación reclamada, entonces el acto reclamado sí afecta de manera personal y directa su interés jurídico y, por ende, resulta infundada la causa de improcedencia hecha valer por la responsable. Por tanto, al no actualizarse causa alguna de improcedencia, ni advertida de oficio, por lo cual, se procede al análisis del fondo del asunto. SÉPTIMO. Conceptos de violación. Previo a establecer los conceptos de violación, es necesario citar los antecedentes del acto reclamado, los cuales son los siguientes: Mediante acuerdo de tres de mayo de dos mil veintidós, la autoridad responsable dictó un auto de requerimiento de pago por la cantidad de ******************** por lo que se comisionó al Actuario a efecto de que se constituyera en el domicilio de la parte demandada y le requiriera por conducto del Presidente Municipal del Ayuntamiento demandado, apercibido para que en caso de no dar cumplimiento se le haría efectiva una multa consistente en quince unidades de medida y actualización conforme al artículo tercero transitorio del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación, de conformidad con el artículo 124, fracción I, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. En diligencia de trece de julio de dos mil veintidós, el Actuario adscrito al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, en compañía de la parte actora, se constituyó en el domicilio de la parte demandada a efecto de dar cumplimiento al acuerdo de tres de mayo de dos mil veintidós, diligencia que se entendió con una persona que dijo ser "asesora jurídica"; sin embargo, no se dio cumplimiento a lo requerido. En sesión de doce de agosto de dos mil veintidós, se declaró procedente la multa de quince unidades de medida y actualización conforme al artículo tercero transitorio del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación, al Presidente Municipal del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, conforme a lo dispuesto en el artículo 124, fracción I, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. Dicha resolución constituye el acto reclamado. Ahora, procede el estudio de los conceptos de violación, los cuales por cuestión de método serán analizados en orden diverso al planteado, algunos de ellos en forma conjunta, dada la estrecha vinculación que guardan entre sí, por así permitirlo el artículo 76 de la Ley de Amparo. "Artículo 76. El órgano jurisdiccional, deberá corregir los errores u omisiones que advierta en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, y podrá examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, así como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, sin cambiar los hechos expuestos en la demanda." Una vez precisado lo anterior, es procedente examinar los argumentos planteados por la parte quejosa en la demanda de amparo, los que se tienen por reproducidos en este fallo y se sintetizan de la siguiente manera: En los conceptos de violación aduce que la resolución reclamada causa agravios al violentar los derechos de audiencia, exhaustividad, congruencia, legalidad y seguridad jurídica previstos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque se impone a la quejosa una multa de quince unidades de medida y actualización al estimar indebidamente que omitió realizar el pago del laudo. Que ello es así, pues alega que la notificación de fecha seis de octubre de dos mil veintidós, no reúne los requisitos necesarios para calificarse de legal, porque a partir de ella no puede tenerse la certeza de que se intentó de hacer del conocimiento del demandado el contenido del auto de fecha doce de agosto de dos mil veintidós, la que aduce resulta trascendente para el debido transcurso del proceso laboral, violando lo dispuesto por los artículos 120, 142, 742, 743 de la Ley Federal del Trabajo. Argumentando que al no haberle notificado correctamente desconocía la existencia del laudo de dieciocho de agosto de dos mil veintidós y el auto de requerimiento de fecha doce de agosto de dos mil veintidós, pues alega que debió de notificarse de manera personal a los integrantes de la nueva administración la existencia de dicho laudo y el auto de requerimiento. Además de que se les otorgara el plazo de quince días para que dieran el cumplimiento voluntario ha dicho laudo y en caso de no darse, se procediera a la ejecución forzosa y los medios de apremio respectivos. Los conceptos de violación son sustancialmente fundados, ya que no puede considerarse que se notificó a la parte quejosa en forma personal, en razón de que no le corrió traslado del proveído de tres de mayo de dos mil veintidós, dictado en el juicio ********************, mediante el cual se le apercibió de multa en caso de no cumplir con el requerimiento de cumplimiento del laudo ahí efectuado, por lo que se le dejó en estado de indefensión al desconocer los términos en que fue ordenado (fundamentación y motivación) dicho requerimiento. El derecho de audiencia previsto en el artículo 14 Constitucional, se traduce en que, frente al acto privativo, el afectado tiene derecho a ser oído y vencido en juicio en el que se sigan las formalidades esenciales del procedimiento. Por su parte, el derecho a la debida fundamentación y motivación del acto de autoridad contemplado en el artículo 16 constitucional implica que la fundamentación debe ser entendida como el deber que tiene la autoridad de expresar, en el mandamiento escrito, los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer el acto de autoridad, presupuesto que tiene su origen en el principio de legalidad que en su aspecto imperativo consiste en que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite; mientras que la exigencia de motivación se traduce en la expresión de las razones por las cuales la autoridad considera que los hechos en que basa su proceder se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar. Al respecto, el artículo 142 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, supletorio a la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, según su artículo 11, de este último ordenamiento, establece que los acuerdos con apercibimiento se notificarán personalmente a las partes. ".Articulo 142.- La demanda, la citación para absolver posiciones, la declaratoria de caducidad, el laudo y los acuerdos con apercibimiento, se notificarán personalmente a las partes. Las demás notificaciones se harán por estrados. Todos los términos correrán a partir del día hábil siguiente a aquél en que se haga el emplazamiento, citación notificación, y se contará en ellos el día del vencimiento.." ".Artículo 11.- Los casos no previstos en esta Ley o en sus reglamentos, se resolverán de acuerdo con las disposiciones de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 Constitucional, aplicada supletoriamente, y, en su defecto, por lo dispuesto en la Ley Federal del Trabajo, las Leyes del orden común, la costumbre, el uso, los principios generales del derecho y la equidad.". A su vez, los numerales 150 y 151 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, establecen la obligación del tribunal laboral de proveer a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos, dictando las medidas necesarias para ello; para lo cual, previa petición de la parte interesada, despachará auto de ejecución y comisionará a un actuario para que, asociado de la parte que obtuvo, se constituya en el domicilio de la demandada y la requiera para que cumpla la resolución, apercibiéndola de que, de no hacerlo, se procederá en términos de lo dispuesto en los artículos 148 y 149 de dicho ordenamiento legal. Además, el artículo 744 de la Ley Federal del Trabajo, supletorio a la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, establece que en caso de que la notificación se realice por el actuario, si la parte o persona a notificar no se hallare presente, se le dejará una copia de la resolución autorizada por el actuario. En el caso, de las constancias que obran en el juicio laboral, se advierte que el Tribunal responsable incumplió con lo dispuesto en el artículo 142 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, y el numeral 744 de la Ley Federal del Trabajo, supletorios a la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, los cuales exigen que los acuerdos con apercibimiento se notifiquen de manera personal, corriendo traslado con su contenido. ".Articulo 150.- El Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje tiene la obligación de proveer a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos y, a ese efecto, dictará todas las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio sean procedentes. Articulo 151.- Cuando se pida la ejecución de un laudo, el Tribunal despachará auto de ejecución y comisionará a un actuario para que, asociado de la parte que obtuvo, se constituya en el domicilio de la demandada y la requiera para que cumpla la resolución, apercibiéndola da (sic) que, de no hacerlo, se procederá conforme a lo dispuesto en el capítulo anterior. Artículo 744. Las ulteriores notificaciones personales se harán al interesado o persona autorizada para ello, el mismo día en que se dicte la resolución si concurre al local de la Junta o en el domicilio que hubiese designado y si no se hallare presente, se le dejará una copia de la resolución autorizada por el Actuario; si la casa o local está cerrado, se fijará la copia en la puerta de entrada o en el lugar de trabajo.". En relación a la hipótesis del artículo anterior citado en último término, el actuario asentará razón en autos. Se afirma lo anterior, ya que no existe constancia en autos de la que se advierta que se notificó de manera personal el proveído de tres de mayo de dos mil veintidós, dictado en el juicio laboral ********************, puesto que no le corrió traslado del proveído referido, mediante el cual se le apercibió de multa en caso de no cumplir con el requerimiento de cumplimiento de laudo ahí efectuado. Por lo que el quejoso no tuvo conocimiento cierto y completo del apercibimiento de multa, de donde deriva que el particular no haya tenido certeza de los términos en que fue decretado y sus consecuencias, ni si este estaba conforme a las disposiciones legales y sus atribuciones, a fin de estar en posibilidad de cumplir con lo ahí ordenado, o bien, ejercer plenamente su derecho a la defensa. Máxime que el desacato a una orden de autoridad no necesariamente arroja una sola consecuencia en la esfera jurídica del contumaz; ya que la sanción administrativa puede ser diferente, es decir, una multa, arresto, etcétera. Lo anterior es así, dado que en la diligencia de requerimiento de pago de trece de julio de dos mil veintidós, quedó asentado lo siguiente: 1).- Que el Actuario se constituyó en el Ayuntamiento Municipal de Cuernavaca, Morelos, acompañado de la parte actora, y solicitó la presencia del Presidente Municipal de ese lugar. 2).- Que al manifestársele que por el momento no se encontraba el Presidente Municipal, entendió la diligencia con una persona quien, bajo protesta de decir verdad, dijo ser "asesor jurídico" a quien, sin correr traslado, le requirió de pago. Sin embargo, de esa diligencia no se advierte que se hubiera convalidado la falta de la notificación personal, ya que al no correrse traslado con el proveído de tres de mayo de dos mil veintidós, como lo exige el numeral 744 de la Ley Federal del Trabajo, supletorio a la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, no se logró que el quejoso tuviera conocimiento fehaciente y completo del acto que dio origen a la imposición de la multa que por esta vía se combate. De manera que, para que la parte quejosa se encontrara en posibilidad de dar cumplimiento puntual al requerimiento formulado, encaminado al cumplimiento de la condena decretada en el laudo, era necesario que fuera notificada de forma personal, corriéndole traslado con dicho acto, ya que tal circunstancia constituye un requisito indispensable en la imposición o materialización de la medida de apremio prevista por el artículo 124, fracción I, de la Ley del Servicio del Estado de Morelos. En tales condiciones, resulta evidente que en cuanto a la medida de apremio consistente en la multa de quince unidades de medida y actualización impuesta al aquí quejoso, resulta violatoria de la garantía de legalidad tutelada por el artículo 14, constitucional, toda vez que para su imposición no fue desahogado el procedimiento relativo, en específico, al no haber sido notificado de manera personal a la parte quejosa el citado requerimiento y su consecuente apercibimiento, para la aplicación de la medida de coacción, por no corrérsele traslado con la copia del auto de apercibimiento. En ese orden, al haber resultado fundado y suficiente para otorgar el amparo, el concepto de violación antes analizado, resulta innecesario el estudio de los restantes conceptos de violación vertidos por la quejosa. OCTAVO. Efectos de la concesión del amparo. El artículo 77, de la ley de la materia establece que cuando el acto reclamado es de carácter positivo, como en el caso, la sentencia tendrá por objeto restituir a la parte quejosa en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación. En el caso la autoridad responsable deberá realizar lo siguiente: Deje insubsistente la resolución de doce de agosto de dos mil veintidós, dictada en el expediente ********************, a través del cual en cumplimiento a lo acordado en auto de tres de mayo de dos mil veintidós, se impuso una multa equivalente a quince unidades de medida y actualización conforme al artículo tercero transitorio del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación, a ******************** así como todas las actuaciones que hubiere emitido con la finalidad de ejecutar dicha multa. Con libertad de jurisdicción, dicte otra de manera fundada y motivada, pero prescindiendo que la parte quejosa haya sido notificada en forma personal del auto de tres de mayo de dos mil veintidós, en donde se le apercibió de multa, por los motivos expuestos en la presente sentencia. En el entendido de que queda expedita la plenitud de jurisdicción de la autoridad responsable para hacer uso de los medios que el artículo 124 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos les concede para hacer cumplir su determinación (previos apercibimientos y su respectiva notificación de forma personal). NOVENO. Publicidad. Con fundamento en los artículos 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se hace la precisión que no será objeto de publicación los datos personales de las partes o secciones clasificadas como reservadas. Por lo antes expuesto, con fundamento en los artículos 1°, 74, 75 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo, en términos del considerando quinto de la sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a ******************** contra actos del Presidente y Tercer Arbitro del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, en términos del séptimo considerando y para los efectos del último citado. Notifíquese personalmente Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia de Erik Calderón Ocampo, hasta hoy quince de junio de dos mil veintitrés, fecha en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.

  4. Principal

    VISTO, para resolver el juicio de amparo 1430/2022, promovido por ******************** contra actos del Presidente y Tercer Arbitro del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, y; R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado el veintisiete de octubre de dos mil veintidós, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido al día hábil siguiente, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, ******************** solicitó el amparo y protección de la justicia federal, Presidente y Tercer Arbitro del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, y por el acto siguiente: ".La imposición de la sanción decretada mediante auto de fecha doce de agosto de dos mil veintidós, consistente en la multa por la cantidad de 15 Unidades de Medidas y Actualización, misma que fue decretada procedente en contra del suscrito, en mi carácter de Presidente Constitucional del ayuntamiento Municipal de Cuernavaca, Morelos, por incumplimiento al LAUDO de fecha dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, derivado del expediente laboral al rubro citado.". SEGUNDO. El tres de noviembre de dos mil veintidós, este juzgado radicó el asunto con el número de expediente 1430/2022, realizando una prevención a su demanda y una vez subsanada el catorce de noviembre de dos mil veintidós, admitió la demanda de amparo, requirió a la responsable su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Oportunidad de la demanda de amparo. Cabe destacar que de las constancias enviadas por la potestad responsable se desprende que el auto reclamado de doce de agosto de dos mil veintidós, dictado dentro de los autos del expediente laboral ********************, índice del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, fue notificado al hoy quejoso el seis de octubre de dos mil veintidós. De modo que si el artículo 142, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, supletorio a la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, según su artículo 11, de este último ordenamiento, establece que los términos correrán a partir del día hábil siguiente a aquél que se haga la notificación, el plazo de quince días, establecido en el numeral 17 de la Ley de Amparo, para la presentación de la demanda, transcurrió del siete al veintiocho de octubre de dos mil veintidós, sin contar los días ocho, nueve, doce, quince, dieciséis, veintidós y veintitrés de octubre de dos mil veintidós, ya que fueron inhábiles, acorde al numeral 19 de la Ley de Amparo. Entonces, si en el caso la demanda que dio origen al presente juicio se presentó, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, el veintisiete de octubre de dos mil veintidós, es claro que ello sucedió dentro del ya mencionado plazo de quince días, previsto en el dispositivo 17 de la legislación aplicable a la materia, dado que como antes se dijo, el mismo feneció el veintiocho de octubre de dos mil veintidós. TERCERO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar dichos actos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Conforme a dicho precepto, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que la parte quejosa reclama el auto dictado el doce de agosto de dos mil veintidós, dentro del expediente laboral número ********************, mediante el cual la autoridad responsable declara procedente la aplicación de una multa de quince Unidades de Medida y Actualización. CUARTO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Presidente y Tercer Arbitro del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, ya que al rendir su informe con justificación aceptó su existencia, lo que se corrobora con las documentales que remitió la autoridad responsable como complemento de su informe justificado, a las que se les concede valor probatorio de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley der Amparo en su ordinal 2º. QUINTO. Causales de improcedencia fundadas. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación expuestos en la demanda de amparo, es pertinente examinar la procedencia del juicio constitucional, por ser una cuestión de orden público y de estudio oficioso, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo. Esta autoridad de oficio advierte se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 en relación con el diverso 7º, de la Ley de Amparo, en cuanto al acto que el quejoso reclama en su carácter de Presidente Municipal del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, dichos preceptos legales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 7o. La Federación, los Estados, el Distrito Federal, los municipios o cualquier persona moral pública podrán solicitar amparo por conducto de los servidores públicos o representantes que señalen las disposiciones aplicables, cuando la norma general, un acto u omisión los afecten en su patrimonio respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares." Conforme a lo dispuesto por la primera hipótesis normativa transcrita, el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Ley de Amparo o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dicha norma no es limitativa sino enunciativa, esto es, da oportunidad a considerar distintas causas de improcedencia que no sólo pueden derivar de la Ley de Amparo, sino también de la Constitución o de los criterios jurisprudenciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal es el caso de la que se deriva de la interpretación del diverso numeral 7º, primer párrafo, de la Ley de Amparo. Por otra parte, debe decirse que la salvaguarda de los derechos fundamentales del individuo puede considerarse restricción al poder público, de aquí se sigue que el Estado, que actúa a través de las autoridades correspondientes, no goza de derechos humanos y, por lo mismo, por regla general no puede promover juicio constitucional; la única excepción a esta regla general es la establecida en el artículo 7º, párrafo primero, de la Ley de Amparo, conforme a la cual las personas morales oficiales pueden solicitar el amparo cuando la norma general, acto u omisión afecten su patrimonio respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares. La excepción de que se trata encuentra justificación en el hecho de que el Estado, por conducto de las personas morales oficiales, puede obrar con un doble carácter, a saber, como entidad pública y como persona moral de derecho privado. En el primer caso su acción deriva del ejercicio de las facultades de que está investido como poder público, es decir, de las atribuciones que le permiten actuar desde una perspectiva de supra a subordinación con los particulares. En el segundo caso, obra en las mismas condiciones que éstos, es decir, actúa desprovisto de imperio y, en consecuencia, contrae obligaciones y adquiere derechos de la misma manera en que lo hacen los individuos. Es precisamente esta equiparación lo que motivó al legislador a dotar al Estado de los mismos derechos tutelares que al individuo. Luego, el amparo solicitado por las personas morales públicas sólo es procedente cuando se reúnan los siguientes requisitos: Que el acto reclamado afecte su patrimonio, esto es, que menoscabe su presupuesto directo o que afecte los derechos susceptibles de valoración pecuniaria de los que son titulares, como son los bienes muebles o inmuebles que les sirven directamente para llevar a cabo sus funciones; y Que esa afectación patrimonial derive de una relación jurídica en la que se encuentre en un plano de igualdad con los particulares (relación de coordinación). De modo que la interpretación en sentido contrario del numeral 7º, párrafo primero, de la Ley de Amparo, permite válidamente concluir que la ausencia de cualquiera de estos requisitos hace improcedente el juicio de amparo. Lo anterior es así, dado que del análisis comparativo de los artículos 9º de la Ley de Amparo abrogada y 7º de la vigente, se advierte la procedencia acotada del juicio de amparo para personas morales oficiales, cuando desprovistas de imperio, el acto reclamado afecte sus intereses patrimoniales de manera actual y directa; así conserva la misma limitante, sólo que ahora incorpora la enumeración de Federación, Estados, Distrito Federal (ahora Ciudad de México) y Municipios, pero termina aludiendo a cualquier persona moral pública. Asimismo, el legislador añade que podrán acudir por conducto de los servidores públicos o representantes que señalen las disposiciones aplicables, pero conserva el requisito de afectar su patrimonio y, en todo caso, incorporó para mayor claridad que tendría que ser respecto de relaciones jurídicas en un plano de igualdad con los particulares, lo que excluye que acudan en defensa de una función o potestad pública, o bien, respecto de los que hubieren actuado como autoridad. Así, el legislador dotó excepcionalmente al Estado de acceso al juicio de amparo, bajo ciertas condiciones: a) cuando aquél obra como persona moral de derecho privado -equiparándose-; y, b) se trate de actos que afecten su patrimonio. Ese es el tipo de perjuicio y plano bajo el cual pueden ser protegidas en amparo, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha distinguido una regla general y la excepción, siendo la primera, que el Estado -poder público- no goza de derechos fundamentales y, por lo mismo, no puede promover juicio de amparo, en cuanto a la excepción, será cuando actúe como si fuera particular desde una proyección de derecho privado, en defensa de intereses patrimoniales, único caso en que puede acudir a esta instancia constitucional, restringido exclusivamente a combatir actos que menoscaben su presupuesto directo o que afecten los derechos susceptibles de valoración pecuniaria de los que sean titulares dichos entes -bienes muebles o inmuebles que les sirven directamente para llevar a cabo sus funciones-, quedando excluidos aquellos actos en que actúen como autoridad o que tengan su origen en el ejercicio de potestades públicas. Apoya lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia 128/2017, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 1022, del libro 47, octubre de 2017, de la décima época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2015321, que dispone: "PERSONAS MORALES OFICIALES. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO EN SU CARÁCTER DE AUTORIDAD, CON INDEPENDENCIA DE LAS VIOLACIONES QUE ADUZCAN. La excepción contenida en el artículo 7o. de la Ley de Amparo es de aplicación estricta y constituye el único fundamento para que las personas morales oficiales promuevan el juicio de amparo. En esa tesitura, si el objeto del juicio constitucional es resolver toda controversia suscitada por actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos, no puede hacerse extensivo a las personas de derecho público, sino cuando opere la excepción a esta regla, es decir, cuando actúan como cualquier particular y en defensa de su patrimonio; de ahí que cuando lo hacen en su carácter de autoridad carecen de legitimación para promover el amparo, con independencia de la naturaleza sustantiva o adjetiva de las violaciones que pretendan hacer valer ante el Juez o tribunal federal, pues el indicado medio de control constitucional no debe operar para resolver controversias entre organismos públicos, ni como un simple recurso de casación, sino para la eficaz protección de los derechos humanos reconocidos por el Estado mexicano; habida cuenta que, siendo en esencia los derechos humanos restricciones al poder público, queda al margen de toda discusión que la autoridad no goza de éstos." En el caso, el quejoso ******************** acude a la instancia constitucional impugnando el acuerdo de doce de agosto de dos mil veintidós, dentro del expediente laboral número ********************, mediante el cual el Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, hizo efectivo el apercibimiento de tres de mayo de dos mil veintidós, y, ante el incumplimiento de pago en que incurrió el ente demandado por conducto de su Presidente Municipal, impuso la sanción prevista en el artículo 124, fracción I, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos -multa de quince unidades de medida y actualización-. No obstante, es claro que el juicio de amparo fue promovido por una persona moral oficial, en contra de la multa impuesta por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. Es importante destacar que la sanción de que se trata, debe entenderse impuesta a la persona física que tiene dicho cargo, es decir, al titular del cargo público y no a la persona moral oficial u órgano de gobierno que representa, lo que incluso, así se especifica en el acuerdo impugnado. Sostener lo contrario implicaría despojar de toda efectividad al apercibimiento de multa, pues éste jamás causaría un perjuicio al sujeto al que está dirigido y, en consecuencia, no tendría motivo alguno para modificar la conducta que dio lugar a la imposición de tal sanción. Resulta aplicable, por analogía jurídica, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 254, del tomo XVII, correspondiente al mes de junio de dos mil tres, de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "PERSONAS MORALES OFICIALES. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CUANDO ACTÚAN COMO AUTORIDADES DEMANDADAS EN UN PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, POR ACTOS RELACIONADOS CON SERVIDORES PÚBLICOS MIEMBROS DE CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA. Las personas morales oficiales pueden actuar con un doble carácter: como entes dotados de poder público y, esencialmente como personas morales de derecho privado. En el primer caso, su acción proviene del ejercicio de facultades de que se hallan investidos; en la segunda situación, obran en condiciones similares que los particulares, esto es, contraen obligaciones y adquieren derechos de la misma naturaleza y en la misma forma que los individuos. En consecuencia, si bien de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9o. de la Ley de Amparo, las personas morales oficiales pueden ocurrir en demanda de amparo a través de los funcionarios o representantes que designen las leyes respectivas cuando el acto o la ley que se reclame afecten sus intereses patrimoniales, ello no ocurre cuando actúan como autoridades demandadas en el procedimiento contencioso administrativo con motivo de actos o resoluciones que conciernen a servidores públicos miembros de cuerpos de seguridad pública, dado que lo único que les otorga legitimación para acudir a la vía de amparo es que defiendan sus derechos patrimoniales, supuesto en el que no actúan en funciones de autoridad, sino como personas morales de derecho privado." Entonces, si el quejoso, en cuanto Presidente Municipal de Cuernavaca, Morelos, no se duele de alguna afectación directa a los intereses patrimoniales de la institución que representa, en su calidad de persona moral oficial no está legitimado para promover el amparo. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 en relación con el numeral 7º, ambos de la Ley de Amparo, con fundamento en el precepto 63, fracción V, de la ley de la materia, lo procedente es sobreseer en el juicio constitucional promovido por ******************** respecto de la resolución de doce de agosto de dos mil veintidós, dictada dentro del expediente laboral ********************. SEXTO. Causa de improcedencia infundada. La autoridad responsable manifestó que en el juicio de amparo se actualiza la causa de improcedencia contemplada en el numeral 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. Es infundada la causa de improcedencia que se analiza, por los motivos siguientes: El acto reclamado lo constituye la determinación de doce de agosto de dos mil veintidós, dictada en el expediente ********************, a través del cual en cumplimiento a lo acordado en auto de tres de mayo de dos mil veintidós, se impuso una multa equivalente a quince unidades de medida y actualización conforme al artículo tercero transitorio del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación, al Presidente Municipal del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. En ese sentido, el acto reclamado sí afecta la esfera jurídica del quejoso ya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido jurisprudencialmente tanto el concepto de interés jurídico entendido como la existencia de un derecho legítimamente tutelado que, al ser transgredido por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente, demandando que esa transgresión cese; como el perjuicio, entendido como la afectación por la actuación de una autoridad o por la ley de un derecho legítimamente tutelado. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis 2a./J. 51/2019 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 64, Marzo de 2019, Tomo II, página 1598, registro digital 2019456, Materia Común, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente. Por lo que, si en el expediente laboral ********************, existe la determinación reclamada, entonces el acto reclamado sí afecta de manera personal y directa su interés jurídico y, por ende, resulta infundada la causa de improcedencia hecha valer por la responsable. Por tanto, al no actualizarse causa alguna de improcedencia, ni advertida de oficio, por lo cual, se procede al análisis del fondo del asunto. SÉPTIMO. Conceptos de violación. Previo a establecer los conceptos de violación, es necesario citar los antecedentes del acto reclamado, los cuales son los siguientes: Mediante acuerdo de tres de mayo de dos mil veintidós, la autoridad responsable dictó un auto de requerimiento de pago por la cantidad de ******************** por lo que se comisionó al Actuario a efecto de que se constituyera en el domicilio de la parte demandada y le requiriera por conducto del Presidente Municipal del Ayuntamiento demandado, apercibido para que en caso de no dar cumplimiento se le haría efectiva una multa consistente en quince unidades de medida y actualización conforme al artículo tercero transitorio del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación, de conformidad con el artículo 124, fracción I, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. En diligencia de trece de julio de dos mil veintidós, el Actuario adscrito al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, en compañía de la parte actora, se constituyó en el domicilio de la parte demandada a efecto de dar cumplimiento al acuerdo de tres de mayo de dos mil veintidós, diligencia que se entendió con una persona que dijo ser "asesora jurídica"; sin embargo, no se dio cumplimiento a lo requerido. En sesión de doce de agosto de dos mil veintidós, se declaró procedente la multa de quince unidades de medida y actualización conforme al artículo tercero transitorio del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación, al Presidente Municipal del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, conforme a lo dispuesto en el artículo 124, fracción I, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. Dicha resolución constituye el acto reclamado. Ahora, procede el estudio de los conceptos de violación, los cuales por cuestión de método serán analizados en orden diverso al planteado, algunos de ellos en forma conjunta, dada la estrecha vinculación que guardan entre sí, por así permitirlo el artículo 76 de la Ley de Amparo. "Artículo 76. El órgano jurisdiccional, deberá corregir los errores u omisiones que advierta en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, y podrá examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, así como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, sin cambiar los hechos expuestos en la demanda." Una vez precisado lo anterior, es procedente examinar los argumentos planteados por la parte quejosa en la demanda de amparo, los que se tienen por reproducidos en este fallo y se sintetizan de la siguiente manera: En los conceptos de violación aduce que la resolución reclamada causa agravios al violentar los derechos de audiencia, exhaustividad, congruencia, legalidad y seguridad jurídica previstos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque se impone a la quejosa una multa de quince unidades de medida y actualización al estimar indebidamente que omitió realizar el pago del laudo. Que ello es así, pues alega que la notificación de fecha seis de octubre de dos mil veintidós, no reúne los requisitos necesarios para calificarse de legal, porque a partir de ella no puede tenerse la certeza de que se intentó de hacer del conocimiento del demandado el contenido del auto de fecha doce de agosto de dos mil veintidós, la que aduce resulta trascendente para el debido transcurso del proceso laboral, violando lo dispuesto por los artículos 120, 142, 742, 743 de la Ley Federal del Trabajo. Argumentando que al no haberle notificado correctamente desconocía la existencia del laudo de dieciocho de agosto de dos mil veintidós y el auto de requerimiento de fecha doce de agosto de dos mil veintidós, pues alega que debió de notificarse de manera personal a los integrantes de la nueva administración la existencia de dicho laudo y el auto de requerimiento. Además de que se les otorgara el plazo de quince días para que dieran el cumplimiento voluntario ha dicho laudo y en caso de no darse, se procediera a la ejecución forzosa y los medios de apremio respectivos. Los conceptos de violación son sustancialmente fundados, ya que no puede considerarse que se notificó a la parte quejosa en forma personal, en razón de que no le corrió traslado del proveído de tres de mayo de dos mil veintidós, dictado en el juicio ********************, mediante el cual se le apercibió de multa en caso de no cumplir con el requerimiento de cumplimiento del laudo ahí efectuado, por lo que se le dejó en estado de indefensión al desconocer los términos en que fue ordenado (fundamentación y motivación) dicho requerimiento. El derecho de audiencia previsto en el artículo 14 Constitucional, se traduce en que, frente al acto privativo, el afectado tiene derecho a ser oído y vencido en juicio en el que se sigan las formalidades esenciales del procedimiento. Por su parte, el derecho a la debida fundamentación y motivación del acto de autoridad contemplado en el artículo 16 constitucional implica que la fundamentación debe ser entendida como el deber que tiene la autoridad de expresar, en el mandamiento escrito, los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer el acto de autoridad, presupuesto que tiene su origen en el principio de legalidad que en su aspecto imperativo consiste en que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite; mientras que la exigencia de motivación se traduce en la expresión de las razones por las cuales la autoridad considera que los hechos en que basa su proceder se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar. Al respecto, el artículo 142 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, supletorio a la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, según su artículo 11, de este último ordenamiento, establece que los acuerdos con apercibimiento se notificarán personalmente a las partes. ".Articulo 142.- La demanda, la citación para absolver posiciones, la declaratoria de caducidad, el laudo y los acuerdos con apercibimiento, se notificarán personalmente a las partes. Las demás notificaciones se harán por estrados. Todos los términos correrán a partir del día hábil siguiente a aquél en que se haga el emplazamiento, citación notificación, y se contará en ellos el día del vencimiento.." ".Artículo 11.- Los casos no previstos en esta Ley o en sus reglamentos, se resolverán de acuerdo con las disposiciones de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 Constitucional, aplicada supletoriamente, y, en su defecto, por lo dispuesto en la Ley Federal del Trabajo, las Leyes del orden común, la costumbre, el uso, los principios generales del derecho y la equidad.". A su vez, los numerales 150 y 151 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, establecen la obligación del tribunal laboral de proveer a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos, dictando las medidas necesarias para ello; para lo cual, previa petición de la parte interesada, despachará auto de ejecución y comisionará a un actuario para que, asociado de la parte que obtuvo, se constituya en el domicilio de la demandada y la requiera para que cumpla la resolución, apercibiéndola de que, de no hacerlo, se procederá en términos de lo dispuesto en los artículos 148 y 149 de dicho ordenamiento legal. Además, el artículo 744 de la Ley Federal del Trabajo, supletorio a la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, establece que en caso de que la notificación se realice por el actuario, si la parte o persona a notificar no se hallare presente, se le dejará una copia de la resolución autorizada por el actuario. En el caso, de las constancias que obran en el juicio laboral, se advierte que el Tribunal responsable incumplió con lo dispuesto en el artículo 142 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, y el numeral 744 de la Ley Federal del Trabajo, supletorios a la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, los cuales exigen que los acuerdos con apercibimiento se notifiquen de manera personal, corriendo traslado con su contenido. ".Articulo 150.- El Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje tiene la obligación de proveer a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos y, a ese efecto, dictará todas las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio sean procedentes. Articulo 151.- Cuando se pida la ejecución de un laudo, el Tribunal despachará auto de ejecución y comisionará a un actuario para que, asociado de la parte que obtuvo, se constituya en el domicilio de la demandada y la requiera para que cumpla la resolución, apercibiéndola da (sic) que, de no hacerlo, se procederá conforme a lo dispuesto en el capítulo anterior. Artículo 744. Las ulteriores notificaciones personales se harán al interesado o persona autorizada para ello, el mismo día en que se dicte la resolución si concurre al local de la Junta o en el domicilio que hubiese designado y si no se hallare presente, se le dejará una copia de la resolución autorizada por el Actuario; si la casa o local está cerrado, se fijará la copia en la puerta de entrada o en el lugar de trabajo.". En relación a la hipótesis del artículo anterior citado en último término, el actuario asentará razón en autos. Se afirma lo anterior, ya que no existe constancia en autos de la que se advierta que se notificó de manera personal el proveído de tres de mayo de dos mil veintidós, dictado en el juicio laboral ********************, puesto que no le corrió traslado del proveído referido, mediante el cual se le apercibió de multa en caso de no cumplir con el requerimiento de cumplimiento de laudo ahí efectuado. Por lo que el quejoso no tuvo conocimiento cierto y completo del apercibimiento de multa, de donde deriva que el particular no haya tenido certeza de los términos en que fue decretado y sus consecuencias, ni si este estaba conforme a las disposiciones legales y sus atribuciones, a fin de estar en posibilidad de cumplir con lo ahí ordenado, o bien, ejercer plenamente su derecho a la defensa. Máxime que el desacato a una orden de autoridad no necesariamente arroja una sola consecuencia en la esfera jurídica del contumaz; ya que la sanción administrativa puede ser diferente, es decir, una multa, arresto, etcétera. Lo anterior es así, dado que en la diligencia de requerimiento de pago de trece de julio de dos mil veintidós, quedó asentado lo siguiente: 1).- Que el Actuario se constituyó en el Ayuntamiento Municipal de Cuernavaca, Morelos, acompañado de la parte actora, y solicitó la presencia del Presidente Municipal de ese lugar. 2).- Que al manifestársele que por el momento no se encontraba el Presidente Municipal, entendió la diligencia con una persona quien, bajo protesta de decir verdad, dijo ser "asesor jurídico" a quien, sin correr traslado, le requirió de pago. Sin embargo, de esa diligencia no se advierte que se hubiera convalidado la falta de la notificación personal, ya que al no correrse traslado con el proveído de tres de mayo de dos mil veintidós, como lo exige el numeral 744 de la Ley Federal del Trabajo, supletorio a la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, no se logró que el quejoso tuviera conocimiento fehaciente y completo del acto que dio origen a la imposición de la multa que por esta vía se combate. De manera que, para que la parte quejosa se encontrara en posibilidad de dar cumplimiento puntual al requerimiento formulado, encaminado al cumplimiento de la condena decretada en el laudo, era necesario que fuera notificada de forma personal, corriéndole traslado con dicho acto, ya que tal circunstancia constituye un requisito indispensable en la imposición o materialización de la medida de apremio prevista por el artículo 124, fracción I, de la Ley del Servicio del Estado de Morelos. En tales condiciones, resulta evidente que en cuanto a la medida de apremio consistente en la multa de quince unidades de medida y actualización impuesta al aquí quejoso, resulta violatoria de la garantía de legalidad tutelada por el artículo 14, constitucional, toda vez que para su imposición no fue desahogado el procedimiento relativo, en específico, al no haber sido notificado de manera personal a la parte quejosa el citado requerimiento y su consecuente apercibimiento, para la aplicación de la medida de coacción, por no corrérsele traslado con la copia del auto de apercibimiento. En ese orden, al haber resultado fundado y suficiente para otorgar el amparo, el concepto de violación antes analizado, resulta innecesario el estudio de los restantes conceptos de violación vertidos por la quejosa. OCTAVO. Efectos de la concesión del amparo. El artículo 77, de la ley de la materia establece que cuando el acto reclamado es de carácter positivo, como en el caso, la sentencia tendrá por objeto restituir a la parte quejosa en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación. En el caso la autoridad responsable deberá realizar lo siguiente: Deje insubsistente la resolución de doce de agosto de dos mil veintidós, dictada en el expediente ********************, a través del cual en cumplimiento a lo acordado en auto de tres de mayo de dos mil veintidós, se impuso una multa equivalente a quince unidades de medida y actualización conforme al artículo tercero transitorio del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación, a ******************** así como todas las actuaciones que hubiere emitido con la finalidad de ejecutar dicha multa. Con libertad de jurisdicción, dicte otra de manera fundada y motivada, pero prescindiendo que la parte quejosa haya sido notificada en forma personal del auto de tres de mayo de dos mil veintidós, en donde se le apercibió de multa, por los motivos expuestos en la presente sentencia. En el entendido de que queda expedita la plenitud de jurisdicción de la autoridad responsable para hacer uso de los medios que el artículo 124 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos les concede para hacer cumplir su determinación (previos apercibimientos y su respectiva notificación de forma personal). NOVENO. Publicidad. Con fundamento en los artículos 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se hace la precisión que no será objeto de publicación los datos personales de las partes o secciones clasificadas como reservadas. Por lo antes expuesto, con fundamento en los artículos 1°, 74, 75 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo, en términos del considerando quinto de la sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a ******************** contra actos del Presidente y Tercer Arbitro del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, en términos del séptimo considerando y para los efectos del último citado. Notifíquese personalmente Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia de Erik Calderón Ocampo, hasta hoy quince de junio de dos mil veintitrés, fecha en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.

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