Jose Torres Morales

Expediente 859/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 16 actuaciones registradas, la última del 13 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
859/2020
Año
2020
Actuaciones
16
Última actuación
13/09/2022

Partes del expediente

  • Jose Torres Morales
  • Tribunal Estatal de Conciliacion Y Arbitraje del Estado de Morelos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, trece de septiembre de dos mil veintidós Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes por auto de quince de agosto de dos mil veintidós, para que manifestaran lo que a su interés convinieran sobre el cumplimiento que la autoridad responsable ha dado a la ejecutoria de amparo, sin que a la fecha ninguna de las partes ejerciera ese derecho; en consecuencia, este órgano de control constitucional procede al análisis de dicho cumplimiento con base en los elementos que obran en el juicio; ello, atendiendo a que como ya lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de amparo, constituye una cuestión de orden público. Así, se tiene que se celebró la audiencia constitucional y se dictó sentencia en el presente juicio de amparo, en la que se determinó conceder el amparo al quejoso para el efecto de que la autoridad responsable realizara lo siguiente: ". Respecto de la prueba confesional a cargo del ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, prueba confesional y el interrogatorio libre a cargo de Deyanira Flores Estrada, Julio CésarAranda Vázquez y Felipe Alberto Munguía Herrera, y prueba confesional a cargo de Marisol Becerra de la Fuente ofrecidas por la actora, deberá señalar nueva fecha para su desahogo. Del mismo modo, con el propósito de evitar diferimientos innecesarios, deberá notificar oportunamente a las partes que deban tener intervención en la confesional de mérito, o en su defecto, declarar la imposibilidad para ello o bien, la deserción de las mismas. En caso de no haberlo hecho, notifique personalmente a las partes el contenido del acuerdo de veinte de noviembre de dos mil veinte para que puedan tener conocimiento de su contenido y surta sus efectos legales. Por cuanto a la prueba confesional a cargo del José Torres Morales, y testimonial a cargo de Magda Karina Aranda Mejía y José Manuel Cruz González ofrecidas por la demandada, deberá señalar nueva fecha para su desahogo. A efecto de evitar diferimientos innecesarios, deberá notificar oportunamente a las partes que deban tener intervención en la confesional de mérito, o en su defecto, declarar la imposibilidad para ello o bien, la deserción de las mismas. Finalmente, deberá realizar las gestiones necesarias para logra el desahogo de los medios de perfeccionamiento de las pruebas documentales ofrecidas por la demandada. .". Dicha sentencia constitucional causó ejecutoria, y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento a la concesión del amparo. En ese sentido, se concluye que la autoridad responsable dio seguimiento a los lineamientos vertidos en la ejecutoria de amparo, al acreditar que la prueba confesional a cargo del ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, por conducto de la persona física facultada para ello, el ocho de julio de dos mil veintiuno, se tuvo a la parte actora por desistida de su desahogo por así convenir a sus intereses; la prueba confesional y el interrogatorio libre a cargo de Julio César Aranda Vázquez, y de Deyanira Flores Estrada el ocho de julio de dos mil veintiuno, fue desahogada. La prueba confesional y el interrogatorio libre a cargo de Felipe Alberto Munguía Herrera, se cambió la naturaleza del desahogo de dicha probanza por la prueba testimonial por hechos propios, atendiendo a las manifestaciones del actor en diligencia de ocho de julio de dos mil veintiuno y, el veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, la Junta responsable decretó su deserción. Y la prueba confesional a cargo de Marisol Becerra de la Fuente ofrecidas por la actora, el ocho de octubre de dos mil veintiuno, se decretó la deserción de dicha probanza. La prueba a la prueba confesional a cargo del José Torres Morales, el ocho de julio de dos mil veintiuno, fue desahogada, y la testimonial a cargo de Magda Karina Aranda Mejía y José Manuel Cruz González, el ocho de julio de dos mil veintiuno se hicieron efectivos los apercibimientos y tuvo por desierta el desahogo de dicha probanza. La prueba consistente en los medios de perfeccionamiento de las pruebas documentales ofrecidas por la demandada, el diecisiete de enero de dos mil veintidós, fue desahogada dicha probanza. Finalmente, por auto de ocho de junio de dos mil veintidós la Junta responsable certificó que no quedan pruebas pendientes por desahogar concediendo un término de dos días a las partes para formular los alegatos correspondientes, todo ello desahogado en el juicio laboral 01/485/2020; constancias con las cuales se ordenó dar vista a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera. Con base en lo anterior, este órgano de control constitucional considera que la citada autoridad responsable, en el ámbito de su competencia y con las constancias mencionadas en los párrafos que anteceden, demostró haber dado cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio de amparo, restituyendo al promovente de la acción constitucional en el pleno goce de sus derechos violados, al tenor de lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. En efecto, se concluye que la autoridad responsable dio seguimiento a los lineamientos vertidos en la ejecutoria de amparo, al acreditar haber realizado las gestiones necesarias y procedió al desahogo y/o decretar su deserción de las pruebas faltantes por desahogar, tal como quedó señalado en párrafos que anteceden y fue indicado en la ejecutoria de amparo. Por ello este Juzgado Federal considera que ha sido cumplida la ejecutoria de amparo por parte de la autoridad responsable, pues se acató en sus términos la resolución en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal. Una vez determinado lo anterior, se procede a determinar si existe exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, entendiéndose por lo primero, que la autoridad responsable no se ajusta al tenor exacto de la ejecutoria, extralimitándose en su actuar respecto de los efectos para los que fue concedida la protección constitucional y por lo segundo, cuando se deja de acatar en su integridad la totalidad de los aspectos ordenados en la ejecutoria, esto es, omite realizar o abstenerse de hacer algo conforme a lo ordenado por el juzgador de amparo. Se reitera que el amparo y protección de la Justicia Federal se concedió para que la autoridad responsable realizara las gestiones a efecto de desahogar las pruebas faltantes por desahogar las cuales fueron ofrecidas por las partes o declarar su imposibilidad para su desahogo. En ese sentido este juzgado federal estima que la autoridad responsable no incurrió en exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, toda vez que de las constancias remitidas por la autoridad responsable, a las que se concede valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa del dispositivo 2°, acreditó que la prueba confesional a cargo del ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, por conducto de la persona física facultada para ello, el ocho de julio de dos mil veintiuno, se tuvo por desistida a la actora de su desahogo por así haberlo manifestado y convenir a sus intereses, la prueba confesional y el interrogatorio libre a cargo de Julio César Aranda Vázquez, y de Deyanira Flores Estrada el ocho de julio de dos mil veintiuno, fue desahogada. La prueba confesional y el interrogatorio libre a cargo de Felipe Alberto Munguía Herrera, se cambió la naturaleza del desahogo de dicha probanza por la prueba testimonial por hechos propios, atendiendo a las manifestaciones del actor en diligencia de ocho de julio de dos mil veintiuno y el veintitrés de agosto de dos mil veintiuno la Junta responsable decretó su deserción. Y prueba confesional a cargo de Marisol Becerra de la Fuente ofrecidas por la actora, el ocho de octubre de dos mil veintiuno, se decretó la deserción de dicha probanza. La prueba a la prueba confesional a cargo del José Torres Morales, el ocho de julio de dos mil veintiuno, fue desahogada, y la testimonial a cargo de Magda Karina Aranda Mejía y José Manuel Cruz González, el ocho de julio de dos mil veintiuno hizo efectivo el apercibimiento y tuvo por desierta el desahogo de dicha probanza. La prueba consistente en los medios de perfeccionamiento de las pruebas documentales ofrecidas por la demandada, el diecisiete de enero de dos mil veintidós fue desahogada dicha probanza. Finalmente, por auto de ocho de junio de dos mil veintidós la Junta responsable certificó que no quedan pruebas pendientes por desahogar concediendo un término de dos días a las partes para formular los alegatos correspondientes, todo ello desahogado en el juicio laboral 01/485/2020; tal como se advierte de las constancias que remitió la responsable en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, archívese el presente juicio de amparo, previas anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, carátulas, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y del Expediente electrónico, esto último con fundamento en el artículo 35 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el diario oficial de la federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generado por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria; ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depurarse, toda vez que se concedió la Protección de la Justicia de la Unión, lo que significa que en este caso deberá conservarse únicamente la demanda de amparo, la sentencia definitiva, y determinaciones emitidas por la Superioridad y/o las que determina el Titular de los autos, esto último en términos de lo dispuesto en el numeral 18 párrafo tercero del citado Acuerdo General. Asimismo, en términos del precepto 18, segundo párrafo del Acuerdo General en comento, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Cabe destacar que en el presente juicio no se formó incidente de suspensión por no haberse solicitado. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    De conformidad con lo dispuesto por los artículo 27, fracción I, inciso C) y 29 de la Ley de Amparo, se notifica a la parte quejosa por medio de lista el contenido del acuerdo de trece de septiembre de dos mil veintidós Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes por auto de quince de agosto de dos mil veintidós, para que manifestaran lo que a su interés convinieran sobre el cumplimiento que la autoridad responsable ha dado a la ejecutoria de amparo, sin que a la fecha ninguna de las partes ejerciera ese derecho; en consecuencia, este órgano de control constitucional procede al análisis de dicho cumplimiento con base en los elementos que obran en el juicio; ello, atendiendo a que como ya lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de amparo, constituye una cuestión de orden público. Así, se tiene que se celebró la audiencia constitucional y se dictó sentencia en el presente juicio de amparo, en la que se determinó conceder el amparo al quejoso para el efecto de que la autoridad responsable realizara lo siguiente: ". Respecto de la prueba confesional a cargo del ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, prueba confesional y el interrogatorio libre a cargo de Deyanira Flores Estrada, Julio CésarAranda Vázquez y Felipe Alberto Munguía Herrera, y prueba confesional a cargo de Marisol Becerra de la Fuente ofrecidas por la actora, deberá señalar nueva fecha para su desahogo. Del mismo modo, con el propósito de evitar diferimientos innecesarios, deberá notificar oportunamente a las partes que deban tener intervención en la confesional de mérito, o en su defecto, declarar la imposibilidad para ello o bien, la deserción de las mismas. En caso de no haberlo hecho, notifique personalmente a las partes el contenido del acuerdo de veinte de noviembre de dos mil veinte para que puedan tener conocimiento de su contenido y surta sus efectos legales. Por cuanto a la prueba confesional a cargo del José Torres Morales, y testimonial a cargo de Magda Karina Aranda Mejía y José Manuel Cruz González ofrecidas por la demandada, deberá señalar nueva fecha para su desahogo. A efecto de evitar diferimientos innecesarios, deberá notificar oportunamente a las partes que deban tener intervención en la confesional de mérito, o en su defecto, declarar la imposibilidad para ello o bien, la deserción de las mismas. Finalmente, deberá realizar las gestiones necesarias para logra el desahogo de los medios de perfeccionamiento de las pruebas documentales ofrecidas por la demandada. .". Dicha sentencia constitucional causó ejecutoria, y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento a la concesión del amparo. En ese sentido, se concluye que la autoridad responsable dio seguimiento a los lineamientos vertidos en la ejecutoria de amparo, al acreditar que la prueba confesional a cargo del ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, por conducto de la persona física facultada para ello, el ocho de julio de dos mil veintiuno, se tuvo a la parte actora por desistida de su desahogo por así convenir a sus intereses; la prueba confesional y el interrogatorio libre a cargo de Julio César Aranda Vázquez, y de Deyanira Flores Estrada el ocho de julio de dos mil veintiuno, fue desahogada. La prueba confesional y el interrogatorio libre a cargo de Felipe Alberto Munguía Herrera, se cambió la naturaleza del desahogo de dicha probanza por la prueba testimonial por hechos propios, atendiendo a las manifestaciones del actor en diligencia de ocho de julio de dos mil veintiuno y, el veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, la Junta responsable decretó su deserción. Y la prueba confesional a cargo de Marisol Becerra de la Fuente ofrecidas por la actora, el ocho de octubre de dos mil veintiuno, se decretó la deserción de dicha probanza. La prueba a la prueba confesional a cargo del José Torres Morales, el ocho de julio de dos mil veintiuno, fue desahogada, y la testimonial a cargo de Magda Karina Aranda Mejía y José Manuel Cruz González, el ocho de julio de dos mil veintiuno se hicieron efectivos los apercibimientos y tuvo por desierta el desahogo de dicha probanza. La prueba consistente en los medios de perfeccionamiento de las pruebas documentales ofrecidas por la demandada, el diecisiete de enero de dos mil veintidós, fue desahogada dicha probanza. Finalmente, por auto de ocho de junio de dos mil veintidós la Junta responsable certificó que no quedan pruebas pendientes por desahogar concediendo un término de dos días a las partes para formular los alegatos correspondientes, todo ello desahogado en el juicio laboral 01/485/2020; constancias con las cuales se ordenó dar vista a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera. Con base en lo anterior, este órgano de control constitucional considera que la citada autoridad responsable, en el ámbito de su competencia y con las constancias mencionadas en los párrafos que anteceden, demostró haber dado cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio de amparo, restituyendo al promovente de la acción constitucional en el pleno goce de sus derechos violados, al tenor de lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. En efecto, se concluye que la autoridad responsable dio seguimiento a los lineamientos vertidos en la ejecutoria de amparo, al acreditar haber realizado las gestiones necesarias y procedió al desahogo y/o decretar su deserción de las pruebas faltantes por desahogar, tal como quedó señalado en párrafos que anteceden y fue indicado en la ejecutoria de amparo. Por ello este Juzgado Federal considera que ha sido cumplida la ejecutoria de amparo por parte de la autoridad responsable, pues se acató en sus términos la resolución en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal. Una vez determinado lo anterior, se procede a determinar si existe exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, entendiéndose por lo primero, que la autoridad responsable no se ajusta al tenor exacto de la ejecutoria, extralimitándose en su actuar respecto de los efectos para los que fue concedida la protección constitucional y por lo segundo, cuando se deja de acatar en su integridad la totalidad de los aspectos ordenados en la ejecutoria, esto es, omite realizar o abstenerse de hacer algo conforme a lo ordenado por el juzgador de amparo. Se reitera que el amparo y protección de la Justicia Federal se concedió para que la autoridad responsable realizara las gestiones a efecto de desahogar las pruebas faltantes por desahogar las cuales fueron ofrecidas por las partes o declarar su imposibilidad para su desahogo. En ese sentido este juzgado federal estima que la autoridad responsable no incurrió en exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, toda vez que de las constancias remitidas por la autoridad responsable, a las que se concede valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa del dispositivo 2°, acreditó que la prueba confesional a cargo del ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, por conducto de la persona física facultada para ello, el ocho de julio de dos mil veintiuno, se tuvo por desistida a la actora de su desahogo por así haberlo manifestado y convenir a sus intereses, la prueba confesional y el interrogatorio libre a cargo de Julio César Aranda Vázquez, y de Deyanira Flores Estrada el ocho de julio de dos mil veintiuno, fue desahogada. La prueba confesional y el interrogatorio libre a cargo de Felipe Alberto Munguía Herrera, se cambió la naturaleza del desahogo de dicha probanza por la prueba testimonial por hechos propios, atendiendo a las manifestaciones del actor en diligencia de ocho de julio de dos mil veintiuno y el veintitrés de agosto de dos mil veintiuno la Junta responsable decretó su deserción. Y prueba confesional a cargo de Marisol Becerra de la Fuente ofrecidas por la actora, el ocho de octubre de dos mil veintiuno, se decretó la deserción de dicha probanza. La prueba a la prueba confesional a cargo del José Torres Morales, el ocho de julio de dos mil veintiuno, fue desahogada, y la testimonial a cargo de Magda Karina Aranda Mejía y José Manuel Cruz González, el ocho de julio de dos mil veintiuno hizo efectivo el apercibimiento y tuvo por desierta el desahogo de dicha probanza. La prueba consistente en los medios de perfeccionamiento de las pruebas documentales ofrecidas por la demandada, el diecisiete de enero de dos mil veintidós fue desahogada dicha probanza. Finalmente, por auto de ocho de junio de dos mil veintidós la Junta responsable certificó que no quedan pruebas pendientes por desahogar concediendo un término de dos días a las partes para formular los alegatos correspondientes, todo ello desahogado en el juicio laboral 01/485/2020; tal como se advierte de las constancias que remitió la responsable en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, archívese el presente juicio de amparo, previas anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, carátulas, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y del Expediente electrónico, esto último con fundamento en el artículo 35 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el diario oficial de la federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generado por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria; ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depurarse, toda vez que se concedió la Protección de la Justicia de la Unión, lo que significa que en este caso deberá conservarse únicamente la demanda de amparo, la sentencia definitiva, y determinaciones emitidas por la Superioridad y/o las que determina el Titular de los autos, esto último en términos de lo dispuesto en el numeral 18 párrafo tercero del citado Acuerdo General. Asimismo, en términos del precepto 18, segundo párrafo del Acuerdo General en comento, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Cabe destacar que en el presente juicio no se formó incidente de suspensión por no haberse solicitado. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, quince de agosto de dos mil veintidós. Vista la razón secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos el oficio signado por Humberto Díaz Vargas, Presidente y Tercer Árbitro del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del estado de Morelos, mediante el cual en cumplimiento al auto de veintinueve de julio de dos mil veintidós, remite copia certificada de las pruebas desahogadas en el expediente 01/485/2020, de su índice, así como el auto de once de julio de dos mil veintidós, por el que certifica que no queda prueba pendiente por desahogar, y declara cerrada la instrucción, ordenando turnar los autos a proyecto de resolución. Téngase por hecha la comunicación anterior, para los efectos legales a que haya lugar, y en atención a su contenido, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo vigente aplicable, córrase traslado a la parte quejosa con el oficio de cuenta y anexos, y dese vista a las partes por el plazo de tres días, contado a partir del siguiente al que queden legalmente notificadas de este proveído, para que expresen lo que a sus intereses convenga, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna en el lapso indicado, tomando en consideración las documentales remitidas por la autoridad responsable, este Juzgado Federal, se pronunciará sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintinueve de julio de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, así como el auto por el cual se ordenó dar vista a las partes con el cumplimiento por parte de la autoridad responsable, constancias de las cuales no son suficientes para analizar si se encuentra o no debidamente cumplida la ejecutoria de amparo dictada en el expediente en que se actúa, además de que esta potestad está obligada a vigilar que la misma sea cumplida en sus términos. Atento a lo anterior y a los lineamientos de la ejecutoria de amparo, es necesario contar con las constancias que emitió y desahogó la responsable para dar debido cumplimiento a la ejecutoria de amparo, esto es, los acuerdos o diligencias que elaboró para el desahogó de las pruebas señaladas en la ejecutoria de amparo, es decir, si estas fueron desahogadas o se decretó la deserción o imposibilidad de su desahogo en el juicio natural 01/485/2020, máxime que de autos no se desprende acuerdo o diligencia de la responsable que acredite lo anterior, esto es, para que esté juzgado este en posibilidad de analizar el cumplimiento de la ejecutoria es necesario contar con las constancias conducentes donde se pronunció sobre el cumplimiento del fallo protector. En consecuencia, con fundamento en los artículos 192, 193 y 194 de la Ley de Amparo, requiérase al Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, para que en el plazo de tres días hábiles contado a partir del día siguiente en que quede legalmente notificado del presente auto remita las constancias conducentes por las cuales dice que atendió en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Se apercibe a la autoridad responsable para el caso de ser omisa y de actualizarse dicho supuesto, se le impondrá una multa por la cantidad equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en los artículos 237 fracción I y 258 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación del veintisiete de enero de dos mil dieciséis, toda vez que de no cumplir con lo solicitado, se traducirá en una falta grave, esto es, en su desacato a un mandamiento judicial y que además, retrasa la impartición de justicia de manera trascendente para las partes en el presente juicio de amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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