José Urbano García de Peña

Expediente 202/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 2 actuaciones registradas, la última del 11 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
202/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
11/04/2022

Partes del expediente

  • José Urbano García de Peña

Actuaciones

  1. Principal

    1. Declara firme. Visto el cómputo que antecede realizado por la Secretaría de trámite, del que se desprende que ha transcurrido el plazo que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto recurso de queja contra el auto quince de marzo de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de amparo intentada. En consecuencia, con apoyo en dicho precepto legal, se declara firme el mencionado proveído, para todos los efectos legales consiguientes. Hágase las anotaciones en el libro de gobierno. 2. Archivo del asunto. En cumplimiento a lo señalado en el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, relativo a los criterios de valoración para los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, esto es, de relevancia documental, conservable, depurable o destruible, decrétese el valor correspondiente del presente expediente, y archívese este asunto como concluido. 3. Valoración. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3, fracción XVIII, del aludido Acuerdo General, y atendiendo a que se desechó la demanda de amparo, de acuerdo a los criterios de valoración, encuadra en el supuesto previsto en el inciso d) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Además, se estima que el acto reclamado carece de relevancia documental, ya que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del referido Acuerdo General; asimismo, este Juzgador atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional, no estima que debe ser considerado como tal. 4. Destino. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto. 5. Anotaciones. Como lo dispone el artículo 35 del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); una vez que transcurra el plazo de noventa días naturales, se ordena a la Secretaría archivar físicamente el asunto como totalmente concluido, sin mayor proveído y haciendo del conocimiento dicha circunstancia al oficial administrativo encargado del libro de control.

  2. Principal

    1. Recepción. Téngase por recibido el escrito de demanda promovido por ...contra los actos reclamados al Ayuntamiento de San Juan de Sabinas, Coahuila de Zaragoza, con sede en esta ciudad y otras autoridades. 2. Registro. Se ordena integrar el expediente y registrar la demanda con el número progresivo 202/2022, tanto en el libro de gobierno como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). 3. Exhortación a las partes de tramitar el juicio en línea. En atención a lo dispuesto por los artículos 22, fracción l, y 28, párrafo segundo, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, con el fin de evitar la concentración de personas y la propagación del citado virus, se exhorta a las partes para que, de ser posible, accedan a las herramientas tecnológicas, brindadas por el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, para continuar con la tramitación del presente asunto, a través del esquema de juicio en línea, hasta su conclusión. 4. Procedencia de la demanda. A efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de garantías, para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano; en ese sentido, se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ha sido explicado en la jurisprudencia I.1º.A. J/4. Esencialmente la jurisprudencia en cuestión refiere que para el desechamiento de plano de una demanda de garantías, es necesario que se advierta un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando deviene en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En efecto, la demanda que se trata, resulta improcedente debido a que se aprecia que la parte promovente demandó el amparo y protección de la justicia federal en contra de las autoridades y actos siguientes: 4.1 Autoridades responsables. Ayuntamiento de San Juan de Sabinas, Presidente, Director de Catastro, Director y/o Dirección de Protección Civil, Director y/o Director de Seguridad Pública y Director y/o Dirección de Obras Públicas, todos del Municipio de San Juan de Sabinas, con sede en dicha ciudad. 4.2 Actos Reclamados. La orden y la ejecución o la acción de clausurar el negocio denominado "Materiales el Profe", ubicado en calle Profesor H. Pérez Rodríguez, número 88-A, en la colonia Del Maestro en Nueva Rosita, municipio de San Juan de Sabinas, Coahuila de Zaragoza, sin previo tramite o procedimiento administrativo debidamente fundado y motivado. 4.3 Antecedentes. La parte quejosa manifiesta bajo protesta de decir verdad, en el libelo de demanda que su negocio corresponde a la venta de material para la construcción, denominado "Materiales El Profe" ubicado en la calle Profesor H. Pérez Rodríguez, número 88-A en la colonia Del Maestro, en Nueva Rosita, Municipio de San Juan de Sabinas. Que a ese lugar, el diez de marzo del presente año, se constituyó una persona con un vehículo oficial con logotipos del Municipio de San Juan de Sabinas y le comentó a su hijo que se preparara porque había indicaciones de clausurarle el negocio (génesis del presente asunto), además, que en los próximos días, las autoridades que la parte quejosa señaló como responsables, realizarían una inspección con la intención de encontrar alguna irregularidad y de esa manera clausurarle su negocio; sin que de la demanda de amparo, se aprecie que hubiere ocurrido tales circunstancias. 5. Causales de improcedencia. En mérito de lo expuesto, este órgano de justicia considera que se actualizan de manera manifiesta e indudable las causales de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones XII y XXIII, en relación con los diversos 5, fracción I, y 6, todos de la Ley de Amparo. 5.1 Actos futuros e inciertos. Por lo que hace a las diversas causales de improcedencia previstas en las fracciones XII y XVIII, se deduce que el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado no afecta la esfera jurídica del quejoso es decir, cuando no produce una afectación real y actual a sus derechos ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Para demostrar lo anterior, debe precisarse que en el caso, en atención a las manifestaciones realizadas por la propia parte quejosa "bajo protesta de decir verdad", en relación a los antecedentes del acto reclamado, se advierte que lo que verdaderamente reclama la parte quejosa es la posible clausura de su negocio denominado "Materiales el Profe", ubicado en calle Profesor H. Pérez Rodríguez, número 88-A, en la colonia Del Maestro en Nueva Rosita, municipio de San Juan de Sabinas, Coahuila de Zaragoza, motivado por una previa inspección por parte de las autoridades señaladas como responsables, sin que al momento de la presentación de la demanda de amparo, se aprecie que se haya procedido en tal sentido. En ese sentido, es dable indicar que de la lectura íntegra de la demanda, se advierte que la parte promovente aduce instar este asunto contra una posible afectación a sus derechos sobre un bien inmueble que aduce es su propiedad. Lo que es indicativo de que el acto reclamado aún no se ha llevado a cabo, sino que se trata de un acto futuro de realización incierta, respecto del cual no procede el juicio de amparo toda vez que el agravio que da derecho a instar esta vía constitucional debe ser directo y actual, es decir, de realización presente o pasada. Ello, debido a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que el juicio de amparo procede contra actos no existentes aún, pero de cuya realización se tenga plena certeza, por así demostrarlo actos previos, o por ser una consecuencia forzosa e ineludible de hechos probados. Lo que en el caso no sucede, pues la circunstancia de que el quejoso aduzca que una persona que labora en el Municipio de San Juan de Sabinas, al apersonarse en su negocio, les informó que había indicaciones de que se clausuraría su negocio, no implica, ni de suyo ni de facto, que las autoridades que señala como responsables hayan emitido la posible orden de clausura que reclama. Máxime que, no se hace el señalamiento por parte del quejoso de que quien les informó de dicha posible clausura, haya mostrado algún escrito o documentos idóneos que acrediten lo anterior, pues, como se asentó al inicio de esta resolución, la parte quejosa, no exhibió ningún documento a su demanda de amparo. Ahora bien, es importante señalar, que a las anteriores consideraciones se llegan derivado de lo manifestado por el promovente en el escrito de demanda y en el ocurso de cuenta, puesto que los mismos bajo protesta de decir verdad, mencionan que: que en los próximos días, se realizaría la inspección por parte de las autoridades que señala como responsables, con la intención de encontrar alguna irregularidad y clausurarle su negocio, pues, se insiste, de la redacción de la demanda de amparo, no se advierte que hubiera acontecido dicha inspección, ni que se haya clausurado su negociación. Por lo anteriormente expuesto, es dable dejar establecido que la vía constitucional intentada por el quejoso, se encuentra fundamentada únicamente con información futura e incierta y no con datos veraces y objetivos, como se ha mencionado con anterioridad, pues, no expresa la parte quejosa tener mayores detalles, es decir, de los cuales se desprenda que efectivamente se haya ordenado ejecutar en su contra los actos que reclama, debido a que solamente lo suponen con esos dichos. De ahí que se considere dicho acto reclamado como futuro de realización eventual e incierta, pues no existe dato alguno que genere la certeza clara y fundada de que el acto impugnado exista o pueda llegar a existir. No debe perderse de vista que la demanda de amparo tiene como finalidad obtener la protección de la Justicia Federal a efecto de que se restituya al quejoso en el goce su derecho fundamental violado, y no prevenir actos que en lo futuro pudieran generar esa afectación, como sucede en la especie. Estimar lo contrario genera la posibilidad de permitir el ejercicio de la acción de control constitucional, apoyada en expectativas y no contra actos concretos o de realización cierta e inminente. De ello, es claro que el acto reclamado en el presente juicio de amparo, no le causa un daño o perjuicio actual, real y directo, por ser actos futuros e inciertos, en virtud de que su realización no es segura. Tiene aplicación a lo anterior, el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por lo que, el acto que se estudia, no es inminente, al no existir certeza de que se vaya a ordenar y menos ejecutar. Este criterio ha sido sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en diversas tesis. 6. Desechamiento. En esas condiciones, el presente asunto resulta improcedente, de conformidad con lo establecido en los artículos 61, fracciones XII, XVIII y XXIII, en relación con los diversos 5, fracción I y 6, todos de la Ley de Amparo. En consecuencia, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo por notoriamente improcedente, con fundamento en lo previsto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, por actualizarse de modo manifiesto e indudable las causales de improcedencia analizadas. 7. Domicilio y autorizados para notificaciones. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones la lista que se fije en los estrados de este tribunal. Se tiene por autorizado en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado Rodolfo Gustavo Rivera Rodríguez, por tener su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho con que cuentan los juzgados y tribunales federales. 7.1 Autorización de consulta y notificaciones electrónicas. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Amparo, se autoriza la consulta vía electrónica, así como la práctica de notificaciones subsecuentes, al solicitante con nombre de usuario "rodolfogustavo" y correo electrónico rodolfogrr@hotmail.com. En el entendido de que el acceso al expediente electrónico estará condicionado a que se encuentre vigente la firma electrónica respectiva y que el usuario proporcionado corresponda efectivamente al profesionista mencionado en los párrafos que anteceden; lo anterior, en términos del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. 7.1.1 Instrucción. Se instruye a la Secretaría encargada de la mesa de trámite, para que bajo su más estricta responsabilidad vincule al usuario proporcionado con el expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa. 8. Habilitación actuarial. En términos del artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial practique las notificaciones en este asunto. 9. Reproducción electrónica y entrega de copias. Se autoriza el uso de medios electrónicos para digitalizar constancias del expediente, y previa solicitud por escrito, se autoriza su entrega en copias simples o certificadas, las que serán expedidas a costa de la parte solicitante, excepto constancias que tengan carácter reservado o confidencial, previa toma de razón que obre en autos. El Secretario de Juzgado encargado del expediente las gestionará sin mayor proveído. 10. Expediente electrónico. De acuerdo con el artículo 3o. de la Ley de Amparo, las partes están autorizadas para consultar el expediente digital en la página de internet utilizada para dicho propósito, previos trámites de ley. 11. Devolución de documentos. El artículo 122 de la Ley de Amparo dispone que los documentos pueden ser objetados por las partes y que éstos no podrán devolverse hasta que precluya el derecho a ello o mientras no se haya resuelto definitivamente el juicio (artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles). Por tanto, se niega la devolución de los documentos que exhiban las partes, hasta el momento que la ley lo permita. 12. Promociones sin incidencia en tramitación. En términos de lo dispuesto en la fracción VII del artículo 107 constitucional que limita la tramitación del amparo indirecto a actos procesales relevantes y en aplicación de los principios de tutela judicial pronta y efectiva, interpretando los fines y la sistematicidad de los artículos 112 a 124 de la Ley de Amparo, 57 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se determina que los oficios o escritos relativos a trámites que no incidan en la prosecución efectiva del juicio; por ejemplo, entre otros, acuses de recibo de recursos enviados a tribunales de circuito; autorizaciones de las partes; solicitudes de reproducción de constancias en medios electrónicos, copias simples o certificadas; notificaciones a peritos o testigos; actuaciones de la autoridad hacendaria para hacer efectivas multas; con excepción de aquellas que por disposición legal deba darse vista a las partes, se integrarán al expediente y el Secretario hará constar el día y hora en que se presentó la promoción, considerando desde este momento procedente su petición; las partes quedan en aptitud de imponerse de ellas y solamente en caso de que resulte notoriamente improcedente la solicitud, se comunicará al promovente tal decisión mediante acuerdo del juzgado y la notificación respectiva. 13. Protección de datos personales. Conforme lo previsto por los artículos 23; 70, fracción XXXVI y 73, fracciones II y V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, además de los numerales 6, 8 y 9 del Reglamento para la aplicación de la Ley Federal relativa, así como los preceptos 25 a 27; 31, 34 y 35 del ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, se hace del conocimiento de las partes que el asunto clasifica como información NO RESERVADA; por consiguiente, se les previene para que expresen si están de acuerdo en que se publiquen sus nombres y datos personales, en la inteligencia de que la falta de oposición implica su consentimiento para que el trámite de este juicio se publique sin supresión de datos.

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