José Socorro Martínez Mendoza

Expediente 77/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 13 actuaciones registradas, la última del 4 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
77/2019
Año
2019
Actuaciones
13
Última actuación
04/12/2019

Partes del expediente

  • José Socorro Martínez Mendoza
  • José Socorro Martínez Mendoza y Otros.
  • José Antonio Martínez Luna

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    1. Estado procesal. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que mediante proveído de veinticinco de abril del año en curso, causó ejecutoria la sentencia dictada en el presente juicio. 1.2 Devolución. En atención a lo anterior, hágase devolución al Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Acuña, con sede en Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza, de los discos compactos DVD que contienen las audiencias iniciales relativas a la causa penal número NIC-0056/2019 que exhibió como prueba en este asunto, toda vez que ya no es necesaria la permanencia en este juzgado.

  2. Principal

    I. Causa estado. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y atendiendo a la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa se inconformara contra el proveído de veintinueve de marzo del año en curso (fojas 63 a 70), a través del cual se sobreseyó en el presente juicio de amparo fuera de audiencia. Sin que sea necesario computar el término para la interposición del recurso de revisión al resto de las partes, toda vez que no les produce agravio el sobreseimiento decretado. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2°, 81, fracción I inciso d) y 86, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el acuerdo que decretó el sobreseimiento del presente juicio de amparo ha causado estado. II. Se ordena el archivo correspondiente. En tal razón, comuníquese este acuerdo a las partes; háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y se ordena archivar el presente juicio como asunto concluido. III. Devolución de tomo de pruebas. Toda vez que resulta innecesaria la permanencia en este juzgado, de las copias certificadas relativas a las carpetas de investigación número 182/ACU/UIACU/2019 y 183/ACU/UIACU/2019, del índice del Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Mesa I, con residencia en Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza, que motivó la apertura del tomo I de pruebas (foja 32), devuélvase a la citada autoridad. IV. Valoración del expediente principal. Toda vez que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, como lo establece la fracción II del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es susceptible de destrucción; sin que en el mismo se encuentren documentos originales que devolver a las partes; además, carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental; por lo cual, es clasificado como archivo reciente, debiendo ser enviado al archivo de este órgano jurisdiccional y conservado en el mismo por el término de tres años; una vez cumplido ese plazo, deberá transferirse a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

  3. Principal

    El día de hoy queda notificada la parte quejosa por medio de la presente lista de acuerdos, del auto de veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, dictado dentro del juicio de amparo 77/2019, por no haberse presentado a recibir la notificación de manera personal al local de este Juzgado de Distrito.

  4. Principal

    Estado de autos. Visto el estado que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que mediante proveído de dieciocho de febrero del año en curso (foja 32), se recibió el informe justificado rendido por la autoridad responsable Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Mesa I, con residencia en Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza, mediante el cual remitió copia auténtica de las carpetas de investigación número 182/ACU/UIACU/2019 y 183/ACU/UIACU/2019, que se instruyen a los aquí quejosos *** y ***, de donde se desprende de que el seis de febrero de dos mil diecinueve, fueron puestos a disposición del Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Acuña, con sede en Acuña, Coahuila de Zaragoza, por la comisión del delito de posesión simple de narcóticos. II. Presentación de la demanda de amparo indirecto. Mediante escrito recibido en la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional, el seis de febrero de dos mil diecinueve (fojas 1 y 2), los licenciados *** y ***, promovieron juicio de amparo indirecto en favor de *** y ***, contra las autoridades responsables siguientes: No. Autoridad responsable: 1 Agente del Ministerio Público Unidad de Investigación Mesa Uno. Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza 2 Inspector de la Policía de Investigación Criminal. Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza 3 Comandante de la Policía de Proximidad Fuerza Coahuila. Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza Por el acto reclamado consistente en: ".la privación ilegal de la libertad, que de manera arbitraria e injustificada se esta cometiendo en las personas de nombres *** Y *** ." En la citada fecha, se ordenó su registro en el Libro de Gobierno con el número 77/2019; se requirió por conducto del Actuario de la adscripción, la búsqueda y en su caso, la ratificación del escrito de demanda por parte de los quejosos directos y se ordenó suspender de plano los actos reclamados a las autoridades responsables (fojas 4 a 10). III. Admisión. De ese modo, mediante proveído de siete de febrero del año en curso (fojas 18 a 20), se admitió a trámite la demanda de amparo; en virtud de que el Actuario adscrito hizo constar que los quejosos directos *** y ***, ratificaron la demanda de amparo instaurada en su nombre, y además manifestaron que no fueron objeto de maltrato, golpes, intimidación, tortura e incomunicación; por tal motivo, al no acreditarse la existencia de los citados actos, quedaron fuera de la litis constitucional planteada. Además, se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables; se dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito en materia de amparo, y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Luego, mediante diversos acuerdos se recibieron los informes respecto a la suspensión de plano decretada, así como los justificados solicitados a las autoridades responsables. IV. Informe. Ahora bien, del informe justificado rendido por la autoridad responsable Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Mesa I, con residencia en Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza, se advierte de la copia auténtica de las carpetas de investigación número 182/ACU/UIACU/2019 y 183/ACU/UIACU/2019, que se instruyen a los aquí quejosos *** y ***, que el seis de febrero de dos mil diecinueve, fueron puestos a disposición del Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Acuña, con sede en Acuña, Coahuila de Zaragoza, por la comisión del delito de posesión simple de narcóticos. Al respecto, mediante proveído trece de marzo de dos mil diecinueve (fojas 58 y 59), en términos del artículo 75 de la Ley de Amparo, se tuvo al Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Acuña, con sede en Acuña, Coahuila de Zaragoza, informando lo siguiente: En relación al quejoso ***, dentro de la causa penal NIC-0055/2019, se dictó auto de vinculación por la comisión del delito de posesión de narcóticos con fines de comercio, en que se le concedió como medida cautelar la presentación periódica ante la Unidad de Medidas Cautelares, y posteriormente su libertad. A su vez, respecto al diverso quejoso ***, dentro del proceso penal NIC-0056/2019, se ordenó su libertad. V. Causales de sobreseimiento. Previo analizar el fondo del asunto, se debe verificar si en el caso sobreviene alguna causal de improcedencia, ya sea que las hagan valer las partes o de oficio se adviertan por este Juzgado, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente en el juicio de amparo, tal como lo establece el artículo 62 de la ley de la materia. Al respecto, es de citarse la tesis de jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 139-144, Primera Parte, página 287, de la Séptima Época, Materia(s): Común, Registro 232561, del rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial Federal que conozcan de los juicios de amparo, que analicen las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales." Ahora bien, del análisis del presente juicio de amparo este Juzgador considera que se actualizan las siguientes causales de improcedencia. I. La establecida en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo; y, II. La prevista en el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de la Materia. V.I Causal de improcedencia prevista en artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo. En el caso, se actualiza la citada causal de improcedencia, la cual prevé: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica (.)" Del análisis al numeral 61 que antecede, se advierte que la fracción XVII establece que el juicio de amparo es improcedente por cambio de situación jurídica, cuando por regla general, se producen los supuestos siguientes: a) El acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de uno administrativo seguido en forma de juicio; b) Con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) No pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; y d) Exista autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Sobre el tema, cobra aplicación en lo conducente, los criterios jurisprudenciales sustentados por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visibles a fojas doscientos diecinueve y ciento noventa y nueve, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomos IV, Diciembre de mil novecientos noventa y seis y VIII-Septiembre, de la Novena y Octava Épocas, respectivamente, que textualmente dicen: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." "SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SUS REQUISITOS. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN X, DEL ARTÍCULO 73, DE LA LEY DE AMPARO. Una vez examinados los supuestos en los cuales los tribunales de amparo han estimado aplicable esta causal de improcedencia, puede afirmarse que para configurarla se necesita de la reunión de los siguientes requisitos: 1) que se esté en presencia de un acto dictado dentro de un procedimiento, sea éste judicial (civil, familiar, penal) o administrativo (en strictu sensu, fiscal o agrario); 2) que al promoverse el amparo se encuentre colocado el quejoso en un estado jurídico determinado, es decir, que aquel acto procedimental haya definido su posición frente al orden jurídico; 3) que después de admitida la demanda sobrevenga, en el mismo procedimiento, otro acto, cualquiera que sea la autoridad que lo dicte; 4) que el acto sobrevenido sea autónomo, es decir, que entre el acto reclamado y el nuevo acto no exista una relación de causalidad tal que la ilegalidad del primero traiga aparejada la irregularidad del segundo y 5) que al producirse el nuevo acto se agoten los efectos del reclamado, creando frente al quejoso una nueva situación jurídica que no derive de este último." En el caso concreto, es evidente que se actualizan los supuestos que integran la causal de improcedencia invocada. Toda vez que del informe justificado rendido por la autoridad responsable Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Mesa I, con residencia en Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza, mediante el cual remitió copia auténtica de las carpetas de investigación número 182/ACU/UIACU/2019 y 183/ACU/UIACU/2019, que se instruyen a los aquí quejosos *** y ***, y de donde se desprende de que el seis de febrero de dos mil diecinueve, fueron puestos a disposición del Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Acuña, con sede en Acuña, Coahuila de Zaragoza, por la comisión del delito de posesión simple de narcóticos. Lo que se corrobora de las constancias que se digitalizan a continuación (foja 49 y 50, tomo de pruebas, 43 y 53 vuelta, del sumario). Documentales que por tener el carácter de pública se le concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Cobra aplicación al respecto, la tesis de jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." Lo que hace que en el caso concreto se actualice la causal de improcedencia en estudio, pues en principio el acto reclamado por los quejosos consistía en la detención de que fueron objeto; y luego al haber sido puestos a disposición del Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Acuña, con sede en Acuña, Coahuila de Zaragoza, por la comisión del delito de posesión simple de narcóticos, hace que el acto reclamado que impugnó la parte quejosa, no puede válidamente analizarse en este juicio de amparo, pues la nueva situación jurídica constituye un obstáculo legal para que se emita pronunciamiento alguno respecto de la detención que se reclamó, sin que se afecte en su caso la nueva situación jurídica de los aquí quejosos *** y ***, al considerarse consumado de modo irreparable las violaciones reclamadas con motivo de su detención. Sirve de apoyo, en lo conducente, la jurisprudencia número 1a./J. 17/2008, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 270, Tomo XXVII, Junio de 2008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con el número de registro 169410, cuyos rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.", que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto". Asimismo, la tesis II.2o.P.20 P (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, visible en la página 1287, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 2, Décima Época, registro 2002240, cuyo rubro y texto es el siguiente: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. SU EMISIÓN ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO ES LA ORDEN DE APREHENSIÓN (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE MÉXICO). En el sistema penal tradicional la emisión del auto de formal prisión posterior a la orden de aprehensión, cuando ésta es señalada como acto reclamado, generaba un cambio de situación jurídica en términos de la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, que hacía improcedente el juicio de garantías. Ahora, en el actual sistema de justicia penal de corte acusatorio acontece lo mismo con el dictado del auto de vinculación a proceso, pues éste produce -en esencia- los mismos efectos que el de formal prisión; por ejemplo, según el caso y al menos indirectamente restringe la libertad del impetrante de garantías, al estar sujeto a un proceso penal instaurado en su contra con todas las consecuencias que pueda acarrear, destacándose que ambas resoluciones constituyen el inicio de una nueva y diversa fase intraprocesal que genera a futuro sus propios efectos, distintos a los que en su momento se atribuyeron a la orden, aspectos que ya no podrían analizarse en el amparo, sin afectar en su caso a la diversa situación del impetrante que ahora se encuentra bajo los efectos formales de la resolución de término constitucional. De ahí que opere igualmente la causal de improcedencia en términos de la fracción y numeral citados". V.II Causal de improcedencia establecida en numeral 61, fracción XXI, de la Ley de la Materia. Asimismo, se actualiza la causal de improcedencia precisada, que establece: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". (.)" La expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido lo que originó el juicio de amparo y con ello, la afectación en el patrimonio o la esfera jurídica de la parte quejosa, según sea el caso. Esto puede ocurrir, cuando la propia responsable u otra autoridad que se encuentre debidamente facultada, emita una determinada actuación a virtud de la cual, se revoque o anule el acto de autoridad motivo del ejercicio de la acción constitucional intentada; esta forma de actualizar la improcedencia en comento, constituye una especie de autocontrol de la Constitución, ya que la misma autoridad que le dio origen, a través de un acto positivo o negativo, es quien lo deja insubsistente sea por que advirtió su ilegalidad o por cualquier otra causa, al margen del origen de ello. A efecto de precisar los extremos que en su aplicación han de cumplirse, para estimar que opera cabalmente, es indispensable puntualizar que no basta que la autoridad responsable deje sin efecto el acto o lo revoque, sino además es necesario que, aun sin disponerlo, de manera inmediata y sin condición alguna de por medio, se destruyan todos los efectos que conlleva el acto reclamado, ocasionando que las cosas vuelvan al estado que tenían hasta antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Como ilustración de los supuestos en que se actualiza de la causal en comento, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de sus resoluciones ha pronunciado diversos criterios entre los cuales se tiene, el siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. La cesación de los efectos del acto reclamado que amerita que se sobresea, no consiste en que tales efectos ya no se puedan producir en lo futuro, sino que es necesario que sobrevenga una revocación total del acto y de los efectos que haya producido, pues de otra manera se dejaría de juzgar, sin motivo, de la legalidad del acto y sus efectos, en el periodo comprendido entre el día en que se realizó y en aquel en que cesó. En otras palabras, para que se pueda admitir que han cesado los efectos del acto reclamado se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera existido. Por tanto, si una ley viene a establecer reglas para el futuro, en determinada materia, pero deja en pie lo ocurrido antes a virtud del acto reclamado, la materia, del amparo subsiste, aun cuando puede quedar limitada a cierto tiempo, y por lo mismo, no hay cesación de efectos." Igualmente, sirve de ejemplo la tesis del rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Sólo puede considerarse que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto por la autoridad responsable o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que por esa nueva situación, se reponga al quejoso en el goce de la garantía violada". La ratio legis que dio origen al presente motivo de improcedencia de la acción constitucional obedece al hecho de que al desaparecer los efectos del acto de autoridad tildado de inconstitucional, para la autoridad de amparo no es jurídicamente viable, sino ocioso emprender el análisis de un acto que jurídica y materialmente ha dejado de surtir efectos, por lo que incluso, de haber existido una flagrante violación de los derechos fundamentales de la parte quejosa, no sería factible restituirle en el pleno goce de las garantías transgredidas pues, la cesación del acto reclamado acaecida, con independencia de que se pudiera probar la existencia de la violación reclamada, a consecuencia de cesar en sus efectos el acto reclamado de manera total e incondicional, la parte quejosa se ve resarcida en el pleno goce de la garantía individual violada retornando las cosas al estado que guardaban antes de la violación, produciéndose la finalidad del artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, como si la violación nunca se hubiera realizado. Sustenta lo anterior, la tesis sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Asimismo, es ilustrativa al caso la tesis 2a./J. 59/99, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso concreto, se desprende que el siete de febrero de dos mil diecinueve (fojas 44 y 54), el Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Acuña, con sede en Acuña, Coahuila de Zaragoza, ordenó la inmediata libertad de los aquí quejosos *** y ***, lo que implica la desaparición total del acto reclamado y sus consecuencias. Lo que se corrobora con los oficios de libertad que se digitalizan a continuación (fojas 44 y 54): Documentales a las que por tener el carácter de públicas se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Cobra aplicación al respecto, la tesis de jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." En tales circunstancias, lo procedente es sobreseer en el presente juicio fuera de audiencia, al actualizarse las causales de improcedencia previstas en la fracciones XVII y XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 63, fracción V, del invocado ordenamiento. VI. Se deja sin efectos la fecha y hora de la audiencia constitucional. Por lo anterior, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las doce horas con diez minutos del dos de abril del año en curso (foja 36).

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