José Ulises Guerrero Quezada
Expediente 1114/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 11 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1114/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 15/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- José Ulises Guerrero Quezada
- Agente del Ministerio Publico de la Fiscalía Especializada En Delitos Ciberneticos En Morelia, Michoacán
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
En la ciudad de Morelia, Michoacán, a las diez horas del quince de noviembre de dos mil veintidós, hora y día señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo número 1114/2022-I, el licenciado LUIS FERNANDO ARREOLA VILLA, Juez Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, en unión del Secretario licenciado Hugo Uribe García, la declaró abierta, sin asistencia de las partes. En este momento se da cuenta al Juez con el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que el dieciocho de octubre de dos mil veintidós, se requirió a la parte quejosa para que en el plazo ahí previsto manifestara la denominación correcta de la autoridad que señaló como: "AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN DELITOS CIBERNETICOS EN MORELIA, MICHOACÁN" y "DIRECTOR Y/O ENCARGADO DE LA POLICÍA ESPECIALIZADA EN DELITOS CIBERNETICOS EN MORELIA, MICHOACÁN", y toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido el término de tres días que tuvo la misma para manifestar lo que a su interés conviniera, sin que lo hiciera, es decir, sin que precisara su denominación correcta; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el mismo, por lo que se tiene por inexistentes a las autoridades antes referidas y se suspende toda comunicación con las mismas. De igual manera, se da cuenta al Juez, con un pedimento 412/2022, signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional (R.E.16661); en tales condicione, se provee: téngase por recibido el pedimento signado por el signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional, en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngasele formulando alegatos en los términos que indica de los cuales se ordena realizar pronunciamiento en la esta respectiva, y con apoyo en el numeral 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición del numeral 2° de este último ordenamiento legal, expídansele las copias que requiere en su pedimento de cuenta. Acto continuo, el Secretario, en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo, hace relación de las constancias que obran en autos entre las que se encuentran la demanda, a lo que se acuerda: téngase por hecha la anterior relación para los efectos legales a que haya lugar. Abierto el período de pruebas, el Secretario hace constar que ninguna de las partes ofreció pruebas, con lo que se declara cerrado el mismo. A continuación, se abre la etapa de alegatos, y el Secretario hace constar que únicamente los formuló el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional, a través del pedimento 412/2022, los que se tienen por reproducidos en sus términos; por tanto, se declara cerrada dicha fase. Con lo anterior, se da por terminada la presente audiencia, quedando los autos a la vista para dictar la resolución. V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo número 1114/2022-I, promovido por José Ulises Guerrero Quezada, contra actos de Agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Delitos Cibernéticos en Morelia, Michoacán y otra autoridad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante oficio 19312/2022, signado por la Secretaria del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, recibido el seis de octubre de dos mil veintidós en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, el cual contiene inserto el proveído treinta de septiembre de dos mil veintidós, a través del cual dicho juzgado declaró que carecía de competencia legal para conocer de la demanda promovida por José Ulises Guerrero Quezada, misma que fue turnada ese mismo día a este Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán con sede en esta ciudad, de la que se advierte que promovió juicio de amparo indirecto en contra de las autoridades y actos mencionados a continuación: ".AUTORIDAD RESPONSABLE.- Señaló como autoridades responsables a las siguientes autoridades: El C. Agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Delitos Cibernéticos con residencia en la ciudad de Morelia, Michoacán; Director y/o encargado de la Policía Especializada en Delitos Cibernéticos, con destacamento en la ciudad de Morelia, Michoacán. IV.- ACTO RECLAMADO. - ES LA PRETENCIÓN (sic) QUE TIENEN DICHAS AUTORIDADES SEÑALADAS COMO RESPONSABLES, DE PRIVARME DE MI LIBERTAD PERSONAL, FUERA DE TODO PROCEDIMIENTO LEGAL .". SEGUNDO. Trámite. Por auto de siete de octubre de dos mil veintidós, este Juzgado Federal, aceptó la competencia planteada, se avocó al conocimiento y admitió la demanda de amparo, solicitó el informe justificado a las autoridades responsables, dio la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, fijó día y hora para la celebración de la audiencia Constitucional, misma que se llevó a cabo en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en la ciudad de Morelia, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con apoyo en los artículos 103, fracción I, y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo vigente, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ya que los actos reclamados se atribuyen a autoridades circunscritas a la jurisdicción territorial de este Juzgado. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, así como la jurisprudencia P.J 40/2000 y tesis P. VI/2004, se procede a fijar en forma clara y precisa los actos reclamados en la presente litis constitucional, los cuales se advierten del análisis integral de la demanda de derechos fundamentales, en vinculación con la totalidad de la información que obra en el presente juicio. Así, el quejoso reclama: Del Agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Delitos Cibernéticos con residencia en la ciudad de Morelia, Michoacán y Director y/o encargado de la Policía Especializada en Delitos Cibernéticos, con destacamento en la ciudad de Morelia, Michoacán: El pretender privarlo de su libertad fuera de todo procedimiento. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Por razón de método, debe en principio analizarse si en verdad los actos reclamados existen, es decir resolver respecto de su certeza, lo aleguen o no las partes, estudiar las causas de improcedencia aducidas o que de manera oficiosa se advierta se actualicen para, por último, de ser procedente el juicio, analizar el tema de la constitucionalidad del acto. Lo anterior es así, porque de no existir el acto combatido, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, igualmente sería imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia del amparo o de la materia de fondo sometida a la consideración, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos, el juicio de garantías sea procedente. Sirve de sustento a lo anterior, la Jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, número XVII.2º. J/10, visible en la página sesenta y ocho, del número setenta y seis, abril de mil novecientos noventa y cuatro, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que dice: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TECNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento". En ese sentido, se precisa establecer el contenido de los artículos 1°, fracción I, 63, fracción IV y 75 de la Ley de Amparo, que son del tenor literal siguiente: "Artículo 1°. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." "Artículo 63. Procede el sobreseimiento:. IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional."; y, "Artículo 75. En las sentencias que se dicten en los juicios de amparo el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable. No se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad". De conformidad con el primero de los numerales transcritos, el juicio de amparo procede contra normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es decir, dicho precepto se refiere a actos existentes, no probables o eventuales, apreciación que se corrobora con lo dispuesto por el diverso 75 de la propia ley, al establecer que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el acto reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad responsable. Ahora bien, tomando en consideración que en la presente audiencia, se tuvo como inexistentes a las autoridades responsables "AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN DELITOS CIBERNETICOS EN MORELIA, MICHOACÁN" y "DIRECTOR Y/O ENCARGADO DE LA POLICÍA ESPECIALIZADA EN DELITOS CIBERNETICOS EN MORELIA, MICHOACÁN"; por tanto, al no existir las citadas responsables, menos aún pueden existir los actos que mediante esta vía constitucional se les reclama; aunado a que el quejoso no aportó prueba alguna para demostrar la existencia de dichos actos. En las relatadas condiciones, ante la inexistencia de los actos reclamados analizados, lo procedente es sobreseer el juicio de amparo. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 6673, del tomo LXXIX, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, con número de registro 324127, que dice: "ACTO RECLAMADO, INEXISTENCIA DEL. De acuerdo con el artículo 74, fracción IV de la Ley de Amparo, procede el sobreseimiento en el juicio de garantías, cuando de las constancias de autos apareciese claramente que no existe el acto reclamado, y también cuando no se prueba su existencia en la audiencia a que se refiere el artículo 155 de la propia ley." En relación con la jurisprudencia 2a./J. 13/2022 (11a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, Materia Común, Libro 12, Abril de 2022, Tomo II, página 1630, que señala: "INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. LA CAUSA DE SOBRESEIMIENTO PREVISTA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 63 DE LA LEY DE AMPARO, ES DE ESTUDIO PREFERENTE SOBRE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL DIVERSO 61, FRACCIÓN XXIII, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 5, FRACCIÓN II, DE LA MISMA LEGISLACIÓN. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes analizaron qué causal de sobreseimiento es de estudio preferente, si la relativa a la inexistencia del acto reclamado prevista en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, o la contenida en el mismo precepto, pero en la fracción V, con relación a los diversos 61, fracción XXIII, 1 y 5, fracción II, de la citada legislación, referente al carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo. Así, uno de ellos concluyó que en caso de acreditarse la inexistencia del acto reclamado, debe proceder el sobreseimiento del juicio sin analizar si asiste o no la calidad de responsable a la autoridad señalada como tal, mientras que los otros órganos jurisdiccionales indicaron que debe privilegiarse el estudio de tal calidad, sobre la existencia del acto reclamado. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluye que cuando se resuelve el juicio en audiencia constitucional, es de estudio preferente la causal de sobreseimiento contenida en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, relativa a la inexistencia del acto reclamado, sobre la diversa causa de improcedencia contenida en la fracción V del mismo precepto, con relación a los diversos 61, fracción XXIII y 5, fracción II, de la misma ley, referente a si le asiste el carácter de responsable a la autoridad señalada como tal para efectos del juicio de amparo. Justificación: Conforme a los artículos 5, fracción II, y 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, para determinar si a una autoridad le asiste el carácter de responsable para efectos del juicio de amparo, debe analizarse la relación existente entre ella y el quejoso en función del acto que se le atribuye, de manera que si no existe el acto reclamado, no podrá realizarse dicho examen, puesto que la afirmación del promovente realizada en la demanda sobre su existencia, fue desvirtuada durante la tramitación del sumario. Por ende, la existencia del acto reclamado es una cuestión de análisis previo cuyo pronunciamiento permite estudiar las causales de improcedencia, así como los aspectos de fondo de la controversia, por lo que al dictar sentencia debe privilegiarse el análisis de la causal de sobreseimiento prevista en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, pues sólo en caso de acreditarse la existencia del acto reclamado, se podrá emprender el análisis de las causales de improcedencia, entre ellas, la relativa a si le asiste el carácter de responsable a la autoridad señalada como tal, con base en las constancias procesales que obren en autos." En virtud de lo anterior, toda vez que el sobreseimiento decretado constituye un acto procesal que termina la instancia por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado, no procede el análisis de los conceptos de violación hechos valer en contra de los actos reclamados analizados en el presente considerando, pues esto impide el examen de Constitucionalidad de dicho acto. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia número V.2o. J/15, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, consultable en la página 115, Tomo IX, Enero de 1992, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, con número de registro 220705, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. La resolución en que se decreta el sobreseimiento en el juicio, constituye un acto procesal que termina la instancia por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado. Así, no causa agravio la sentencia que no se ocupa de examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, ya que tal cuestión constituye el problema de fondo planteado". Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de derechos fundamentales número 1114/2022, promovido por José Ulises Guerrero Quezada en contra de las autoridades responsables y actos reclamados precisados en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el último punto considerativo de esta sentencia. Notifíquese.
- Incidental
Morelia, Michoacán, catorce de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, así como el estado que guardan los presentes autos, se advierte que transcurrió el término de quince días, a fin de que la parte quejosa se inconformara en términos del artículo 202 de la Ley de Amparo, del auto de cinco de octubre dos mil veintiuno, en el que se tuvo por cumplida la sentencia dictada en autos; por tanto, queda firme el citado proveído y, en consecuencia archívese el expediente como asunto totalmente concluido, de conformidad a lo dispuesto en los numerales 196 y 214 de la Ley de la Materia; háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Ahora bien, tomando en consideración que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Quinto Transitorio, el Capítulo Segundo, artículo 6; Capítulo Tercero, ordinal 8; y, Capítulo Séptimo, numeral 18, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto es susceptible de DEPURACIÓN al ubicarse en la hipótesis prevista en el capítulo séptimo, artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo en mención; por lo que únicamente se conservará la demanda, la sentencia que puso fin al asunto y la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada y, en su caso, las resoluciones recurridas; ello, en razón de que este órgano jurisdiccional estima que carece de relevancia documental. Notifíquese.
- Incidental
Morelia, Michoacán, tres de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que están trascurriendo los tres días que se le concedieron al quejoso José Luis Guerrero Quezada Daza, en proveído de diecisiete de octubre de dos mil veintidós, para que manifieste la denominación correcta de las autoridades responsables que señaló en su escrito inicial de demanda como "Agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Delitos Cibernéticos en Morelia, Michoacán" y "Director y/o Encargado de la Policía Especializada en Delitos Cibernéticos en Morelia, Michoacán". Por tanto, para dar margen a lo anterior, la audiencia incidental señalada para el día de hoy, se difiere para las NUEVE HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL CATORCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintisiete de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que transcurrieron los tres días que se le concedieron al quejoso José Ulises Guerrero Quezada, para que señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, a través del exhorto 641/2022 (248/2022-E), sin que lo hiciera; por tanto, con apoyo en el artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo, notifíquesele los autos subsecuentes que sean de carácter personal por medio de lista de acuerdos, en tanto señale domicilio para tal efecto. Tiene aplicación a lo anterior la tesis de jurisprudencia número 1a/J. 20/2008, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación visible en la pagina 238, tomo XXVII, Abril 2008, novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL AMPARO. DEBEN REALIZARSE POR LISTA CUANDO NO PUEDAN PRACTICARSE PERSONALMENTE POR NO ENCONTRARSE ALGUIEN EN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. De la interpretación armónica de los artículos 27 a 34 de la Ley de Amparo, se advierte que hay resoluciones -como las que contienen prevenciones y requerimientos- cuya notificación debe practicarse personalmente, y que ante la imposibilidad de dicha práctica, ya sea porque no se señaló domicilio o porque no se esperó al notificador, la regla es que se notifiquen mediante lista. En ese sentido, si bien la Ley indicada no establece cómo debe actuar el órgano jurisdiccional ante la imposibilidad de notificar personalmente un auto en el que se previene a la parte quejosa en el domicilio que designó para oír y recibir notificaciones, cuando el actuario que se constituye en éste, no encuentra a quien debe notificar, ni a sus parientes, empleados domésticos o a alguna persona que viva ahí, debe entenderse que para llevar a cabo la diligencia, la notificación deberá realizarse por lista. Lo anterior, en virtud de que dicha eventualidad puede encuadrarse en los supuestos previstos en la Ley de Amparo, según los cuales, ante la imposibilidad de practicar la notificación personalmente, debe realizarse por lista, con lo cual el órgano jurisdiccional cumple con el cometido de hacer del conocimiento del quejoso la resolución emitida, utilizando las figuras preestablecidas en la Ley mencionada; esto en el entendido de que corresponde al titular del órgano jurisdiccional, a partir de la razón actuarial en la que conste que se llevaron a cabo todas las actuaciones posibles para efectuar la notificación personal, determinar que ello fue imposible y, en consecuencia, se ordenará válidamente que se practique por lista. Además, lo anterior es así porque si la Ley de Amparo prevé una solución al caso planteado, es inconcuso que resulta innecesario acudir a otra normatividad para resolverlo, de ahí que en la especie sea inaplicable supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles. Por otra parte, como de autos se advierte que se reservó acordar lo relativo a la notificación del proveído de dieciocho de octubre de dos mil veintidós, hasta en tanto obrara en autos el aludido exhorto; en consecuencia, provéase lo relativo a dicha notificación; por tanto, se comisiona al actuario adscrito correspondiente a que practique la notificación del proveído, por medio de lista. Finalmente, acuérdese lo conducente en los cuadernos incidentales respectivos. Notifíquese.
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