José Ubaldo Reyna Madrigal
Expediente 797/2019 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 3 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 797/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 03/12/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- José Ubaldo Reyna Madrigal
Actuaciones
- Principal
En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, en vigor a partir del día siguiente, se notifica por lista que se publica en los estrados de este Juzgado Federal, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación; a la parte quejosa, el acuerdo y/o resolución de fecha nueve de diciembre dos mil veinte, el cual en lo conducente señala: Morelia, Michoacán, nueve de diciembre de dos mil veinte. Agréguese el oficio 1299/2020, signado por el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán, mediante el cual devuelve sin diligenciar el despacho 858/2019 (246/2019-D), del índice de este órgano jurisdiccional, por el cual se le solicitó llevara a cabo el desahogo de la prueba testimonial, ofrecida por la parte quejosa a cargo de los testigos ..., con domicilio en calle Principal número 190, en la localidad de La Estancia de Amezcua, Municipio de Zamora, Michoacán; ..., con domicilio en calle ... Municipio de Zamora, Michoacán; y,..., con domicilio en calle ..., Municipio de Zamora, Michoacán; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Acúsese recibo. Ahora bien, en razón a que la prueba testimonial no se llevó a cabo, pues los testigos no comparecieron en la hora y fecha señaladas para tal efecto por el juez auxiliar, ya que no fue posible notificarles personalmente esa circunstancia, por las razones asentadas en las actas elaboradas por la Actuaria adscrita al órgano auxiliar, entonces, con ello dese vista a la parte quejosa por el término de tres días, contado a partir del día siguiente al en que quede debidamente notificado del presente proveído, a efecto de que manifieste lo que a su interés corresponda, bajo apercibimiento que de no hacerlo en el lapso concedido, se le tendrá por desinteresado en el desahogo de dicho medio de convicción y, por tanto, se declarará desierta dicha probanza. Notifíquese personalmente.
- Principal
Agréguese el escrito signado por el quejoso José Ubaldo Reyna Madrigal; atento a su contenido, como lo solicita, con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, expídanse a su costa las copias certificadas a que se refiere en su ocurso de cuenta, previa identificación y recibo que de ello se deje en autos. NOTIFÍQUESE.
- Principal
...Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y toda vez que de la certificación secretarial que antecede se advierte que ha fenecido el término de cinco días de que disponía la parte quejosa, para interponer el recurso de queja que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, en contra del auto doce de julio de dos mil diecinueve, mediante el cual se desechó la demanda de amparo que dio origen a este expediente, sin que lo hiciera, el cual transcurrió del veintidós al veintiséis del mes y año en curso; en consecuencia, SE DECLARA FIRME dicho proveído, para los efectos legales a que haya lugar, háganse las anotaciones en el libro de gobierno; ahora bien, respecto del toca de apelación I-158/2019, que en testimonio remitió el Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, como complemento a su informe justificado, devuélvase a su lugar de origen, por ser innecesaria su retención y, en su oportunidad, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente cuaderno como definitivamente concluido. Por otra parte, tomando en consideración que el presente asunto se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo Segundo, punto cuarto; Capítulo Tercero, puntos Noveno y décimo primero; y, Capítulo Quinto, puntos Vigésimo, Vigésimo Primero, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto es susceptible de destrucción al ubicarse en las hipótesis previstas en las fracciones I, II y III de los artículos Vigésimo, Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto del Acuerdo en mención; en razón de que el suscrito estima que carece de relevancia documental. NOTIFÍQUESE.
- Principal
En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, en vigor a partir del día siguiente, se notifica por lista que se publica en los estrados de este Juzgado Federal, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación; a la parte quejosa, el acuerdo y/o resolución de fecha doce de julio de dos mil diecinueve, el cual en lo conducente señala: ...Acúsese recibo del oficio 3925/2019, signado por el Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, residente en esta ciudad, al que anexa el cuaderno de amparo directo civil número 539/2019, formado con motivo de la demanda de garantías promovida por José Ubaldo Reyna Madrigal, contra actos del Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, residente en esta ciudad. Ahora, como la superioridad se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de garantías, en auto de diez de los actuales, ya que el acto reclamado no tiene la naturaleza jurídica a que se refiere el artículo 107, fracción V, inciso c) de la Constitución General de la República y 170 de la Ley de Amparo 37, fracción I; en consecuencia, de conformidad con el numeral 45 de la Ley de la Materia, este órgano jurisdiccional se AVOCA al conocimiento de la instancia constitucional aludida. Fórmense el expediente impreso y electrónico respectivos bajo el número 797/2019-II. Anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Asimismo, se ordena la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. De la lectura íntegra de la demanda de amparo, se desprende que la parte quejosa reclama de la autoridad que señala como responsable, lo siguiente: ".La sentencia definitiva dictada CON FECHA 13 TRECE DE JUNIO DE 2019 DOS MIL DIECINUEVE, DENTRO DEL TOCA DE APELACIÓN NÚMERO I-158/2109, EMITIDA POR EL C. MAGISTRADO DE LA SEPTIMA SALA CIVIL DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO.". Reclamo en el cual la responsable revoco el proveído de diecinueve de marzo de dos mil diecinueve, emitido en el juicio sucesorio testamentario número 30/2011, para ahora versar en los siguientes términos: ".Visto el escrito de cuenta presentado por José Ubaldo Reyna Madrigal, con el carácter que tiene reconocido en autos, dígasele que no ha lugar a lo que solicita, toda vez que en términos de los artículos 1014 fracción III, y 1052 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán de Ocampo, la ampliación de inventario incluyendo o excluyendo bienes pertenecientes a la sucesión, no procede en la forma y términos en que lo hace, pues dichos preceptos prevén la tramitación vía incidental o juicio autónomo, según corresponda.". Acto respecto del cual, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de garantías por ser notoriamente improcedente; esto es, por surtirse la causa de improcedencia, prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107 fracción V, este último en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, por las siguientes razones: El artículo 113 de la Ley de Amparo prescribe: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Este precepto autoriza al suscrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Con relación a ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Resulta aplicable por similitud la jurisprudencia 19, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo X, septiembre de 1999, página 730, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. En ese contexto, este órgano de control constitucional considera que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación directa con el artículo 107, fracción V, este último interpretado a contrario sensu, ambos normativos de la Ley de la materia, que prescriben lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)." Conforme a los numerales invocados, son actos con efectos de imposible reparación los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, ya que mediante una fórmula legal se establece que los actos referidos, para calificarse como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho, y no solo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegue a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de las leyes adjetivas, de donde derivan las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para promover el amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento, consistentes en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", equivalente a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo, y que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de ser "sustantivos", expresión antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. En la especie, el acto reclamado no es de imposible reparación, en virtud de que la resolución de trece de junio del año en curso, dictada dentro de Toca número I-158/2019, del índice de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por Esperanza Reyna Madrigal, por el cual revocó el auto de diecinueve de marzo del año en curso, emitido en el juicio sucesorio testamentario 30/2011, mediante el cual el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, a petición del quejoso requirió a Esperanza Reyna Madrigal, a efecto de en el plazo de tres días, realizara ampliación de inventario y avalúo de los bienes que conforman el caudal hereditario; para ahora, indicarle al quejoso José Ubaldo Reyna Madrigal, que no ha lugar a lo que solicita, toda vez que en términos de los artículos 1014 fracción III, y 1052 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán de Ocampo, la ampliación de inventario incluyendo o excluyendo bienes pertenecientes a la sucesión, no procedía en la forma y términos en que lo hizo, pues dichos preceptos prevén la tramitación vía incidental o juicio autónomo, según correspondiera, acto que no afecta material y actualmente derechos sustantivos de la parte quejosa tutelados por la constitución como la vida, libertad, propiedad, posesión, patrimonio o salud, sino que se trata de un acto procesal emitido dentro de una sección del juicio sucesorio, de manera que al no contener la orden de afectar de forma directa e inmediata algún derecho sustantivo, y por no tratarse de la última resolución en la primera, segunda o tercera sección, se considera improcedente el amparo. Por tanto, se insiste en que el acto reclamado necesita producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho, y no solo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no precisamente llegue a trascender al resultado del expediente. Cobra aplicación al caso, por las razones que la sostienen, la jurisprudencia I.1o.A.E. J/5 (10a.), sustentada por Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 1902, del Libro 29, Abril de 2016, Tomo III, de la Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2011338, de rubro y texto siguiente: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE O DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. SUS CARACTERÍSTICAS PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio general de que los actos tienen una ejecución irreparable o de imposible reparación, cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no cuando sólo afecten derechos adjetivos o procesales, porque la afectación irreparable o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufre obtenga una sentencia definitiva en el procedimiento natural, favorable a sus pretensiones. En consecuencia, a contrario sensu, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, conforme al artículo 107, fracción III, inciso b), de la ley de la materia, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación llegan a extinguirse sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque esa violación es susceptible de repararse posteriormente, al reclamar el acto terminal o resolución." Para explicar lo anterior, se hace necesario citar los ordinales 1012 al 1016 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán de Ocampo, que disponen: "Artículo 1012. En todo juicio hereditario se formarán cuatro secciones compuestas de los cuadernos necesarios. Pueden iniciarse las secciones simultáneamente cuando no hubiere impedimento de hecho. Artículo 1013. La primera sección se llamará de sucesión y contendrá en sus respectivos casos: I. El testamento o testimonio de protocolización; II. La denuncia del intestado; III. Los nombramientos y remociones de albaceas; IV. Las sentencias que se pronuncien sobre validez del testamento, capacidad legal para heredar y preferencia de derechos; y, V. Los incidentes que tengan relación con los puntos anteriores. Artículo 1014. La segunda sección se llamará de inventarios y contendrá en su caso: I. Los inventarios que presenten los albaceas provisionales, interinos o definitivos, o los herederos y el cónyuge sobreviviente, en su caso; II. Los avalúos; y, III. Los incidentes que se susciten sobre estos puntos. Artículo 1015. La tercera sección se llamará de administración y contendrá: I. Todo lo relativo a la administración de los albaceas, interinos, provisionales o definitivos o del cónyuge sobreviviente; II. Las cuentas, su glosa o su calificación; y, III. Los incidentes que hubiere sobre los puntos anteriores. Artículo 1016. La cuarta sección se llamará de partición y contendrá: I. El proyecto de partición; II. Los arreglos relativos; III. Las ventas y la aplicación de los bienes; y, IV. Las sentencias y los incidentes que se promuevan sobre los puntos anteriores." De la interpretación de los numerales transcritos se advierte que el juicio sucesorio consta de cuatro etapas a saber: a) La de sucesión. b) La de inventarios. c) La de administración. d) La de partición. En este sentido, se ha establecido que la sucesión es de carácter universal y de naturaleza peculiar, por lo que cada una de las secciones que lo componen se decide por separado mediante una resolución especial que adquiere firmeza para quienes son llamados a juicio. Así, en la primera etapa la resolución que pone fin a la misma es la resolución que declara la validez del testamento, la capacidad legal para heredar o reconocimiento de herederos y la designación de albacea o remoción; en la segunda, la resolución que aprueba el inventario; en la tercera, la resolución que aprueba o reprueba la rendición de cuentas; y la cuarta, la resolución que aprueba el proyecto de partición y adjudicación de bienes. De esta forma, contra la resolución dictada en cada etapa (primera, segunda, tercera) procede el juicio de amparo indirecto, porque no deciden el fondo del juicio universal sucesorio sino cada etapa del mismo, y contra la cuarta, procede el amparo directo, puesto que ésta es la última resolución que pone fin al juicio sucesorio testamentario que guarda estrecha relación con las etapas anteriores. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia del Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, del tenor siguiente: "SUCESIONES, VIOLACIONES PROCESALES. Como en los juicios sucesorios no existe una sentencia definitiva que comprenda todo el procedimiento ya que cada una de las secciones que lo componen se decide por separado, mediante la resolución especial correspondiente, las infracciones de tipo procesal cometidas durante el trámite de la sección de reconocimiento o de declaración de herederos, que no impidan la continuación del procedimiento respectivo, son impugnables por la vía constitucional cuando se reclame la resolución que ponga fin a dicha sección, toda vez que de atacarse de manera inmediata, sin esperar al dictado de aquélla, el amparo indirecto resultaría improcedente, atento a lo dispuesto por el artículo 114, fracción IV, de la ley de la materia, a contrario sensu." De igual forma, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito del rubro y texto siguientes: "JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO. ES DE CARÁCTER UNIVERSAL Y PROCEDE AMPARO INDIRECTO CONTRA LAS RESOLUCIONES QUE DECIDEN EL FONDO DE LAS TRES PRIMERAS ETAPAS DE DECLARACIÓN DE HEREDEROS, INVENTARIOS Y AVALÚOS Y DE ADMINISTRACIÓN, O QUE SEAN UN OBSTÁCULO PARA SU CONCLUSIÓN. La sucesión constituye un juicio de carácter universal y de naturaleza peculiar, puesto que en el proyecto de partición, el objeto principal es liquidar un patrimonio y adjudicarlo a una persona determinada, componiéndose de cuatro etapas: la de sucesión (que en su caso comprende declaración de validez del testamento, reconocimiento de derechos hereditarios o declaratoria de herederos y, nombramiento y remoción de albacea e interventores, así como de tutores); la de inventarios y avalúos; la de administración; y el juicio finaliza con una sentencia que se pronuncia en la cuarta y última sección, denominada de partición y adjudicación, que guarda relación con las tres anteriores, en tanto que la adjudicación se realiza a favor del declarado heredero y se transmite formalmente la propiedad de los bienes inventariados y valuados, atendiendo, en su caso, a las cuentas de la administración aprobadas durante la sección respectiva; sin embargo, conforme al principio de preclusión inherente a todo proceso judicial, al aprobarse la partición y declararse la adjudicación ya no es posible volver a analizar la totalidad de las actuaciones efectuadas dentro del juicio, sino que cada una de las secciones que lo componen se decide por separado mediante la resolución especial correspondiente, que adquiere firmeza para quienes son llamados al juicio sucesorio y tuvieron intervención como herederos; por tanto, las violaciones procesales habidas durante cada sección no son impugnables en el juicio de amparo indirecto, porque éste solamente procede contra la que decide el fondo de esa sección o representa un obstáculo para su conclusión, y excepcionalmente procederá la acción de amparo contra resoluciones que guarden autonomía o independencia de la resolución que ponga fin a la sección correspondiente." Máxime que, es inconcuso que la resolución reclamada no produce de manera inmediata una afectación a algún derecho fundamental contenido en las garantías individuales de la parte quejosa, ya que a través de ella no se plantea la infracción de derechos sustantivos, sino que, en su caso, únicamente la violación de derechos adjetivos que producen efectos formales o procesales. En otras palabras, los efectos de esa determinación se actualizan hasta el dictado de la resolución mediante la cual el juez de origen decida la segunda sección del juicio sucesorio intestamentario, pues la determinación reclamada no constituye la última que se dicte en esa sección del intestado, de modo que no puede considerarse que tenga sobre el quejoso una afectación a sus derechos sustantivos, precisamente porque será la interlocutoria que decida sobre la segunda sección la que declare cómo deberá quedar jurídicamente la masa hereditaria con relación a su inventario y avalúo, no así la resolución reclamada. De ahí que resulta claro que no existe afectación material sobre algún derecho sustantivo reconocido en la Constitución o en los Tratados Internacionales, que amerite de inmediato el análisis constitucional del acto reclamado. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del tenor siguiente: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." En consecuencia, si las resolución reclamada no satisface las condiciones para que sea considerada como acto dentro del juicio que tenga una ejecución irreparable, ya que, es necesario que se encuentre concluida la segunda etapa del juicio sucesorio para poder combatir las violaciones procesales a través del juicio de amparo, es claro que al no acontecer así, es decir, al estar inconclusa esa fase, el juicio de amparo es improcedente, ya que se insiste, carece de resolución que decida la segunda sección, sin que esto implique consumación irreparable, pues es factible el estudio o análisis de las violaciones procesales cuando se ataque la resolución que culmine la "sección de inventarios" que en su caso tornara procedente la viabilidad del amparo. En virtud de lo anterior expuesto y con fundamento en los artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el segundo de los citados interpretado en sentido contrario, se desecha de plano por ser notoriamente improcedente la demanda que dio origen al presente asunto. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el ubicado en el número 539-1 de la Calzada de Arnulfo Ávila (Calzada del Panteón), colonia Morelos en esta ciudad y autorizando únicamente para tal efecto a Liborio Espinoza Hernández y Carlos Fernández Fabián. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de cámaras fotográficas a fin de recabar y copiar de manera eficaz los acuerdos o resoluciones dictados en el presente asunto, de conformidad con la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita pero bajo las siguientes condiciones: cada vez que deseen fotografiar y/o usar cualquier otro medio electrónico para tomar notas de las constancias, deberán solicitarlo al Secretario, para que éste autorice ante su presencia la fotografía o escaneo, pero tales reproducciones sólo serán del contenido del auto o resolución sin firmas del Juez ni Secretario, por lo cual deberán dejar asentada razón del autorizado donde precisará que constancias tomó y el objeto por el cual lo hizo. En el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales. Apoya lo anterior, la tesis aislada número I.1o.A.23 K (10a.), del Tribunal Colegiado de Circuito, publicada en la página 1830, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Durante la vigencia de la anterior Ley de Amparo, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante la Circular 12/2009, comunicó a los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito que no existe inconveniente para permitir a las partes el empleo de medios digitales con la finalidad de imponerse "de los acuerdos" dictados en los expedientes de su interés, sin hacer referencia a la totalidad de los documentos que obren en autos. No obstante, la actual ley reglamentaria del juicio constitucional prevé el expediente electrónico como medio para la conservación de las constancias de los asuntos que se rigen bajo ese ordenamiento, como se desprende de su artículo 3o. Con motivo de esto último, las partes podrán consultar los expedientes mediante su firma electrónica y el sistema que se implemente para ello. En ese tenor, considerando que los quejosos, autoridades y terceros interesados tienen expedita la posibilidad de consultar los autos e, incluso, de solicitar copia de las constancias que obren en el expediente físico, no existe un motivo que justifique negarles su reproducción, a través de dispositivos electrónicos o sólo permitirlo tratándose de los proveídos del tribunal. En consecuencia, si se toma en cuenta que, por regla general, sólo pueden consultar el expediente las partes y el juzgador que conozca de un asunto que se encuentra subjúdice, además de los autorizados a quienes confían la defensa de sus intereses litigiosos, la reproducción a través de cámara fotográfica, escáner u otros dispositivos semejantes no sólo es permisible para dichas personas, sino que favorecería el ejercicio de sus derechos con mayor celeridad y sencillez, al no tener que esperar a que se provea favorablemente sobre la expedición de las copias que requieran". Hágase del conocimiento de las partes en este asunto que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación, se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán · 7,297 expedientes
- José Suárez López1049/2019
- José Tariácuri Espinosa Gil311/2022
- José Torres Gómez254/2023
- José Torres Gutiérrez750/2019
- José Torres Gutiérrez297/2019
- José Trinidad Avellaneda Vargas925/2012
- José Ubaldo Reyna Madrigal733/2021
- José Ulises Guerrero Quezada1114/2022
- José Vaca Pérez155/2018
- José Valentin Zárate Hernández858/2020
- José Valentín Zárate Hernández319/2021
- José Vargas Ortíz694/2021