José Trujillo Jiménez
Expediente 699/2018 tramitado ante el Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 2 actuaciones registradas, la última del 7 de agosto de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 699/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 07/08/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa · Veracruz
Partes del expediente
- José Trujillo Jiménez
Actuaciones
- Principal
HA CAUSADO ESTADO, archívese este asunto como concluido.
- Principal
Xalapa, Veracruz, veintitrés de julio de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo promovida por José Trujillo Jiménez, contra actos del Congreso de la Unión, con sede en Ciudad de México y otras autoridades; fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y anótese en el Libro de Gobierno con el número de juicio 699/2018 que le corresponde. ANÁLISIS INTEGRAL DE LA DEMANDA DE AMPARO Ahora bien, analizada la demanda de amparo origen de este juicio se considera procedente efectuar el siguiente pronunciamiento: El artículo 113 de la Ley de Amparo prevé que el Juez de Distrito, ante todo, examinará la demanda de amparo y, en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deberá desecharla de plano. En el caso, se advierte que el quejoso reclama de las autoridades responsables: 1) La resolución que le fuera notificada el seis de julio del año en curso, en la que se determinó que se dieran por terminados los efectos de su nombramiento como maestro del Jardín de Niños Foráneo con clave presupuestal 079721 E018100.0500405 adscrito al centro de Trabajo "Leopoldo Kiel" con número de clave 30FKS0002Q; así como su ejecución. 2) La inconstitucionalidad del párrafo quinto del artículo 22 de la Ley General del Servicio Profesional Docente, el cual se aplicó en su perjuicio en la resolución indicada anteriormente. Así, respecto del acto indicado en el inciso 1) anterior, se advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1º, fracción I, y 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." El artículo transcrito prevé claramente la improcedencia del juicio de amparo cuando ésta resulte de alguna disposición legal. El artículo 1º, fracción I, mencionado prevé: "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internaciones de los que el Estado Mexicano sea parte." Esta disposición establece que el objeto de estudio del juicio de amparo serán las leyes o actos de la autoridad que vulneren los derechos fundamentales. Por último, el artículo 5º, fracción II, de la ley de la materia prevé: "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." Este artículo señala que autoridad responsable con independencia de su naturaleza formal para efectos del juicio de amparo, es la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado en forma unilateral y obligatoria. Luego, de la interpretación de los artículos que anteceden, en sentido contrario, se colige que el juicio de amparo no procederá contra actos que provengan de entes que no tengan el carácter de autoridad. Con la finalidad de entender mejor el concepto de "autoridad" para efectos de la procedencia del juicio, se hace necesario precisar que la Suprema Corte de Justicia ha denominado así al órgano del Estado que unilateralmente impone su voluntad en relaciones de supra a subordinación regidas por el derecho público, afectando la esfera de los gobernados. De acuerdo con lo expuesto por el Máximo Tribunal del país, para considerar que existe acto de autoridad es preciso que reúna las características de unilateralidad, imperatividad y coercibilidad. Además, se requiere que produzcan, modifiquen o extingan situaciones jurídicas o de hecho. Sirve de apoyo la tesis P. XXVII/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo V, febrero de 1997, página 118, con número de registro 199459, que dice: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO." Ahora, de contenido de la demanda de amparo, se deriva que el quejoso es un trabajador del Servicio Profesional Docente al Servicio de la Secretaría de Educación de Veracruz, y una de las autoridades señaladas como responsables es la Secretaría de Educación de Veracruz, con sede en esta ciudad, la cual tiene la calidad de patrón, en virtud que su actuación es en el plano de particular y no como ente del Estado. Razonamiento que permite establecer que la determinación combatida se emitió dentro de una relación de coordinación, emanada de un vínculo laboral, lo que revela que no se trata de un acto emitido por la responsable en funciones de autoridad, sino como patrón asimilado. Pues la actuación de la Secretaría de Educación de Veracruz, a través de sus funcionarios, no emana de un mandato que tenga su origen en la ley, que le confiera atribuciones coercitivas para actuar como una autoridad de Estado, modificando unilateralmente una situación jurídica, sino que se trata de actos que derivan de una relación laboral que pueden clasificarse en un plano de coordinación, que es lo que caracteriza a ese tipo de relaciones. Por tanto, la autoridad indicada, al terminar las relaciones laborales con sus servidores públicos, no actúan como tales, sino como patrones o sujetos de un contrato de trabajo y, por ende, las relaciones entre ellos no son de gobernante a gobernado, sino de carácter obrero-patronal, puesto que en los tratos que sostienen con sus empleados se conducen como personas de derecho privado, esto es, como patrón en el ámbito de las relaciones de la institución con su personal jurídico. Por lo que al emitir una resolución que afecta los derechos de los trabajadores, lo hacen en su carácter de patrón y en representación su empleadora, la Secretaría de Educación de Veracruz. Por ello, cualquier cuestión que surja con motivo recisión del cargo de maestro que desempeñaba al no haber obtenido el resultado suficiente en la evaluación diagnóstica, que alega el quejoso, debe ventilarse ante el Tribunal ordinario correspondiente a través del juicio laboral, pero si antes de hacerlo promueve amparo, éste resulta notoriamente improcedente porque los actos reclamados no provienen de una autoridad propiamente dicha, sino de una que actúa como particular (patrón). Esto es así, ya que las diferencias que surjan entre el Estado patrón y sus trabajadores están sujetas a la jurisdicción de los tribunales del estado especializados en dirimir asuntos de índole laboral, de ahí que el quejoso está en aptitud de hacer valer sus derechos ante los tribunales laborales. Y que, como consecuencia de ello, el acto que aquí se reclama no sea susceptible de examen constitucional al ser improcedente su estudio en la vía de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis I.6o.T.26 L, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible a página 347, con número de registro 202602, que dice: "AUTORIDADES RESPONSABLES PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO, NO LO SON LOS ÓRGANOS O FUNCIONARIOS DE LAS DEPENDENCIAS DEL ESTADO CUANDO ACTÚAN COMO PATRONES." Así como, por la consideraciones que la sustentan, la diversa VII.2o.T. J/18 (10a.), del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, localizable en la página 2542, Libro 43, Junio de 2017, Tomo IV, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2014528, de rubro: "DIRECTOR DEL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS DEL MAR DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA. EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DICTAMINADORA EN LOS PROCEDIMIENTOS DE ASCENSO LABORAL, NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO." Por otra parte, respecto de la inconstitucionalidad del párrafo quinto, del artículo 22 de la Ley General del servicio Profesional Docente, que hace valer el quejoso, debe decirse que el agravio del que se duele, lo hace derivar del primer acto de aplicación que se le efectuó. Es decir, la porción normativa que el quejoso tilda inconstitucional no le causa agravio por sí mismo, sino a través del acto en el que éste fue aplicado. Y, debido a que el acto de aplicación, acto que en realidad le causa perjuicio al quejoso, resultó improcedente para los efectos del juicio de amparo, la inconstitucionalidad que se hace valer, también lo es. Pues el análisis de las normas no puede considerarse autónomo e independiente del acto de aplicación, por lo que su estudio no debe desvincularse, ya que el mencionado en segundo lugar es el que verdaderamente causa perjuicio al quejoso, por lo que no es posible el examen de uno prescindiendo del otro. De ahí, que si el acto de aplicación de la norma tildada de inconstitucional, al no provenir de una autoridad para los efectos del juicio de amparo indirecto, requisito indispensable para la procedencia de dicho juicio, tornó improcedente a éste; también lo hace respecto de la norma impugnada, pues, como se dijo, el análisis de la ley respectiva no puede desvincularse del que concierne a su acto de aplicación. Pues estimar lo contrario, conduciría a tener como acto de aplicación de un precepto, su simple cita en algún escrito formulado por cualquier particular, sin las atribuciones legales que de una autoridad prevé la propia Ley de Amparo, lo que trastocaría las reglas para el estudio del juicio de amparo indirecto contra leyes, cuando se promueve con motivo de un acto de aplicación. Sirve de apoyo a lo anterior, por las consideraciones que la sustentan, la jurisprudencia 2a./J. 71/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página doscientos treinta y cinco, Tomo XII, Agosto de dos mil, con número de registro 191311, de rubro: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN." Así como la tesis VII.2o.T.2 CS, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 2861, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IV, junio de 2017, registro 2014534, de rubro siguiente: "AMPARO CONTRA LEYES. ES IMPROCEDENTE SI EL ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY QUE SE RECLAMA NO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO (COMISIÓN DICTAMINADORA DEL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS DEL MAR NÚMERO 07), AL NO PODER DESVINCULARSE EL ANÁLISIS DE LA LEY, AL DEL ACTO." En consecuencia, al resultar notoria e indudable la causa de improcedencia que se menciona, respecto de la totalidad de los actos reclamados en este juicio; de acuerdo con lo que dispone el artículo 113 de la ley de la materia, PROCEDE DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, con el objeto de que la parte promovente tenga conocimiento, desde el inicio, del resultado de la demanda de amparo y, a su vez, evitar la práctica de un trámite innecesario, en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional. No se soslaya a lo anterior, la existencia de la Jurisprudencia 54/2012 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO"; misma que establece que por regla general en el auto de inicial de trámite de una demanda de amparo no pueden realizarse análisis exhaustivos, dado que sólo se cuenta con lo manifestado en la demanda y con las pruebas anexadas, por lo que no es la actuación procesal oportuna para analizar si el acto reclamado proviene de autoridad para efectos del juicio constitucional; sin embargo, el citado criterio no excluye la posibilidad de que existan casos de excepción a la regla general, como en el caso acontece. Resulta aplicable por su contenido jurídico la jurisprudencia PC.III.L. J/5 L (10a), emitida por el Pleno en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, visible en la página mil doscientos veinticuatro, libro once, octubre dos mil catorce, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2007580: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. EXCEPCIONALMENTE PUEDE CONSTITUIR LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, EN ASUNTOS TRAMITADOS CONFORME A LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013 [INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 54/2012 (10a.)]." DOMICILIO Y AUTORIZADOS Como lo solicita el quejoso, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en el proemio de su demanda, de conformidad con el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo. Por otra parte, se tiene como su autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Jorge Luis Mortera Delgado, debido a que cuenta con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Cédulas Profesionales de Abogados Postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación. LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. DIGITALIZACIÓN Conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo en vigor, así como en capítulo tercero, del Acuerdo General Conjunto 1/2014, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a éste, así como las notificaciones por vía electrónica, mediante el uso de la FIREL, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación previsto en el artículo 3º de la Ley de Amparo, procédase a la digitalización del expediente. HABILITACIÓN DÍAS Y HORAS Finalmente, con fundamento en el artículo 282 del Código de Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los Actuarios Judiciales de la adscripción puedan efectuar las actuaciones y diligencias que deriven de este juicio de amparo, incluso, fuera del horario que para tal efecto dispone la Ley de Amparo. SOLICITUD DE COPIAS En términos de lo previsto en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se autoriza la entrega de copias del presente acuerdo que las partes soliciten ante el actuario adscrito a este órgano jurisdiccional, quien hará entrega de las mismas a quien se encuentre autorizado para tal efecto, previa identificación y razón que por su recibo otorgue en autos para debida constancia. Notifíquese como corresponda. Así, lo proveyó y firma José Ezequiel Santos Álvarez, Juez Décimo Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz, ante María Fernanda Prianti Gómez, Secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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