José Solano Manguila
Expediente 144/2018 tramitado ante el Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 2 actuaciones registradas, la última del 5 de marzo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 144/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 05/03/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa · Veracruz
Partes del expediente
- José Solano Manguila
Actuaciones
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCION I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDO A LA PARTE PROMOVENTE EL AUTO QUE DICE: Xalapa, Veracruz; cinco de marzo de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guarda este juicio de amparo y, de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que el quejoso interpusiera recurso de queja contra el auto en que se desechó de plano la demanda de amparo, en el juicio en que se actúa. Por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletoriamente aplicado, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este asunto como concluido. Por otra parte, en cumplimiento al capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto número 01/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, resulta procedente decretar que este expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al haberse DESECHADO y NO considerarse de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el Capítulo Quinto, punto vigésimo primero, último párrafo del Acuerdo General Conjunto precitado; por lo que transcurridos más de CINCO AÑOS se procederá a la destrucción del mismo, esto es, con posterioridad al CINCO DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS. De igual modo, de conformidad con lo establecido en el capítulo tercero, punto décimo, fracción I, del acuerdo 01/2009 en cita, una vez cumplido TRES AÑOS de haberse ordenado el archivo de este asunto, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; en el entendido de que se trasferirá con posterioridad al CINCO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO. Finalmente, agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso, mediante el cual solicita la devolución de los documentos que anexó como prueba a su escrito de demanda; por tanto, debido a que resulta innecesario conservar las documentales aludidas, déjense a su disposición en la Secretaría de este órgano jurisdiccional, en el entendido que, de no comparecer a recibir dichas documentales en un plazo de noventa días, contados a partir de su notificación, serán destruidos junto con el expediente. Notifíquese personalmente. Así, lo proveyó y firma María Fernanda Prianti Gómez, Secretaria del Juzgado Décimo Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz, encargada del despacho, en términos del artículo 43, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, asistida de Carlos Sebastián Casados González, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO QUE DICE: Xalapa, Veracruz, dieciséis de febrero de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo promovida por José Solano Manguila, apoderado legal de Luis Rafael López León, quien acredita su personalidad con la copia certificada del instrumento público cuarenta y dos mil seiscientos sesenta y uno, pasado ante la fe del Notario Público número Dos de Xalapa, Veracruz, contra actos del Director General del Registro Público de la Propiedad y de Inspección y Archivo General de Notarías, con sede en esta ciudad; fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y anótese en el Libro de Gobierno con el número de juicio 144/2018 que le corresponde. DESECHAMIENTO Analizada la demanda de amparo origen de este juicio, se considera procedente efectuar el siguiente pronunciamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo prevé que el Juez de Distrito, ante todo, examinará la demanda de amparo y, en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deberá desecharla de plano. Así, debe tenerse en cuenta que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Tal consideración encuentra sustento, por identidad de razón, en la jurisprudencia I.1o.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890, mayo de 1998, tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 196196, de rubro siguiente: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. Bajo esa premisa, en el caso, del escrito de demanda se advierte la actualización, de manera manifiesta e indudable, de la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. La disposición legal referida precisa, en lo que interesa, que antes de acudir a la instancia de amparo, el promovente debe agotar los medios ordinarios de impugnación del acto reclamado, ya que dada la naturaleza extraordinaria del juicio de amparo, éste procede excepcionalmente contra los actos de las autoridades administrativas, cuando se hayan agotado los medios de defensa establecidos por las normas ordinarias para combatirlos. Esto es así, en concordancia con el principio de definitividad el cual establece que el juicio de amparo sólo procede contra actos definitivos, entendidos estos como aquellos contra los que no procede recurso o medio de defensa ordinario alguno, o que procediendo alguno, se hayan hecho valer oportunamente y el acto reclamado sea lo resuelto en ellos. Ya que de otra manera, no se cumpliría con el principio referido, consistente en preservar al juicio constitucional como medio de defensa al que debe acudirse sólo cuando ya no exista la posibilidad de reparar el agravio que se alegue cause la actuación de la autoridad. Lo anterior, salvo los casos legales de excepción que, en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes; la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución; cuando el acto carece de fundamentación; y, cuando la legislación que rige el recurso o medio de defensa ordinario impone mayores requisitos que la Ley de Amparo para conceder la suspensión del acto impugnado. Por otra parte, el artículo 2 del Código de Procedimientos para el Estado de Veracruz establece: "Artículo 2. Para efectos del presente Código, se entenderá por: I. Acto administrativo: La declaración unilateral de voluntad, externa, particular y ejecutiva, emanada de la Administración Pública, que tiene por objeto crear, transmitir, reconocer, declarar, modificar o extinguir una situación jurídica concreta para la satisfacción del interés general" De igual modo, la fracción II del artículo 280 del ordenamiento legal referido, establece que procede el juicio contencioso en contra de: "II. Actos administrativos que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar la autoridad, que afecten derechos de particulares (.)" Por su parte, la Ley del Registro Público de la Propiedad para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en los artículos relativos dispone: "Artículo 68. El recurso de inconformidad deberá de promoverse por escrito, ante el Director General directamente o enviado por correo certificado a la Dirección General o por conducto de la Oficina Registradora, a la que se presentará copia de la inconformidad. Si el escrito fuere remitido por la vía postal, se tomará como fecha de interposición del recurso la de su depósito en la Oficina Postal. El Recurso deberá interponerse dentro del plazo de quince días, contados a partir del día siguiente a aquel en que surta sus efectos la notificación al interesado, procediendo en los casos siguientes: I.- Contra la calificación hecha por el Registrador; II.- Contra la negativa de expedición de algún certificado; III.- Contra las resoluciones de los registradores que suspendan o denieguen el servicio registral regulado en esta Ley; IV.- En los demás casos contemplados en la presente Ley. Artículo 69. Tan pronto tenga conocimiento la Oficina Registradora de la interposición del recurso, hará anotación del mismo en la inscripción antecedente respectiva, para conservar a salvo la prelación de la inscripción que se pretende realizar. Artículo 70. Hecha la anotación a que se refiere el artículo anterior, la Oficina Registradora enviará informe al Departamento con copia de la resolución que denegó la inscripción y en su caso, de los documentos que estime convenientes. Si la interposición se hace directamente ante la Dirección General, éste ordenará a la Oficina Registradora que rinda el citado informe. Artículo 71. Con vista de los términos de la inconformidad y del informe rendido por la Oficina Registradora, la Dirección General resolverá lo procedente en un término de diez días y notificará personalmente al interesado en el domicilio que éste hubiere señalado. Artículo 72. El recurso de inconformidad, será también procedente contra cualquier otra resolución de la Oficina Registradora que cause agravio a los interesados. Artículo 73. En lo no previsto en este capítulo, para la tramitación del recurso de inconformidad se estará a los lineamientos conducentes del Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz." De lo anterior, se desprende que contra la negativa de expedir algún certificado por parte de la Dirección General del Registro Público de la Propiedad y de Inspección y Archivo General de Notarías procede el recurso de inconformidad en sede administrativa; o, al constituir un acto administrativo, el juicio contenciosos administrativo ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa; medios ordinarios de defensa idóneos para modificarlos, revocarlos o nulificarlos. En el caso, la parte quejosa reclama el oficio PYA/008/2018, de veinticinco de enero de dos mil dieciocho, mediante el cual el Director General del Registro Público de la Propiedad y de Inspección y Archivo General de Notarías del Estado de Veracruz, negó la expedición del testimonio para inscripción de la escritura pública solicitada por el peticionario de amparo. Sin embargo, de lo manifestado por el quejoso en su demanda de amparo y de las constancias que anexó a ésta, no se advierte de modo alguno que haya agotado los medios de defensa que la ley aplicable y el Código Administrativo de la entidad prevén para tal efecto. Pues el impetrante del amparo, al no estar conforme con la negativa otorgada por la autoridad responsable a su petición, previo a la promoción de este juicio de amparo, debió agotar los medios de defensa ordinarios. Lo anterior, en razón de que son dichos medios de defensa los idóneos para confirmar, modificar, revocar o anular el acto reclamado; por lo que es requisito indispensable, previo a la promoción de este juicio, agotar los recursos ordinarios a fin de observar el principio de definitividad que rige a la materia de amparo. Sin que en el caso, se actualice algún supuesto de excepción al principio de definitividad, debido a que no se reclama alguna disposición general y abstracta; ni se proponen, en exclusiva, violaciones directas a la Constitución; ni el acto reclamado carece de fundamentación; ni la ley que rige el juicio contencioso prevé mayores requisitos que la Ley de Amparo para conceder la suspensión del acto reclamado. Lo anterior es así, ya que de la constancia que el quejoso anexó a su escrito de amparo (foja 8), se observa que el oficio PYA/088/2018 contiene como fundamento de su razonamiento el artículo 132 de la Ley 585 del Notariado para el Estado de Veracruz. Además que, si bien el quejoso reclama la falta de motivación del acto que impugna y, por ello estima violadas en su perjuicio los derechos consagrados por los artículos 1, 4, 14 y 16 Constitucionales; lo cierto es que del oficio indicado, se observa que la autoridad expuso un motivo para negar la expedición de la constancia solicitada, al no satisfacerse los requisitos previstos por el artículo 132 aludido. Esto es, el acto reclamado no carece de la fundamentación que prevé la excepción del artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, ni la motivación a la que aluden diversos criterios jurisprudenciales; pues no debe confundirse la falta con la indebida satisfacción de ambos requisitos constitucionales. Lo cual, aunado con los demás argumentos vertidos por el peticionario de amparo en su demanda, constituyen cuestiones de legalidad; que no le confieren el derecho de instar esta vía constitucional sin cumplir con el principio de definitividad. Robustece lo anterior la jurisprudencia I.3o.C. J/47, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 1964, Tomo XXVII, Febrero de 2008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 170307, de rubro: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. LA DIFERENCIA ENTRE LA FALTA Y LA INDEBIDA SATISFACCIÓN DE AMBOS REQUISITOS CONSTITUCIONALES TRASCIENDE AL ORDEN EN QUE DEBEN ESTUDIARSE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Y A LOS EFECTOS DEL FALLO PROTECTOR." Por tanto, si de los antecedentes que conforman el acto reclamado y las constancias que obran en el sumario, no se advierte que la parte quejosa haya agotado el recurso de inconformidad o, en su caso, el Juicio Contencioso Administrativo, previamente a la promoción de la demanda de amparo que se estudia, se colige que este juicio de amparo es improcedente. Tiene aplicación la jurisprudencia I.6o.C. J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, mayo de 2002, página 902, con número de registro 187016, de epígrafe siguiente: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL." Bajo estas premisas, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de la materia, procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA ORIGEN DE ESTE JUICIO. Sin que se soslayen los criterios sustentados por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz, en las tesis VII.1o.A.15 A (10a.) y VII.1o.A.14 A (10a.); y, por el Tribunal Colegiado del Décimo Circuito en la tesis X.3 A (10a.), de rubro: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 280 Y DEMÁS RELATIVOS DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. ES INNECESARIO AGOTARLO PREVIO AL AMPARO INDIRECTO, AL ACTUALIZARSE UNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, CONSISTENTE EN QUE ESE ORDENAMIENTO NO ESTABLECE ESPECÍFICAMENTE UN PLAZO PARA QUE EL TRIBUNAL CORRESPONDIENTE SE PRONUNCIE RESPECTO DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL DEL ACTO CONTROVERTIDO SOLICITADA EN UN MOMENTO DIVERSO A LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA." "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 280 Y DEMÁS RELATIVOS DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. ES INNECESARIO AGOTARLO PREVIO AL AMPARO INDIRECTO, AL ACTUALIZARSE UNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, CONSISTENTE EN QUE ESE ORDENAMIENTO PREVÉ UN PLAZO MAYOR QUE LA LEY DE AMPARO PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL DEL ACTO CONTROVERTIDO." "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN EL ESTADO DE VERACRUZ. ES INNECESARIO AGOTARLO, PREVIO AL AMPARO, YA QUE LOS ALCANCES DE LA SUSPENSIÓN PREVISTA EN EL CÓDIGO LOCAL QUE LO REGULA SON MENORES A LOS ESTABLECIDOS PARA EL JUICIO CONSTITUCIONAL." Pues dichos criterios surgieron en razón de lo dispuesto por el Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz, anterior a las reformas del diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete. Sin embargo, debido a que el artículo 305 del Código referido, actualmente prevé, entre otras cosas, que la suspensión del acto impugnado se decretará dentro del término de veinticuatro horas siguientes a la presentación de la demanda, en el mismo acuerdo en que se admita la demanda y podrá solicitarse en el escrito de demanda o, en cualquier momento mientras se encuentre en trámite el juicio ante la Sala Unitaria que conozca el asunto. Y que, para los efectos de la suspensión, podrán decretarse medidas cautelares positivas; los criterios a los que se hizo alusión, resultarían inaplicables para hacer procedente el Juicio de Amparo sin agotarse, previo a su instauración, el Juicio Contencioso Administrativo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Como lo solicita la parte quejosa, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en el proemio de su demanda, de conformidad con el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo. Por otra parte, se tiene como su autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Ramiro Priego Jiménez, debido a que cuenta con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Cédulas Profesionales de Abogados Postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación y en términos del artículo 24 de la citada ley a Eva Esmeralda Rodríguez Vega, toda vez que no cuenta con cédula registrada en el referido sistema. LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. DIGITALIZACIÓN Conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo en vigor, así como en capítulo tercero, del Acuerdo General Conjunto 1/2014, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a éste, así como las notificaciones por vía electrónica, mediante el uso de la FIREL, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación previsto en el artículo 3º de la Ley de Amparo, procédase a la digitalización del expediente. HABILITACIÓN DÍAS Y HORAS Finalmente, con fundamento en el artículo 282 del Código de Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los Actuarios Judiciales de la adscripción puedan efectuar las actuaciones y diligencias que deriven de este juicio de amparo, incluso, fuera del horario que para tal efecto dispone la Ley de Amparo. SOLICITUD DE COPIAS En términos de lo previsto en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se autoriza la entrega de copias de este proveído a las partes soliciten ante el actuario adscrito a este órgano jurisdiccional, quien hará entrega de las mismas a quien se encuentre autorizado para tal efecto, previa identificación y razón que por su recibo otorgue en autos para debida constancia.
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