Jose Trujillo Carrizoza
Expediente 1515/2023 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1515/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 29/11/2023
Partes del expediente
- Jose Trujillo Carrizoza
- Juez de Distrito Especializado En el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal En Tijuana, Baja California, En Funciones de Juez de Control
Actuaciones
- Principal
Tijuana, Baja California, veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. Radicación. Vista la demanda de cuenta, fórmese el expediente físico y electrónico respectivos y regístrese en el libro de gobierno como juicio de amparo 1515/2023-VII. Personería del promovente. Previo a pronunciarse sobre la admisión o desechamiento de la demanda de amparo que se atiende, debe analizarse la personalidad de quien promueve; en consecuencia, en el caso la demanda se promueve por José Juan Salinas Paredes, quien manifiesta ser defensor público de José Trujillo Carrizoza, imputado en la causa penal 1333/2023 del índice del Centro de Justicia Penal Federal, por tanto, se le reconoce tal carácter de conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley de Amparo. Requerimiento. Por lo tanto, como lo alude el artículo 14 de la Ley de Amparo, solicítese a la juez responsable para que al momento de rendir su informe con justificación remita la certificación con la cual se acredite que el promovente es defensor público del quejoso, o en caso contrario, manifieste tal circunstancia. Admisión de la demanda. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, fracción I, 33, 35, 107, 108, 110, 112, 115, 116, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda promovida por José Trujillo Carrizoza, por conducto de su defensor público José Juan Salinas Paredes, contra la autoridad y actos señalados en la misma. Incidente de suspensión. Con fundamento en el punto tercero, artículo 264 , del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, fórmese y tramítese en un solo cuaderno el incidente de suspensión solicitado, dado que no se considera necesaria la apertura de su duplicado. Tercero interesado. Toda vez que de la demanda de amparo se advierte que le asiste el carácter de tercero interesado al Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Célula V-3 de la Unidad de Investigación y Litigación, en el Estado de Baja California, de conformidad con el numeral 5, fracción III, inciso e), de la Ley de Amparo, se le reconoce tal carácter. En consecuencia, con fundamento en el artículo 26, fracción II, inciso b), de la Ley de Amparo, gírese oficio a dicho tercero interesado a fin de realizar el emplazamiento debiéndole correr traslado con copia simple de la demanda de amparo, y del presente auto. Ministerio Público. Dese la intervención que legalmente le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrito, en términos de los artículos 107, fracción XV constitucional y 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo. Audiencia constitucional. Se fijan las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DIECISIETE DE ENERO DE DOS MIL VEINTICUATRO, la cual se señala hasta esa fecha atendiendo a las altas cargas de trabajo, aunado a que este juzgado gozará del periodo vacacional de invierno, en la segunda quincena de diciembre del presente año. Informe justificado. En atención a los artículos 117 y 75 de la ley de la materia, requiérase a la responsable su informe justificado, que deberá rendir dentro de quince días, incluso por medios magnéticos, expresando con precisión si es o no cierto el acto que se le reclama; además deberá señalar las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio en términos de artículo 61 de la referida ley, así como la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado; y requiérasele para que remita copia certificada de las constancias que sirvieron de base para emitir el acto que se le atribuye. En el entendido que en el informe de mérito, deberá manifestar si las constancias que en su caso sean remitidas, constituyen la totalidad de actuaciones de las cuales deriva el acto reclamado; con la precisión de que dichas copias deben ser nítidas, completas y de forma cronológica, pues resulta indispensable que este órgano jurisdiccional cuente con los elementos necesarios para analizar el fondo de la cuestión planteada, por lo cual se estima que la ilegibilidad de las constancias equivale a su no envío, que ocasionaría un retraso inexcusable en la administración de justicia, debiendo manifestar en su caso, el impedimento legal que tengan para hacerlo. Apercibimiento. Sin que sea el caso apercibir a la Jueza de Distrito señalada como responsable, pues atendiendo a la investidura que posee es sabedora de las obligaciones que conforme a la Ley de Amparo, les son inherentes dentro de la tramitación del juicio constitucional. Autorización de remisión de informe vía electrónica. Se autoriza a la autoridad responsable, para que, en su caso, remita el informe requerido al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación o bien al correo electrónico 14jdo15cto@correo.cjf.gob.mx; sin perjuicio de que opte por realizarlo mediante oficio que envíe físicamente a este juzgado. Causas de sobreseimiento. Con fundamento en los artículos 64 y 251 de la Ley de Amparo, prevéngase a las partes que para el caso de tener conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, deberán comunicarlo de inmediato a este órgano jurisdiccional, debiendo, de ser posible, acompañar las constancias que así lo acrediten. Bajo apercibimiento que de no hacerlo, sin causa justificada, se le impondrá a quien incumpla una multa por el equivalente a treinta unidades de medida y actualización. Conocimiento previo. Solicítese a la autoridad responsable para que al rendir su informe con justificación, comunique a este órgano de control constitucional si tiene conocimiento de algún juicio de amparo que se relacione con el acto que se le reclama en éste, o sea, que haya sido promovido por el mismo quejoso o que derive del mismo procedimiento del que emana el acto que aquí se reclama; lo anterior, a efecto de aprovechar, en su caso, el conocimiento previo del asunto y evitar el dictado de resoluciones contradictorias. Notificación de la autoridad. En términos de la jurisprudencia por contradicción de tesis 2ª/J. 176/2012 (10ª), de la Décima Época, emitida por la Segunda Sala de Nuestro Máximo Tribunal, publicada en el semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero del 2013, tomo 2, visible a página 1253, cuyo rubro se cita: "NOTIFICACIONES DE LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS", se hace del conocimiento de la responsable que en el presente juicio únicamente le serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales (admisión, ampliación de demanda, sentencia definitiva, recursos, requerimientos, y determinaciones que por su trascendencia deban hacer de su conocimiento por medio de oficio dirigido a su residencia oficial), y las restantes se le notificarán por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito. Señalamiento de domicilio. Atento a lo dispuesto en el numeral 108 de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte promovente para oír y recibir notificaciones, el que indica en su escrito de demanda. Autorizados. Se tienen por autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones a Luis Refugio de la Trinidad Cárdenas Benítez y Geovanni Curiel García, por así haberlo solicitado. Consulta y notificaciones electrónicas. Por otro lado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 35 y 36 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en vigor a partir del seis de mayo de dos mil veinte, se autoriza a la parte quejosa el acceso al presente asunto en su modalidad de expediente electrónico, para consulta y envío de promociones por tal medio, así como para recibir notificaciones. Ahora, dado que la parte quejosa, autoriza expresamente la vía electrónica para recibir notificaciones personales; en tal sentido; con fundamento en el artículo 26, fracción IV de la Ley de Amparo y 55 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramite de expediente electrónico y el uso de videoconferencia en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se le tiene por señalada la vía electrónica para que las notificaciones personales generadas en el presente asunto se le hagan a la parte quejosa de esa manera; por tanto, se instruye a los actuarios adscritos a este juzgado para que las notificaciones de carácter personal se le practiquen a la parte quejosa por ese medio. n el entendido de que las mismas se sujetarán a los términos establecidos en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo. Por tanto, se comisiona a la Oficial Judicial "A" adscrita, realice la autorización respectiva para la consulta y notificaciones del presente juicio a través de la vía electrónica, por conducto del usuario "jsalinasPa". Habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Transparencia. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Además, en términos de lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, no se hará la publicación del nombre y datos personales de todas y cada una de las resoluciones que se emiten en el presente juicio de amparo. Expediente electrónico. De conformidad con el Acuerdo General Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, fórmese el expediente electrónico respectivo. Notifíquese.
- Incidental
Tijuana, Baja California, veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. Apertura del incidente. En cumplimiento a lo ordenado por auto de esta misma fecha en el cuaderno del juicio de amparo 1515/2023-VII promovido por José Trujillo Carrizoza, por conducto de su defensor público José Juan Salinas Paredes, contra los actos de la Jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, en funciones de Juez de Control, se abre a trámite el presente incidente de suspensión. Precisión de los actos reclamados. De la lectura integral de la demanda se advierte que la parte quejosa señala como actos reclamados, los siguientes: De la autoridad ordenadora, se reclaman, dos actos, que son: 1) El dictar el auto de vinculación a proceso a José Trujillo Carrizoza, en fecha tres de noviembre del dos mil veintitrés por el hecho delictuoso clasificado como el de portación de arma de fuego del uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionado en el artículo 83, fracción II, con relación con el 11, inciso b), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. 2) La medida cautelar de prisión preventiva oficiosa." Efectos de la suspensión. El quejoso solicita la suspensión provisional de los actos reclamados, para los efectos siguientes: .solicito se dicte el auto correspondiente mandando suspender el proceso hasta antes del auto de apertura a juicio en tanto sea resuelto el juicio constitucional que se ventila, para dirimir la solicitud de amparo y protección de la justicia federal, por estimar que se reúnen los requisitos de la fracción I y II del artículo 128 anteriormente citado. Respecto al acto reclamado consistente en la medida cautelar decretada al quejoso, consistente en la prisión preventiva oficiosa, a fin de evitar un daño irreparable al quejoso en las etapas del juicio se debe conceder la suspensión provisional y definitiva solicitada." Por tanto, una vez precisados los actos reclamados y los efectos para los cuales la parte quejosa solicitó la suspensión, se procede al análisis de la medida y los efectos para los cuales, en su caso, puede concederse. Sirve de apoyo a este razonamiento la jurisprudencia DISTINTAS DE LAS PROPUESTAS POR EL QUEJOSO, PERO NO POR ACTOS NO RECLAMADOS EN LA DEMANDA. De los artículos 124, último párrafo, de la Ley de Amparo abrogada y 147, primer párrafo, de la vigente, se advierte que en los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, lo cual significa que el juzgador está legalmente facultado para precisar, conforme a su prudente arbitrio, las consecuencias y/o estatus legal en que deban quedar las cosas a partir de que conceda la medida cautelar, sin importar que para ello se aparte de los efectos propuestos por el quejoso en su escrito inicial, ya sea para maximizarlos o ajustarlos a las necesidades del caso concreto, pues se trata de conservar la materia del juicio de amparo y no de limitarse mecánicamente a proveer la suspensión en los términos estrictos planteados por el quejoso, sobre todo en los casos en que sea evidente que si se atendiera en forma puntual a su solicitud, no se lograría el objetivo integral de la suspensión. Ahora bien, la atribución depositada en el órgano de amparo para modular fundada y motivadamente las implicaciones futuras del otorgamiento de la suspensión no llega al extremo de poder ordenar la paralización de actos no reclamados en la demanda, porque si no se cuestionó su constitucionalidad, es obvio que no constituyen la materia del juicio, la cual debe mantenerse intacta, a fin de preservar los bienes o derechos cuya tutela se demande en el juicio de amparo." Procedencia de la suspensión. Resulta pertinente indicar que los artículos 107, fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 125 y 128 de la Ley de Amparo, precisan los aspectos que el juzgador debe tomar en cuenta para otorgar la medida cautelar solicitada, así como los requisitos que la parte peticionaria debe reunir, los cuales son: 1. Que la solicite el quejoso; 2. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; y, 3. Que deberá realizarse un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, la no afectación del interés social y la no contravención de disposiciones de orden público. En la especie, la parte quejosa solicitó expresamente en su escrito inicial de demanda la suspensión de los actos que reclama de las autoridades señaladas como responsables, por lo que con ello se reúne el requisito establecido en la fracción I del artículo 128 anteriormente citado. Asimismo, se encuentra satisfecho el requisito establecido en la fracción II del artículo en comento, así como lo dispuesto por el numeral 138, toda vez que con la concesión de la medida cautelar se estima que no se sigue perjuicio al interés social, y no se contravienen disposiciones de orden público, como se expondrá a continuación. Concesión de la medida cautelar. Respecto a la suspensión del acto reclamado consistente al auto de vinculación a proceso, con fundamento en el artículo 147 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión provisional solicitada, para el efecto de que la juez responsable suspenda el procedimiento una vez concluida la etapa intermedia, por lo que hace al aquí quejoso José Trujillo Carrizoza, sin que ello implique la paralización del procedimiento respecto de diversos aspectos. Suspensión que surte efectos de inmediato y hasta en tanto se notifique a la autoridad responsable lo relativo a la suspensión definitiva. con relación a los alcances y efectos del auto de vinculación a proceso sobre el derecho fundamental a la libertad personal de los imputados, no resulta acorde con las disposiciones de la Ley de Amparo en vigor, a partir del tres de abril de dos mil trece; y en consecuencia, no es aplicable a supuestos regidos por ésta. Ello, porque tanto del Código Nacional de Procedimientos Penales como de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se desprende que el auto de vinculación a proceso no tiene incidencia alguna sobre el derecho fundamental a la libertad de la persona imputada; pues del código mencionado se colige que sus efectos se limitan a establecer el hecho o los hechos delictivos sobre los que se continuará el proceso, o bien, respecto de los que se determinarán las formas anticipadas de su terminación, la apertura al juicio o el sobreseimiento, lo que pone en evidencia que su objetivo se constriñe a definir la situación jurídica de la persona imputada y no privarla de su libertad para asegurar su presencia en el procedimiento, ya que para tales efectos se prevén otras medidas legales; y en la Ley de Amparo, a pesar de que el auto de vinculación a proceso constituye una resolución que para los efectos de la procedencia del juicio constitucional, excepciona el principio de definitividad, se le desvincula por completo de aquellos actos que afectan la libertad personal. Y precisamente porque el auto de vinculación a proceso no afecta ese derecho fundamental de los imputados de un delito, es por lo que no figura en la parte especial Dedicada a la procedencia y efectos de la suspensión de actos en materia penal, que se regula en los artículos 159 a 169 de la Ley de Amparo. Sin embargo, ello no implica que dicha medida cautelar no proceda respecto de esa resolución procesal porque la Primera Sala, en la contradicción de tesis 397/2016, estableció que el hecho de que un acto de la materia penal no se encuentre contemplado dentro de los supuestos de procedencia de la suspensión del acto reclamado que precisó el legislador en la parte especial de la Ley de Amparo, no es suficiente para determinar que la medida cautelar sea improcedente porque, en principio, todo acto reclamable es susceptible de ser suspendido, como consecuencia directa del derecho fundamental a la tutela jurisdiccional efectiva. En ese orden de ideas, tratándose de la suspensión del auto de vinculación a proceso, se debe atender a las reglas generales que regulan los tipos de suspensión de oficio y a petición de parte, aplicables a todas las materias, previstas en la Ley de Amparo; y una vez constatado que se reúnen los requisitos establecidos en los artículos 128 y 138 de ese ordenamiento legal, procederá la medida cautelar, ya sea provisional y/o definitiva, en términos y para los efectos del segundo párrafo de la fracción XVII del artículo 61 de la misma ley, es decir, para que la autoridad jurisdiccional de control suspenda el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente." Concesión de la suspensión. En relación al acto reclamado consistente en la medida de prisión preventiva oficiosa, tomando en consideración la naturaleza del acto reclamado, a fin de evitar un daño irreparable al quejoso en las etapas del juicio se concede la suspensión provisional solicitada, por los siguientes motivos. En la especie, se actualiza el supuesto de apariencia del buen derecho, atento a que se advierte que el quejoso reclama que se le impuso la prisión preventiva oficiosa, con motivo de la causa penal que se sigue en su contra, medida cautelar respecto de la cual, el Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Norte, con residencia en Ciudad de México, al resolver la contradicción de criterios 40/2023, estableció que, sin suponer la inaplicación de algún precepto constitucional o secundario, en acato a la obligación de aplicar y hacer valer en todo momento el principio pro persona, mediante un examen de interpretación más favorable conforme a la Constitución, permite conceder la suspensión provisional como una tutela anticipada. Al respecto es importante señalar que al resolver la referida contradicción de criterios (40/2023), el Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Norte, con residencia en Ciudad de México, estableció, entre otras cosas, lo siguiente:. Por todo lo anterior, es dable resaltar que el principio pro persona se ha consolidado y reconocido gradualmente nacional e internacionalmente como uno de los pilares insustituibles del sistema jurídico mexicano; además, la aplicación de éste, coadyuva en la construcción de un sistema mucho más justo y garantista. 100. Ahora bien, es pertinente resaltar que la disidencia interpretativa que atañe a la presente ejecutoria tiene su génesis ante los pronunciamientos que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al dictar las sentencias en los casos Tzompaxtle Tecpile y otros contra México -de siete de noviembre de dos mil veintidós- y García Rodríguez y otro contra México -de veinticinco de enero de dos mil veintitrés-. 101. En las mencionadas sentencias interamericanas, entre otras cuestiones, se condenó al Estado Mexicano al declarar la inconvencionalidad de la prisión preventiva oficiosa, pues dicho Tribunal Internacional estimó que esa figura era contraria a lo establecido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por tanto se ordenó a México adecuar la normatividad respecto a la figura de la prisión preventiva oficiosa con la finalidad de que ésta resulte compatible con los estándares interamericanos, ya que es una medida de carácter excepcional y por ende debe estar debidamente justificada. Sentencias en las que textualmente se estableció: 102. De lo anterior puede afirmarse que en dichas sentencias, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunció entre otras cuestiones, sobre la inconvencionalidad de la prisión preventiva oficiosa en nuestro país, discusión y crítica que puso en relieve la incompatibilidad de la imposición de esta medida cautelar en México, con los estándares internacionales de derechos humanos establecidos en los tratados y convenios internacionales suscritos por el Estado Mexicano, en particular, con los principios de presunción de inocencia, proporcionalidad, legalidad y derecho a la libertad personal. Sin embargo, por lo hasta aquí expuesto no se puede inadvertir que las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en las que se condenó a México, en particular, por considerar que la prisión preventiva oficiosa es inconvencional, son vinculantes y obligatorias para el Estado Mexicano; además, deben ser acatadas y cumplidas de buena fe. Asimismo, se ordenó tomar las medidas necesarias para implementar las decisiones de dicho tribunal y garantizar la plena protección de los derechos humanos en todo nuestro territorio, circunstancia que indudablemente representa un parteaguas en la evolución e interpretación de dicho paradigma. 199. Así, como se dijo en el apartado correspondiente de esta ejecutoria, si bien para la determinación del catálogo de delitos que merezcan prisión preventiva oficiosa, se estará a aquellos delitos previstos en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el numeral 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, previamente descritos, ilícitos respecto de los cuales procede la suspensión provisional conforme a lo establecido en la fracción I, del artículo 166, de la Ley de Amparo, también lo es que conforme a la jurisprudencia nacional e internacional, todos los operadores jurídicos estamos llamados a realizar un debido control de convencionalidad, a la luz de los estándares establecidos por el Tribunal Interamericano multicitado. 205. Para resolver este punto de la litis es necesario traer al escenario lo resuelto por este Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, en sesión ordinaria virtual de quince de junio de dos mil veintitrés, en la contradicción de criterios 36/2023, en la cual en lo que atañe, este órgano colegiado determinó que el numeral 166 de la Ley de Amparo en efecto admite una interpretación conforme, que ha sido reconocida por el Máximo Tribunal de este país, en la cual el orden jurídico se analiza en concordancia con los derechos humanos establecidos en la Carta Magna y en los Tratados Internacionales ratificados por el Estado Mexicano. Por tanto, concluyó este Pleno, que es posible que el órgano jurisdiccional de amparo resuelva con relación a la suspensión de amparo en términos más amplios a lo que prevé ese artículo. 218. De modo que si la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos es vinculante, y ahí se resolvió categóricamente que es inconvencional la figura consistente en la prisión preventiva oficiosa; por tanto, es dable afirmar que cuando se reclama este tipo de actos en el juicio de amparo, para proveer sobre la suspensión provisional o definitiva debe partirse de la base de que la apariencia del buen derecho está demostrada, lo cual lleva consigo que se le den efectos restitutorios -tutela anticipada-. 219. De ahí que, el órgano jurisdiccional basado en esa interpretación, atenderá al segundo párrafo del artículo 147 de la Ley de Amparo, el cual dispone que la suspensión puede tener un efecto de tutela anticipada, es decir, de restablecer provisionalmente a la parte quejosa en el goce del derecho violado en tanto se dicta sentencia en el juicio de amparo, siempre y cuando sea jurídica y materialmente posible. 220. Luego, el peligro en la demora es patente, pues el tiempo que pase el quejoso bajo los efectos de una prisión preventiva automática, no se le podrá reparar aunque se obtenga una sentencia favorable; de modo que al no advertirse que la suspensión pueda trastocar el interés social y orden público sino todo lo contrario, al estar interesada la sociedad en el resguardo y protección de los derechos humanos consagrados en la Constitución y Tratados Internacionales en que México forme parte, el efecto de la suspensión será para ue el juez responsable, con base en las disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el término de cuarenta y ocho horas, -en aplicación analógica a la revisión de medidas cautelares que prevé el artículo 162-, señale fecha para la celebración de una audiencia en la que, -con intervención de las partes-, prescinda de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, reclamada en el juicio de garantías y previo cumplimiento de los principios del sistema oralacusatorio, esencialmente el de contradicción, proceda al debate de imposición de diversas medidas cautelares... De modo que, cuando la parte quejosa solicite la suspensión provisional por la imposición de dicha medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, ésta deberá otorgarse con efectos de tutela anticipada, frente a lo cual, el Juez de la causa, con base en las disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, deberá convocar a una audiencia dentro de un plazo de cuarenta y ocho horas, en la que prescinda de la prisión preventiva oficiosa reclamada en el juicio de amparo y podrá imponer una diversa, previo contradictorio entre las partes, en el expreso entendido de que la prevalencia del principio pro persona y la interpretación conforme, no implican la inobservancia de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la inaplicación de algún precepto constitucional o secundario, desvirtuar la finalidad específica de los mecanismos jurídicos regulados en el orden jurídico nacional, la eliminación de cierta figura procesal, ni en absoluto el cuestionamiento del Texto Constitucional, toda vez que, el pronunciamiento sobre si deberá prevalecer la jurisprudencia nacional o la internacional, será materia de evaluación que deba realizar la persona juzgadora de Distrito en el fondo del asunto, es decir, la tutela anticipada es una medida provisional y no sustituye la sentencia definitiva, por lo que la suspensión deberá ser concedida en los términos antes señalados."2 De lo expuesto, Por lo anterior, al estimarse que se actualiza la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, procede conceder la suspensión provisional a la parte quejosa, para que la autoridad responsable Jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, en funciones de Juez de Control, realice lo siguiente: 1) Con base en las disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el término de cuarenta y ocho horas, señale fecha para la celebración de una audiencia, con intervención de las partes, para la revisión de las medidas cautelares. 2) En la misma audiencia prescinda de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y previo cumplimiento de los principios del sistema oral acusatorio, esencialmente el de contradicción, proceda al debate de imposición de diversa medida cautelar, conforme a lo señalado por el Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Norte, con residencia en Ciudad de México. Lo anterior, hasta en tanto se dicte la suspensión definitiva, sin perjuicio de que se acreditarse el supuesto de procedencia se imponga la prisión preventiva justificada. Requisitos de efectividad. La suspensión provisional surte efectos desde luego, en términos del 136, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que haya lugar a fijar garantía dada la naturaleza y efectos concedidos de los actos reclamados. Audiencia incidental. Se señalan las ONCE HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL SEIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo la audiencia de este incidente. Informe previo. Pídase informe previo a la autoridad responsable, quien deberá rendirlo dentro del plazo de cuarenta y ocho horas; enviándole para ello copia simple de la demanda de amparo; asimismo, deberá precisar si es cierto o no el acto reclamado, la naturaleza del juicio, las partes en el mismo, el estado procesal que guarda, informar si ya se dictó sentencia; así como expresar las razones que estime pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión y demás datos que tenga a su alcance que permitan a este juzgado federal establecer el monto de la garantía correspondiente. Apercibimiento. Sin que sea el caso formular apercibimiento a la jueza federal señalada como autoridad responsable, pues atendiendo a la investidura que posee, es claro que es sabedora de las obligaciones que conforme la Ley de Amparo le son inherentes en la tramitación del juicio constitucional. Autorización de remisión de informe vía electrónica. Se autoriza a la autoridad responsable, para que, en su caso, remita el informe requerido al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación o bien al correo electrónico 14jdo15cto@correo.cjf.gob.mx; sin perjuicio de que opte por realizarlo mediante oficio que envíe físicamente a este juzgado. Señalamiento de domicilio. Atento a lo dispuesto en el numeral 108 de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte promovente para oír y recibir notificaciones, el que indica en su escrito de demanda. Autorizados. Se tienen por autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones a Luis Refugio de la Trinidad Cárdenas Benítez y Geovanni Curiel García, por así haberlo solicitado. Consulta y notificaciones electrónicas. Por otro lado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 35 y 36 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en vigor a partir del seis de mayo de dos mil veinte, se autoriza a la parte quejosa el acceso al presente asunto en su modalidad de expediente electrónico, para consulta y envío de promociones por tal medio, así como para recibir 15/05/26 18:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.42.cb ISAAC FABELA LEON notificaciones. Ahora, dado que la parte quejosa, autoriza expresamente la vía electrónica para recibir notificaciones personales; en tal sentido; con fundamento en el artículo 26, fracción IV de la Ley de Amparo y 55 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramite de expediente electrónico y el uso de videoconferencia en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se le tiene por señalada la vía electrónica para que las notificaciones personales generadas en el presente asunto se le hagan a la parte quejosa de esa manera; por tanto, se instruye a los actuarios adscritos a este juzgado para que las notificaciones de carácter personal se le practiquen a la parte quejosa por ese medio. En el entendido de que las mismas se sujetarán a los términos establecidos en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo. Por tanto, se comisiona a la Oficial Judicial "A" adscrita, realice la autorización respectiva para la consulta y notificaciones del presente juicio a través de la vía electrónica, por conducto del usuario "jsalinasPa". Habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. ransparencia. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Además, en términos de lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, no se hará la publicación del nombre y datos personales de todas y cada una de las resoluciones que se emiten en el presente juicio de amparo. Expediente electrónico. De conformidad con el Acuerdo General Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, fórmese el expediente electrónico respectivo. Notifíquese.
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