Jose Susano Romo Perez

Expediente 846/2023 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 4 actuaciones registradas, la última del 4 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
846/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
04/08/2023

Partes del expediente

  • Jose Susano Romo Perez
  • Juez Segundo de lo Civil, En Tijuana, Baja California

Actuaciones

  1. Incidental

    Tijuana, Baja California, cuatro de agosto de dos mil veintitrés. Sin mayor proveído. Agréguese a los autos el oficio que remite el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Partido Judicial de Tijuana, Baja California y Actuaria de su adscripción, mediante el cual remiten su informe previo, sin que haya lugar a realizar mayor pronunciamiento en torno a su contenido, toda vez que el veinticuatro de julio del año en curso, se celebró la audiencia incidental y se resolvió lo relativo a la suspensión definitiva. Cúmplase.

  2. Incidental

    Lectura de constancias. A continuación, el secretario da lectura de las constancias existentes en el presente asunto entre las que se encuentran: a) Escrito inicial de demanda; y, b) documentales adjuntas a la misma. Acuerdo. Se tiene por hecha la relación de constancias que se indican para los efectos legales conducentes. Pruebas. Seguidamente, se abre el periodo probatorio, por lo que se hace constar que el quejoso ofreció las pruebas siguientes: Parte Pruebas Fojas Admitidas y desahogadas Quejoso Documentales e instrumental de actuaciones. 16 a 46 17 de julio de 2023. Acuerdo. Con fundamento en el artículo 143 de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa ofreciendo como pruebas de su intención las relacionadas con antelación, sin perjuicio de ser tomadas en consideración al momento de resolver la presente incidencia. Alegatos. Se pasa a la etapa de alegatos, en el que se hace constar que ninguna de las partes los formuló, ni el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito presentó pedimento, con lo que se da por concluida la etapa de alegatos de esta audiencia. Acuerdo. Se tiene por hecha la relación de constancias que se indican para los efectos legales conducentes. Cierre de audiencia. Al encontrarse integrado el expediente, se procede a dictar resolución en los siguientes términos: Resolución. Vistos, para resolver en definitiva los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 846/2023-IV, promovido por ********************, por derecho propio, contra actos del Juez Segundo Civil del Partido Judicial de esta ciudad de Tijuana y otra autoridad; y, Resultando Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el trece de julio de dos mil veintitrés, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, recibido el catorce del mismo mes y año, ******************** solicitó el amparo y la protección de la justicia federal, así como la suspensión provisional y en su momento la definitiva de los actos reclamados. Segundo. Trámite. Por razón de turno tocó conocer del juicio del que deriva el presente incidente de suspensión a este órgano de control constitucional, por lo que por acuerdo de diecisiete de julio de dos mil veintitrés, se acordó la apertura del presente incidente, ordenándose formar un solo incidente y cuerda separada. Además, en la misma fecha se proveyó respecto de la suspensión provisional de los actos reclamados, se solicitó a las autoridades responsables sus informes previos y se citó a las partes para la celebración de la audiencia incidental, por lo que una vez agotados los trámites de instancia, corresponde dictar la resolución que en derecho corresponda; y, Considerandos: Primero. Competencia. Este Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, es competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión, con fundamento en los artículos 125, 128 y 140 de la Ley de Amparo; así como el Acuerdo General 31/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación de este Juzgado. Segundo. Fijación del acto reclamado. En términos del artículo 146, fracción I de la Ley de Amparo, y en atención a la jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro ''DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD'', se señala que la parte quejosa reclama lo siguiente: "ACTO RECLAMADO.- Reclamo del C. Juez Segundo de lo Civil de este Partido Judicial y del Actuario Adscrito al mismo, el ilegal EMPLAZAMIENTO a Juicio, así como todas las constancias legales derivadas del mismo, respecto Juicio Especial Hipotecario identificado con número de expediente 1399/16, del índice del Juzgado Segundo Civil de este partido judicial, sin que para el caso haya sido escuchado por las autoridades responsables y sin que se hayan cumplido las elementales garantías que previenen los artículos 14 y 16 del Pacto Federal como son AUDIENCIA LEGALIDAD, SEGURIDAD JURÍDICA, fundamentación y motivación, garantía de audiencia a ser oído y vencido mediante un procedimiento judicial, tal y como se explicará detalladamente en el capítulo de hechos..." Tercero. Efectos para los que se solicita la suspensión. La parte quejosa solicita la suspensión definitiva para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran, a fin de salvaguardar la materia del juicio de amparo, hasta en tanto se dicte la sentencia ejecutoriada respectiva. Por tanto, una vez precisados los actos reclamados y los efectos para los cuales la parte quejosa solicitó la suspensión, se procede al análisis de la medida y los efectos para los cuales, en su caso, puede concederse. Sirve de apoyo a este razonamiento la jurisprudencia P./J. 4/2019 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y de contenido siguiente: "SUSPENSIÓN. EL JUZGADOR PUEDE CONCEDERLA PARA EFECTOS Y CONSECUENCIAS DISTINTAS DE LAS PROPUESTAS POR EL QUEJOSO, PERO NO POR ACTOS NO RECLAMADOS EN LA DEMANDA. De los artículos 124, último párrafo, de la Ley de Amparo abrogada y 147, primer párrafo, de la vigente, se advierte que en los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, lo cual significa que el juzgador está legalmente facultado para precisar, conforme a su prudente arbitrio, las consecuencias y/o estatus legal en que deban quedar las cosas a partir de que conceda la medida cautelar, sin importar que para ello se aparte de los efectos propuestos por el quejoso en su escrito inicial, ya sea para maximizarlos o ajustarlos a las necesidades del caso concreto, pues se trata de conservar la materia del juicio de amparo y no de limitarse mecánicamente a proveer la suspensión en los términos estrictos planteados por el quejoso, sobre todo en los casos en que sea evidente que si se atendiera en forma puntual a su solicitud, no se lograría el objetivo integral de la suspensión. Ahora bien, la atribución depositada en el órgano de amparo para modular fundada y motivadamente las implicaciones futuras del otorgamiento de la suspensión no llega al extremo de poder ordenar la paralización de actos no reclamados en la demanda, porque si no se cuestionó su constitucionalidad, es obvio que no constituyen la materia del juicio, la cual debe mantenerse intacta, a fin de preservar los bienes o derechos cuya tutela se demande en el juicio de amparo. Cuarto. Presunción de certeza de los actos reclamados. Las autoridades responsables Juez Segundo de lo Civil del Partido Judicial de Tijuana, Baja California y el actuario de su adscripción, fueron omisas en rendir su informe previo, no obstante estar debidamente notificadas para ello. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 142 de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento decretado el diecisiete de julio del año en curso y se tienen por presuntivamente ciertos los actos reclamados. Quinto. Procedencia de la suspensión. Resulta pertinente indicar que los artículos 128 y 138 de la Ley de Amparo, precisan los aspectos que el juzgador debe tomar en cuenta para otorgar la medida cautelar solicitada, así como los requisitos que la parte peticionaria debe reunir, los cuales son: Que la solicite el quejoso; Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; y, Que deberá realizarse un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, la no afectación del interés social y la no contravención de disposiciones de orden público. En la especie, tales requisitos se encuentran colmados porque la parte quejosa solicitó expresamente en su escrito inicial de demanda la suspensión de los actos que reclama de las autoridades señaladas como responsables, por lo que con ello se reúne el requisito establecido en la fracción I del artículo 128 anteriormente citado. Asimismo, se encuentra satisfecho el requisito establecido en la fracción II del artículo en comento, así como lo dispuesto por el numeral 138, toda vez que con la concesión de la medida cautelar no se sigue perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público, ya que los actos que se pretenden suspender no se encuentran en ninguno de los supuestos del numeral 129 de la ley de la materia. Interés suspensional. La parte quejosa demuestra su interés suspensional con lo siguiente: 1. Impresión con firma electrónica del certificado de inscripción del folio real 1406292, concerniente al inmueble identificado como Unidad L-28, condominio Privada Barcelona, construido sobre el lote 2, manzana 404, del fraccionamiento Barcelona Residencial, en esta ciudad, a nombre del quejoso ******************** y otra. 2. Manifestaciones bajo protesta de decir verdad que es parte demandada en el juicio 1399/2016 de donde derivan los actos reclamados. De lo anterior, se aprecia que la parte quejosa acredita de manera presuntiva su interés suspensional, dado que es parte en el juicio de origen y es copropietario del inmueble que defiende. De lo anterior, se aprecia que la parte quejosa acredita su interés suspensional, ya que es parte en el juicio de origen y es copropietario del inmueble que defiende. Negativa de la suspensión definitiva. No obstante lo expuesto, en el caso, con apoyo en los artículos 128 y 138, fracción I, de la Ley de Amparo, se niega la suspensión definitiva solicitada. Lo anterior, toda vez que en la demanda la parte quejosa afirma que ya se llevó a cabo la desposesión del inmueble materia del juicio de origen. Es decir, se ejecutó el lanzamiento ordenado en la controversia de origen y al momento no se cuenta con elemento alguno para otorgar la medida cautelar solicitada con efectos restitutivos, ya que incluso la parte quejosa afirma que no habitaba el inmueble que defiende. Bajo ese contexto, como los actos reclamados cuya suspensión solicita ya se ejecutaron, provoca que no sea procedente la suspensión. Sin embargo, existen casos de excepción, como lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 21/2016, que establece: "LANZAMIENTO EJECUTADO. PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN EN SU CONTRA, SIEMPRE QUE SE DEMUESTREN LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO Y EL PELIGRO EN LA DEMORA, Y NO EXISTA IMPEDIMENTO JURÍDICO O MATERIAL. De la interpretación sistemática y funcional del artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los numerales 126 a 129, 138 a 140, 143 y 147 a 151 de la Ley de Amparo, se colige que puede concederse la suspensión contra una orden de lanzamiento ya ejecutada para efectos de restablecer al quejoso en la posesión del bien inmueble, siempre que se demuestren la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, y no exista impedimento jurídico o material; por lo cual, no basta con haberse ejecutado el lanzamiento para negar la medida suspensional. Lo anterior, sobre la base de que en la regulación referida se admite abiertamente el carácter de medida cautelar de la suspensión, que participa de los efectos prácticos de la resolución definitiva del juicio de amparo y, por tanto, no se limita sólo a las medidas de conservación, sino también a las de restablecer al quejoso en el goce del derecho afectado con el acto reclamado, para mantener viva la materia del amparo e impedir los perjuicios que éste pueda resentir por la duración del proceso, constituyendo así un verdadero amparo provisional con el que se anticipa la tutela constitucional sobre la base del aparente derecho advertido en un estudio minucioso y preliminar del asunto, a reserva de que, en la sentencia definitiva, se consolide esa situación si se constata la existencia del derecho aparente o, de lo contrario, se permita la continuación de los efectos del acto reclamado. Análisis que puede llevar a resultados distintos al resolver sobre la suspensión provisional o la definitiva, debido a la diferencia en los elementos probatorios que tiene a la vista el juez; o de si el quejoso es parte vencida en juicio contra la cual se decretó el lanzamiento o si es persona extraña a juicio, entre otros aspectos; todo lo cual, en su caso, debe valorarse al analizar las particularidades de cada asunto para verificar si se prueba la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora que, a fin de cuentas, es lo que debe determinar si se concede o niega la suspensión del acto reclamado." De la tesis en cita, se advierte que en casos específicos es procedente conceder la medida suspensional con efectos restitutivos; sin embargo, no se considera que, en el caso concreto, se esté en el supuesto de excepción, dado que por el momento no existe base alguna para inferir que el emplazamiento o las actuaciones del juicio de origen fueran ilegales. Lo anterior, dado que -según lo refiere el propio quejoso- la orden de desalojo fue emitida por un juez civil de esta ciudad, facultado para ello y que cuenta con la presunción de que sus actos se encuentran fundados y motivados; aunado a que para analizar sobre los efectos restiturios de la suspensión se requiere un estudio preliminar del asunto, que no puede llevarse a cabo con los elementos con los que se cuenta en este momento procesal, pues no existen elementos que demuestren que haya una necesidad de restituir al peticionario del amparo en el goce del derecho vulnerado. Consecuentemente, se niega la suspensión definitiva solicitada. Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 125, 128, 141 y 144 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: Único. Se niega a ******************** la suspensión definitiva por las autoridades y motivos expuestos en el considerando quinto de esta resolución. Notifíquese.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, diecisiete de julio de dos mil veintitrés. Se remite recurso. Visto el estado de autos, se advierte que se encuentra debidamente integrado el presente asunto, se ordena remitir el informe, copia certificada de este juicio de amparo, escrito original de expresión de agravios y copia de éste, al Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en Mexicali, Baja California, en turno, para la substanciación del recurso de queja interpuesto por el Director Jurídico del XXIV Ayuntamiento de Tecate Baja California, en representación de las autoridades responsables; mismo que se ordena remitir en copia certificada junto con los anexos descritos dado que las documentales que obran en el juicio de amparo son de difícil visualización en el expediente electrónico por tratarse algunas de ellas de fotografías. Notifíquese.

  4. Incidental

    Tijuana, Baja California, diecisiete de julio de dos mil veintitrés. Certificación secretarial. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que en proveído de trece de junio de dos mil veintitrés, se ordenó agotar medios de localización a fin de obtener un domicilio de Olga Robles Guevara, sin embargo, a la fecha la Compañía de Gas de Tijuana, en esta ciudad, no ha remitido la información solicitada. Atento a ello, requiérasele de nueva cuenta, para que informe a este órgano jurisdiccional, dentro del plazo de los tres días siguientes a la notificación de este proveído, si en sus registros o archivos cuenta con algún dato que permita conocer el domicilio de Olga Robles Guevara. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis jurisprudencial 31/2022 (11a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, titulada: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS. EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTICULO 1070 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, ADMITE SER INTERPRETADO CONFORME CON EL DERECHO DE AUDIENCIA, TUTELADO POR EL ARTICULO 14 CONSTITUCIONAL, EN EL SENTIDO DE QUE DEBE REALIZARSE UNA INVESTIGACIÓN MÁS AMPLIA PARA LOCALIZAR EL DOMICILIO DEL DEMANDADO1."; sin que obste que se refiera al emplazamiento en materia mercantil, ya que de su contenido se tiene que la búsqueda del domicilio debe ser más amplia previo a ordenarse el emplazamiento por edictos. Apercibimiento. Con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo anterior en el plazo indicado, se le impondrá multa de cincuenta unidades de medida y actualización, de conformidad con los artículos 237, fracción I, en relación con los diversos 238 y 259 de la Ley de Amparo. Notifíquese.

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