Jose Torres Mendieta
Expediente 1073/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1073/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 24/02/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Jose Torres Mendieta
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos; veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal de autos, se advierte que no fue recurrido el acuerdo de diecinueve de noviembre de dos mil veinte, por el que se desechó la demanda de amparo. Declaración de firmeza. En tal virtud, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en relación con el 97 fracción I, inciso a) y 98 de ésta última, se declara que dicho proveído ha quedado firme para todos sus efectos legales. - Archivo y anotaciones. Practíquense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y, en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE EL PRESENTE EXPEDIENTE COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO. Destino del expediente Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente se ubica, en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, ya que se desechó la demanda; por tanto, el presente asunto es susceptible de destrucción. Destrucción del expediente Por otra parte, una vez cumplidos tres años a partir del presente proveído, destrúyase el expediente principal dentro del plazo indicado en el párrafo tercero del artículo 21 del citado Acuerdo y remítase el acta de baja documental a la citada Dirección General del Archivo y Documentación, acorde a lo dispuesto en el numeral 23 del mismo. -Resolución a Disposición para consulta Asimismo, en virtud de que la parte quejosa no realizó manifestación respecto si se oponía a la publicación de su nombre y datos personales; hágase de su conocimiento que el auto que desechó la demanda estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso, rectificación, cancelación y oposición de publicación de datos personales, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de trasparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el ocho de mayo de dos mil quince, en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que señalan los artículos 117 y 164 de la Ley Federal de Trasparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese.
- Principal
CUERNAVACA, MORELOS; diecinueve de noviembre de dos mil veinte. Visto lo de cuenta, se tiene por recibida la demanda de amparo presentada por ********, por su propio derecho, vía electrónica, con evidencia criptográfica que certifica la firma electrónica del signante, contra actos del Juez Tercero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado con sede en esta ciudad. Regístrese en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número 1073/2020 y fórmese expediente. Desechamiento de la demanda. Ahora bien, de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano sin suspender el acto reclamado. Al respecto, el citado artículo dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En efecto, el artículo anteriormente citado, impone la obligación al Juez de Distrito de examinar, con todo detenimiento el escrito de demanda, y de existir causa manifiesta e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, para lo cual, en principio, ha de considerar únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por la parte promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Proceder sustentado en el artículo 17 constitucional, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales, el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre, la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Por las razones expuestas a continuación, de una revisión efectuada al escrito de demanda, se considera que con relación al acto reclamado, se surte de un modo manifiesto e indudable, la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII en relación con el numeral 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, los cuales a la letra establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" De los preceptos anteriores, se advierte que el amparo indirecto es improcedente cuando se reclaman actos emitidos dentro de un juicio cuyos efectos no son de imposible reparación, los cuales, deben entenderse como aquéllos que afecten materialmente los derechos sustantivos del quejoso tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Sobre la definición de los actos de imposible reparación, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, estableció que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107 ofrece dos precisiones para comprender el alcance de la expresión "actos de imposible reparación"; la primera de ellas se encuentra ubicada en la fracción III, dirigida a regular los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emanados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; la segunda, se observa en su fracción V, cuyo fin es normar el mismo supuesto de procedencia, pero contra actos dictados en procesos jurisdiccionales. Indicó que con base en esas disposiciones, los "actos de imposible reparación" necesariamente deben producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, pero no que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Precisó que el significado de actos de imposible reparación previsto en la Ley de Amparo, establece que aquéllos deben recaer sobre derechos, es decir, rebasa lo puramente procesal o procedimental -según se trate-, por lo que es necesario que se lesionen bienes jurídicos cuya fuente no provenga de las leyes adjetivas aplicables. Concluyó en la existencia de dos condiciones para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, dictados en juicio o en procedimiento seguido como tal, a saber: 1) Se afecten materialmente derechos: lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente. 2) Los derechos afectados materialmente tengan la categoría de "sustantivos": expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, en estos últimos la afectación no es actual ?a diferencia de los sustantivos? sino que depende de que llegue o no a trascender el resultado del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Estableció que dada la connotación que el legislador aportó respecto a lo que debe entenderse por "actos de imposible reparación", no puede aplicarse la jurisprudencia que determinó la procedencia del juicio de amparo indirecto contra aspectos formales que producen una afectación en grado predominante o superior, porque esta concepción resulta incompatible con la actual Ley de Amparo. Cobra vigencia en lo que interesa, la tesis jurisprudencial 2a. XLVIII/2015 (10a.), consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Segunda Sala, de la Décima Época, página 1070, Libro 19, Junio de 2015, Tomo I, con número de registro 2009478 cuyo rubro es "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO, QUE LOS DEFINE, NO ES CONTRARIO AL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD POR LO QUE SE REFIERE AL DERECHO AL RECURSO JUDICIAL EFECTIVO.". Por lo expuesto, es indudable que el acto reclamado no constituye un acto procesal de ejecución irreparable que produzca una afectación material a los derechos sustantivos de la parte quejosa, pues el hecho de que la autoridad responsable haya dictado el auto de cinco de noviembre del año en curso, en el que desechó el incidente de nulidad de actuaciones, respecto de la audiencia celebrada el día siete de octubre del año en curso, en la cual fue desahoga la toma de muestras en relación a la pericial en materia de grafoscopía y documentoscopía a cargo de la demandada ***********; ello no priva del derecho de defensa que en el procedimiento que tienen consagrado las partes, ni altera las cuestiones debatidas en el mismo, ya que dicha resolución, únicamente puede constituir la violación de derechos adjetivos con efectos meramente intraprocesales, que incluso no necesariamente tendrían una consecuencia negativa en el fallo que se dicte. En el entendido que si trascendiera en el dictado de la sentencia definitiva es reclamable como violación procesal en el amparo directo que se promueve en contra de dicho fallo. A mayor abundamiento, ciertamente la resolución reclamada es susceptible de causar consecuencias legales, pero de índole estrictamente procesal y sin afectación directa, inmediata y material de algún derecho sustantivo tutelado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en algún tratado internacional de los que el Estado Mexicano sea parte. Por tanto, se estima que en el caso, se actualiza la causa de improcedencia advertida, en razón de que el acto que por esta vía se reclama no es considerado como de imposible reparación, sino en su caso como violación intraprocesal. En consecuencia, en el caso queda actualizada en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, con relación al diverso artículo 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, de la Ley de Amparo, por lo que SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. Sin que pase inadvertido para este juzgado federal la jurisprudencia 3a. 49 emitida por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 820084, de rubro: "PRUEBA PERICIAL CONTABLE. LA INDEBIDA ADMISION DE LA OFRECIDA POR LA CONTRAPARTE DEL QUEJOSO EN EL JUICIO NATURAL, ES UNA VIOLACION PROCESAL CUYA NATURALEZA SUI GENERIS PRODUCE EFECTOS LEGALES Y MATERIALES QUE YA NO PUEDEN SER REPARADOS EN LA SENTENCIA DEFINITIVA Y, POR TANTO, RESULTA PROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA." que invoca la parte quejosa para hacer procedente el presente juicio de amparo, sin embargo, contrario a lo que refiere dicha jurisprudencia no es aplicable al presente asunto, en razón de que dicha tesis se refiere una pericial contable cuando entraña actos de imposible reparación, lo cual no acontece en este asunto. Se dice lo anterior, ya que el quejoso promovió incidente de nulidad de actuaciones, respecto de la audiencia celebrada el día siete de octubre del año en curso, en la cual fue desahoga la toma de muestras en relación a la pericial en materia de grafoscopía y documentoscopía a cargo de la demandada *********Es decir, si bien el juicio de amparo es procedente cuando se reclama la admisión de una prueba pericial contable en un procedimiento jurisdiccional, ya que puede producir una afectación de imposible reparación porque va haber una intromisión o se va a revisar la contabilidad de cierta persona, y que está intromisión no va poder ser reparable aunque obtuviera sentencia favorable, también lo es que esa circunstancia no es aplicable en todo tipo de casos relativos al desahogo de pruebas, pues debe de ser analizado en forma particular cuando se trate de pruebas, como es en el caso. Bajo esa óptica, la prueba pericial a la que hace alusión la parte quejosa consistente en la materia de grafoscopía y documentoscopía a cargo de la demandada Popoca González Virginia, no se trata de una prueba de imposible reparación debido a que en primer lugar no corre a su cargo, es decir, al quejoso no se le tomaron muestras de su escritura o de su firma, ni hubo intromisión a su intimidad, por ende, el hecho de que se haya desahogado dicha pericial y se haya desechado el incidente de nulidad de actuaciones, únicamente entrañan una violación a las leyes del procedimiento, prevista por la fracción III y V del artículo 172 de la Ley de Amparo, acto contra el cual resulta improcedente el juicio de amparo indirecto intentado. Señala usuario. Toda vez que el usuario que señala "*******", se encuentra registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con el artículo 3, de la Ley de Amparo, se autoriza la consulta y notificaciones del presente asunto en forma electrónica; por tanto, instrúyase al Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, a efecto de que realice las gestiones necesarias para la habilitación de las casillas. Por consiguiente, no ha lugar a tener por señalado el domicilio físico que indica, más aún que se encuentra fuera de la residencia de este Juzgado. Autorizados. Se tiene como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo con amplias facultades a *********, toda vez que cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Consulta de autos mediante cita. Por otro lado, si es deseo del justiciable consultar los autos de manera física, podrá hacerlo siempre y cuando cumpla con las obligaciones previstas en el capítulo II del acuerdo 21/2020, entre ellas, la gestión de la cita y obtención de su código QR a través del Portal del Consejo de la Judicatura Federal, al igual que el tiempo máximo que permite su estadía en el recinto judicial; y, primordialmente, el acato de las medidas sanitarias, pues su incumplimiento generará la inmediata expulsión. Se exhorta a la parte quejosa a continuar la tramitación del juicio en línea. Por otro lado, conforme al artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, esto es continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica, para lo cual deberán proporcionar correctamente el nombre del usuario con el que se hizo el registro en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y, solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como que las notificaciones personales emitidas en el presente juicio y que así lo ameriten, se les efectúe electrónicamente, así como para presentar promociones por ese medio; conforme lo establecen los artículos 34 y 55 del referido acuerdo general 12/2020. Habilitación días y horas. En acato al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo, elevado a rango de derecho fundamental, con fundamento en el artículo 21 último párrafo de la Ley de Amparo, se faculta al actuario de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a las partes y que sean de carácter personal, en caso de ser necesario, se realicen en días y horas inhábiles, pero en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables, de conformidad con el artículo 23, fracción I del Acuerdo General 21/2020. Aviso de transparencia. Asimismo, se hace del conocimiento de las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 4, 11, 12, 15 y 23 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince, toda la información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y será accesible a cualquier persona, asimismo, que en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 70, fracción XXXVI, 73, fracción II, 116 y 120 de la referida ley, deberá ponerse a disposición del público y actualizarse la información relativa a las resoluciones y laudos que se emitan en procesos o procedimientos seguidos en forma de juicio, así como las versiones públicas de las sentencias que sean de interés público; sin embargo, para que pueda permitirse el acceso a información confidencial que contenga datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, se requerirá del consentimiento de los particulares titulares de la información, en la inteligencia de que la falta de oposición de manera expresa conlleva su consentimiento. En caso de oposición, deberá estarse a lo establecido en la sección tercera, relativa al procedimiento de acceso, rectificación, cancelación y oposición de publicación de datos personales, del Acuerdo General del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el ocho de mayo de dos mil quince. Notifíquese personalmente.
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