Jose Torres Mendieta

Expediente 614/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos. 5 actuaciones registradas, la última del 20 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
614/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
20/09/2021

Partes del expediente

  • Jose Torres Mendieta

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos; veinte de septiembre de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el oficio del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimoctavo Circuito, residente en esta ciudad, mediante el cual, remite copia autorizada de la ejecutoria dictada en el recurso de queja 128/2021, formado con motivo del medio de impugnación interpuesto por el quejoso ***********, contra el auto de diez de junio de dos mil veintiuno, en el que se desechó la demanda de amparo. Determinación. Ahora bien, toda vez que de la ejecutoria en cuestión, se desprende que ese órgano colegiado determinó declarar infundado dicho recurso, pues en su único punto resolutivo concluyó: "ÚNICO. Es INFUNDADO el presente recurso de queja.". Anotaciones y acuse de recibo. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y acúsese el recibo correspondiente. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE EL PRESENTE EXPEDIENTE COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO. -Destino del expediente. Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente se ubica, en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, ya que se desechó la demanda de amparo; por tanto, el presente asunto es susceptible de destrucción. -Destrucción del expediente. Por otra parte, una vez cumplidos tres años a partir del presente proveído, destrúyase el expediente principal dentro del plazo indicado en el párrafo tercero del artículo 21 del citado Acuerdo y remítase el acta de baja documental a la citada Dirección General del Archivo y Documentación, acorde a lo dispuesto en el numeral 23 del mismo. -Resolución a Disposición para consulta. Asimismo, en virtud de que la parte quejosa no manifestó oponerse a la publicación de su nombre y datos personales; hágase de su conocimiento que el auto en el que se desechó la demanda de amparo, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso, rectificación, cancelación y oposición de publicación de datos personales, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de trasparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el ocho de mayo de dos mil quince, en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que señalan los artículos 117 y 164 de la Ley Federal de Trasparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos; dos de julio de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimoctavo Circuito, con transcripción del acuerdo de treinta de junio de la presente anualidad, en el que admitió el recurso de queja interpuesto por el quejoso********************, contra el auto de diez de junio de dos mil veintiuno, en el que se desechó la demanda de amparo; el cual quedó registrado con el número 128/2021; lo que se tiene por comunicado para los efectos legales conducentes. Al respecto, como lo solicita y de conformidad con lo establecido en el artículo 73 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, bríndesele el acceso al expediente electrónico solicitado, por lo que se comisiona a la Oficial Judicial A encargada del Sistema Integral de Seguimiento de expedientes para que habilite en dicho sistema la autorización de la consulta electrónica del juicio en que se actúa al Tribunal Colegiado. Notifíquese.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos; dieciséis de junio de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta; ténganse por recibidos los escritos del quejoso ************, el segundo vía electrónica, con evidencia criptográfica que certifica la firma electrónica del signante, a través de los cuales, interpone recurso de queja contra el auto de diez de junio de dos mil veintiuno, en el que se desechó la demanda de amparo. -Trámite- En consecuencia, con fundamento en los artículos 97 fracción I, inciso a), 98, 99, 100 primer párrafo y 101 de la Ley de Amparo, remítanse al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimoctavo Circuito, con sede en esta ciudad, los escritos de expresión de agravios. Una vez que se notifique a la parte quejosa este proveído, ríndase informe justificado ante la citada Superioridad, en el sentido de que es cierto el acto recurrido, toda vez que en acuerdo de diez de junio de la presente anualidad, se desechó la demanda de amparo que dio lugar a este juicio; como se advierte de las constancias que se remitirán a ese órgano colegiado para la calificación y consecuente substanciación del recurso de cuenta. -Se instruye a la Secretaria y Oficial- Por tanto, se instruye a la Secretaria, para el efecto de que una vez que se encuentre debidamente integrado este expediente, dé cuenta a la Titular de éste Juzgado, con la finalidad de que sean remitidas las constancias a la Superioridad con el informe justificado, en los términos antes apuntados; consecuentemente, también se hace notar al Oficial Administrativo encargado de la tramitación de este asunto, que deberá vigilar oportunamente la integración del expediente, pues es responsabilidad de ambos su correcta tramitación. Domicilio, autorizado y consulta del expediente electrónico. Respecto a la designación de domicilio, autorizado y consulta del expediente electrónico, se entiende que su intención es que la Superioridad provea al respecto, habida cuenta que ya se proveyó lo conducente en el presente asunto. Notifíquese.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos; diez de junio de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, se tiene por recibido el escrito del quejoso *****, mediante el cual subsana la prevención que se le formuló el cuatro de junio de la presente anualidad. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Desechamiento de la demanda. Ahora bien, en seguimiento a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se examinará, el escrito de demanda y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se desechará de plano sin suspender el acto reclamado. El citado artículo 113 dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Ese artículo impone la obligación al juez de distrito de examinar el escrito de demanda y, de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano; atento a ello, por motivo manifiesto se entiende descubierto, patente y claro, y por indudable aquello que no puede ponerse en duda; esto es, de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualice; de modo que, aún de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, llevaría a la misma convicción de improcedencia. Proceder soportado en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Acto reclamado. Ahora bien en el caso a estudio, se reclama: -El auto dictado el diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, en el expediente ********* del índice del Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado, con residencia en esta ciudad, en el que se determinó que no había lugar a tramitar vía incidental la providencia cautelar de embargo precautorio. En el caso se actualiza la casual de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 dela Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [.]" El dispositivo legal antes transcrito establece la improcedencia del juicio de amparo indirecto en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificarlo, revocarlo o modificarlo, así como los casos de excepción a dicho principio. Así es, el principio de definitividad en materia de amparo estudiado por la doctrina, recogido en la legislación y perfeccionado por la jurisprudencia, consiste en la obligación de agotar todos los medios ordinarios de defensa que tengan el alcance de revocar, nulificar o modificar el acto reclamado antes de acudir al juicio de amparo. Así, encontramos que respecto de los actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, dicho principio se encuentra contenido en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece la improcedencia del juicio constitucional en aquellos casos en los cuales el particular promueve el mismo, impugnando un acto emanado de dichos tribunales, sin haber agotado previamente el recurso que proceda. Para explicar los alcances de dicha disposición resulta aplicable en lo conducente el criterio establecido en la Jurisprudencia número 187016, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 902, Tomo XV, mayo de 2002, Materia Común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que indica: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías.". De la simple lectura de la fracción transcrita, así como del criterio jurisprudencial citado, se desprende que el legislador exige como requisitos para que se actualice la causal de improcedencia a que se ha hecho referencia los siguientes: Que el acto reclamado sea una resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; Que la ley ordinaria conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; Que ese recurso o medio de defensa, se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; Que por virtud de dicho medio ordinario de defensa, la resolución o acto judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada; y, Que no se surta en la especie una de las excepciones al principio de definitividad, establecidas en el mismo precepto legal. De lo anterior se colige que, el recurso que debe tener a su alcance la parte quejosa para impugnar la resolución del tribunal judicial, administrativo o del trabajo, es el que se otorga dentro del procedimiento del que proviene el acto reclamado, es decir, un recurso ordinario, por virtud del cual se pueda revocar, nulificar o modificar la resolución impugnada. Expuesto lo anterior, debe decirse que el acto reclamado no tiene el carácter de definitivo para los efectos de procedencia del juicio de amparo, toda vez que, la parte quejosa, pudo interponer el recurso de revocación previsto por el artículo 525 del Código Procesal Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos, mismo que es del tenor siguiente: "ARTÍCULO 525.- Procedencia de la Revocación y de la Reposición. Las sentencias no pueden ser revocadas por el Juez que las dicta. Los autos que no fueren apelables y los proveídos, pueden ser revocados por el Juez que los dictó o por el funcionario que lo sustituya en el conocimiento del negocio. Procede la interposición del recurso de reposición en contra de los proveídos y autos del Tribunal Superior, cuando son dictados en el toca respectivo. Son aplicables a ambos recursos las mismas reglas de substanciación." De ahí que, la instancia constitucional sea improcedente, en virtud de que la parte quejosa no agotó el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, sobre todo porque con dicho recurso de revocación podría tener como efecto, el nulificar o modificar el acuerdo de que se duele. Lo anterior es así, ya que los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer y sólo en el caso de no obtener lo solicitado, se esté en posibilidad de acudir al medio extraordinario de impugnación que es el juicio de amparo. Aunado a lo anterior, no se está en el caso de excepción que prevé el numeral indicado relativo a que la persona que promueva el juicio de amparo sea extraña al procedimiento, pues la aquí quejosa es parte en la controversia de origen. Tampoco el acto reclamado importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, ni implica la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; no consiste en órdenes de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución, no decide un incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier acto que afecte la libertad personal; ya que como se precisó, la parte impetrante se duele del auto dictado el diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, en el expediente ********del índice del Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado, con residencia en esta ciudad, en el que se determinó que no había lugar a tramitar vía incidental la providencia cautelar de embargo precautorio. Tampoco está en el supuesto del último párrafo del artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que no es optativo para la parte quejosa interponer el recurso correspondiente o acudir al juicio de amparo, pues la procedencia del recurso de revocación a que se ha hecho referencia no se encuentra sujeto a alguna interpretación, pues el numeral que lo regula, es claro al establecer que, los autos que no fueren apelables y los proveídos, pueden ser revocados por el Juez que los dictó o por el funcionario que lo sustituya en el conocimiento del negocio. Al respecto, resulta oportuno invocar la jurisprudencia VI.2o.C.J/260, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXIII, marzo de 2006, página 1816, que dice: "DEFINITIVIDAD. LAS EXCEPCIONES A ESTE PRINCIPIO SON DE APLICACIÓN ESTRICTA. Para que el juicio de amparo sea procedente es necesario que el quejoso, previamente al ejercicio de su derecho de tutela, interponga el recurso o medio de defensa previsto en la ley que regula el acto reclamado por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, tal como lo indica el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo. En este sentido, la propia ley de la materia prevé determinadas excepciones al principio de definitividad, y en algunos otros casos la jurisprudencia emitida por los órganos facultados para ello, en interpretación de esta norma ha incorporado algunas otras hipótesis específicas. Por ello, fuera de esos supuestos no hay motivo para añadir otros que en concepto del juzgador puedan quedar incluidos en el catálogo que el legislador y los órganos del Poder Judicial de la Federación expresa y limitativamente han definido en la ley y en la jurisprudencia, respectivamente. Así, en principio se tiene que en todos los casos será improcedente el juicio de garantías cuando contra el acto reclamado proceda algún recurso o medio de defensa ordinario, y por excepción será procedente cuando dicho acto sea reclamado por un tercero extraño al juicio, importe peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualquier acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, o bien, en aquellos supuestos que prevea la jurisprudencia, sin que el Juez de amparo pueda aplicar más excepciones que las expresamente identificadas." Al respecto, es aplicable por analogía la jurisprudencia VI.1°.J/85, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, tomo 67, julio de 1993, página 51, que dice: "RECURSOS ORDINARIOS. AUNQUE NO TENGAN EFECTOS SUSPENSIVOS, DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE GARANTÍAS, SI SE RECLAMAN ACTOS DE TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO. La circunstancia de que el medio de defensa ordinario que tenga por efecto confirmar, revocar o modificar el acto reclamado no suspenda la ejecución de éste, sólo es atendible tratándose de amparos en que se reclamen actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, según lo establece el artículo 73 fracción XV de la Ley de Amparo. En cambio, la literalidad del artículo 73 fracción XIII de la invocada ley permite concluir que tratándose de resoluciones judiciales, o de tribunales administrativos o del trabajo, basta que la ley que rige el acto determine la procedencia de algún recurso o medio de defensa, para que el afectado deba agotarlo en forma previa al ejercicio de la acción constitucional; de ahí que no sea atendible que la interposición del recurso ordinario o del medio de defensa respectivo suspenda o no la ejecución del acto reclamado, sino que invariablemente debe agotarse, para dar cumplimiento al principio de definitividad que determina la procedencia del juicio constitucional.". Cobra vigencia la tesis XVI.2o.C.T.1 K, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, décima época, tomo IV, libro 2, enero de 2014, página 3142, que dice: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. INTELECCIÓN DEL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XVIII, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO (INTERPRETACIÓN ADICIONAL). El citado artículo prevé dos supuestos que excluyen la observancia del principio de definitividad que rige el juicio de amparo, la disposición contempla que tal regla no opera: a) Cuando en el caso específico, la procedencia del medio ordinario de impugnación se encuentre sujeta a una interpretación adicional y b) Cuando su fundamento resulte insuficiente para determinarla; en ambos supuestos se permite al gobernado acudir al recurso o directamente al juicio. Ahora bien, la hipótesis contemplada en ese precepto legal, se refiere a los casos en que, dada la naturaleza del recurso, a fin de determinar su procedencia, se haga necesaria una interpretación adicional, figura que se actualiza cuando el significado de la norma no queda claro en el contexto específico en que se ha de aplicar y el intérprete se encuentra frente a dos o más soluciones posibles, de suerte que ha de enfrentarlas y decidir cuál de ellas es la que encuentra mayor apoyo, justificando de manera adicional por qué se opta por esa interpretación, dando así origen a lo que en la doctrina jurídica se denomina interpretación adicional. Así, de ser ese el caso, no se surte la carga procesal de agotar el medio ordinario de defensa en lugar de incoar el juicio de amparo, ello en el entendido de que no opera tal excepción cuando exista jurisprudencia obligatoria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con respecto a la procedencia del medio ordinario de impugnación, puesto que en esas circunstancias no le es dable al Tribunal Colegiado de Circuito realizar interpretación alguna. Por lo demás, esta exclusión del principio se comprende mejor si se tiene en cuenta que el artículo 1o. constitucional establece que todas las autoridades se encuentran obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, vínculo que de inicio se colma al través de disposiciones legales, como la norma en comento, que propician un fácil acceso al juicio de amparo y se evita la proliferación de trampas procesales.". En tal virtud, al haberse actualizado la causa de improcedencia invocada, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por ******, por su propio derecho, contra actos del Juez Tercero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado, con residencia en esta ciudad. Notifíquese personalmente.

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