Jose Toeodoro Alberto de Ita Rubin
Expediente 692/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 6 actuaciones registradas, la última del 17 de septiembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 692/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 17/09/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Jose Toeodoro Alberto de Ita Rubin
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Se agrega al expediente el oficio con anexo, signado por la Secretaria del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, mediante el cual remite copia certificada de la ejecutoria pronunciada en sesión de cinco de septiembre de dos mil diecinueve, en el recurso de queja 76/2019 de su índice, en cuyo punto resolutorio se establece: "ÚNICO. Se declara infundado el recurso de queja." En consecuencia, glósese a este juicio la copia certificada del testimonio adjunto al oficio de cuenta. Además, con fundamento en los artículos 220 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se ordena acusar recibo a la superioridad, y hacer del conocimiento lo anterior a la parte que interpuso el recurso para los efectos legales correspondientes. Ante la firmeza del acuerdo recurrido, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado; y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por tanto, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. De conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito; y, atendiendo a la hipótesis prevista en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción I de dicho acuerdo, el presente juicio de amparo es susceptible de destrucción, en atención a que carece de relevancia documental, y al sentido del proveído pronunciado en el mismo (desechamiento). Por último, se instruye al secretario para que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico, ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo de la Ley de Amparo, y posteriormente realice la certificación correspondiente
- Principal
Se agrega el oficio de cuenta signado por el Secretario del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, por el cual la superioridad acusa de recibo de las copias certificadas relativas al juicio de amparo en que se actúa y comunica que admitió el recurso de queja interpuesto por el quejoso **, contra el acuerdo de veintitrés de julio del año en curso, mismo que se radicó con el número de queja ** del índice del citado tribunal. De lo que se toma conocimiento para los efectos legales correspondientes
- Principal
Ordeno agregar el oficio de cuenta signado por la secretaria encargada del despacho del Juzgado Tercero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla; por el cual da cumplimiento al auto que previno la demanda de amparo de dieciocho de julio del año en curso, pues remite copia certificada de la declaración preparatoria de veinticinco de abril del presente año; auto de formal prisión de veintisiete de abril de dos mil diecinueve decretada contra el aquí quejoso, así como las notificaciones realizadas al mismo. Hago notar a las partes que de las constancias recibidas habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Lo anterior además, es acorde con el criterio sostenido (en la parte conducente de las jurisprudencias y ejecutorias que le dieron origen a éstas) por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia del rubro: "COPIAS CERTIFICADAS DE CONSTANCIAS EN QUE APAREZCAN LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y/O LA ORDEN DE APREHENSIÓN DEL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE AUTORIZARLAS CUANDO SE INTEGRAN AL JUICIO DE AMPARO POR VIRTUD DEL INFORME JUSTIFICADO, SIEMPRE QUE LA INFORMACIÓN RESERVADA O CONFIDENCIAL QUE PUDIEREN CONTENER NO PERTENEZCA A UNA PERSONA DISTINTA" ; así como por el Pleno del alto tribunal del país, en la diversa jurisprudencia de rubro: "INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO RESERVADA O CONFIDENCIAL EXHIBIDA CON EL INFORME JUSTIFICADO. EL JUEZ CONSTITUCIONAL, BAJO SU MÁS ESTRICTA RESPONSABILIDAD, PUEDE PERMITIR EL ACCESO A LAS PARTES A LA QUE CONSIDERE ESENCIAL PARA SU DEFENSA" . En adición, signifíquese a las partes que en la ejecutoria que generó la primera de las referidas jurisprudencias, se definieron las implicaciones del sentido inmerso en el segundo criterio antes citado, de tal manera que en su parte conducente se estableció lo siguiente: "...si permite el acceso total o parcial a aquélla, podrá imponer las modalidades que considere necesarias para ello, sin que en caso alguno dicha información pueda ser transmitida, copiada, fotografiada, escaneada o reproducida por cualquier medio, dado que se tratan de datos pertenecientes a una persona ajena al quejoso." En consecuencia, las constancias recibidas mediante este proveído, no podrán ser transmitidas, copiadas, fotografiadas, escaneadas o reproducidas por cualquier medio, en lo concerniente a la información que sea considerada como "reservada o confidencial", perteneciente a alguna persona diversa de la parte quejosa, si ésta es quien así lo solicita. Ahora, del estado procesal de autos advierto que el quejoso reclamó en su demanda de amparo el auto de formal prisión de veintisiete de abril de dos mil diecinueve y la omisión de hacerle saber si es acreedor a los beneficios de medida cautelar; sin embargo ante el desconocimiento de la fecha en que fue notificado el primero, lo requerí a efecto de informar, bajo protesta de decir verdad, la fecha de su notificación para así establecer la procedencia de este juicio de amparo. Aunque a la fecha transcurre el plazo para que el quejoso desahogue la prevención de referencia y en particular indique cuándo le fue notificado el auto de formal prisión, la autoridad oficiante remitió las constancias donde obran tales actuaciones, las cuales son suficientes para pronunciarme, en este auto, respecto del trámite a la demanda de amparo promovida por el quejoso: En ese sentido, respecto del acto reclamado consistente en el auto de formal prisión de veintisiete de abril de dos mil diecinueve, conforme las constancias remitidas en cumplimiento al requerimiento efectuado el dieciocho de julio de dos mil diecinueve al Juez Tercero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, se advierte fue notificado el quejoso a las quince horas de la misma fecha de la resolución y a su defensor particular el veintinueve del mismo mes y año, por lo que estimo actualizada la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV , del artículo 61 de la Ley de Amparo (en lo sucesivo legislación). Es así, porque tú *** omitiste solicitar la protección federal dentro de los plazos legales establecidos en la propia legislación. Para demostrarlo, te explico, la primera parte del numeral 17 de la ley de la materia, dispone un plazo de quince días para presentar la demanda, a computarse bajo los supuestos previstos en el diverso 18, a saber: 1. Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación de la resolución o acuerdo reclamado; 2. A partir del día siguiente al de conocimiento del acto reclamado; o 3. Al día siguiente de aquél en que el quejoso se hubiese ostentado sabedor. Las hipótesis de excepción al plazo de quince días referido corresponden a: a). Si se reclama una norma autoaplicativa o el procedimiento de extradición -para lo cual existe un plazo de treinta días-; b). Si se reclama la sentencia condenatoria en un proceso penal y exista pena de prisión -donde habrá un plazo de ocho años-; c). Si los actos impactan núcleos de población ejidal o comunal -lo cual queda sujeto a un plazo de siete años-; y d). Si se impugnan actos donde haya peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la constitución o la incorporación forzosa al servicio del ejército o armada nacionales -para todos estos la demanda de amparo se presentará en cualquier tiempo-. De lo anterior se infiere la improcedencia del juicio de amparo, al presentarse la demanda fuera del plazo de quince días previsto en la primera parte del numeral 17 de la legislación, salvo actualización de una excepción de las fracciones comentadas. Pero de inicio, en el presente asunto no nos encontramos ante un acto de excepción, porque tu acto reclamado -auto de formal prisión- resulta ajeno a alguna norma autoaplicativa o procedimiento de extradición, tampoco tiene relación con alguna sentencia condenatoria en un proceso penal donde exista pena de prisión; impacte núcleos de población ejidal o comunal o bien se trate de actos donde haya peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la constitución o la incorporación forzosa al servicio del ejército o armada nacionales. Con lo cual afirmo que la demanda de amparo fue promovida fuera de los quince días para ello, como se verá más adelante, por ende la causa de improcedencia invocada. Improcedencia que comulga con los nuevos lineamientos del bloque de constitucionalidad, porque estos permiten validar los requisitos de procedencia al extremo de imponer la obligación de respetar el plazo de quince días, en cualquier asunto donde se reclamen actos distintos de los que tengan prevista una excepción . En este caso, te fue notificado el auto de formal prisión decretado en tu contra el veintisiete de abril de dos mil diecinueve, misma fecha de su emisión, tal como se advierte de la constancia de notificación remitida por la autoridad que señalaste como responsable (foja 49 vuelta); y el veintinueve de abril de dos mil diecinueve fue notificado tu defensor particular **. Por lo que con las constancias remitidas por la secretaria encargada del despacho del Juzgado Tercero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla se tienen datos suficientes para establecer que tú y tu defensor fueron notificados uno en la misma data que se emitió la resolución y el otro dos días después, empero, aun al haber sido notificados en fechas diferentes, el cómputo para los quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo, deberá realizarse con la última notificación. Entonces, se entiende que desde el veintinueve de abril de dos mil diecinueve, tuviste pleno conocimiento del acto reclamado y estabas en plenitud de impugnarlo. Explicado lo anterior, si la fecha de notificación del acto reclamado aconteció el veintinueve de abril de dos mil diecinueve, por ende, el plazo de quince días para promover el presente juicio de amparo, transcurrió del treinta de abril al veintiuno de mayo de dos mil diecinueve, de cuyo lapso deben descontarse los días uno, cuatro, cinco, once, doce, dieciocho y diecinueve de mayo del año en curso por haber inhábiles. Entonces, si la demanda de amparo la presentaste hasta el diecisiete de julio de dos mil diecinueve, como se observa en el sello de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal estampado al frente de la demanda de amparo (foja 2); tal circunstancia hace evidente la presentación extemporánea de tu demanda de amparo, al promover el juicio constitucional fuera del plazo de quince días establecido en el artículo 17 de la ley de la materia. Entonces reitero, en el caso, se actualiza la improcedencia derivada de la regla de extemporaneidad, motivo por el cual debo estimar consentida de forma tácita la determinación reclamada. Sobre todo, porque considerar la posibilidad de presentar la demanda de amparo en cualquier momento infringe el principio de preclusión procesal, por medio del cual las diversas etapas que constituyen un procedimiento adquieren firmeza. En conclusión establezco: el acto reclamado encuentra la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la legislación, pues se promovió cuando ya había fenecido el plazo de quince días establecido en el artículo 17, máxime que el acto reclamado resulta ajeno a los supuestos de excepción previstos en éste. Entonces, de conformidad con el artículo 113 de la ley de la materia, relacionado con la fracción XIV del diverso 61, se desecha de plano la demanda de amparo que originó este juicio, porque se encontró una causa de improcedencia manifiesta e indudable. En consecuencia, ordeno realizar las anotaciones correspondientes, tanto en el libro de gobierno como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Al margen de lo anterior, hago notar que el sentido de la determinación adoptada en nada contraviene lo señalado en el artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en atención a la tesis del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 73 Y 74 DE LA LEY DE LA MATERIA, RESPECTIVAMENTE, NO SON INCOMPATIBLES CON EL ARTÍCULO 25.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS". Por último, no paso desapercibido el reclamo, en tu demanda de amparo, de la omisión atribuida al juez responsable de hacerte saber si eres acreedor a los beneficios de medida cautelar; sin embargo, también de las constancias remitidas por la autoridad oficiante advierto que durante tu declaración preparatoria de veinticinco de abril de dos mil diecinueve, se te hizo saber que no tenías derecho a gozar de tu libertad bajo caución, pues los delitos por los cuales fue ejercida la acción penal -homicidio y daño en propiedad ajena a título de culpa-eran considerados como graves en términos del artículo 69 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social. Tal circunstancia me lleva a concluir que la autoridad responsable, el veinticinco de abril de dos mil diecinueve, emitió pronunciamiento donde te indicó que no tenías derecho a acceder a la libertad bajo caución; por ello, a nada práctico llevaría iniciar el juicio constitucional por una actuación que sí fue emitida por la autoridad responsable; de ahí que el desechamiento de la demanda de amparo involucra todos los actos plasmados en tu escrito de demanda inicial. Con independencia de lo anterior, con la finalidad de evitar dejarte en estado de indefensión al encontrarte privado de tu libertad, te hago saber que tienes expeditos tus derechos para promover, de ser tu deseo, la revisión de la medida cautelar impuesta en el proceso penal de origen conforme lo establecido en el artículo quinto transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales, lo cual deberás realizar ante el juez responsable.
- Principal
DADO QUE SE DEJÓ CITATORIO A LA PARTE QUEJOSA SIN QUE COMPARECIERA A NOTIFICARSE DE FORMA PERSONAL DE LA RESOLUCIÓN DE VEINTITRÉS DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE, SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA. -- Ordeno agregar el oficio de cuenta signado por la secretaria encargada del despacho del Juzgado Tercero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla; por el cual da cumplimiento al auto que previno la demanda de amparo de dieciocho de julio del año en curso, pues remite copia certificada de la declaración preparatoria de veinticinco de abril del presente año; auto de formal prisión de veintisiete de abril de dos mil diecinueve decretada contra el aquí quejoso, así como las notificaciones realizadas al mismo. Hago notar a las partes que de las constancias recibidas habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Lo anterior además, es acorde con el criterio sostenido (en la parte conducente de las jurisprudencias y ejecutorias que le dieron origen a éstas) por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia del rubro: "COPIAS CERTIFICADAS DE CONSTANCIAS EN QUE APAREZCAN LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y/O LA ORDEN DE APREHENSIÓN DEL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE AUTORIZARLAS CUANDO SE INTEGRAN AL JUICIO DE AMPARO POR VIRTUD DEL INFORME JUSTIFICADO, SIEMPRE QUE LA INFORMACIÓN RESERVADA O CONFIDENCIAL QUE PUDIEREN CONTENER NO PERTENEZCA A UNA PERSONA DISTINTA" ; así como por el Pleno del alto tribunal del país, en la diversa jurisprudencia de rubro: "INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO RESERVADA O CONFIDENCIAL EXHIBIDA CON EL INFORME JUSTIFICADO. EL JUEZ CONSTITUCIONAL, BAJO SU MÁS ESTRICTA RESPONSABILIDAD, PUEDE PERMITIR EL ACCESO A LAS PARTES A LA QUE CONSIDERE ESENCIAL PARA SU DEFENSA" . En adición, signifíquese a las partes que en la ejecutoria que generó la primera de las referidas jurisprudencias, se definieron las implicaciones del sentido inmerso en el segundo criterio antes citado, de tal manera que en su parte conducente se estableció lo siguiente: "...si permite el acceso total o parcial a aquélla, podrá imponer las modalidades que considere necesarias para ello, sin que en caso alguno dicha información pueda ser transmitida, copiada, fotografiada, escaneada o reproducida por cualquier medio, dado que se tratan de datos pertenecientes a una persona ajena al quejoso." En consecuencia, las constancias recibidas mediante este proveído, no podrán ser transmitidas, copiadas, fotografiadas, escaneadas o reproducidas por cualquier medio, en lo concerniente a la información que sea considerada como "reservada o confidencial", perteneciente a alguna persona diversa de la parte quejosa, si ésta es quien así lo solicita. Ahora, del estado procesal de autos advierto que el quejoso reclamó en su demanda de amparo el auto de formal prisión de veintisiete de abril de dos mil diecinueve y la omisión de hacerle saber si es acreedor a los beneficios de medida cautelar; sin embargo ante el desconocimiento de la fecha en que fue notificado el primero, lo requerí a efecto de informar, bajo protesta de decir verdad, la fecha de su notificación para así establecer la procedencia de este juicio de amparo. Aunque a la fecha transcurre el plazo para que el quejoso desahogue la prevención de referencia y en particular indique cuándo le fue notificado el auto de formal prisión, la autoridad oficiante remitió las constancias donde obran tales actuaciones, las cuales son suficientes para pronunciarme, en este auto, respecto del trámite a la demanda de amparo promovida por el quejoso: En ese sentido, respecto del acto reclamado consistente en el auto de formal prisión de veintisiete de abril de dos mil diecinueve, conforme las constancias remitidas en cumplimiento al requerimiento efectuado el dieciocho de julio de dos mil diecinueve al Juez Tercero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, se advierte fue notificado el quejoso a las quince horas de la misma fecha de la resolución y a su defensor particular el veintinueve del mismo mes y año, por lo que estimo actualizada la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV , del artículo 61 de la Ley de Amparo (en lo sucesivo legislación). Es así, porque tú *** omitiste solicitar la protección federal dentro de los plazos legales establecidos en la propia legislación. Para demostrarlo, te explico, la primera parte del numeral 17 de la ley de la materia, dispone un plazo de quince días para presentar la demanda, a computarse bajo los supuestos previstos en el diverso 18, a saber: 1. Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación de la resolución o acuerdo reclamado; 2. A partir del día siguiente al de conocimiento del acto reclamado; o 3. Al día siguiente de aquél en que el quejoso se hubiese ostentado sabedor. Las hipótesis de excepción al plazo de quince días referido corresponden a: a). Si se reclama una norma autoaplicativa o el procedimiento de extradición -para lo cual existe un plazo de treinta días-; b). Si se reclama la sentencia condenatoria en un proceso penal y exista pena de prisión -donde habrá un plazo de ocho años-; c). Si los actos impactan núcleos de población ejidal o comunal -lo cual queda sujeto a un plazo de siete años-; y d). Si se impugnan actos donde haya peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la constitución o la incorporación forzosa al servicio del ejército o armada nacionales -para todos estos la demanda de amparo se presentará en cualquier tiempo-. De lo anterior se infiere la improcedencia del juicio de amparo, al presentarse la demanda fuera del plazo de quince días previsto en la primera parte del numeral 17 de la legislación, salvo actualización de una excepción de las fracciones comentadas. Pero de inicio, en el presente asunto no nos encontramos ante un acto de excepción, porque tu acto reclamado -auto de formal prisión- resulta ajeno a alguna norma autoaplicativa o procedimiento de extradición, tampoco tiene relación con alguna sentencia condenatoria en un proceso penal donde exista pena de prisión; impacte núcleos de población ejidal o comunal o bien se trate de actos donde haya peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la constitución o la incorporación forzosa al servicio del ejército o armada nacionales. Con lo cual afirmo que la demanda de amparo fue promovida fuera de los quince días para ello, como se verá más adelante, por ende la causa de improcedencia invocada. Improcedencia que comulga con los nuevos lineamientos del bloque de constitucionalidad, porque estos permiten validar los requisitos de procedencia al extremo de imponer la obligación de respetar el plazo de quince días, en cualquier asunto donde se reclamen actos distintos de los que tengan prevista una excepción . En este caso, te fue notificado el auto de formal prisión decretado en tu contra el veintisiete de abril de dos mil diecinueve, misma fecha de su emisión, tal como se advierte de la constancia de notificación remitida por la autoridad que señalaste como responsable (foja 49 vuelta); y el veintinueve de abril de dos mil diecinueve fue notificado tu defensor particular **. Por lo que con las constancias remitidas por la secretaria encargada del despacho del Juzgado Tercero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla se tienen datos suficientes para establecer que tú y tu defensor fueron notificados uno en la misma data que se emitió la resolución y el otro dos días después, empero, aun al haber sido notificados en fechas diferentes, el cómputo para los quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo, deberá realizarse con la última notificación. Entonces, se entiende que desde el veintinueve de abril de dos mil diecinueve, tuviste pleno conocimiento del acto reclamado y estabas en plenitud de impugnarlo. Explicado lo anterior, si la fecha de notificación del acto reclamado aconteció el veintinueve de abril de dos mil diecinueve, por ende, el plazo de quince días para promover el presente juicio de amparo, transcurrió del treinta de abril al veintiuno de mayo de dos mil diecinueve, de cuyo lapso deben descontarse los días uno, cuatro, cinco, once, doce, dieciocho y diecinueve de mayo del año en curso por haber inhábiles. Entonces, si la demanda de amparo la presentaste hasta el diecisiete de julio de dos mil diecinueve, como se observa en el sello de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal estampado al frente de la demanda de amparo (foja 2); tal circunstancia hace evidente la presentación extemporánea de tu demanda de amparo, al promover el juicio constitucional fuera del plazo de quince días establecido en el artículo 17 de la ley de la materia. Entonces reitero, en el caso, se actualiza la improcedencia derivada de la regla de extemporaneidad, motivo por el cual debo estimar consentida de forma tácita la determinación reclamada. Sobre todo, porque considerar la posibilidad de presentar la demanda de amparo en cualquier momento infringe el principio de preclusión procesal, por medio del cual las diversas etapas que constituyen un procedimiento adquieren firmeza. En conclusión establezco: el acto reclamado encuentra la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la legislación, pues se promovió cuando ya había fenecido el plazo de quince días establecido en el artículo 17, máxime que el acto reclamado resulta ajeno a los supuestos de excepción previstos en éste. Entonces, de conformidad con el artículo 113 de la ley de la materia, relacionado con la fracción XIV del diverso 61, se desecha de plano la demanda de amparo que originó este juicio, porque se encontró una causa de improcedencia manifiesta e indudable. En consecuencia, ordeno realizar las anotaciones correspondientes, tanto en el libro de gobierno como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Al margen de lo anterior, hago notar que el sentido de la determinación adoptada en nada contraviene lo señalado en el artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en atención a la tesis del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 73 Y 74 DE LA LEY DE LA MATERIA, RESPECTIVAMENTE, NO SON INCOMPATIBLES CON EL ARTÍCULO 25.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS". Por último, no paso desapercibido el reclamo, en tu demanda de amparo, de la omisión atribuida al juez responsable de hacerte saber si eres acreedor a los beneficios de medida cautelar; sin embargo, también de las constancias remitidas por la autoridad oficiante advierto que durante tu declaración preparatoria de veinticinco de abril de dos mil diecinueve, se te hizo saber que no tenías derecho a gozar de tu libertad bajo caución, pues los delitos por los cuales fue ejercida la acción penal -homicidio y daño en propiedad ajena a título de culpa-eran considerados como graves en términos del artículo 69 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social. Tal circunstancia me lleva a concluir que la autoridad responsable, el veinticinco de abril de dos mil diecinueve, emitió pronunciamiento donde te indicó que no tenías derecho a acceder a la libertad bajo caución; por ello, a nada práctico llevaría iniciar el juicio constitucional por una actuación que sí fue emitida por la autoridad responsable; de ahí que el desechamiento de la demanda de amparo involucra todos los actos plasmados en tu escrito de demanda inicial. Con independencia de lo anterior, con la finalidad de evitar dejarte en estado de indefensión al encontrarte privado de tu libertad, te hago saber que tienes expeditos tus derechos para promover, de ser tu deseo, la revisión de la medida cautelar impuesta en el proceso penal de origen conforme lo establecido en el artículo quinto transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales, lo cual deberás realizar ante el juez responsable
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