Jose Silvano Benjamin Toxqui Pani
Expediente 544/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 1 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 544/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 01/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Jose Silvano Benjamin Toxqui Pani
- Juez de Control y Ejecución con Sede en San Andrés Cholula
Actuaciones
- Principal
Puebla, Puebla, uno de julio de dos mil veintiuno. Causa estado. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que el quejoso no interpuso recurso de queja contra el proveído de diecisiete de junio de dos mil veintiuno, en el cual se declaró no presentada su demanda de tutela constitucional. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE EL REFERIDO ACUERDO CAUSÓ ESTADO (QUEDÓ FIRME). Por lo que habrá de ordenarse en párrafos posteriores, el archivo del presente juicio como asunto concluido. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y a la Analista Jurídica del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) que realicen las anotaciones correspondientes a la declaración de firmeza procesal. Valoración documental. En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, el presente expediente constituye un asunto concluido. Por lo que en uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta juzgadora, previo análisis de las constancias, estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 de ese Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que este sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes a la fecha cuando quede cumplido el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del referido acuerdo, ya que este sumario tiene un acuerdo en el que se declaró no presentada la solicitud de amparo -lo cual implica una resolución que sin decidir el juicio lo dio por concluido-. Resguardo del expediente (ARCHIVO). Con fundamento en el artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico del juzgado, durante el lapso de tres años. Lo anterior implica que en este acuerdo, se ordena el archivo del presente juicio como asunto concluido. Una vez termine el referido lapso, deberá procederse a la destrucción. Inexistencia de documentos. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permitió visualizar que el quejoso no adjuntó documentos originales a su demanda, razón por la cual se descarta emitir pronunciamiento al respecto. Inexistencia de anexos. En este juicio no se recibieron constancias originales de procesos, expedientes, averiguaciones, carpetas, entre otras, que deban devolverse a alguna responsable o autoridad diversa, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Carátula del expediente. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capitulo Quinto, del citado acuerdo general del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena hacer las anotaciones en la carátula del expediente. Revisión del expediente. Se instruye al secretario que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Sin cuadernos incidentales. No existe incidente de suspensión derivado de este juicio, porque la demanda de amparo se tuvo no presentada, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
JUICIO DE AMPARO 544/2021-IV. Puebla, Puebla, diecisiete de junio de dos mil veintiuno. Demanda no presentada. Visto el estado procesal del presente juicio, se advierte que el plazo de cinco días otorgado al quejoso en proveído de uno de junio del año en curso, transcurrió del diez al dieciséis de junio de dos mil veintiuno, como se desprende de la certificación secretarial previa. Además, ese plazo transcurrió sin que el quejoso desahogara la prevención contenida en el proveído inicial, de uno de junio de dos mil veintiuno. En consecuencia, se le hace efectivo el apercibimiento formulado en ese acuerdo, y se declara no presentada la demanda que originó el presente juicio de tutela constitucional. Anotaciones internas. Se ordena hacer las anotaciones respectivas tanto en el libro de gobierno de este juzgado, como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y en su oportunidad archívese el presente asunto como concluido. Notifíquese; en forma personal al quejoso (en su domicilio procesal con las medidas de seguridad indicadas)
- Principal
Puebla, Puebla, uno de junio de dos mil veintiuno. Radicación. Se recibe la demanda de protección de derechos fundamentales, signada por el quejoso *** por derecho propio, contra actos del Juez de Control se exhorta al quejoso a que continúe la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", esto es, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o la Firma Electrónica del Servicio de Administración Tributaria (E.Firma).Prevención. La lectura integral3 que se hizo a la demanda de protección, llevó a encontrar irregularidades en las autoridades responsables y los actos combatidos, motivo por el cual debe requerirse la aclaración respectiva. Sobre todo porque las imprecisiones desde las denominaciones de las autoridades hasta en el reclamo planteado, habrán de impedir la pronta integración del presente juicio e incluso podrían generar causales de improcedencia, en detrimento de la justicia expedita que debe asegurarse en este juicio de amparo -si fuera admitido-. Para demostrar lo primero, se hace notar que el capítulo de responsables ordenadoras, involucra a la autoridad judicial denominada como: Juez de Control y Ejecución con Sede en San Andrés Cholula (sic). Esa denominación resulta imprecisa, porque no menciona la región judicial a la cual pertenece el citado juez de control. Además, debe indicarse que las causas tramitadas en los distintos juzgados del sistema penal acusatorio, no requieren de un juez específico, porque el diseño del sistema penal acusatorio descansa en una serie de etapas. Luego, resulta irregular el señalamiento que hizo el quejoso contra el juez de control nombrado en el capítulo de autoridades ordenadoras, pues debió haber indicado su denominación correcta, en particular: Juez de Control adscrito al Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución de la Región Judicial Centro-Poniente, con sede en San Andrés Cholula, Estado de Puebla. Por otra parte, se advierte que las demás responsables que están en el capítulo de autoridades ordenadoras, fueron señaladas en forma imprecisa, a saber: ".B) CIUDADANO AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE SAN ANDRÉS CHOLULA, ADSCRITO A LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA. C) CIUDADANO PRESIDENTE AUXILIAR DE SANTA MARIA TONANTZINTLA, SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA. D) CIUDADANO AGENTE INVESTIGADOR DE SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA, ADSCRITO A LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA. E) SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA, ADSCRITO A LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA.". Entonces, el quejoso tendría que perfeccionar la denominación de las transcritas autoridades ordenadoras, para evitar un señalamiento impreciso que obligue a una eventual declaración de autoridades inexistentes, como ha sucedido en otros juicios de amparo tramitados en este juzgado, los cuales representan hechos notorios en términos del artículo 88, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo. Sin embargo, debe indicarse que el perfeccionamiento de esas responsables no tendría utilidad en el presente juicio, porque resalta una irregularidad en los actos siguientes: ".B. Orden de Presentación, C. Orden de Detención, D. Comparecencia y/o E. Citación. F. INVESTIGACIÓN.". Esos actos encontrarían diferentes causales de improcedencia, porque convergen a las hipótesis jurídicas de orden de presentación con fines de investigación, citación para la audiencia inicial y actos para integrar una carpeta por hechos delictuosos, que no pueden reclamarse en amparo indirecto. Cierto, la orden ministerial de presentación con fines de investigación, emitida conforme a las reglas del sistema penal acusatorio previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, no implica la restricción de la libertad para el quejoso aun cuando vaya dirigida a este, pues dicha restricción únicamente se genera con la aprehensión, la detención en flagrancia, la prisión preventiva o la pena, que constituyen figuras jurídicas distintas a la presentación. Asimismo, es conveniente explicar que la actuación de la autoridad ministerial, en la que ordena la presentación de un imputado, no contraviene lo dispuesto por el artículo 20 de la constitución federal, porque la orden de presentación solamente se emite para el imputado con el propósito de que comparezca ante el fiscal investigador. En otras palabras, la orden de presentación jamás genera la obligación de que declare, pues al encontrarse ante el Ministerio Público, siempre puede el imputado manifestar su voluntad de abstenerse a declarar. Además, con la orden de presentación, lejos de coartarse algún derecho al imputado, se estima que la autoridad investigadora satisface los derechos constitucionales de audiencia y defensa, porque al requerirle que se presente a ser entrevistado en la carpeta de investigación, aquel puede conocer el nombre de su acusador, así como de las personas que hubieran testificado en su contra, la naturaleza y causa de la acusación. Incluso se le da la oportunidad al imputado de exponer lo que a su derecho corresponda, y obtener todos los datos que solicite para su defensa y consten en las actuaciones de la carpeta de investigación, con lo que de considerarlo conveniente, estará en posibilidad de ofrecer las pruebas de descargo. De lo que resulta patente que una orden de presentación ministerial, ya no constituye un acto restrictivo de la libertad personal, porque en realidad corresponde a un acto de investigación legítimo, dado que todo ciudadano está obligado a comparecer ante el Ministerio Público que integre una carpeta de investigación, sin que ello implique una afectación a la libertad personal porque de considerarlo así, se llegaría al extremo de entorpecer la obligación de investigar los hechos con apariencia de delitos que es de orden público. Lo cual también permite afirmar la improcedencia que se actualizaría, respecto de la orden de investigación reclamada, pues la obligación impuesta al Ministerio Público desde el artículo 21 de la constitución federal, restringe la vía de amparo indirecto contra los actos para la integración de una carpeta por hechos delictuosos. Bajo este contexto, es válido afirmar que si el quejoso intentara precisar a las autoridades ordenadoras citadas en los incisos B), C), D) y E) de la demanda de amparo, encontraría una causa de improcedencia con las características de indudable y manifiesta, en términos de la fracción XXIII del numeral 61, relacionada con el primer párrafo del artículo 20 aplicado a contrario sensu, y con el primer párrafo de la fracción IV del diverso 107, también a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo. Máxime que la regulación de la orden de presentación, traducida en un acto de investigación de la autoridad ministerial, ni siquiera está prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales,5 el cual regula las formas en que un imputado debe comparecer ante un juez de control. Así, con fundamento en los artículos 108, fracciones III, IV, 114 fracciones I, II y IV, de la Ley de Amparo, se requiere al quejoso para que en el plazo de cinco días siguientes a la fecha cuando le surta efectos la notificación de este acuerdo, presente escrito con la protesta de decir verdad en el cual: 1. Exprese si perfecciona el señalamiento del juez de control que introdujo en el capítulo de autoridades ordenadoras, para emplazarlo con su denominación correcta: Juez de Control adscrito al Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución de la Región Judicial Centro-Poniente, con residencia en San Andrés Cholula, Estado de Puebla; 2. Indique si retira a las autoridades citadas en los incisos B, C), D) y E), que obran en el capítulo de responsables ordenadoras, y limita los actos combatidos a la orden de aprehensión librada en su contra (del quejoso) con la consecuente ejecución, para evitar las causales de improcedencia que se actualizarían respecto de las autoridades citadas en esos incisos, así como en los demás actos reclamados: ".B. Orden de Presentación, C. Orden de Detención, D. Comparecencia y/o E. Citación. F. INVESTIGACIÓN."; y 3. Manifieste si perfecciona el capítulo de autoridades ejecutoras, para dejar en su lugar al Fiscal General del Estado de Puebla y al Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla. Al margen de lo anterior, se informa al quejoso que las diferencias que llegaran a detectarse en la firma de su escrito aclaratorio -si lo presenta-, con la firma puesta en la demanda de amparo, podría obligar a disponer un requerimiento para que la ratifique, conforme a los lineamientos aplicables a la situación actual de contingencia sanitaria. Indicación que también se hizo en el diverso juicio de amparo 244/2021 -el cual se invoca porque constituye un hecho notorio, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria-. Escrito aclaratorio. Se requiere al quejoso que presente escrito aclaratorio, para lo cual deberá atender el numeral 110 de la Ley de Amparo, el cual dispone la obligación de exhibir copias para cada una de las partes y dos para el incidente de suspensión. Pese a lo anterior, se le informa que si presenta su escrito aclaratorio, con su firma electrónica y a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, quedará exento de la obligación de exhibir copias del escrito aclaratorio e incluso de algún escrito posterior. Apercibimiento. Se formula al quejoso el apercibimiento siguiente: de no presentar el escrito aclaratorio, en el plazo otorgado para tal efecto (por las irregularidades mencionadas), se tendrá no presentada la demanda, como lo ordena el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. Domicilio procesal y autorizados. Se tiene como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones, el inmueble que designó para ese propósito al inicio de la demanda (ubicado en la colonia Los Héroes). Por otro lado, quedan autorizados en términos restringidos del numeral 24 de la Ley de Amparo, los profesionistas nombrados por aquél en el primer acápite de la demanda, porque no les otorgó facultades amplias en forma expresa, al margen de que tampoco se encontró el registro de cédula de esos profesionistas en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación.Notifíquese; en forma personal al quejoso (en su domicilio procesal con las medidas de seguridad indicadas); y cúmplase
- Principal
SE DEJO AVISO DE NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA; POR TANTO, SE NOTIFICA POR LISTA EL AUTO DE UNO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO.- Puebla, Puebla, uno de junio de dos mil veintiuno. Radicación. Se recibe la demanda de protección de derechos fundamentales, signada por el quejoso por derecho propio, contra actos del Juez de Control se exhorta al quejoso a que continúe la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", esto es, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o la Firma Electrónica del Servicio de Administración Tributaria (E.Firma).Prevención. La lectura integral3 que se hizo a la demanda de protección, llevó a encontrar irregularidades en las autoridades responsables y los actos combatidos, motivo por el cual debe requerirse la aclaración respectiva. Sobre todo porque las imprecisiones desde las denominaciones de las autoridades hasta en el reclamo planteado, habrán de impedir la pronta integración del presente juicio e incluso podrían generar causales de improcedencia, en detrimento de la justicia expedita que debe asegurarse en este juicio de amparo -si fuera admitido-. Para demostrar lo primero, se hace notar que el capítulo de responsables ordenadoras, involucra a la autoridad judicial denominada como: Juez de Control y Ejecución con Sede en San Andrés Cholula (sic). Esa denominación resulta imprecisa, porque no menciona la región judicial a la cual pertenece el citado juez de control. Además, debe indicarse que las causas tramitadas en los distintos juzgados del sistema penal acusatorio, no requieren de un juez específico, porque el diseño del sistema penal acusatorio descansa en una serie de etapas. Luego, resulta irregular el señalamiento que hizo el quejoso contra el juez de control nombrado en el capítulo de autoridades ordenadoras, pues debió haber indicado su denominación correcta, en particular: Juez de Control adscrito al Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución de la Región Judicial Centro-Poniente, con sede en San Andrés Cholula, Estado de Puebla. Por otra parte, se advierte que las demás responsables que están en el capítulo de autoridades ordenadoras, fueron señaladas en forma imprecisa, a saber: ".B) CIUDADANO AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE SAN ANDRÉS CHOLULA, ADSCRITO A LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA. C) CIUDADANO PRESIDENTE AUXILIAR DE SANTA MARIA TONANTZINTLA, SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA. D) CIUDADANO AGENTE INVESTIGADOR DE SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA, ADSCRITO A LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA. E) SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA, ADSCRITO A LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA.". Entonces, el quejoso tendría que perfeccionar la denominación de las transcritas autoridades ordenadoras, para evitar un señalamiento impreciso que obligue a una eventual declaración de autoridades inexistentes, como ha sucedido en otros juicios de amparo tramitados en este juzgado, los cuales representan hechos notorios en términos del artículo 88, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo. Sin embargo, debe indicarse que el perfeccionamiento de esas responsables no tendría utilidad en el presente juicio, porque resalta una irregularidad en los actos siguientes: ".B. Orden de Presentación, C. Orden de Detención, D. Comparecencia y/o E. Citación. F. INVESTIGACIÓN.". Esos actos encontrarían diferentes causales de improcedencia, porque convergen a las hipótesis jurídicas de orden de presentación con fines de investigación, citación para la audiencia inicial y actos para integrar una carpeta por hechos delictuosos, que no pueden reclamarse en amparo indirecto. Cierto, la orden ministerial de presentación con fines de investigación, emitida conforme a las reglas del sistema penal acusatorio previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, no implica la restricción de la libertad para el quejoso aun cuando vaya dirigida a este, pues dicha restricción únicamente se genera con la aprehensión, la detención en flagrancia, la prisión preventiva o la pena, que constituyen figuras jurídicas distintas a la presentación. Asimismo, es conveniente explicar que la actuación de la autoridad ministerial, en la que ordena la presentación de un imputado, no contraviene lo dispuesto por el artículo 20 de la constitución federal, porque la orden de presentación solamente se emite para el imputado con el propósito de que comparezca ante el fiscal investigador. En otras palabras, la orden de presentación jamás genera la obligación de que declare, pues al encontrarse ante el Ministerio Público, siempre puede el imputado manifestar su voluntad de abstenerse a declarar. Además, con la orden de presentación, lejos de coartarse algún derecho al imputado, se estima que la autoridad investigadora satisface los derechos constitucionales de audiencia y defensa, porque al requerirle que se presente a ser entrevistado en la carpeta de investigación, aquel puede conocer el nombre de su acusador, así como de las personas que hubieran testificado en su contra, la naturaleza y causa de la acusación. Incluso se le da la oportunidad al imputado de exponer lo que a su derecho corresponda, y obtener todos los datos que solicite para su defensa y consten en las actuaciones de la carpeta de investigación, con lo que de considerarlo conveniente, estará en posibilidad de ofrecer las pruebas de descargo. De lo que resulta patente que una orden de presentación ministerial, ya no constituye un acto restrictivo de la libertad personal, porque en realidad corresponde a un acto de investigación legítimo, dado que todo ciudadano está obligado a comparecer ante el Ministerio Público que integre una carpeta de investigación, sin que ello implique una afectación a la libertad personal porque de considerarlo así, se llegaría al extremo de entorpecer la obligación de investigar los hechos con apariencia de delitos que es de orden público. Lo cual también permite afirmar la improcedencia que se actualizaría, respecto de la orden de investigación reclamada, pues la obligación impuesta al Ministerio Público desde el artículo 21 de la constitución federal, restringe la vía de amparo indirecto contra los actos para la integración de una carpeta por hechos delictuosos. Bajo este contexto, es válido afirmar que si el quejoso intentara precisar a las autoridades ordenadoras citadas en los incisos B), C), D) y E) de la demanda de amparo, encontraría una causa de improcedencia con las características de indudable y manifiesta, en términos de la fracción XXIII del numeral 61, relacionada con el primer párrafo del artículo 20 aplicado a contrario sensu, y con el primer párrafo de la fracción IV del diverso 107, también a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo. Máxime que la regulación de la orden de presentación, traducida en un acto de investigación de la autoridad ministerial, ni siquiera está prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales,5 el cual regula las formas en que un imputado debe comparecer ante un juez de control. Así, con fundamento en los artículos 108, fracciones III, IV, 114 fracciones I, II y IV, de la Ley de Amparo, se requiere al quejoso para que en el plazo de cinco días siguientes a la fecha cuando le surta efectos la notificación de este acuerdo, presente escrito con la protesta de decir verdad en el cual: 1. Exprese si perfecciona el señalamiento del juez de control que introdujo en el capítulo de autoridades ordenadoras, para emplazarlo con su denominación correcta: Juez de Control adscrito al Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución de la Región Judicial Centro-Poniente, con residencia en San Andrés Cholula, Estado de Puebla; 2. Indique si retira a las autoridades citadas en los incisos B, C), D) y E), que obran en el capítulo de responsables ordenadoras, y limita los actos combatidos a la orden de aprehensión librada en su contra (del quejoso) con la consecuente ejecución, para evitar las causales de improcedencia que se actualizarían respecto de las autoridades citadas en esos incisos, así como en los demás actos reclamados: ".B. Orden de Presentación, C. Orden de Detención, D. Comparecencia y/o E. Citación. F. INVESTIGACIÓN."; y 3. Manifieste si perfecciona el capítulo de autoridades ejecutoras, para dejar en su lugar al Fiscal General del Estado de Puebla y al Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla. Al margen de lo anterior, se informa al quejoso que las diferencias que llegaran a detectarse en la firma de su escrito aclaratorio -si lo presenta-, con la firma puesta en la demanda de amparo, podría obligar a disponer un requerimiento para que la ratifique, conforme a los lineamientos aplicables a la situación actual de contingencia sanitaria. Indicación que también se hizo en el diverso juicio de amparo 244/2021 -el cual se invoca porque constituye un hecho notorio, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria-. Escrito aclaratorio. Se requiere al quejoso que presente escrito aclaratorio, para lo cual deberá atender el numeral 110 de la Ley de Amparo, el cual dispone la obligación de exhibir copias para cada una de las partes y dos para el incidente de suspensión. Pese a lo anterior, se le informa que si presenta su escrito aclaratorio, con su firma electrónica y a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, quedará exento de la obligación de exhibir copias del escrito aclaratorio e incluso de algún escrito posterior. Apercibimiento. Se formula al quejoso el apercibimiento siguiente: de no presentar el escrito aclaratorio, en el plazo otorgado para tal efecto (por las irregularidades mencionadas), se tendrá no presentada la demanda, como lo ordena el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. Domicilio procesal y autorizados. Se tiene como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones, el inmueble que designó para ese propósito al inicio de la demanda (ubicado en la colonia Los Héroes). Por otro lado, quedan autorizados en términos restringidos del numeral 24 de la Ley de Amparo, los profesionistas nombrados por aquél en el primer acápite de la demanda, porque no les otorgó facultades amplias en forma expresa, al margen de que tampoco se encontró el registro de cédula de esos profesionistas en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación.Notifíquese; en forma personal al quejoso (en su domicilio procesal con las medidas de seguridad indicadas); y cúmplase
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