José Stalin Ramos Hernandez

Expediente 292/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco. 5 actuaciones registradas, la última del 14 de agosto de 2017.

Datos del expediente

Expediente
292/2017
Año
2017
Actuaciones
5
Última actuación
14/08/2017

Partes del expediente

  • José Stalin Ramos Hernandez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Téngase por recibido el oficio signado por la Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Circuito, con sede en esta ciudad, al que adjuntó el testimonio de la ejecutoria pronunciada el .... en el recurso de queja 66/2017 de su índice, de la que se advierte declaró INFUNDADO el aludido recurso interpuesto por .... contra el auto de .... Acúsese el recibo de estilo; hágase del conocimiento de las partes .....Se ordena su archivo definitivo....

  2. Principal

    Visto lo de cuenta, se provee: Se tiene por recibido el oficio firmado por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual transcribe el proveído de veintisiete del mes y año que transcurre, del que se advierte que dicho tribunal admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa...el cual quedó registrado bajo el número 66/2017. Notifíquese.

  3. Principal

    Visto lo de cuenta, se provee: téngase por recibido el escrito signado por...parte quejosa en el presente juicio, con el que interpone recurso de queja, en contra del auto de...Con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101, todos de la Ley de Amparo en vigor, se tiene por interpuesto el recurso de queja que hace valer la parte quejosa, en contra del proveído aludido dictado en el presente juicio de amparo, en el que se desechó la demanda instada por el promovente. Ahora bien, toda vez que en el auto que se combate...se desechó la demanda de amparo promovida por...en términos del artículo 101 de la ley de la materia, remítase el escrito original de cuenta que contiene los agravios...y una copia del mismo, copia certificada de la demanda de amparo, del auto de desechamiento y de la constancia de notificación respectiva, en vía de informe, para que sean tomadas en cuenta para resolver el medio de impugnación aludido, al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Circuito, en turno, con residencia en esta ciudad, para la substanciación del recurso de mérito, agregándose una copia del mismo. Por otra parte, de conformidad con el citado numeral 101 de la Ley de Amparo, se rinde informe con justificación, en el sentido de que es cierto el acto impugnado...lo anterior, para todos los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, en cuanto hace a los autorizados y el domicilio que señala el accionante en el libelo de cuenta, corresponde a la superioridad, acordar lo conducente, en razón de que este juzgado mediante proveído de...proveyó al respecto, y fue el mismo domicilio y autorizados que ahora designa, el promovente. Notifíquese en términos de ley.

  4. Principal

    Villahermosa, Tabasco, dos de marzo de dos mil diecisiete. Tramitación de la demanda Visto lo de cuenta, se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por ********************contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad. Registro del expediente impreso y electrónico. Regístrese en el libro de gobierno la demanda de amparo que nos ocupa, bajo el número ********************, fórmese expediente y regístrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Conforme al artículo 3° de la Ley de Amparo en vigor, en relación con el Acuerdo General 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, así como con el diverso numeral 5 de ese mismo acuerdo, dese inicio al seguimiento por la vía electrónica del presente juicio, en los términos que precisa el referido acuerdo, a efecto de que las partes, las que en su caso cumplan con los requisitos previamente establecidos, puedan consultar el aludido expediente y notificarse a través del medio citado, previa solicitud de ello. Análisis de la procedencia del juicio de amparo. Con la finalidad de proveer respecto a la admisión de la demanda, debe considerarse lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo que establece: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de garantías, para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano; en ese sentido, se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la jurisprudencia I.13o.A. J/6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Esencialmente la tesis en cuestión refiere que para el desechamiento de plano de una demanda de garantías, es necesario que se advierta un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando deviene en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En el caso a estudio, de la lectura del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa reclama el auto de quince de diciembre de dos mil dieciséis, en el cual el Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, determina que de una revisión a los autos del expediente obrero 385/2007, se advierte que en proveído de seis de abril de dos mil quince, por un error regularizó el procedimiento y procedió a revocar su resolución, es decir, dejó sin efectos el referido acuerdo y señaló término para alegatos de las partes. Lo anterior permite advertir que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, en sentido contrario, de la Ley de Amparo, en atención a los siguientes razonamientos. El citado numeral 61 establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: "." "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Por su parte, el diverso 107, fracción V, reza: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: "." "V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; ". Para llegar a dicha conclusión, es fundamental dejar en claro que por actos de imposible reparación para fines de la procedencia del juicio de amparo indirecto, se debe entender a aquellos que tengan una ejecución de carácter irreparable para las personas, sus derechos personales, reales o del estado civil, esto es, en lo relativo a los derechos sustantivos. Es decir, cuando se afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución Federal, y no en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, salvo las excepciones establecidas cuando causan una afectación predominante que ya no se pueda reparar en el curso del procedimiento del que derivan tales actos procesales, verbigracia, el embargo trabado en bienes del quejoso, la imposición de una multa, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, etcétera; esto en razón de los daños y perjuicios que puedan revestir los particulares con esa clase de actos y que no se les puedan resarcir en ninguna actuación posterior dentro del procedimiento de que trate, puesto que la privación de esos derechos ya no se puede reparar posteriormente, lo que impide la posibilidad de que las violaciones cometidas en el procedimiento queden reparadas en la resolución que llegue a pronunciarse. Ahora bien, el acto reclamado no constituye un acto dentro del juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, pues sus efectos sólo se traducen en violaciones procesales que, en su caso, afectan derechos adjetivos susceptibles de ser reparados al dictarse la sentencia o resolución que ponga fin al juicio natural, si éste es favorable a los intereses de la parte quejosa, y en caso contrario, si éste resultara contrario a sus intereses, puede reclamarlo en el juicio de amparo directo que se promueva en contra de la misma, impugnando el auto reclamado como violación procesal, en términos del artículo 173, apartado A, fracción VII, de la ley de la materia. Esto es así, toda vez que el acto impugnado consistente en el auto de quince de diciembre de dos mil dieciséis, en el cual el Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, determina que de una revisión a los autos del expediente obrero 385/2007, se advierte que en proveído de seis de abril de dos mil quince, por un error regularizó el procedimiento y procedió a revocar su resolución, es decir, dejó sin efectos el referido acuerdo y señaló término para alegatos de las partes, sólo podría tratarse de una violación a derechos adjetivos y no a los sustantivos que busca proteger el juicio de amparo biinstancial. Por tanto, queda de manifiesto que la violación procesal en comento, dada su naturaleza, no es de modo alguno irreparable, siendo que es precisamente la irreparabilidad el único supuesto en que sería procedente el juicio de amparo indirecto, en términos de lo previsto en el artículo 107, fracción V de la citada ley de la materia; aunado a que en el juicio natural del que deriva el acto reclamado, no se advierte que se haya dictado sentencia definitiva. Luego, el acto reclamado no afecta de manera inmediata los derechos sustantivos de la parte quejosa, y no impiden ser reparados en la sentencia que se pronuncie en el juicio respectivo, en tanto que el mismo resulte favorable a sus intereses, y en tal caso, la afectación de que se queja en la demanda de garantías habrá desaparecido sin incidir en sus derechos sustantivos. En caso contrario, como ya se precisó, el promovente estará en condiciones de hacer valer los medios de defensa que estime pertinentes. Por lo anterior, al no encuadrarse el juicio propuesto dentro de los supuestos establecidos por el artículo 107 de la Ley de Amparo, el mismo resulta improcedente, al actualizarse de forma manifiesta e indudable, la hipótesis prevista en el citado artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, en sentido contrario, todos de la citada ley. Tiene aplicación al caso, la tesis 189 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Octava Época, Tomo VI, visible en la página 154, cuyo contenido es el siguiente: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.- El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Asimismo, la jurisprudencia 3a./J. 40 26/89, de la otrora Tercera Sala de nuestro máximo Tribunal de control constitucional, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo IV, Primera Parte, Julio a Diciembre de 1989, página 280, a la letra dice: "AMPARO POR VIOLACIONES PROCESALES. CUÁNDO Y CÓMO PROCEDE.- La Constitución y la Ley de Amparo no establecen que el amparo proceda contra todas las violaciones que se puedan dar en el procedimiento judicial; por el contrario, la Constitución en el artículo 107, fracción III, inciso a), señala que para que proceda el amparo por violaciones en el procedimiento, éstas deben afectar "las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo". La Ley de Amparo, con las mismas palabras repite esta orden constitucional en su artículo 158, para determinar la procedencia del amparo directo. La propia Constitución señala a la anterior regla general, las excepciones: contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan y contra actos que afecten a personas extrañas a juicio. Así, para las violaciones en el procedimiento hay una regla general establecida en el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución y 158 de la Ley de Amparo y en estos casos procede el amparo directo; y una serie de excepciones que señala la propia Constitución en el artículo 107, fracción III, incisos b) y c) y que precisa el artículo 114, fracciones III, IV y V de la Ley de Amparo, procediendo en estos casos el amparo indirecto." Asimismo, tiene aplicación la jurisprudencia IX.1º.J/10, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, octubre de 2002, visible en la página 1303, del tenor siguiente: "VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO. DEBEN RECLAMARSE EN EL AMPARO DIRECTO QUE SE PROMUEVA CONTRA LA SENTENCIA, LAUDO O RESOLUCIÓN QUE PONGA FIN AL JUICIO. El artículo 161, párrafo primero, de la Ley de Amparo establece que las violaciones a las leyes del procedimiento sólo podrán reclamarse en la vía de amparo, al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio; esto implica que el juicio de amparo indirecto es improcedente para reclamar una infracción a las normas que rigen el procedimiento, ya que sería inadmisible que éste pudiera promoverse tantas veces como violaciones de este carácter se estima fueron cometidas en un procedimiento, motivando con ello que se demore la resolución de dicho conflicto, pues lo que se pretende es la continuación del procedimiento sin mayores obstáculos, pero con la posibilidad legal de reclamar todas las violaciones procesales que se llegaran a cometer, a través de un solo juicio de garantías que se tramite en la vía directa, en contra de la sentencia, laudo o resolución que pone fin al juicio". De igual forma, apoya lo determinado, la tesis sustentada por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Materia Común, volumen 193-198 Sexta Parte, visible en la página 180, cuyo rubro y texto dicen: "VIOLACIONES PROCESALES. AMPARO INDIRECTO IMPROCEDENTE. En los términos de la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo, corresponde a los Jueces Federales el conocimiento de los juicios de amparo que se promuevan contra actos en el juicio; sin embargo no todos éstos son susceptibles de impugnarse en amparo indirecto, sino sólo aquéllos que tengan una ejecución irreparable, lo que no ocurre tratándose de violaciones al procedimiento que afectan las defensas del o de los quejosos, que son susceptibles de reparación, y como tales sólo pueden ser reclamadas al promoverse, en su caso, amparo directo contra la sentencia definitiva". Determinación. En mérito de lo expuesto, con fundamento en lo previsto por los artículos antes invocados y en el diverso 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de garantías que se estudia, por actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia antes mencionada. Esclarecimiento de la no afectación a derechos fundamentales. Cabe precisar que la determinación adoptada no pugna con el derecho de acceso a la justicia que consagra el artículo 17 Constitucional, así como con los tratados internacionales, pues si bien éste se traduce en el derecho de todo gobernado a que se le administre justicia por tribunales previamente constituidos; lo cierto es que ello deberá realizarse conforme a los plazos y términos que fijen las leyes, lo que de suyo implica que no se trate de un derecho absoluto e irrestricto, en tanto que está condicionado a la satisfacción de los supuestos o requisitos que establezca el legislador ordinario, los que a su vez deben sustentarse en los principios y derechos consagrados o garantizados en la Constitución General de la República, en atención a la naturaleza de la relación jurídica de la que derivan las prerrogativas cuya tutela se solicita y al contexto constitucional en el que ésta se da. Ahora bien, los artículos 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos establecen lo siguiente: "Artículo 8. Garantías Judiciales 1.- Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la Ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal, formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones, de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. Artículo 25 Protección Judicial 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 2. Los Estados Partes se comprometen: a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso. Los postulados previstos en los numerales transcritos, en lo conducente, permiten evidenciar que la tutela judicial efectiva se compone de tres elementos, consistentes en lo siguiente: a) Derecho a la administración de justicia o garantía de tutela jurisdiccional. Consiste en un derecho público subjetivo, en tanto se incorpora a la esfera jurídica de todo gobernado para que, dentro de los plazos previstos en la legislación aplicable, pueda acceder a tribunales constituidos de forma independiente e imparciales, ante los cuales podrá plantear su pretensión o defenderse de la propuesta por otro sujeto en su contra. b) Al gobernado se le debe garantizar el paso ante la autoridad jurisdiccional con atribuciones legales para resolver una cuestión concreta prevista en el sistema legal, al grado de que se resolverá sobre los derechos en disputa, es decir, todo aquel que tenga necesidad de que se le administre justicia tendrá plena seguridad de recibirla en tanto de forma permanente habrá órganos jurisdiccionales estatuidos, con antelación al conflicto, para proporcionar ese servicio, sin más condición que las formalidades necesarias, razonables y proporcionales al caso para lograr su trámite y resolución. c) La implementación de los mecanismos necesarios para administrar justicia serán eficaces, al grado de permitir el desarrollo y continuidad del proceso, de forma tal que llegue hasta sus últimas consecuencias. De la interpretación de los numerales antes citados, se advierte la obligación del Estado Mexicano de implementar los mecanismos legales necesarios y suficientes para permitir a toda persona hacer efectivo su derecho de defensa a fin de que el acto considerado violador de derechos se atienda por una autoridad que con atribuciones legales sobre el mismo revise su legalidad o constitucionalidad o convencionalidad o todas a la vez, así como que el Estado Mexicano adquirió la obligación de preservar las condiciones para que toda persona tenga el acceso a un recurso legal cuando considere que se le violentaron derechos fundamentales o humanos. Por ello, la conjunción de estos postulados permite evidenciar que los artículos 17 de la Carta Magna, 8° y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos se complementan, al grado de estatuir las bases jurídicas necesarias al tenor de las cuales se posibilita el derecho de la tutela judicial de los gobernados; de ahí su conformidad, en tanto se direccionan a la misma finalidad mediante la especificación de los requisitos mínimos tendentes a hacer operante la prerrogativa de la tutela citada. Así se considera, porque las disposiciones internacionales en cita, disponen que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente independiente e imparcial establecido con anterioridad por la ley, y tienen derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que las amparen contra actos que violen sus derechos fundamentales, para lo cual, que los Estados Partes deben garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decida sobre los derechos de toda persona que interponga tal medio de defensa; a desarrollar las posibilidades de recurso judicial; y, a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso. Tales disposiciones de la Convención Americana de Derechos Humanos, son en parte parangón del derecho de acceso a la justicia, que se consagra en el orden interno a través de lo contenido en el párrafo segundo del artículo 17 constitucional, al disponer: "toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.". Sobre el tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que no basta con que se les permita a las personas instar ante un órgano jurisdiccional un procedimiento; sino que es necesario que, de cumplirse con los requisitos justificados constitucionalmente y, ahora en los tratados internacionales, el acceso a la justicia sea efectivo en la medida en que las personas puedan obtener una resolución en la que se resuelva si les asiste o no la razón sobre los derechos cuya tutela jurisdiccional han solicitado, mediante la aplicación de la ley al caso concreto. Entonces, es inconcuso que el acceso a la administración de la justicia no es absoluto, no puede ejercerse de manera indiscriminada, pues está sujeto a los propios requisitos de términos y formas previstos por la ley; sin que desde luego ello implique, que dicha prerrogativa llegare a limitarse de forma injustificada, sino que se debe encausar con el fin de lograr que las instancias de justicia verdaderamente constituyan un mecanismo expedito, eficaz y confiable, al que los gobernados acudan para dirimir cualquiera de los conflictos que deriven de las relaciones jurídicas que entablan. En ese tenor, los presupuestos, requisitos o condiciones que el legislador establece para lograr tales fines, y cuyo cumplimiento puede verificarse por el juzgador, según la legislación aplicable, al inicio del juicio, en el curso de éste o al dictarse la sentencia respectiva, no pueden ser fijados arbitrariamente, sino que deben tener sustento en diversos principios y derechos consagrados o garantizados en la Constitución General de la República y en los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano, al atender, por ende, a la naturaleza de la relación jurídica de la que derivan las prerrogativas cuya tutela se solicita y al contexto del bloque de constitucionalidad en el que ésta se actualice. Por tanto, al prever el artículo 61 de la Ley de Amparo, de manera genérica, la facultad y obligación del juez de amparo para invocar y examinar, oficiosamente, motivos de improcedencia del juicio de amparo y, en consecuencia, de conformidad con el numeral 63 de la misma ley, que se decrete el sobreseimiento de éste en caso de actualizarse alguna de las causales establecidas, no resultan restricciones jurídicas irracionales o discriminatorias, sino que son congruentes principios y figuras que rigen en el orden jurídico. Sirve de apoyo, la tesis aislada XVI.1o.A.T2K (10a.) del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro IV, Tomo 2, Marzo de 2012, Décima Época, página 1167, que dice: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSA PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 73 Y 74, DE LA LEY DE LA MATERIA RESPECTIVAMENTE, NO SON INCOMPATIBLES CON EL ARTÍCULO 25.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. Del examen de la compatibilidad de los artículos 73 y 74 de la Ley de Amparo con el artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos no se advierte que el derecho interno desatienda los estándares que pretenden proteger los derechos humanos en dicho tratado, por regular causas de improcedencia y sobreseimiento que impiden abordar el estudio de fondo del asunto en el juicio de amparo, en virtud de que el propósito de condicionar el acceso a los tribunales para evitar un sobrecargo de casos sin mérito, es en sí legítimo, por lo que esa compatibilidad, en cuanto a los requisitos para la admisibilidad de los recursos dependerá, en principio, de los siguientes criterios: no pueden ser irracionales ni de tal naturaleza que despojen al derecho de su esencia, ni discriminatorios y, en el caso, la razonabilidad de esas causas se justifica por la viabilidad de que una eventual sentencia concesoria tenga un ámbito de protección concreto y no entre en conflicto con el orden jurídico, no son de tal naturaleza que despojen al derecho de su esencia ni tampoco son discriminatorias, pues no existe alguna condicionante para su aplicabilidad, en función de cuestiones personales o particulares del quejoso. Por tanto, las indicadas causas de improcedencia y sobreseimiento no son incompatibles con el citado precepto 25.1, pues no impiden decidir sencilla, rápida y efectivamente sobre los derechos fundamentales reclamados como violados dentro del juicio de garantías." Por tales motivos, no obstante que las causales de improcedencia, constituyan generalmente un impedimento legal para que se analice el fondo del asunto, lo cierto es que tienen la finalidad de resguardar derechos, principios, bienes o intereses constitucional y convencionalmente protegidos, lo que es congruente con el acceso a la administración de justicia tutelada por el artículo 17 Constitucional, al evitar que los juicios de amparo proliferen de manera desmedida o inocua, haciendo nugatorio, precisamente, el referido derecho fundamental, debido a la demora en la solución de los conflictos, por lo que es válido sostener que su aplicación tiene un propósito legítimo, lo que es compatible con el derecho humano de trato. Ilustra lo anterior, la tesis aislada XVII.1o.C.T.15 K (10a.) del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, visible en la página 2274, Libro XIX, Tomo 3, Abril de 2013, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, que señala: "RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. LAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, NO CONSTITUYEN UNA VIOLACIÓN A DICHO DERECHO HUMANO. La Corte lnteramericana de Derechos Humanos ha sostenido que el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece la obligación de los Estados de garantizar un recurso judicial efectivo contra actos que violen derechos fundamentales, lo cual no se reduce simplemente a la mera existencia de órganos jurisdiccionales o procedimientos formales, ni a la posibilidad de recurrir a los tribunales, sino que los recursos deben tener efectividad real. Asimismo, ha determinado que por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad de los recursos internos, de carácter judicial o de cualquier otra índole; de tal manera que si bien dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, a fin de resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, lo cierto es que no siempre y en cualquier caso los órganos y tribunales internos deben resolver el fondo del asunto que les es planteado, sin que importe la verificación de los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del particular recurso intentado. En esas condiciones, aun cuando la improcedencia del juicio de amparo constituye un impedimento legal para resolver en el fondo sobre la existencia o no de alguna violación a los derechos fundamentales de quien se dice agraviado por algún acto de autoridad, tenemos que las causas de improcedencia previstas en la Ley de Amparo no son violatorias del derecho humano del recurso judicial efectivo, porque encuentran su razonabilidad en la medida de que se justifican en el derecho a recibir justicia pronta y expedita, tutelado por el artículo 17 constitucional, al evitar que los juicios de amparo proliferen de manera desmedida, haciendo nugatorio, precisamente, el referido derecho fundamental, debido a la demora en la solución de los conflictos, por lo que es válido sostener que la norma interna tiene un propósito legítimo, esto es, el condicionar el acceso a los tribunales para evitar un sobrecargo de casos sin méritos y, por ende, se insiste, no es incompatible con el derecho humano de trato." De ahí que las causales de improcedencia del juicio de amparo, son perfectamente compatibles con el contenido de los artículos 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, puesto que la efectividad del medio de impugnación, derivada del principio del acceso a la administración de justicia, solo implica que, potencialmente, cuando se cumplan los requisitos de procedencia correspondientes, el órgano judicial evalúe los méritos de fondo. Tiene aplicación por las razones que la informan, la tesis XVI.1º. A.T.5 K(10), del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y del Trabajo del Décimo Sexto Circuito, consultable en la página 1753, Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 2, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: "DERECHO A UN RECURSO EFECTIVO, SENCILLO Y RÁPIDO, TUTELADO POR EL ARTÍCULO 25, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. SU EFECTIVIDAD NO IMPLICA SOSLAYAR LAS REGLAS DE PROCEDENCIA DE LOS MEDIOS DE DEFENSA. El citado artículo y numeral, de observancia obligatoria en términos del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tutela el derecho que toda persona tiene a un recurso efectivo, sencillo y rápido, ante los Jueces o tribunales competentes, a fin de defender sus derechos. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha considerado, en distintas ejecutorias, que no basta que el recurso se prevea en la legislación interna del Estado o que sea formalmente admisible, sino que se requiere que sea idóneo para remediar la violación o agravio que ocasione el acto materia de impugnación; sin embargo, tal declaración no significa que no haya restricción alguna para acceder al recurso, lato sensu, ya que la propia Corte, al resolver sobre la extemporaneidad de una demanda, asumió que debe guardarse un justo equilibrio entre la protección de los derechos humanos, como fin último del sistema, y la seguridad jurídica y equidad procesal que garantizan la estabilidad y confiabilidad de la tutela internacional, por lo que, precisó que continuar con un proceso enderezado para lograr la protección jurisdiccional, estando de por medio infracciones manifiestas a las reglas procedimentales previstas, acarrearía la pérdida de la autoridad y credibilidad indispensables en los órganos encargados de administrar el sistema de protección de derechos humanos (Caso Cayara contra Perú, Excepciones Preliminares, sentencia de tres de febrero de mil novecientos noventa y tres, párrafo 63). Ahora bien, este Tribunal Colegiado de Circuito ha considerado al respecto que todo proceso está sujeto a reglas fundamentales relacionadas con el acceso a la justicia y, una de ellas, es la vinculada, en un aspecto negativo, con la preclusión, figura procesal que lleva a la clausura definitiva de cada una de las etapas del proceso y permite que las resoluciones judiciales susceptibles de impugnarse a través de los recursos o medios ordinarios de defensa adquieran firmeza si no se ejerce ese derecho o no se hace en la forma legal prevista. Por tanto, la efectividad del indicado derecho no implica soslayar las reglas de procedencia de los medios de defensa, pues ello, además de contravenir el principio de impartición de justicia pronta, desatendería los de equidad procesal y seguridad jurídica tutelados en los artículos 14, 16 y 17 constitucionales, debido a que el recurrente obtendría un beneficio no previsto en la norma e, incluso, contrario a ella, con lo que, siguiendo a la Corte Interamericana, se pondría en duda la fuerza vinculante de los fallos y demeritaría la autoridad y credibilidad indispensables en los órganos encargados de administrar justicia, al inobservar las disposiciones legales que regulan el acceso a la protección de los derechos humanos." Autorización de días y horas inhábiles. Por otro lado, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero de la nueva Ley de Amparo, se faculta al Actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo, elevado a rango de garantía constitucional. Domicilio y autorizados por la parte quejosa. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para recibir notificaciones el que indica y por autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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