José Santiago Gonzalez Herrera
Expediente 157/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco. 5 actuaciones registradas, la última del 18 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 157/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 18/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- José Santiago Gonzalez Herrera
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Villahermosa, Tabasco, dieciocho de mayo de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Circuito, con residencia en esta ciudad, al que adjunta el testimonio de la ejecutoria pronunciada el tres de mayo del año en curso, en el recurso de queja 57/2022 de su índice, del que se advierte que declaró infundado el citado medio de impugnación interpuesto por el quejoso **********, contra el auto de diez de febrero de dos mil veintidós, dictado en los presentes autos, en que se tuvo por desechada la demanda. Acúsese el recibo de estilo; hágase del conocimiento de las partes la recepción de la expresada ejecutoria y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que se trata de un asunto totalmente concluido; por tanto, no existiendo acuerdo pendiente por dictar, se ordena el archivo definitivo del mismo, previas las anotaciones que se realicen en el libro de gobierno de este Juzgado. Finalmente, Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de dos mil veinte y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo siguiente, se ordena: DESTRUIR el expediente en términos de lo dispuesto en el inciso d) del artículo 21 del citado acuerdo general conjunto, hecho que deberá realizar el órgano jurisdiccional una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, en términos del numérico 24 de las disposiciones antes señaladas. Notifíquese
- Principal
Juicio 157/2022 folio 3404. dieciséis de marzo de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio 978, signado por el Actuario Judicial del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual, informa que en proveído de diez de marzo de esta anualidad, dicho órgano de control constitucional admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por José Santiago González Herrera, el cual quedó registrado bajo el expediente 57/2022, de su índice; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Notifíquese.
- Principal
Juicio 157/2022-VIII-1 folio 2312. veintitrés de febrero de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se provee: Téngase por recibido el escrito signado por el quejoso ***, y con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo; se tiene por interpuesto el recurso de queja que hace valer la citada parte quejosa, en contra del auto de diez de febrero de dos mil veintidós, mediante el cual se desechó la demanda de amparo. Por tanto, en términos del artículo 101 de la Ley de Amparo, remítase el escrito original de cuenta que contiene los agravios que causa el auto recurrido; así como copia certificada de las constancias que obran en autos de este juicio de amparo en vía de informe al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Circuito, con sede en esta ciudad, para la substanciación del recurso de mérito, agregándose a los autos una copia del mismo. Notifíquese.
- Principal
Juicio 157/2022 folio 1713. diez de febrero de dos mil veintidós. En atención a lo informado en la cuenta que antecede, agréguese a los autos la demanda de amparo promovida por José Santiago González Herrera, en contra de la Jueza Segundo Civil de Primera Instancia del Séptimo Distrito Judicial de Huimanguillo, Tabasco. ASPECTOS GENERALES. Regístrese la demanda con el número de juicio de amparo 157/2022 Genérese el expediente electrónico e impreso. DESECHAMIENTO Ahora, de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; lo que es así, porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone*** En efecto el artículo anteriormente citado, impone la obligación al Juez de Distrito de examinar, con todo detenimiento el libelo actio de amparo, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual, en principio, debe tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improceder efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Proceder que tiene como base constitucional lo contenido en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Por consiguiente, al tratarse de una cuestión de orden público, debe atenderse a los citados elementos a efecto de comprobar que en el caso se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en razón de que el quejoso es parte formal y material en el juicio de origen, por lo que estaba obligado a agotar el principio de definitividad. A lo que el artículo citado dispone*** Del dispositivo apuntado en párrafos que anteceden, se advierte que el principio de definitividad, conforme al cual existe la obligación legal y deber jurídico de agotar los recursos ordinarios previstos en las leyes antes de acudir al amparo. La falta de cumplimiento de esa obligación acarrea la improcedencia del juicio de garantías. Lo anterior obedece a que el juicio de amparo es, de suyo, un medio de defensa extraordinario, de tal manera que los recursos ordinarios se constituyen en una especie de filtro, cuyo objetivo es impedir el abuso del juicio de garantías, ya que a través de la sustanciación de los recursos o medios de impugnación ordinarios pueden darse por terminados conflictos o litigios que, dada su naturaleza, no tienen razón de ser del conocimiento de los tribunales federales de amparo. Entonces, para que se actualice la causal de improcedencia señalada, es necesario que concurran los requisitos siguientes a Que se trate de una resolución que provenga de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; b Que proceda en su contra algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual se pueda modificar, revocar o nulificar; y, Casos de excepción al principio: c Que la parte quejosa sea una persona extraña al juicio de origen. d Que no se trate de actos que importen peligro a la privación de la vida, ataques a la libertad fuera de procedimiento judicial, o alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional. e Que no se trate de un acto reclamado consistente en órdenes de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación, resolución que niegue la libertad bajo caución o establezca requisitos para su disfrute. Ahora, en el caso a estudio, se actualiza la causal de improcedencia que se invoca, toda vez que se reúnen los requisitos que se precisaron en líneas que anteceden, tal y como se precisará enseguida. Esto, en virtud de que el primero de los requisitos - que el acto reclamado emane de una autoridad judicial, administrativa o del trabajo- se surte en la especie, toda vez que el acto reclamado lo constituye el acuerdo de doce de enero de dos mil veintidós, dictado en el procedimiento de medidas cautelares 493 2021, del índice del Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia de Séptimo Distrito Judicial de Huimanguillo, Tabasco, mediante el cual dicho órgano judicial dictó una medida cautelar consistente en el embargo precautorio provisional de los árboles que se encuentran plantados dentro del inmueble- predio rústico, ubicado en la ranchería Tierra Colorada de Huimanguillo, Tabasco, primera sección, con medida 398,600.92 m2 , descrita en la escritura pública número 29,896 de catorce de agosto de dos mil dieciocho, pasada ante la fe del Notario Público Número Tres de Comalcalco, Tabasco, propiedad de la personal moral denominada Rancho San José del Llano, Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada. Asimismo, se actualiza el segundo de los requisitos enunciados -proceda algún medio de defensa legal por virtud del cual se pueda modificar, revocar o nulificar el acto que se reclama- en atención a que contra el acto de reclamo procede el recurso de apelación. Para sustentar dicha afirmación es menester analizar el contenido de los artículos 184, 342, 343 y 352, todos del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tabasco, mismos que establecen*** De los artículos antes transcritos, se advierte que la apelación procede contra las sentencias en toda clase de juicios, siempre y cuando la ley no mencione expresamente que no son apelables, los autos cuando aparezca disposición expresa en el código; y, respecto de las resoluciones dictadas al resolverse las reclamaciones hechas valer en términos del artículo 185 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tabasco. Asimismo, se advierte que el legislador local contempló que en contra de las medidas cautelares innominadas en las que se decrete o niegue la medida precautoria ésta será apelable. Lo anterior es así, porque los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en caso de no obtener resolución favorable se actualiza el medio extraordinario de defensa, que es el juicio de amparo; de lo contrario, si las partes dentro del juicio ordinario no tuvieran la carga de plantear sus defensas, excepciones o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote su jurisdicción, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de amparo suplantaría las facultades de la autoridad responsable; además, si los afectados no interponen dichos medios ordinarios de defensa, las violaciones procesales que pudieron haber sido reparadas por la propia responsable mediante la tramitación del recurso respectivo, no podrán ser atendidas en el juicio de amparo que se promueva. Por tanto, en contra de la medida provisional reclamada por el impetrante es improcedente el juicio de amparo, dado que en contra de la misma tendrá que agotar el recurso de apelación establecido en los artículos 184 y 352 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tabasco.*** Por otra parte, respecto a la excepción apuntada en el inciso c, ?que la peticionaria de amparo tenga el carácter de tercero extraño?, esta no se actualiza porque la parte quejosa no tiene tal carácter, puesto que se aprecia de los antecedentes del acto de reclamo, que es parte demandada en el procedimiento instado en su contra; por tanto, su acción de amparo se condiciona al previo agotamiento del recurso ordinario procedente. De igual manera, en el particular tampoco se actualizan las salvedades señaladas en los incisos d y e, tomando en consideración que el acto reclamado deriva de un procedimiento de medida cautelar de orden civil.*** Como se observa, una vez que sea recibido el expediente por el Tribunal Superior de Justicia dentro de los tres días siguientes se dictará resolución en la que a petición de parte o de oficio se decidirá sobre la admisión del recurso. Confirmada la admisión del recurso se correrá traslado a la parte contraria con el escrito de expresión de agravios por el plazo de diez días en el caso de que se trate de sentencia; o, en el supuesto de que se trate de un auto el término será de cinco días. Una vez que la contraparte de contestación a los agravios y ofrezca las pruebas que a su derecho convenga el tribunal resolverá lo conducente respecto de ellas, abriendo el plazo probatorio que no podrá exceder de quince días. Finalmente, ya que haya transcurrido el periodo de prueba se citará a las partes para el dictado de la resolución. De lo anterior, se desprende que el recurso de apelación se tramita de forma inmediata pues el plazo para admitirlo es de tres días. Asimismo, el recurso es eficaz pues de resultar procedente tendría el alcance de dejar sin efecto el acuerdo que se impugna. Finalmente, el recurso de apelación se resuelve en un tiempo razonable pues una vez interpuesto se substanciara en el plazo de veintitrés días aproximadamente. De ahí que, se pueda concluir que si la parte quejosa no interpuso el medio de defensa que la ley de la materia contempla, por virtud del cual se puedan revocar el acto que se reclama -previo a acudir al presente juicio-, no obstante su vinculación al juicio de origen, es palmario que no se cumplió con el principio de definitividad; por lo que es inconcuso que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XVIII de la Ley de Amparo; y, por ende, se desecha la demanda de amparo.*** DOMICILIO DEL QUEJOSO Y AUTORIZADOS. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en su libelo de cuenta. Por otro lado, en atención a la certificación de cuenta, téngase por autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Seledonio Sandoval Rodríguez. Asimismo, se autoriza únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos1 a Mireya Fernanandoval Montiel, por así haberlo solicitado la parte quejosa. SE EXHORTA AL TRÁMITE ELECTRÓNICO. Por otra parte, de conformidad con el Capítulo V del Acuerdo General 21 2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, Relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el virus COVID 19, se exhorta a las partes para que de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de juicio en línea, es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Lo anterior, en virtud de que en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito, la presentación de demandas de amparo, recursos y promociones, así como la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas se realizarán a través de los sistemas tecnológicos del Consejo de la Judicatura Federal conforme a las disposiciones que estipula el capítulo segundo del Acuerdo General 12 2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal y dado que el artículo 16 dispone lo siguiente*** Se expone lo anterior, a efecto de que considere una vez realizado dicho trámite proporcione a este órgano jurisdiccional su usuario para otorgarle la autorización respectiva, en virtud de que dicho trámite es personalísimo. Además de solicitar la práctica de las notificaciones vía electrónica de las determinaciones judiciales que se emitan en el presente asunto. TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.
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